SUMARIO: I. Contexto histórico-estructural e internacionalización. II. La entrada en la fase contemporánea. III. Estados Unidos: ubicación y papel. IV. Farmacodependencia, ley seca, crimen organizado. V. Del condicionamiento externo a la especificidad nacional. VI. Génesis y ascenso: el modelo colombiano. VII. ¿De lo internacional a lo transnacional?
El desarrollo del tráfico de drogas en un número creciente de países constituye uno de los fenómenos más significativos de la reciente historia latinoamericana. Su desarrollo ha estado y está condicionado por una constelación de factores, fuerzas y procesos, tanto internacionales como nacionales, por sus entrelazamientos e interacciones. Unos y otras convergen en la reproducción ampliada y modificada de la adicción y el tráfico de drogas, como fenómenos preexistentes pero que van adquiriendo características inéditas, y capacidades de retroacción e influencia sobre las fuerzas y estructuras que contribuyeron a generarlos e impulsarlos.
Este fenómeno-proceso se caracteriza por su ascenso veloz y su avance aparentemente irresistible e irreversible, por su complejidad y multidimensionalidad, por sus implicaciones y proyecciones múltiples, por las dificultades para su control y anulación.1
La complejidad y multidimensionalidad del narcotráfico y sus numerosas implicaciones y ramificaciones plantean interrogantes cruciales a las naciones y Estados de América Latina, a sus elites públicas y privadas y a sus principales clases e instituciones, a fuerzas políticas y gobiernos, y a sus científicos sociales. Los intentos de respuesta a este desafío se dan, o por lo menos deberían darse, en términos de diagnóstico y soluciones, de propuestas de estrategia y políticas del Estado y de la sociedad, de campañas y acciones de diverso tipo. Se requiere por ello, ante todo, el descarte de los enfoques restrictivo-formalista-estáticos. Éstos, de diferentes maneras, reducen la compleja constelación problemática de la drogadicción y el narcotráfico a un sólo aspecto o nivel, y a un solo instrumento o mecanismo de estrategia y de política: a un fenómeno patológico, excepcional, transitorio, de salud, de criminalidad y represión, de policía y militarización de oferta o demanda, de producción o consumo, de exclusiva responsabilidad de los países productores o de los países consumidores.
Se necesita, por el contrario, una aproximación a una estrategia y a una política alternativas, a partir y a través de un enfoque totalizador-concreto-dinámico.2 Éste postula la necesidad de integrar un gran número de actores participantes, y de aspectos y niveles, todos interdependientes. Se requiere una convergencia de los principales grupos e instituciones y organizaciones de las naciones latinoamericanas. Se requiere además una perspectiva interdisciplinaria o mejor aun transdisciplinaria, con las contribuciones de los análisis económicos, sociológicos, antropológicos, políticos, jurídicos, médicos y psiquiátricos, y de las perspectivas y capacidades de tipo judicial, policial y militar.
Drogadicción y narcotráfico tienen su propia realidad, su especificidad, su lógica y su dinámica propias, pero en interrelación y en el interior de un contexto socioeconómico, cultural-ideológico, político e institucional, que es además y al mismo tiempo nacional e internacional. Es ineludible entonces considerar simultáneamente lo específico del narcotráfico y la drogadicción, y su contexto, lo internacional y lo nacional, los efectos y síntomas y sus causas, lo estructural y lo coyuntural, la oferta y la demanda, la represión, la prevención y la rehabilitación.
En lo que sigue se analiza la emergencia y avance del narcotráfico latinoamericano, en su contexto histórico-estructural, sobre todo a partir y a través del entrelazamiento y la interacción de fuerzas, estructuras y dinámicas de tipo internacional y de tipo nacional.
El narcotráfico latinoamericano ha ido adquiriendo desde el inicio un carácter marcadamente internacional o incluso transnacional, en lo que los Estados Unidos tienen un papel central ya antes de la fa- se actual. El entrelazamiento entre la dimensión internacional y la interna, elemento clave en la estructura, la dinámica y el desarrollo histórico de los países de la región, adquiere en el fenómeno del narcotráfico latinoamericano una pertinencia excepcional.
I. CONTEXTO HISTÓRICO-ESTRUCTURAL E INTERNACIONALIZACIÓN
La problemática de la drogadicción y el narcotráfico son de historia reciente. El uso de sustancias estimulantes y narcóticas es, sin embargo, una constante antropológica e histórica que se despliega a través de milenios, con una amplia gama de manifestaciones y variedades. Desde tiempo inmemorial, la especie humana ha utilizado en el mundo entero una gran diversidad de sustancias hoy calificadas como drogas.3
Durante la mayor parte de esa historia ha predominado el patrón general de la libertad más o menos amplia en cuanto a la producción y el tráfico, la tenencia y el consumo. Ello no ha excluido, sin embargo, en diferentes sociedades, la temprana aparición y el continuo mantenimiento de tipos y grados de regulación y control. Son condicionantes o determinaciones socioculturales y políticas, y luego también económicas, las que han ido definiendo -antes en ciertas sociedades, hoy virtualmente en todas- quiénes pueden utilizar estas sustancias y quiénes no; para qué usos; en qué circunstancias especiales; con qué sanciones en caso de desaprobación social o de infracción de costumbres y leyes; bajo qué penalidades.
De manera general, parece haber existido siempre una red de interrelaciones entre las hoy llamadas drogas, por una parte, y las sociedades, sus grupos, fuerzas y estructuras, sus movimientos y conflictos, sus formas y procesos de poder.
El descubrimiento y la aplicación de estas sustancias narcóticas y psicotrópicas se han ido dando, a partir, a través de, y para diferentes motivaciones, dinamismos y fines. Las drogas han sido descubiertas e incorporadas en y para la ampliación y el mejor logro de alimentos, por y para el cultivo, la caza y la pesca. Ello se ha dado también desde muy temprano por curiosidad y por el impulso natural a la experimentación; para la potenciación de facultades físicas y mentales. A ello se agregan las posibilidades terapéuticas, para el tratamiento de enfermedades, y el alivio de dolores y síntomas. Tanto o más importantes son desde temprano los fines profanos, lúdicos y hedonistas, el logro de efectos agradables y de mayores aptitudes y opciones para los placeres físicos y psíquicos.
Esta temprana y permanente ampliación de fines y medios es inseparable de todo lo referente al manejo de grupos, fuerzas y estructuras sociales, culturas, formas de poder, manifestado ante todo y especialmente en términos de magia y religión. El consumo de narcóticos, estimulantes y alucinógenos (alcohol, tabaco, peyote) se asocia desde temprano con ciertas formas de lo sagrado, experiencias místicas, ceremonias religiosas, para provocar y sostener éxtasis, visiones, el acceso a lo sobrenatural.
Las configuraciones de estratificación y poder que se van dando, y en general el contexto sociocultural y político, condicionan el uso de estas sustancias, las reacciones inmediatas a las mismas, las modi-ficaciones en las conductas individuales y de grupo, las consecuencias que todo ello produce. Desde temprano, el uso de narcóticos y psicotrópicos se vuelve cada vez más codificado. Es autorizado sólo por y para ciertas personas (brujos, sacerdotes, terapeutas y sus combinaciones); para miembros de grupos jerarquizados y privilegiados (monarcas, autoridades, aristócratas, militares, servidores especializados, trabajadores productivos); y para ocasiones y funciones específicas (iniciaciones, rituales de alianza, ceremonias, aplicación de terapéuticas, grandes esfuerzos de producción o comunicación).
Estas sustancias se convierten, así, en signos, en la medida en que contribuyen a definir la naturaleza y el estatus de ciertos grupos de especialistas por su acceso a ellas. La relación con las drogas designa los poderes, las cualidades que tales grupos se atribuyen a sí mismos o que atribuyen o asignan a otros, contribuye a definir la pertenencia a un nivel superior o inferior. La relación con las drogas puede llegar a proveer una cobertura al establecimiento y la justificación de ciertas formas de control social y político de unos grupos sobre otros.
El contexto social en general, y en particular la pertenencia de clase o grupo, la educación, la profesión de un sujeto, condicionan el uso de determinadas sustancias y sus efectos, la forma y el contenido de los delirios, la interpretación de las alucinaciones.
La especie humana y su mundo nunca han estado fatalmente condenadas al alcoholismo ni a la toxicomanía tal como han llegado a conocerse en la época contemporánea de su historia. Algunos pueblos han ignorado totalmente el empleo de sustancias estupefacientes y psicoactivas, la toxicomanía y el alcohol. En otros pueblos, el uso de alcoholes, alucinógenos y estupefacientes, se reserva a ciertos privilegiados y grupos reducidos, para momentos más o menos excepcionales de goce, fiesta y ceremonia, con exclusión de otros (mujeres, jóvenes, grupos subalternos y dominados). Antes de la etapa contemporánea, la adicción, en la realidad y con el sentido que ha llegado a tener actualmente, ha sido más bien el hecho de individuos aislados en circunstancias particulares, nunca un problema social.
La masificación del uso de alcoholes y drogas, estupefacientes y alucinógenos, su internacionalización e incluso su universalización, su criminalización y represión, el desarrollo de la adicción, son fenómenos históricamente recientes. Resultan en los dos últimos siglos de la interrelación y el mutuo fortalecimiento de una serie de fuerzas y procesos. Son los que se refieren al ascenso del capitalismo moderno; a su desarrollo e internacionalización, con claras tendencias a la desigualdad; al crecimiento y la modernización como el privilegio de países, como los de Europa occidental, Estados Unidos y Japón; el avance ininterrumpido de la Revolución Industrial y Científica en sus tres fases; la primacía e irreversibilidad de los procesos de industrialización y modernización. El capitalismo de libre competencia transita hacia el capitalismo de monopolio, y hacia nuevas y cambiantes formas de imperialismo. Se extiende y diversifica la categoría de naciones y Estados identificados con la doble situación de subdesarrollo interno y dependencia externa. La variedad y la aceleración de los grandes procesos de cambio van acompañadas por la multiplicación e intensificación de los conflictos sociales, ideológicos y políticos, y por el ascenso del intervencionismo y la autonomización del Estado. Las confrontaciones por la hegemonía mundial llevan consigo el militarismo, el armamentismo, las conflagraciones regionales y mundiales.
La expansión colonial clásica de potencias europeas primero, y luego también de los Estados, incorporan el opio y otros intoxicantes al tráfico y el consumo, en el continente asiático, en Europa y en el hemisferio noroccidental. Potentes motivaciones comerciales y financieras, en convergencia con tendencias vinculadas con cambios internos, contribuyen a que, desde mediados del siglo XVII hasta fines del XIX, se haga en países avanzados de Occidente un amplio uso del opio, los opiáceos y otras drogas. Ellas llegan a ocupar un papel central en la medicina y en la farmacopea europeas, y en el consumo lúdico y placentero.
Desde principios del siglo XIX se va evidenciando en Europa occidental y en los Estados Unidos un extraordinario interés por las sustancias psicoactivas. Una multiplicación de las necesidades de algunos grupos convergen e interactúan con las posibilidades que otros grupos crean, dentro de un contexto histórico que acumula condiciones generales y particulares de todo tipo en favor de la demanda y el consumo, de la producción y la distribución de sustancias narcóticas y psicoactivas.
El crecimiento y modernización de Europa occidental, la Revolución Industrial y su expansión mundial, producen tendencias y resultados que directa e indirectamente inciden en el surgimiento y avance de la drogadicción y del narcotráfico, en la expansión y la diversificación de la demanda y de la oferta.
La primera Revolución Industrial libera de modo virtualmente ilimitado la capacidad productiva de bienes y servicios, ingresos y riqueza, y el cambio tecnológico. Adquiere una extensión sin precedentes la mecanización y la división social del trabajo. Prevalecen las tendencias a la concentración y centralización del poder económico y político; a la subordinación del productor directo, del campesino y del artesano, del trabajador industrial y del pequeño empresario, a los poderes y movimientos del capital, de la economía de mercado y de la técnica. La fábrica, la ciudad y la región industriales, se vuelven el medio ambiente social, y los moldes de la organización socioeconómica, política y cultural.4
La Revolución Industrial exige la movilización y el redespliegue de los recursos económicos y sociales; la adaptación de personas, grupos y masas humanas a los requerimientos del camino adoptado. La movilización, la reubicación y la transformación de la fuerza de trabajo, la transición desquiciadora de lo rural-agrícola a lo urbano-industrial, generalizan las situaciones de sometimiento e indefensión, de alienación y desarraigo, de degradación material, social y psicofísica. Las formas tradicionales de comunidad son reemplazadas por el individualismo atomizado, la masificación, la lucha despiadada entre grupos e individuos, para la supervivencia, para el éxito y el ascenso, la competencia, la dominación y el poder político.
El impacto de los conflictos y cambios socioeconómicos converge y se entrelaza con el de la secularización, las reformas, las revoluciones y contrarrevoluciones, el avance del Estado, los conflictos y guerras internacionales.
El avance de la secularización se identifica con un largo proceso de luchas contra autoridades y creencias, costumbres y prácticas, de tipo tradicional. El desarraigo respecto a las instituciones vigentes, el relajamiento de los patrones tradicionales y coercitivos de creencia y comportamiento, de conformidad y desviación, crean una situación general de anomia, de menor capacidad para adaptarse a las exi- gencias e incertidumbres respecto a los rápidos y fuertes cambios. Se correlacionan un progreso multidimensional y una inestabilidad emocional de intensidad y permanencia sin precedentes. La lucha por sobrevivir, competir, realizar las ambiciones, multiplicar los logros y satisfacciones, los riesgos de fracaso y ruina, crean una demanda y una tensión excesivas de las fuerzas y aptitudes físicas, intelectuales y emocionales, un agobio, una fragilidad una inestabilidad una nerviosidad estructural en las personalidades, las actitudes y los comportamientos.
Una psicopatología emergente se corresponde, desde principios del siglo XIX, con el desarrollo de un enorme interés por las drogas, por parte de diversos grupos, sectores y necesidades. La demanda puede ser cada vez más y mejor satisfecha por el notable avance de la ciencia y la técnica.
La química orgánica progresa como ciencia, en su aparato teórico y sus técnicas de análisis, sus conocimientos y los mercados que logra. Se vuelve una industria dinámica e innovadora. Se apoya y mueve a partir y a través de los impulsos y apoyos proporcionados por los avances científicos y técnicos; por los intereses de grandes empresas farmacéuticas y textiles; de los grupos profesionales de salud (médicos, farmacéuticos, enfermeros y colaboradores varios); de literatos, artistas, filósofos y científicos.
Química orgánica e industria química farmacéutica, en apoyo y refuerzo mutuos, van respondiendo a la creciente demanda de drogas con influencia sobre la psiquis. Los fármacos impuros que se usan directamente a partir de las plantas van siendo reemplazados por fármacos puros. El descubrimiento de sus principios activos vuelve disponibles los alcaloides en todo lugar y tiempo, en mejores condiciones de pureza, dosificación exacta, márgenes de seguridad en el uso.
Los grandes laboratorios de Alemania y Estados Unidos, con apoyo en los avances generales de la comercialización para mercados de consumo masivo, presentan a los fármacos muy activos como simples panaceas; mienten frecuentemente al público sobre lo que producen y venden, sus verdaderas características y riesgos.
El público aprende a conocer el opio y el haschisch a través de la literatura de estetas y poetas en busca de sensaciones nuevas, en el París de 1840 a 1860. Al periodo de curiosidad literaria sucede otro de interés médico y psiquiátrico.5
El problema del uso inadecuado comienza a surgir y a complicarse, desde mediados del siglo XIX, con el invento de la aguja y la jeringa hipodérmica, y su aplicación a la morfina. El empleo parenteral de la morfina origina dependencia y uso compulsivo de drogas, abre la puerta a la morfinomanía de origen terapéutico primero y pasional luego.
Médicos y científicos europeos llevan a cabo experimentos para determinar las posibles cualidades de la coca, y algunos la consumen. Aislada hacia 1890, la cocaína es probada en maniobras militares alemanas, y despertó el interés científico de Sigmund Freud. Opio, morfina, heroína, coca y cocaína gozan de enorme popularidad en Europa y en los Estados Unidos, que incrementa la demanda a las compañías farmacéuticas.
II. LA ENTRADA EN LA FASE CONTEMPORÁNEA
Esta problemática de las drogas, su consumo y su tráfico, se sigue desarrollando y haciendo compleja desde la fase inicial, de las revoluciones industriales y políticas, del capitalismo y la burguesía liberales, hacia una siguiente fase que se perfila desde el último cuarto del siglo XIX. Las fuerzas y tendencias preexistentes en la primera fase, las modalidades del consumo y del tráfico, en la fase siguiente se amplifican y diversifican, comienzan a presentar muchos de los rasgos y efectos de la fase contemporánea.
Entre el último cuarto del siglo XIX y la Guerra Mundial de 1939-1945, termina de imponerse una economía mundial capitalista, estructurada por una nueva división internacional del trabajo, y por estrechos lazos y fuertes flujos de personas, bienes, servicios, capital, transportes y comunicaciones, información. Globalmente unificada y estructurada, esta economía se fractura por la división entre un cinturón central de países industrializados, y una enorme periferia de países en grados y situaciones variables de atraso y dependencia externa. Drogadicción y narcotráfico comienzan ya a reflejar esta fractura, por la doble especialización de los países avanzados como grandes centros de consumo y de organizaciones criminales, y países en desarrollo como áreas de producción y de coparticipación intermediadora y subordinada en el tráfico.
La nueva división internacional del trabajo es inseparable de la segunda Revolución Industrial y Científico-Tecnológica, sus avances en las ciencias y las técnicas, y en las formas de actividad económica. Química, física, biología, medicina, industrias cada vez más tecnológicas y cientifizadas como la químico-farmacéutica y las profesiones y organizaciones para la explotación de las necesidades de salud, nuevas máquinas, motores y fuentes de energía (electricidad, petróleo), transportes y comunicaciones, inciden en el desarrollo de la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de drogas.6
Sobre drogadicción y narcotráfico inciden también algunas transformaciones en la estructura y la dinámica de los países capitalistas avanzados, y en sus relaciones con los países periféricos.
La empresa capitalista y la economía mundial se transforman en la estructura y el modus operandi. Se intensifican y aceleran la concentración y la centralización del capital, la primacía de la macroempresa monopolista y del capitalismo financiero. Ascienden y prevalecen los modelos tayloristas de organización científica y métodos aplicados al uso de la nueva tecnología en los procesos de producción. Ambos fenómenos-procesos proveen, por una parte, patrones de organización y funcionamiento de una macroempresa de pretensión monopolista y de envergadura nacional e internacional, que estimularán la imaginación e inventiva de las viejas y nuevas variedades de narcotráfico. Por la otra, afectan de modo negativo o destructivo a sectores-víctima, como la masa de trabajadores industriales, artesanos, nuevo terciario, pequeños y medianos empresarios arrinconados o destruidos por la competencia, lumpenintelectuales y lumpenprofesionales. Con ello se crean o refuerzan las situaciones de competencia, crisis y ruina, las actitudes y comportamientos de tipo anómico, evasivo y destructivo, los estados de fragilidad física y psi- cológica, las necesidades de estimulación y de narcotización, que son parte de la constelación de motivaciones para la expansión del consumo y del tráfico de drogas.7
Las nuevas formas de movilización y organización de masas, y la multiplicación de tensiones y conflictos sociales y políticos de todo tipo, contribuyen a la creciente intervención del Estado en la economía y la sociedad, a su autonomía y su rectoría en las orientaciones y logros del crecimiento y la modernización. Se transita al Estado dirigente, arbitral, gestor, encargado del desarrollo, benefactor y providencial, responsable por lo tanto de los problemas de la salud (alcohol y drogas inclusive).
La redefinición del papel del Estado se genera también desde la dimensión mundial. Las potencias industriales compiten por la acumulación de territorios coloniales o semicoloniales, como fuentes de materias primas (incluso plantas-base para la producción de narcóticos), mercados para las industrias metropolitanas, áreas de inversión de capitales, recursos y espacios políticos y estratégicos. El imperialismo colonialista da posibilidades de empleo y enriquecimiento para grupos metropolitanos, verbigracia soldados, administradores, concesionarios, contratistas, muchos de los cuales se incorporarán a través de su experiencia en los territorios de ultramar a la drogadicción, al narcotráfico, o a la una y al otro. El neoimperialismo colonialista es también una fase de militarismo, armamentismo, aplicación de la ciencia y la técnica a posibilidades de destrucción sin precedentes, catástrofes sociales, físicas y psicológicas de todo tipo. Ello contribuye también al incremento de la demanda y el consumo, y de la disponibilidad de satisfactores, en términos de drogas aptas para la analgesia, la anestesia, la compensación psicofísica, la narcotización y la estimulación, la negación y la evasión de la realidad. De los grandes conflictos y catástrofes internacionales surgen la Revolución rusa y los primeros avances de la crisis colonial que, directa e indirectamente, inciden en la problemática de la drogadicción y el narcotráfico.
III. ESTADOS UNIDOS: UBICACIÓN Y PAPEL
La ubicación y el papel primordiales de Europa occidental, durante los siglos XVIII y XIX, en el mapa emergente de la drogadicción y el narcotráfico, se van desplazando hacia los Estados Unidos, desde el último tercio del siglo XIX y sobre todo a medida que se avanza en el XX.
Durante gran parte del siglo XIX prevalece en los Estados una situación de laissez-faire en cuanto a estupefacientes y psicotrópicos, que pueden ser producidos, difundidos y usados sin restricciones. No existe todavía el estereotipo del adicto, sino la categoría del aficionado o habituado. En todo caso, prevalecen las ideas de la tolerancia social y de la no injerencia estatal. No tardan, sin embargo, en aparecer y desarrollarse las tendencias al consumo de narcóticos y estimulantes, a su estereotipación como adicción culpable o criminal, al tráfico de tales sustancias, a la represión de la drogadicción y del narcotráfico.8
En el curso del siglo XIX opio y opiáceos -como la heroína, la morfina, la cocaína- son usados libremente en medicamentos y prescripciones médicas, y en el tratamiento de soldados heridos, convalecientes o pacientes crónicos. Durante la Guerra de Secesión (1861-1865), la aguja y la jeringa hipodérmica y la dotación de morfina son proporcionadas a los soldados para su administración parenteral, y muchos de ellos adquieren una dependencia conocida como "enfermedad de los soldados o del ejército", o "mal militar". También fuera de los Estados Unidos las drogas comienzan a utilizarse en un contexto de vida militar y guerra, para soportar mejor el dolor, las incomodidades, el miedo, y con similares efectos de acostumbramiento.
A ello se agrega la acumulación de tensiones y conflictos emergentes de la industrialización, la urbanización, la diversificación y rejerarquización de clases y grupos; la incertidumbre de estatus de sectores medios del campo y la ciudad, y su frustración y desconfianza ante los cambios; la proletarización de la población nativa; la preocupación del empresariado por la adaptación de masas campesinas y artesanales a las exigencias de disponibilidad de una mano de obra industrial en condiciones de abundancia y docilidad. En este cuadro se inserta la imagen de la competencia amenazante de minorías (nacionales, étnicas, religiosas), en especial de origen inmigratorio, en los mercados económicos, sobre todo el de trabajo.
Las demandas de control apuntan hacia una gama de grupos definidos como marginales, desviantes, y sobre todo deslealmente competitivos. Se los denuncia y percibe como cuerpos extraños y focos de corrupción, a la vez por su origen y características (reales o imputadas), y por su pretendida identificación con alguna de las formas de intoxicación, estimulación o narcotización. Es el caso de las minorías chinas, negras, irlandesas, judías, católicas, mexicanas y latinoamericanas. A partir de prejuicios y estereotipos racistas y xenófobos, y a través de un razonamiento circular, el desprecio a determinadas minorías se extiende a las sustancias que usan para cura y recreo, como nocivas y perversas, y su uso define a las minorías en cuestión como características intrínsecas de nocividad y perversidad. Alcohol y drogas se identifican como fuerzas tenebrosas, causantes de adicciones instantáneas y síndromes abstinenciales, intoxicaciones y muertes, locura, delitos varios, atentados sexuales en los hombres, prostitución en las mujeres. No se admiten otras alternativas que su total ilegalización como demandan los grupos prohibicionistas, o su control por profesionales al que aspira el estamento terapéutico.
Los grupos prohibicionistas del alcohol, ya antes influyentes en la vida norteamericana, se revigorizaron hacia fines del siglo XIX, con la aparición de las drogas como problema. Un revival de la religiosidad protestante en el mundo anglosajón se concentra en la recuperación de la moralidad pública, y en la supresión de las ebriedades y "paraísos artificiales", desde el alcohol a las viejas y nuevas drogas. La movilización de la opinión pública en torno a estas cuestiones, implica sobre todo la de grupos afectados por cambios y conflictos socioeconómicos y con aspiraciones políticas insatisfechas. La influencia del prohibicionismo se manifiesta en las sociedades de templanza, la fundación del Partido Prohibicionista en 1869 y de la Anti-Saloon League en 1895; en la consideración que les muestran los partidos, los sindicatos, el Congreso y las administraciones federales y locales; y en el éxito de medidas prohibicionistas, sobre todo la Ley Seca.
Otra tendencia decisiva se refiere a la convergencia de aspiraciones, intereses y coaliciones de las profesiones de la salud, grandes laboratorios químicos, funcionarios públicos. La medicina y la farmacéutica se secularizan, se profesionalizan e institucionalizan. Sus sectores hipocráticos se refuerzan por los adelantos científicos, y pretenden imponer su superioridad técnica y ética, sus privilegios, sus poderes decisorios, su exclusividad en la tutela del cuerpo y de la mente de la clientela disponible. El sector de profesionales terapéuticos más secularizado e institucionalizado entabla la lucha contra los terapeutas competidores, calificados de "curanderos" o "matasanos" (quacks), autores o fabricantes de productos exclusivos. Busca el monopolio en la facultad de resolver qué medicamentos son admisibles o no, y a qué personas administrarlos. Los psicofármacos se vuelven parte del botín de esta lucha. En alianza con laboratorios químico farmacéuticos, grupos prohibicionistas, políticos, legisladores, funcionarios, el estamento terapéutico presenta el uso de ciertas drogas como perverso y criminal, inherente a grupos inferiores y peligrosos, si no queda sujeta a terapeutas profesionales y a modalidades determinadas de dispensación.
Denuncias de amenazas y peligros, demandas de control y represión, fluyen así desde diversas fuentes y ángulos hacia un Estado norteamericano más intervencionista, regulador y providencial, que se va volviendo Estado benefactor y, como tal, también terapéutico.
El Estado aumenta sus funciones y servicios de control y arbitraje. Interviene en las relaciones y conflictos del capital y del trabajo, en el mercado laboral, y en aspectos y espacios antes confiados a la sociedad civil. Se ocupa así de "organizar el universo social subalterno" (Massimo Pavarini), el constituido por los grupos marginales y desviantes: pobres, disminuidos, enfermos, dementes, huérfanos, adolescentes, ancianos, alcohólicos y usuarios de drogas. Se afirma la legitimidad de la atención institucional pública, y de criterios de anormalidad, culpabilidad y segregación. Se privilegia el recurso al reformatorio, al hospicio, al asilo, a la cárcel. Se expanden las funciones de control, regulación y represión del Estado, sus poderes y recursos, el aparato administrativo y la burocracia pública.
Estos factores y procesos se articulan cada vez más con el impulso que les da la marcha de los Estados Unidos al rango de potencia y a la hegemonía mundial. Las fuerzas e intereses que impulsan a la cruzada interna contra la drogadicción y el narcotráfico convergen con las tendientes a la cruzada externa, y comparten motivaciones nacional-raciales, mercantiles, políticas, militares, religiosas, misionales. La doctrina del "destino manifiesto" busca la justificación de la jefatura estadounidense en una cruzada mundial contra el consumo y el tráfico del opio.9
Desde principios del siglo XX, gobierno y sociedad oficial de los Estados Unidos inician la estrategia y la política que priorizan la represión como respuesta a los problemas del consumo y tráfico de drogas. Ella presupone y coproduce los estereotipos del adicto como personalidad perversa, corrupta/corruptora; de la adicción como tentación irresistible, acostumbramiento instantáneo, y foco de contaminación generalizada. Estos fenómenos deben ser tratados por la condena, la represión y el castigo, más que por la prevención y la rehabilitación.
En esta misma etapa se dan el paralelismo y la interrelación de la legislación estadounidense, y de la internacional que dicha potencia promueve e impone, en materia de consumo y tráfico de drogas.
En 1890 los Estados Unidos establecen un impuesto al opio, y en 1899 la prohibición total de fumarlo. Actitudes y valores predominantes se vuelven más rígidas en materia de drogas. La Pure Food and Drug Act, de 1906, primera regulación federal en el área, se propone ilegalizar la adulteración y garantizar la información veraz. No distingue entre sustancias dañinas y benéficas, controladas y libres. Busca proteger al consumidor favoreciendo su conocimiento y conciencia para su mejor autoadministración personal, sin sustitución, supervisión ni censura. Sin embargo, prohíbe la venta y uso de la cocaína como ingrediente en productos alimenticios, y requiere el etiquetado preciso de los medicamentos autorizados que contengan opio y otras drogas.
La Harrison Narcotic Act, de 1914, impone controles más estrictos sobre la importación, la manufactura y la distribución de opio y opiáceos, y de otras drogas. Queda prohibida la venta de dosis sustanciales de opiáceos o cocaína, excepto por fabricantes, médicos y farmacias.
La ley exige que las transacciones en estas drogas se registren y se sometan al pago de un impuesto nominal, y encarga de ello a la Oficina de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro. La ley no prohíbe la fabricación, posesión, consumo y venta de estas sustancias -fuera de las limitaciones que establezca el estamento médico-, lo que habría requerido una reforma constitucional. Las drogas son utilizables en caso de prescripción con fines médicos por profesionales registrados. Queda prohibido el uso no médico, pero su determinación irá dependiendo cada vez más, no del médico o del usuario, sino del Departamento del Tesoro y, a través de él, de la policía. El Departamento del Tesoro se arroga una interpretación legal y policíaca del "uso médico" de la Ley Harrison, define lo que son y lo que no son los tratamientos permitidos.
A partir de la Ley Harrison, prevalece cada vez más en los Estados Unidos un fundamentalismo, inspirado y justificado a la vez en un espíritu de cruzada religiosa y en una voluntad de control social y político. Este fundamentalismo asume la obligación del Estado de proteger la salud pública, y al ciudadano tentado de alterar su estado de ánimo, sus modos de sentir, pensar y actuar, mediante sustancias químicas.
El fundamentalismo autoriza a distinguir entre fármacos panaceas y fármacos venenosos, bienhechores o nocivos, en oposición del bien y el mal; y por consiguiente a imponer prohibiciones, ilegalizaciones, persecuciones y sanciones. Definido el hábito como delito, no se ataca sus causas, su práctica lo vuelve a la vez delito y adicción, y se crea el consumo abusivo del adicto. La Ley Harrison contribuye a crear el mercado negro y la delincuencia de narcóticos. El consumo de opiáceos y cocaína florece desde 1914.
La ilegalización crea el tráfico ilícito que a su vez coproduce o refuerza la adicción. El narcotráfico se autorrefuerza como una variedad de delincuencia y genera otras formas conexas o derivadas. Con apoyo de los medios de masas, de una opinión manipulada, y de la difusión por unos y otros de los estereotipos de algunas drogas como mágicas y malignas y del adicto como figura demoniaca, prohibicionistas y policías lanzan una campaña no sólo contra usuarios y traficantes, sino también contra el sector especializado del estamento terapéutico. La persecución apunta a los médicos, farmacéuticos y sanatorios especializados, con monopolio para dispensar drogas, sobre todo para terapias de la dependencia por mantenimiento o supresión gradual. Numerosas clínicas son cerradas por la División de Estupefacientes de la Prohibition Unit. Un alto número de médicos y farmacéuticos que recetan opio, morfina y cocaína fuera de la sala de operaciones, son juzgados y encarcelados por violaciones a una legislación represora formalmente fiscal. La persecución destruye la alternativa de suministros legales, puros y baratos, y reemplaza una función social-profesional por un negocio de traficantes y delincuentes de todo tipo. Persecución y altos precios incrementan el número de adictos y los obliga a traficar para subsistir, reforzando la criminalidad común y la irresponsabilidad socioeconómica y personal, sobre todo en jóvenes y grupos pobres y marginales.
Desde 1918, con la paz victoriosa, el avance hacia la hegemonía mundial, la acumulación de problemas tanto internos como internacionales, prevalece en los Estados Unidos un clima de fundamentalismo, nacionalismo, mesianismo, conservadurismo y represión, que realimenta y refuerza la idea de la cruzada contra el alcoholismo y contra las drogas. Desde 1918 se inaugura el periodo de restricción enérgica contra el consumo y el tráfico.
El fundamentalismo se manifiesta, asimismo, en la política y la legislación internacionales. Para el gobierno de los Estados Unidos, las garantías contra lo que se visualiza como una invasión externa requieren que el control deba ser no sólo nacional sino mundial. Tempranamente ha tomado iniciativas a nivel internacional para controlar el tráfico de opio. En 1880 se prohíbe a los barcos registrados en los Estados Unidos ocuparse del comercio de opio con China. El presidente Theodore Roosevelt convoca en 1909 a la Conferencia Internacional de Shangai, que reúne a representantes de trece naciones con intereses coloniales y comerciales en el Lejano Oriente. Le siguen las conferencias internacionales sobre el Opio de La Haya, de 1911, 1912, 1913 y 1914, la ejecución de cuyas recomendaciones se retrasa por la Primera Guerra Mundial.
Ya desde fines del siglo XIX, grandes laboratorios europeos, especialmente alemanes, van introduciendo en el mercado la morfina, la heroína y la cocaína, las publicitan y difunden, contribuyen al desarrollo de una demanda y de una adicción masivas. Derrotada Alemania, el gobierno de los Estados Unidos, por motivos más políticos y económicos que morales y sanitarios, y con la cooperación diplomática de Gran Bretaña, hace introducir los acuerdos de La Haya como Sección 295 del Tratado de Versalles, así como una cláusula por la cual los laboratorios alemanes deben renunciar a la libre venta de drogas psicotrópicas al público.
Entre las dos guerras mundiales, un gran número de naciones van asumiendo la política de responsabilidad estatal en la imposición de controles y prohibiciones sobre el consumo y el tráfico de drogas. La Sociedad de las Naciones ha creado organismos permanentes para la fiscalización del narcotráfico, en gran medida bajo presión de los Estados Unidos. Aunque éstos nunca se han incorporado a la Sociedad de las Naciones, tienen gran influencia en sus políticas sobre drogas. Las convenciones internacionales, como las de Ginebra de 1925, 1931 y 1936, son en gran medida similares a la legislación nacional de los Estados Unidos. Los países avanzados van legislando cada vez más sobre psicofármacos, a instancias de la autoridad internacional que acoge las iniciativas sugeridas por la delegación de los Estados Unidos. La mayor parte de las naciones que participan en las convenciones son, sin embargo, menos estrictas que los Estados Unidos en sus políticas domésticas.
Mientras los Estados Unidos impulsan de manera más o menos correlacionada sus políticas y legislaciones de control y represión contra ciertas drogas, tanto en el plano nacional como en el mundial, se dan en su seno tres fenómenos y procesos de extraordinaria relevancia: el avance de la producción y consumo de fármacos, el prohibicionismo de la Ley Seca, la creciente injerencia del crimen organizado en el narcotráfico.
IV. FARMACODEPENDENCIA, LEY SECA, CRIMEN ORGANIZADO
Durante gran parte de este siglo, el Estado norteamericano y sus agencias públicas especializadas, la industria químico-farmacéutico, los grupos fundamentalistas y prohibicionistas, los profesionales de la salud y sus instituciones, los expertos, establecen una determinada diferenciación en los objetivos de sus políticas y acciones. Llevan a cabo la guerra contra la drogadicción y el narcotráfico, con referen-cia exclusiva a la adormidera, la coca, el cáñamo como plantas producidas en el Tercer Mundo, y a las drogas elaboradas a partir de ella, traficadas por grupos del mismo origen, consumidas por éstos o por minorías étnicas, grupos pobres y marginales, jóvenes de zonas deprimidas.
Por otra parte, los grandes laboratorios químico-farmacéuticos de los Estados Unidos descubren y lanzan al mercado una creciente cantidad y diversidad de sustancias sintéticas, con propiedades estimulantes (anfetaminas), hipnóticas y anestesiantes (barbitúricos), sedantes y evasivas. Las mismas son disponibles sin dificultades, en condiciones de pureza, baratura y eficacia, y constituyen una oferta farmacológica alternativa a las drogas ilegalizadas. Una parte consi-derable de la demanda potencial o efectiva de drogas ilícitas se desplaza hacia las sustancias psicoactivas que son definidas como medicinas seguras, para el consumo respetable y lícito de usuarios pertenecientes a los niveles altos y medios de la sociedad y a un amplio espectro de funciones y profesiones de estatus y prestigio. El consumo de estas sustancias lícitas no moviliza prejuicios ni estigmas de tipo racial, nacional y social. La comercialización dentro y fue- ra de los Estados Unidos, incluso en los países subdesarrollados, genera cuantiosos ingresos, regalías y divisas de exportación, para los grandes laboratorios estadounidenses pero no importaciones competitivas desde el Tercer Mundo.
Estos fármacos -sedantes, somníferos y estimulantes- crean serios riesgos de nocividad y destrucción, físicas y mentales, de tolerancia y adicción; riesgos equivalentes y a veces superiores a los originados por las drogas estigmatizadas y prohibidas. Las situaciones reales y sus riesgos son ignorados por un público masivo al que se mantiene en la inconciencia por una política de manipulación y desinformación que desde los comienzos ha sido inherente a las grandes empresas europeas y estadounidenses del negocio químico-farmacéutico.
Pese a la nocividad y peligrosidad de los fármacos, el gobierno de los Estados Unidos, es decir, del primer país productor y comercializador de estas sustancias, jamás ha impuesto su prohibición interna ni su fiscalización o persecución internacionales. La ilegalización y la persecución de ciertos tipos de drogas no acaba con su consumo ni su tráfico, ni con el de los psicofármacos legales.
En el marco del juego de factores y fuerzas que se analizó, y del clima vigente desde el fin de la Primera Guerra Mundial, se ubican a la vez la imposición del régimen de prohibicionismo antialcohólico, y la emergencia de una notable variedad de crimen organizado. El 18 de diciembre de 1918, el Congreso de los Estados Unidos aprueba y somete a la aprobación de los estados la décimo octava enmienda constitucional. La misma prohíbe "la manufactura, la venta o el transporte de licores intoxicantes dentro de los Estados Unidos, su importación a ellos o su exportación desde ellos y todo territorio sujeto a su jurisdicción, para propósitos de bebida". Ratificada el 29 de enero de 1919 como décimo octava enmienda, entra en vigencia un año después. Para reforzarla el Congreso aprueba el 28 de octubre de 1919 la Ley Volstead, que encarga del cumplimiento a la Ofici- na de Rentas Internas del Departamento del Tesoro.
El cumplimiento de la décimo octava enmienda se revela dificultoso, y va ir chocando cada vez más con la notable organización del tráfico de alcohol como gran empresa de escala nacional. Ello corresponde a un patrón permanente de la historia y la vida social de los Estados Unidos, de búsqueda y logro de los medios de preservar a la vez la satisfacción de prohibir ciertos vicios y las oportunidades para su goce y su explotación lucrativa. Ejemplos principales son el juego, la prostitución, y luego el alcohol y las drogas.10
Este patrón se aplica además al alcohol, a favor de varios factores y circunstancias. El sistema federal produce una variedad confusa de regulaciones estaduales, y limitaciones legales a la jurisdicción de ca-da estado; y circunscribe a tal punto los poderes del gobierno federal que lo obliga a usar el control sobre el comercio interestatal y el régimen impositivo como sustitutos de un código criminal nacional. Las oleadas inmigratorias hacen fluir continuamente desde afuera nuevos norteamericanos, enérgicos y ambiciosos, de varias religiones, que ignoran las costumbres locales o son indiferentes a ellas. Prevalece una tradición nacional de oportunidades para todas, en contradicción con una situación estructural donde las posibilidades legales y respetables son acaparadas por quienes llegaron antes. Una población móvil en una sociedad fluida siente y piensa que la posición social puede comprarse con dinero. Estados Unidos es un vasto continente, con técnicas cada vez más desarrolladas y eficaces, de organización, de violencia, de transporte y comunicaciones (automóvil, camión, telégrafo, radio), y muchos lugares para esconderse.
Enmienda y Ley Volstead no impiden, y en medida considerable generan y refuerzan, el contrabando en gran escala, la manufactura ilícita, el alcoholismo masivo, la multiplicación de violaciones a la ley y su descrédito, la complicidad de traficantes y consumidores, el ascenso del crimen organizado en Norteamérica. Esto último se da sobre todo bajo la forma de mafia, su entrelazamiento con el mundo oficial y la sociedad legal, con gobernantes y políticos, con la empresa privada, y también su posterior implicación en el narcotráfico.
Los altos costos y los bajos logros de la política prohibicionista, la depresión, la desocupación masiva, la necesidad de crear empleos en una industria legalizada del licor, llevan a que, en febrero de 1933, el Congreso apruebe una resolución que pide la enmienda constitucional de rechazo de la prohibición. En 1934, la enmienda 22 es adoptada por el necesario número de estados, y las bebidas alcohólicas son legalizadas, aunque algunos de ellos conserven leyes prohibitivas.
En adelante, las mejores oportunidades del crimen organizado no estarán en el alcohol ni en la prostitución, sino en el juego ilegal y en las drogas.
Por su acción política, legislativa y represiva, los Estados Unidos logran la prohibición del tráfico y el consumo de alcohol y, más permanentemente, de ciertas drogas, en su territorio, e inducen a otros países a tomar medidas similares. La ilegalidad de algunas de las drogas psicotrópicas genera, a partir de los años veinte, un creciente tráfico clandestino de materias primas para la heroína, la morfina y la cocaína, afectadas por la prohibición. Abandonado por los países industrializados, el mercado de drogas va siendo cubierto por países, regiones y grupos suministradores de la materia prima: países pobres de Asia, Sicilia, Marsella, la "French Connection", los inmigrantes italianos en los Estados Unidos, las mafias siciliana y norteamericana, los países latinoamericanos proveedores de coca y marihuana. Estos últimos irán incrementando su papel en el narcotráfico en función de la curva ascendente de la demanda de los consumidores y traficantes de Estados Unidos, que se irá ampliando en las décadas de los sesenta y los setenta.
Los grupos de poder, la delincuencia organizada en escala internacional, tienen sus centros en los Estados Unidos, en el Mediterráneo, en China y el Extremo Oriente.11
Ya en vísperas de la derogación de la Ley Seca, los jefes de las "familias" del crimen organizado acuerdan una política de coexistencia, distribución de zonas y coordinación de actividades, y el ingreso al negocio de la heroína, cuya fabricación ha sido prohibida en los Estados Unidos. En las décadas de los cincuenta y los sesenta, mafiosos sicilianos llevaron heroína a los Estados Unidos.
El consumo de heroína, que en las últimas décadas no deja de crecer y diversificarse geográficamente, sobre todo en los Estados Unidos y en la Europa occidental (Italia, Alemania Federal, España), es abastecido primordialmente por la producción asiática, de Turquía hasta la década de los setenta, de las áreas fronterizas de Irán, Pakistán y Afganistán, y del llamado Triángulo de Oro.
La heroína se constituye como un negocio mundial, articulado a través de un ciclo de producción, transporte, distribución y consumo, que implican diferentes grupos y organizaciones en cada fase geográfico-económica.
El opio bruto es cultivado y cosechado por pequeños campesinos y tribus del Cuerno de Oro y del Triángulo de Oro. La cosecha es vendida a comerciantes mayoristas especializados que transforman parte del opio en morfina y la venden en el Medio Oriente.
La transformación química del opio en morfina se realiza en laboratorios situados en la frontera noroeste de Pakistán, o en países del Medio Oriente, a cargo de miembros de las elites políticas y militares. La morfina es transportada en mula, automóvil, ferrocarril o camión, a Turquía y los Balcanes, y de allí a Europa occidental.
La morfina es refinada como heroína pura en Sicilia, y exportada a Estados Unidos y al resto del mercado mundial. Esta fase está a cargo del crimen organizado de Francia primero, y luego de la mafia siciliana y sus grupos de mayor fuerza económica-financiera, organizativa y política. Se constituye una estrecha asociación entre los mafiosos sicilianos, y los siculo-norteamericanos que venden heroína en Nueva York, Chicago y Detroit y controlan 30% del mercado de heroína en los Estados Unidos. En la distribución predomina un reducido número de grandes empresas que detentan una posición oligopólica. Ellas combinan las ventajas del poder económico-financiero, de las capacidades para la violencia física por un personal especializado a tales efectos, y de la inacción y la protección políticas, policiales y judiciales, inducidas por la corrupción o por la intimidación. La participación hegemónica o controladora permite a la mafia siciliana y a sus aliados siculo-americanos obtener altas tasas de acumulación de capital y diversificarse hacia otras ramas y actividades de la economía y las finanzas, que en conjunto realimentan su poder y sus capacidades de expansión y diversificación permanentes.
La mafia de la heroína se presenta así, a la vez, como uno de los segmentos fundamentales del narcotráfico mundial, como un modelo prototípico de organización criminal, y como haz de estímulos directos e indirectos para la emergencia de la más exitosa y decisiva variedad latinoamericana de la misma actividad delincuencial. Esta emergencia se dará cuando el crecimiento acelerado del consumo y el tráfico de drogas y la política de prohibición y represión de los Estados Unidos y del mundo desarrollado, coincidan y se entrelacen cada vez más con fenómenos y procesos específicos en ciertos países latinoamericanos.
V. DEL CONDICIONAMIENTO EXTERNO A LA ESPECIFICIDAD NACIONAL
Desde 1945, en los Estados Unidos (y en menor grado y más tardíamente en otros países desarrollados) se va acentuando la curva ascendente del consumo y la demanda de masas de una amplia gama de drogas. Se lleva además a la práctica hasta sus últimas consecuencias una concepción simplificadora y una estrategia y políticas primordialmente represivas respecto a la drogadicción y al narcotráfico.
El mercado narcoconsumidor se va ampliando cada vez más rápidamente. La Guerra de Vietnam difunde, a través de sus veteranos, el consumo de marihuana, anfetaminas y ácido lisérgico. Los movimientos juveniles, pacifistas y de protesta contra el sistema político, la sociedad de consumo y la guerra, incrementan el consumo de la marihuana y la cocaína, como expresión y vehículo de protesta y como pacificador de ánimos exaltados.
La heroína y la marihuana son consumidas por estratos bajos y marginales, como lenitivo de las carencias y sufrimientos, instrumento de evasión de una realidad intolerable, opción por la postergación del esfuerzo y el sacrificio en favor del goce inmediato.
El consumo de cocaína, desde principios de los años setenta, gana el mundo de los sectores medios y altos, de la cultura y de la empresa. En este caso no son drogas de protesta y escapismo. Se la consume para el placer; para la elevación de la capacidad de trabajo; como tranquilizante para el alargamiento productivo de la jornada de trabajo; como fuente de creatividad y de imaginación. La consumen ejecutivos, atletas, músicos, actores de cine y televisión, intelectuales y artistas, escritores.
Desde la década de los sesenta, el uso generalizado de drogas contribuye a una nueva reducción de la tolerancia social, a la hostilidad de escuelas, jueces, medios de masas, corrientes dominantes de la opinión pública y de la política, en contra de la drogadicción y el narcotráfico, y obviamente contribuye también a periódicos endurecimientos de la legislación represiva.
Las líneas de evolución de la legislación represiva, sus ambigüedades e insuficiencias, lo dudoso de sus resultados, son producto, ante todo, de la primacía lograda en los centros de decisión nacional por una coalición de grupos fundamentalistas, políticos y burocráticos, profesionales y especialistas de la represión y de la prevención.12
A partir de este trasfondo generador y proyector, el Estado reafirma y extiende sus funciones y poderes a la esfera de la preservación de la salud física, mental y moral de la población. Se le atribuye y se arroga el derecho a la injerencia y a la manipulación de la personalidad, la conducta y la vida de los habitantes. El Estado adopta al respecto un patrón orientador de paternalismo a la vez represivo y terapéutico. Tiende a tipificar como delitos, a castigar todo lo que se refiera a la producción, elaboración, distribución, tenencia y consumo, de drogas.
Desde el Estado y desde la coalición de grupos con injerencia directa en estos problemas, se da el reclamo continuo de una legislación draconiana, del aumento del número y las categorías de infractores y culpables, de sanciones, de dimensiones y alcances del aparato represivo (policial, judicial, carcelario). Se recurre a justificaciones científicas, y a una legislación que orilla en la inconstitucionalidad y en la incompatibilidad con los principios jurídicos de un Estado de derecho.
Sobre todo, se formula e impone una definición estereotipada y una imagen distorsionante del narcotráfico y de la drogadicción, y se les confiere un tratamiento dual y ambiguo a su respecto.
El énfasis es colocado en el carácter perverso y corruptor del narcotraficante, como principal sino, único responsable de la drogadicción y de su explotación mercantil-criminal. Por una parte, ciertos traficantes, productores y distribuidores de algunas drogas, son estigmatizados y tipificados, perseguidos y sancionados. Es el caso de los grupos de países latinoamericanos o provenientes de ellos, que operan en el negocio de la cocaína, la morfina, la heroína y la marihuana. Contra ellos se dirigen las políticas y legislaciones represivas del Estado norteamericano, así como sus exigencias de control internacional y por los gobiernos de determinados países. En sentido contrario, se mantiene la legalidad de la producción, tráfico, consumo interno, exportación del alcohol, del tabaco y de los estimulantes y narcotizantes sintéticos. Se despliega la tolerancia o la complicidad con los grupos y actividades de producción, tráfico y consumo de drogas prohibidas en el interior de los Estados Unidos.
El Estado norteamericano se arroga el derecho de proteger a los habitantes de sí mismos, de ejercer el autoritarismo sobre ellos por su propio bien, de manipular su personalidad, su conducta y su vida. El uso de drogas deja de ser asunto privado de los adultos.
Se difunde e impone el estereotipo del dope fiend, el drogado como enfermo predestinado al uso de drogas, psicópata a tratar o delincuente a castigar. El adicto está intelectualmente obnubilado por el estupefaciente, paralizado en su voluntad sobre la cual es justificado imponerse. Imposibilitado para gobernarse sin ayuda exterior, ésta se le debe prestar aun contra su voluntad. En esta tesitura predominante, las curas psiquiátricas tradicionales prevalecen sobre la educación, y sobre los tratamientos preventivos, de rehabilitación y de readaptación social.
El sometimiento a la ayuda no pedida de terapeutas para una rehabilitación coactiva impone el cambio forzado de la personalidad, sin derecho a la libre voluntad y a la responsable decisión de cambiar.
Se traba o cierra el acceso a las sustancias y tratamientos que alivien los sufrimientos y faciliten la rehabilitación.
No se piensa ni se actúa sobre las raíces estructurales del fenómeno, que se hunden en una sociedad productora de personalidades necesitadas de drogas para soportarse a sí mismas, a la vida y al mundo; productora también de los actores, los intereses y las condiciones sociales para el tráfico ilícito que satisface la demanda.
Esta política y este arsenal de soluciones no son garantías de éxito. El tratamiento clínico coactivo se desvirtúa y frustra. Arruina el equilibrio psíquico, en la medida en que la ayuda no es pedida ni soportada voluntariamente, y en que se debe sufrir la compañía forzosa de verdaderos psicópatas; y el físico, por la insuficiencia o la incertidumbre de los recursos psiquiátricos. La ineficacia se revela, entre otros indicadores, por el alto porcentaje de fracasos.
Los costos y saldos negativos de esta política incluyen la sospecha y hostilidad de la sociedad en general y de muchos de sus grupos, hacia el definido como toxicómano, desviante y eventualmente criminal. También, la reducción o la supresión, en perjuicio del toxicómano, de las garantías normales de los códigos penales y de procedimiento criminal en un Estado de derecho.
Los estereotipos impuestos responden o llevan casi inevitablemente a la satanización del problema y de los responsables. La adicción y el tráfico son presentados o tratados como parte de la presencia negativa de minorías sociales y étnicas, de marginales y desviantes, de indeseables de todo tipo, y/o de una conspiración de inconformistas y subversivos, de terroristas y regímenes extranjeros, contra las instituciones establecidas. Se reivindica consecuentemente el papel principal, sino exclusivo de actores y métodos policiales y militares. La actitud y la práctica represivas inventan o realmente crean grupos delincuentes, en todo caso como chivos expiatorios, que a su vez justifican más persecución, sanciones, condenas, más policías, jueces, cárceles, y más tráfico ilícito. La lucha se dirige contra traficantes, contra adictos, pero también contra defensores de los segundos entre científicos, físico-naturales y sociales, médicos, psiquiatras, abogados, jueces y funcionarios, intelectuales, defensores de derechos humanos.
La definición estereotipada y el tratamiento represivo, distorsionan a la vez la percepción y la evaluación de la realidad, el diagnóstico del problema y sus soluciones. La ilegalidad de las drogas se revela ineficaz o contraproducente por lo que no logra a pesar de proponérselo, por lo que logra al margen o en contra de su voluntad y propósito, y por los abusos que provoca o refuerza.
La imposición de una imagen de la realidad termina por producir efectos reales, coproduce y reproduce el problema que se pretende o quiere solucionar. El estereotipo crea o estimula la atracción del uso y del hábito; interioriza, confirma y refuerza patrones y valores de personalidad y comportamiento, convierte tendencias posibles en realidades necesarias. El estereotipo oficial y la subcultura de la drogadicción cooperan para la justificación del usuario, ante sí mismo y ante los demás, como víctima pasiva y culpable incapaz de superar su situación.
Estereotipo, prohibición, represión, se vuelven así coproductores del consumo, de la adicción y del narcotráfico. Ello es parte de un proceso por el cual el Estado, las corporaciones, los medios de masas y la opinión pública, difunden estereotipos; exacerban la conflictividad social y los debates ideológicos; distorsionan informaciones, imágenes, reacciones, interpretaciones y soluciones. El refuerzo de las prohibiciones, de la ilegalidad y de las persecuciones es seguido por el incremento del número de adictos, de productos y consumos, y de la delincuencia organizada.
Las leyes prohibitivas del uso y tráfico de narcóticos generalmente han resultado inefectivas y contraproducentes en los Estados Unidos y otros países desarrollados. El indicador crucial al respecto está dado por la notable expansión de la demanda y el consumo en los Estados Unidos y otros países similares, pero luego también en los países en desarrollo, que se vuelven a la vez países productores, de tránsito y de consumo de drogas.
La creciente narcotización de la sociedad estadounidense y de Europa occidental, sus niveles de consumo y demanda, se vuelven condición de la oferta que especializa a Bolivia, Perú, Colombia y otros países latinoamericanos, como productores, abastecedores y de tránsito. Colombia, ante todo, emerge como principal país fuente, traficante y beneficiario. Es el prototipo de lo que significan drogadicción y narcotráfico como constelación de fenómenos, fuerzas, procesos y resultados de tipo económico, social, cultural-ideológico, político, estatal, militar, con dimensiones y entrelazamientos tanto nacionales como internacionales. Ello abarca una narcoeconomía, una narcosociedad, una narcocultura, un proto Estado narcotraficante dentro del Estado nacional, con el proyecto, incluso, de controlarlo o sustituirlo, y dotarlo de dimensiones internacionales y transnacionales propias.
VI. GÉNESIS Y ASCENSO: EL MODELO COLOMBIANO
Una combinación de factores y circunstancias hace de Colombia y de algunas de sus regiones, un centro privilegiado y un modelo prototípico del narcotráfico latinoamericano. El país dispone de un terreno ideal para el cultivo. Tiene una ubicación privilegiada para el contrabando de grandes cantidades de drogas, a través del Caribe, hacia los Estados Unidos. El Estado es débil y corruptible. La historia nacional ha entrelazado tradiciones sociopolíticas, mercantiles, empresariales, delincuenciales y violentas.13
Colombia ha sido tierra de colonos pioneros. Gobierno y ley nacionales tienen vigencia limitada en gran parte del país. El sistema ha estado en manos de una oligarquía cohesionada y constitucionalista, pero dividida en dos partidos violentamente enfrentados durante muchas décadas. La violencia es tradicionalmente el único método para enfrentar y solucionar cualquier problema o conflicto socioeconómico.
Desde los años treinta, Colombia sufre una transformación que tensa el orden social y político tradicional, llevándolo más de una vez a la ruptura. La presión se inicia con la movilización de las masas urbanas y rurales en lucha contra la oligarquía, y se identifica en parte con la disputa de los partidos Conservador y Liberal por la hegemonía. Ello alcanza, entre 1949 y 1953, un altísimo nivel de violencia y barbarie, y de pérdida en vidas humanas.
Tras la dictadura militar-populista de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), los dos partidos llegan al llamado Acuerdo Nacional que, con base constitucional, suspende la lucha, fija un sistema peculiar de alternancia en el gobierno y de reparto de privilegios y empleos según pertenencia. Hasta 1986, ambos partidos se turnan regularmente en el gobierno, pero producen la duplicación de empleos públicos, el bloqueo del juego político.
Múltiples alternativas y vicisitudes, intentos de paz, propuestas de amnistía y rehabilitaciones, se suceden y entrelazan desde la etapa de máxima violencia. En los campos aparece una violencia insurreccional. Los fuertes impulsos y ritmos del cambio social exceden a un sistema social que es convertido en rígido por una elite dirigente y una oligarquía que prefiere sustituir las negociaciones y las reformas sociales por el recurso a varias formas de la violencia. Colombia va creciendo y modernizándose de manera sacudida y contradictoria. Se industrializa y urbaniza. Oleadas de hombres y mujeres intentan la colonización de tierras interiores. Se desarrollan inversiones extranjeras y nacionales, formas más avanzadas de producción y consumo, el turismo, pero también las drogas. Nuevos tipos de riqueza y poder debilitan a la oligarquía. Hombres nuevos ascienden a la cúpula de la política. Las tensiones sociales se multiplican e intensifican. El movimiento guerrillero se expande desde mediados de los años sesenta.
La prosperidad económica va acompañada por una marea de violencia y de altas tasas de criminalidad, que se generan y refuerzan por la tradición, las motivaciones ideológicas, los odios heredados, la cultura de la violencia partidista, las restricciones a la participación social y política. Surgen y se amplifican también por el rápido cambio social, la modernización superficial, la desigual distribución del ingreso, la pobreza extendida, el alto desempleo. La criminalidad invasora excede la limitada presencia o la ausencia de instituciones gubernamentales en grandes áreas del territorio, y se impone frente a la corrupción y deficiencia de la policía y de la justicia. A la violencia de la guerrilla se va agregando la de los "escuadrones de la muerte" de la extrema derecha y la del narcotráfico.
Las tradiciones y pautas sociopolíticas de ilegalidad y violencia se entrelazan con otras de tipo mercantil-empresarial y delincuencial. El caso paradigmático es el del empresario de Medellín y de su hinterland regional de Antioquia, precisamente orígenes y bases del narcotráfico colombiano. Sus rasgos y tendencias condicionan y prefiguran en parte los que adquiere el narcotraficante antioqueño.
Desde la Colonia hasta el presente se ha ido definiendo la tendencia mercantil del habitante de Medellín y Antioquia, su implicación en el contrabando, su cultura pragmática y utilitaria que privilegia dinero, éxito y poder económicos, y desprecia la pobreza y la honradez.
Con la independencia y la organización republicana, los comerciantes de Medellín y Antioquia crecen y se refuerzan por la explotación usuaria del Estado, la colonización cafetalera, la participación en ella como productores y como financieros, exportadores e importadores. A ello se agrega luego el desarrollo de la industria orientada al mercado regional y a la exportación. En las primeras décadas del siglo XX surge en Antioquia un grupo empresarial de fuerte impulso ascensional e innovador, que desarrolla una manufactura diversificada, y fuertes respaldos mercantiles y financieros.
El dinamismo del empresariado y del crecimiento de Medellín/Antioquia se va debilitando y entra en crisis desde principios de la década de los setenta , con la pérdida del impulso de la colonización cafetalera y el freno del desarrollo industrial. El empresariado antioqueño se vuelve conservador, pierde creatividad y audacia, no supera el esquema manufacturero que se concentra en la producción de medios de consumo. Tampoco aprovecha la promoción gubernamental en los años 1970-1974 de un nuevo desarrollo financiero, a través de la prioridad a la industria constructora y a su financiamiento. La crisis mundial de los años setenta refuerza el deterioro de la economía antioqueña, le hace perder mercados internacionales, mientras el mercado interno es amenazado por la competencia de los nuevos centros industriales de Asia.
Con la crisis, Medellín y Antioquia son afectados por el desempleo, la caída de los ingresos, la penuria fiscal, la baja del consumo. Ello se traduce en inseguridad, violencia y criminalidad, y en la opción en favor del contrabando de importación de mercancías y de exportación de drogas.
Este proceso presupone e incluye el debilitamiento de la clase propietaria y empresaria tradicional de Antioquia a partir de la década de los setenta; su abandono de posiciones y funciones de mando y de decisión; su renuncia a la búsqueda de una salida económica para la región. Dicha clase, en cambio, se ve atraída por las ofertas del nuevo sector financiero, que le compra empresas y propiedades, y las paga en dólares o documentos de altos intereses; y luego por las propuestas de los narcotraficantes que van cambiando dólares de la droga para invertirlos en Colombia.
El rápido ascenso del nuevo empresariado narcotraficante tiene ya antecedentes que se vuelven precondiciones. En primer lugar, Colombia es gran productor de esmeraldas. Su explotación es realizada ilícitamente por campesinos, grandes familias que controlan una "mafia de los pobres" de desempleados y lumpendelincuentes. La explotación ilícita da lugar a olas de violencia en la "guerra verde", con débiles intentos de control por el gobierno. En las sociedades concesionarias participan esmeralderos y "gemólogos" que luego serán socios de narcotraficantes.
En segundo lugar, en los años sesenta y a principios de la década de los setenta, se da en la costa atlántica de Colombia la "bonanza marimbera", la prosperidad de los grupos vendedores de marihuana. Éstos se convierten en clanes con capital para el financiamiento de la compra y el transporte. La bonanza marimbera beneficia a sectores de la costa atlántica (campesinos, recolectores estacionales, transportistas, policías, guardias aduaneros, banqueros, políticos, congresistas) e irriga la economía de la región.14
Durante esos años se crea en el Banco de la República la llamada "ventanilla siniestra", por la cual ingresan millones de dólares de la bonanza marihuanera, confundidos con los provenientes de la bonanza cafetalera. También se va debilitando la bonanza marimbera, por la competencia de otras variedades de marihuana, y de la cocaína.
Los actuales narcotraficantes antioqueños descienden en parte considerable del grupo de contrabandistas que operó a fines de la década de los sesenta y a comienzos de los setenta.
En 1967, la promulgación de normas restrictivas del comercio exterior y del mercado de dólares abren posibilidades al contrabando de mercancías importadas y a la compraventa ilegal de dólares. Uno y otra se intensifican en Medellín y Antioquia, paraíso de contrabandistas, con habitantes siempre dispuestos al movimiento ilegal de bienes sobre largas distancias. La posición geográfica favorable al narcotráfico, como puente entre las regiones productoras de droga en el sur de América Latina y en Colombia, y un Miami que es puerta de entrada a los Estados Unidos, y al Hemisferio Norte. Medellín y Antioquia están próximos a la zona franca de Colón, Panamá, centro internacional de contrabando, y disponen de excelentes puertos naturales y de facilidades para aeropuertos clandestinos. Colón se vuelve punto de contacto del contrabando que relaciona el consumo de cocaína y los comerciantes de Estados Unidos deseosos de importarla, y los traficantes colombianos, peruanos y bolivianos con disposición y capacidad para proveerla. El terreno accidentado alrededor de Medellín permite el ocultamiento de laboratorios.
Con estas ventajas comparativas, los contrabandistas de Medellín y Antioquia montan una red de contrabando de mercancías y de tráfico de cocaína, dirigido hacia los Estados Unidos; comienzan a sustituir el tráfico de marihuana por el de cocaína. Ésta emplea menos personal, requiere más capital, técnicas industriales, productos químicos importados. Proporciona mayores beneficios, los concentra en menos manos, los maneja con técnicas financieras más refinadas y complejas. Requiere organizaciones más verticalmente integradas y jerarquizadas, y también más violentas.
Cada vez más especializados en el tráfico de cocaína, comerciantes y contrabandistas de Medellín la adquieren en Perú y Bolivia, y luego también la cultivan en Colombia, donde se la elabora en instalaciones clandestinas.
Los núcleos iniciales de traficantes provienen de comerciantes de origen social alto y medio, en proceso de ruina y descenso y en ejercicio de actividades socialmente rechazadas. A ellos se agregan miembros de estratos bajos de blancos y de etnias de color. Este grupo está vinculado a una gama de actividades que dan liquidez financiera y posibilidades de manejo de un personal de desclasa- dos y delincuentes. La liquidez proviene de la compraventa de dólares y oro, de la importación de licores, de las casas de juego clandestino, de las empresas de apuestas, de hospedajes, de casas de empeño, de la comercialización de artículos robados. Estas actividades se ubican en barrios de desempleados, de marginales y delincuentes, fácilmente atraídos por un negocio lucrativo, y que se unen a comerciantes orientados al narcotráfico, a partir de sus propias actividades.
La exportación de drogas a los Estados Unidos ofrece una rentabilidad mayor que la importación de mercancías de contrabando. El mercado de exportación de droga colombiana hacia Estados Unidos está abierto, por la falta de control y de manipulación por traficantes monopolistas, como la mafia siculo-norteamericana que se interesa sólo por la heroína.
La crisis de la industria antioqueña en los años setenta crea desempleo en Medellín, lleva a la quiebra a pequeños y medianos industriales, desocupa profesionales, afecta a las amas de casa sin ingre- sos y a desempleados. El deterioro de la clase media se agrava por sus compromisos previos de consumo a crédito. De 1978 a 1982, la irrupción de un mercado financiero ampliado, en gran medida, por los flujos financieros del narcotráfico, refuerza la vinculación de nuevas capas sociales con el comercio ilícito. La difusión del lavado de dólares facilita el ingreso de narcodólares y las ganancias adicionales. Tiene lugar una bonanza de bancos colombianos en Panamá, y de muchas otras actividades financieras. La abundancia de moneda en Medellín, y las limitaciones para su colocación por el bajo endeudamiento del sector industrial y el alto costo del dinero, llevan a muchos captadores a estrechar sus nexos con el narcotráfico. Grupos narcotraficantes van así adquiriendo poder, amplio radio de acción, capacidad de cobertura del mercado de la cocaína en los Estados Unidos. La elevada rentabilidad del narcotráfico induce a sectores disímiles a vincularse con él, y pocos quedan al margen del comercio ilegal.
Bajo los efectos de la creciente demanda de los Estados Unidos, el comercio de cocaína asciende rápidamente en la década de los setenta, dominado por consorcios colombianos fuertemente estructurados y disciplinados. Se vuelven grandes y agresivas organizaciones criminales, que se integran verticalmente y controlan, por actividades y países, todas las fases del proceso. Algunos se configuran como "internacionales delictivas".
El cultivo se hace en Perú y Bolivia. La pasta de coca se exporta a Colombia, para su refinado como clorhidrato de cocaína. En Colombia también comienza a cultivarse la coca, en zonas como el Guaviare, en condiciones ideales: tierra fértil, lluvias abundantes, falta de caminos, difícil penetración del Estado. Los narcotraficantes van incorporando a su red a campesinos productores, personal de laboratorios, transportistas.
Tras el cultivo, almacenamiento y procesamiento de la pasta, la coca refinada es transportada y distribuida en Estados Unidos y Europa. Ello se realiza por vía marítima, aérea y terrestre, con escalas en varios países de Centroamérica y el Caribe, y una fantástica variedad de métodos de contrabando. Con la enorme expansión de la industria de la cocaína desde los años setenta y el aumento de las acciones represivas de diferentes gobiernos, los ataques de narcotraficantes rivales y de asaltantes profesionales, las dificultades del transporte a largas distancias y los arduos problemas de logística, los narcotraficantes deben asegurarse la disponibilidad y la permanente mejora de aparatos aéreos y marítimos, y de complejos instrumentos de radio y navegación. Ello les es indispensable para aumentar velocidades y autonomías de tiempos y distancias, para disponer de múltiples opciones de comunicación libre de interferencias con pilotos y capitanes de embarcaciones, y para mayor facilidad y seguridad de aterrizajes y descargas. También, para mantenerse a la delantera de los aparatos y operativos de detección, intercepción y represión, en cuanto a rutas y medios técnicos. Los narcotraficantes privilegian Centroamérica y el Caribe e incrementan en cantidad y calidad los métodos e instrumentos de operación. Llegan a lograr la superiori-dad técnica respecto a las organizaciones policiales y aduaneras, incluso de los Estados Unidos.
Las fabulosas ganancias pagan el precio de la materia prima y de la producción de la droga, los costos de transporte, la disponibilidad de la tecnología de avanzada, mantenimiento de un personal numeroso y diversificado, los sobornos para seguridad e impunidad de las operaciones, la disponibilidad de un equipo complejo y eficaz.
Las organizaciones criminales de Colombia se implican en todos los aspectos del narcotráfico, desde el financiamiento y la organización, pasando por el funcionamiento de plantaciones y laboratorios y las operaciones de contrabando, hasta las redes de distribución y la venta mayorista y callejera en Estados Unidos, Canadá y Europa. Ello se va dando por la sucesión o en entrelazamiento, la cooperación y el enfrentamiento, de diferentes capos, familias y clanes. Entre ellos destacan los creadores e integrantes de los llamados carteles de Medellín y de Cali; las organizaciones de Armenia/Pereira, Leticia, de la Costa Atlántica, de Bogotá; y varias decenas de grupos más pequeños.
Se avanza hacia la integración de los consorcios de la cocaína, altamente organizados, fuertemente jerarquizados, proclives a formas brutales pero eficaces de violencia. Se va perfilando un tipo de organización vertical/transnacional, con un esbozo de división del trabajo entre los señores de la droga, respecto de todos los niveles y aspectos del tráfico.
Parece inadecuado, sin embargo, hablar de una cartelización. Desde la década de los sesenta y en la de los setenta, los contrabandistas se asocian, operan coordinadamente, evitan los excesos de la competencia y las infracciones flagrantes a las reglas de la lealtad mutua. Ello sigue ocurriendo mientras los narcotraficantes disfrutan de una participación pacífica en el narcotráfico, sin represión sistemática de los gobiernos. Este periodo de casi diez años llega a su fin en las postrimerías de 1970, con la irrupción de otros narcotraficantes provenientes de diferentes estratos, y con la intensificación de la represión gubernamental.
La organización cartelizada no termina de lograrse por la subsistencia de grupos independientes; la poca inclinación a la organización jerarquizada y a la imposición de una autoridad común y de un reparto de mercados proveedores y de consumo, y de los beneficios; la consiguiente insuficiencia del control de la oferta y los precios; la represión gubernamental de Estados Unidos y Colombia; las vicisitudes del manejo del mercado internacional.
Los conflictos entre organizaciones, las luchas intestinas y batallas campales, contribuyen a impedir la acción conjunta de los narcotraficantes frente a la represión. Ello trae aparejada la vulnerabilidad por una parte, pero también, por la otra, la fortaleza relativa que deriva de la dificultad de infiltración y ataque por las autoridades y agencias gubernamentales. De todos modos, una especie de selección darwiniana expulsa o destruye a los menos fuertes y capaces, y consolida el poder de un número relativamente reducido de sobrevivientes.
El narcotráfico sigue siendo hasta hoy una coalición laxa de grupos criminales, diferenciados y rivales, basados en lazos de sangre, matrimonio y amistad, que colaboran entre sí para ciertas operaciones compartidas y para la lucha contra enemigos comunes. No existe una mafia colombiana ni un cartel de la cocaína en el sentido estricto de los términos.
Un mayor acercamiento a la forma de la cartelización podría darse, quizás, como respuesta a la represión gubernamental en la llamada "guerra de las drogas". Ésta ha tenido un desarrollo fluctuante y accidentado a partir de la década de los setenta, durante las presidencias de Julio César Turbay, Belisario Betancur y Virgilio Barco, por necesidades e iniciativas de sus gobiernos y de grupos internos, pero también bajo la incitación y con la cooperación del gobierno de los Estados Unidos. Parte crucial de esta guerra son los dos tratados bilaterales de extradición que Colombia y Estados Unidos firman en 1979.
Ante la amenaza de esta guerra, los narcotraficantes colombianos movilizan su poder socioeconómico, organizativo y operativo, para una mayor participación en el poder político, y para su control y uso con fines múltiples. Buscan proteger sus personas y sus beneficios de la persecución de los gobiernos, de la extradición, del enjuiciamiento y las sanciones, pero también de la acción de las guerrillas y organizaciones políticas opositoras. Están interesados en ejercer la represión contra enemigos y opositores políticos, y en ampliar sus bases de maniobra y de negociación con el gobierno colombiano.
En respuesta a diferentes dificultades y amenazas, los narcotraficantes colombianos han utilizado sus capacidades de adaptabilidad, resistencia y redespliegue en diferentes niveles y aspectos, mediante el autoexilio, y mediante la diversificación y el fortalecimiento de sus relaciones y bases internacionales en diferentes países del Caribe, Centro y Sudamérica, y Europa. Hacen proliferar sus actividades y formas de actividad, sus productos y rutas, y sus contactos con gobiernos corruptibles.
En Colombia realizan una escalada de soborno, corrupción, violencia, asesinato, terror, intimidación generalizada, y la masificación de las víctimas. Parecen proponerse la conversión de Colombia y eventualmente de otros países latinoamericanos, en base, rehén, objeto de dominación y explotación.
Los narcotraficantes llegan por una parte a establecer relaciones complejas, contradictorias y ambivalentes con organizaciones guerrilleras. Por otra parte, organizan aparatos de acción armada y de justicia privada, con su presencia y cooperación propias, pero también con la de propietarios y empresarios, militares, policías y políticos. "Escuadrones de la Muerte" asumen la intimidación y la destrucción de grupos simpatizantes de la guerrilla, de la izquierda o de la democratización; de autoridades y funcionarios que resisten y amenazan al narcotráfico; de dirigentes y militantes sociales y políticos, de miembros de grupos-víctima de la acción de los narcotraficantes. Éstos utilizan también la cooperación entre sí y con otros grupos para aumentar la rentabilidad y la seguridad de sus operaciones.
El narcotráfico colombiano, con ramificaciones y correlaciones en Perú y Bolivia,15 pasa así, "de lo que fue una vez un grupo de bandas dispares y rivales, a un conglomerado multinacional, sofisticado, determinado e implacable". Se ha convertido en "la más grande y lucrativa conspiración criminal en el mundo", "estructurada y altamente organizada". Se presenta como "una federación laxa de corpo- raciones clandestinas fuertemente controladas, que abarca literalmente miles de personas".16
Una división del trabajo ha ido emergiendo, en todos los niveles y aspectos del tráfico, tanto nacionales como internacionales. De acuerdo con sus patrones y lineamientos, diversos clanes y grupos se especializan en la producción; la obtención y distribución de coca y pasta y de otras materias primas en cantidades precisas; el manejo de los laboratorios clandestinos; los transportes y las comunicaciones; la distribución; las redes mayoristas y minoristas; el lavado de dólares; las inversiones en otras ramas de la economía nacional e internacional; la seguridad, incluso las redes y escuelas de custodios y asesinos; el uso de subcontratistas; la prestación de servicios como los anteriores u otros diferentes a grupos más pequeños involucrados en el narcotráfico.
Los avances en la coordinación y en la envergadura de la organización criminal en su conjunto no han excluido la competencia entre los carteles de Medellín y Cali, que a veces llega a la guerra más o menos abierta, la proliferación de grupos más pequeños, los esfuerzos de ingreso al tráfico por otros delincuentes de Colombia y América Latina. A la guerra entre narcotraficantes se agrega y entrelaza la guerra contra las drogas por parte de los gobiernos, que continúa hasta el presente, con avances y éxitos, pero también con fracasos y retrocesos, dando lugar a un balance incierto y controvertido.
El análisis precedente apunta ya a los principales aspectos, efectos y proyecciones del narcotráfico latinoamericano. Con éste emergen y avanzan una economía, una sociedad y una cultura criminales, así como un esbozo de estructura y práctica políticas y de Estado correspondientes.
El narcotráfico se presenta ante todo como una economía crimi- nal. Un conjunto de grandes y agresivos consorcios llegan a dominar la estructura y el funcionamiento del narcotráfico de Sud y Centroamérica, en todos sus aspectos: financiamiento, organización, plantaciones, laboratorios, transportes, contrabando, distribución y venta en Norteamérica y Europa, lavado de dólares, reinversión de beneficios en el propio tráfico y en otras ramas y empresas económicas. Algunas de estas organizaciones se vuelven multinacionales del crimen, verticalmente integradas y horizontalmente expandidas y diversificadas. Sus actos y tráficos ilícitos se autoestructuran como un subsistema y un espacio propios. Se interrelacionan además con otros fenómenos y procesos de una economía criminal más vasta, constituida por los actos y tráficos ilícitos referidos a bienes suntuarios, divisas, armamentos, joyas arqueológicas, otros contrabandos, delitos de cuello blanco.17
La economía criminal entronca con una a veces vasta economía subterránea, y en algunos países latinoamericanos llega a constituir parte principal o mayoritaria de la economía nacional. Ello se expresa en indicadores referentes a exportaciones, divisas, composición del producto interno bruto, grupos socioeconómicos incorporados directa e indirectamente a las actividades de la economía criminal y de sus protagonistas y beneficiarios. De esta manera, sectores conside-rables de la población se desplazan de la economía organizada y legal a la subterránea y delictiva.
El crecimiento fuerte y rápido de la narcoeconomía -a la vez causa y núcleo duro, eje estructurante y principal componente de la economía criminal en sentido amplio-, se acompaña y entrelaza con los desplazamientos de importantes grupos poblacionales, de una vida y actividad sociales legalizadas, a formas de vida y actividad más o menos subterráneas y clandestinas. Ello apunta a la emergencia de una narcosociedad y de una narcocultura. Es así indispensable tener en cuenta los grupos involucrados, como protagonistas en carácter de dirigentes y de dirigidos, y como beneficiarios; las redes de complicidades; los nuevos espacios sociales; las víctimas, especialmente los consumidores; así como las implicaciones socioculturales.
A la economía y a la sociedad criminales corresponde además el surgimiento de una narcopolítica, una esfera política propia al narcotráfico, que tiende a influir y pesar sobre la sociedad política y sobre el Estado, a ejercer control desde fuera de una y otro y en su interior, y que amenaza con someter y absorber a una y otro, y eventualmente desplazar y sustituir al segundo.
Narcoeconomía, narcosociedad, narcopolítica, peligro de un narcoEstado, no se reducen a los marcos puramente nacionales. La constelación del narcotráfico asume en América Latina, desde sus primeras manifestaciones, una dimensión internacional. La misma se da en términos de la propia naturaleza del fenómeno y de sus operaciones, de sus modos de accionar y sus efectos, de los conflictos que suscita, a los cuales contribuye o con los cuales se entrelaza.
VII. ¿DE LO INTERNACIONAL A LO TRANSNACIONAL?
Internacional desde sus inicios, el tráfico de drogas se desarrolla y opera cada vez más a nivel mundial. Se convierte en actor transnacional con el cual los otros actores nacionales e internacionales deben contar. Estado dentro del Estado, pero tanto o más fuerte que éste -ante todo en los países andinos pero no sólo en ellos-, el tráfico de drogas ignora las fronteras, amenaza la soberanía y la seguridad nacionales de todo sistema político y país latinoamericano.
En lo regional y en lo internacional, el narcotráfico constituye una compleja red en los ámbitos económico, social, cultural, político y militar. Dispone de grupos armados, de instrumentos y mecanismos de propaganda, diplomacia, corrupción, terror, intimidación, destrucción. Se reproduce, se amplifica y difunde más allá de fronteras económicas y sociales, ideológicas y políticas (de regímenes y de sistemas).
El narcotráfico transnacionalizador contribuye al debilitamiento del Estado latinoamericano, a su desnaturalización, su desautorización y su crisis, desde dentro y desde afuera de aquél. Hace obsoletas o irrelevantes las distinciones entre países productores y consumidores, culpables y víctimas. Afecta simultáneamente a países productores, distribuidores, de tránsito, consumidores; los integra en una red de interdependencias; combina sus papeles en situaciones únicas. Lo internacional se vuelve referencia ineludible para toda estrategia y política de lucha contra el narcotráfico. En ello, la situación, el papel y el comportamiento de los gobiernos y agencias de Estados Unidos se ha ido volviendo -como antes comenzó a verse- una cuestión central.
Los Estados Unidos se han convertido en el país más consumidor de drogas del mundo y, cada vez más, en gran productor, distribuidor y financiador. Es sede de gran número de grupos productores, elaboradores, distribuidores y vendedores de marihuana, importadores de cocaína, heroína y opio, exportadores de ellas a Canadá, Europa Occidental, Japón. Es también sede y canal de lavado de dólares. La mayor parte de las ganancias del tráfico quedan en los Estados Unidos, y se reparten entre grupos norteamericanos dedicados al mayoreo y menudeo. Los beneficios del narcotráfico irrigan el sistema económico-financiero de los Estados Unidos.
La estrategia y la política del Estado norteamericano han oscilado entre la flexibilidad permisiva y la prohibición represiva. Recientemente y en el momento actual, las aterradoras consecuencias del avance de la adicción y del tráfico, y una mayor conciencia pública al respecto, han presionado al sistema político y al Estado para el otorgamiento de alta prioridad y el logro de una solución definitiva en la denominada "guerra de las drogas", a través de la escalada en el polo de la prohibición represiva.
Con ello se reafirman e intensifican las características y tendencias de dicha opción. Aquéllas, en efecto, han simplificado y disociado el problema; lo han reducido a una sola dimensión, a una causa, a un aspecto y a un efecto; lo han postulado solucionable por una acción unidimensional, que suprimiría la oferta internacional y el incontrolado consumo doméstico. Estrategia y política han privilegiado lo externo sobre lo interno, la producción y la oferta sobre la demanda y el consumo, la represión sobre la prevención y la rehabilitación. El prevaleciente patrón de inculpación rechaza la responsabilidad de los Estados Unidos por sus problemas internos, la transfiere a otros grupos y países, que deben hacerse cargo de la responsabilidad imputada, y de los costos y dolores de un cambio superador. Más prioridad es dada a la supresión de la producción y oferta de los países latinoamericanos, que a las causas ubicadas en la demanda y el consumo de los habitantes de Estados Unidos. Se privilegia la erradicación de plantíos, la destrucción de los aparatos de elaboración, transporte y distribución, la captura y el procesamiento de los traficantes, la intercepción de las drogas destinadas al consumo de los Estados Unidos que provienen de fuera de sus fronteras. Se presiona a gobiernos latinoamericanos para la realización de las acciones exigidas por el Estado norteamericano.
Las primeras causas y responsabilidades por la insuficiencia o la inexistencia de avances reales y definitivos en la "guerra de las drogas" se ubican en el interior de los Estados Unidos. Los sucesivos gobiernos federales de ese país han asignado bajos recursos a la lucha contra el tráfico y el consumo internos. Han discriminado negativamente a los aspectos y niveles médico-sanitarios, de prevención, curación, rehabilitación y asistencia permanente. Se ha carecido de una política integrada, preventiva-represiva-rehabilitatoria. Los programas federales han puesto el énfasis en la lucha contra algunos de los grandes traficantes y pequeños vendedores, no contra los hábitos de demandantes y consumidores. Los sistemas y aparatos de derecho criminal, policiales, judiciales, carcelarios, políticos, administrativos, del Estado, han fracasado en la persecución efectiva y la supresión final de las organizaciones que lucran con el tráfico.
Entre las causas del fracaso destacan: la división feudalizante de la burocracia federal en un alto número de agencias, y su competencia mutuamente anulante y destructiva; la corrupción e ineficacia de muchos de sus miembros; la relativa inferioridad de los personales, recurso y equipos. A ellas se agregan la tolerancia, la connivencia o la inacción respecto a los factores de existencia y éxito de la adicción y el tráfico: consumo interno, expansión con impunidad del lavado de dólares, y de las propiedades e inversiones de los traficantes en los Estados Unidos; provisión a los narcotraficantes (italo-norteamericanos, latinoamericanos, asiáticos) de insumos químicos, tecnologías de producción, transporte y comunicaciones, y armamentos, por parte de empresas norteamericanas y europeas.
A pesar de las proclamaciones de guerra, de los aumentos en los gastos gubernamentales y en las prohibiciones y persecuciones, el problema de la adicción y el tráfico en y desde los Estados Unidos no desaparece ni se atenúa y, por el contrario, tiende a agravarse. No obstante las insuficiencias y fracasos de la "guerra de las drogas" dentro de los Estados Unidos y en América Latina, el Estado norteamericano ha seguido dando prioridad a la cara externa del problema, sobre todo a la supresión de la oferta proveniente de los países productores.18
La priorización de la cara externa se ha manifestado en leyes y programas de cooperación bilateral de Estados Unidos con países latinoamericanos, especialmente su sistema de certificación y sanciones a los que no cumplan a satisfacción norteamericana con los compromisos contraídos. Se ha impuesto así un tipo de cooperación binacional, no libremente convenida según los intereses nacionales de los dos países, basada en la premisa que uno de ellos supervisa, juzga y sanciona unilateralmente el comportamiento de los sistemas nacionales de seguridad y justicia del otro gobierno, sin aceptación de obligaciones ni rendición de cuentas sobre los propios comportamientos y resultados; es decir, con una gran asimetría de compromisos, situaciones y consecuencias.19
Por añadidura, los Estados Unidos no han mantenido una posición de lucha inalterable y consecuente contra el narcotráfico; han subordinado y limitado la lucha a sus intereses económicos, políticos, diplomáticos y estratégicos de gran potencia, y a poderosos intereses privados; han entrelazado la "guerra de las drogas" y la política exterior, en casos de dudas y dilemas en beneficio de la segunda y en detrimento de la primera.
Estrategia y política han resultado ineficaces y contraproducentes en su dimensión interna y en la externa. Han implicado el ataque, la perturbación, diversos daños, para los países que han respondido a las señales del mercado de drogas de los países desarrollados, presionados entre el poder coercitivo de los Estados Unidos y el de los grandes traficantes. Se ha dañado a campesinos y otros grupos populares y medios de los países productores, también estrujados entre ambos polos. Se han desplegado presiones sobre los gobiernos latinoamericanos, amenazas de interrupción de intercambios comerciales, campañas de desprestigio, sanciones económicas y financieras, y también amagos o intentos de intervención policial y militar, de desestabilización política, de anulación de la soberanía nacional. Se han producido efectos distorsionantes en los sistemas de seguridad y justicia de los países latinoamericanos; y generado altos costos en vidas humanas, en recursos materiales y financieros, y para los intereses de seguridad y de justicia.
Para los gobiernos de Estados Unidos y de los países andinos, la "guerra de las drogas" combina éxitos insuficientes y fracasos de consideración. Apenas se ha tocado lo sustancial de la producción, el tráfico, el consumo, el ingreso, los avances, de la narcoeconomía, y de los principales grupos involucrados en la narcosociedad, ni se ha frenado significativamente la dinámica de poder político de los grandes traficantes y sus amenazas a la soberanía, autonomía y eficacia del Estado. Pese a la importancia de las derrotas sufridas por grandes organizaciones de los países andinos, el tráfico de drogas sobrevive y se expande, con un alto grado de inventiva y adaptabilidad respecto de amenazas, ataques y nuevas situaciones, y con una notable versatilidad para ocupar nuevos espacios regionales y mundiales, y para diversificar sus actividades y alianzas.
Notas:
1 Para un tratamiento amplio de la cuestión, véase Kaplan, Marcos, Aspectos sociopolíticos del narcotráfico, México, INACIPE, 1989; Kaplan, Marcos, El Estado latinoamericano y el narcotráfico, México, INACIPE/Porrúa, 1991.
2 Para una caracterización general de los dos enfoques metodológicos, véase Kaplan, Marcos, Estado y sociedad, México, UNAM, varias ediciones.
3 Véase Escohotado, Antonio, Historia de las drogas 1, Madrid, Alianza Editorial, 1989.
4 Para un gran cuadro de conjunto del ciclo de las revoluciones industriales, sobre todo las dos primeras, véase Landes, David S., The Prometheus Unbound - Technical Change and industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Londres, Cambridge University Press, 1969.
5 Véase Escohotado, Antonio, Historia de las drogas 2, Madrid, Alianza Editorial, 1989, cap. XXI.
6 Véase Landes, D., The Prometheus Unbound.., cit.; Hobsbawum, Eric, The Age of Empire 1875-1914, Nueva York, Pantheon Books, 1987.
7 Véase Friedmann, Georges, La crisis del progreso, Barcelona, Laia, 1977.
8 Sobre la génesis y evolución del problema de las drogas en los Estados Unidos, véase el indispensable Musto, David F., The American Disease - Origins of Narcotic Control, ed. revisada, Nueva York, Oxford University Press, 1987.
9 Para la convergencia y entrelazamiento de las dimensiones internas e internacionales en el desarrollo de la política antidrogas del Estado norteamericano, véase Musto, David, The American Disease..., cit., passim; y véase Escohotado, Antonio, Historia de las drogas 2..., cit., caps. XIX, XXII y XXIII.
10 Véase Boorstin, Daniel J., "Crime as a Service Institution", The American 3. The Democratic Experience, Nueva York, Vintage Books, 1974, pp. 77-87.
11 Sobre la mafia italo-norteamericana y su papel en el tráfico de la heroína, véase Minna, Rosario, Historia de la mafia, San Lorenzo del Escorial, Madrid, Swan/Avantos & Hakeldama, 1986; Arlacchi, Pino, Mafia Business - The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism, Londres, Verso, 1987.
12 Véase Escohotado, Antonio, Historia de las drogas 3, Madrid, Alianza Editorial, 1989.
13 Sobre la especificidad de Colombia en el tráfico de drogas, véase García, Antonio, ¿Adónde va Colombia?, Bogotá, Tiempo Americano Editores, 1981; Hobsbawm, E. J., "Murderous Colombia", The New York Review of Books, noviembre de 1986; Bagley, Bruce M., "Colombia and the War on Drugs", Foreign Affairs, Nueva York, vol. 67, núm. 1, 1988.
14 Véase Castillo, Fabio, Los jinetes de la cocaína, 5a. reimp., Bogotá, Editorial Documentos Periodísticos, 1988; Arango Jaramillo, Mario, Impacto del narcotráfico en Antioquia, Medellín, Editorial J. M. Arango, 1988.
15 Sobre el narcotráfico en Perú, Bolivia, y la región andina en general, véase García Sayán, Diego (ed.), Coca, cocaína y narcotráfico - Laberinto en los Andes, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989; Gonzalo Flores, José Blanes, ¿Dónde va el Chapare?, Cochabamba, Bolivia, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, 1984; Foro Nacional sobre la Problemática Coca-Cocaína, Cochabamba, Comité Cívico Pro-Cochabamba, 1988; La cuestión de las drogas en América Latina - Una visión global, Caracas, Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, Presidencia de la República, sin fecha.
16 Paul Eddy et al., The Cocaine Wars.
17 Véase Hardinghaus, N. H., "Droga y crecimiento económico: El narcotráfico en las cuentas nacionales", Nueva Sociedad, Caracas, núm. 102, julio-agosto de 1989; Pestieau, Pierre, L'Economie Sousterraine, París, Hachette, 1989.
18 Sobre insuficiencias y fracasos de la "guerra de las drogas", en los Estados Unidos y en América Latina, véase entre otros, Eddy, Paul; Sabogal, Hugo y Walden, Sara, The Cocaine Wars, Toronto, Bantam Books, 1988; Gugliotta, Guy y Leen, Jeff, Kings of Cocaine, Nueva York, Harper & Row, 1990.
19 Véase El desafío de la interdependencia: México y Estados Unidos - Informe de la Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos, México, FCE, 1988; La América en 1989: Consenso para la acción, Informe del diálogo Interamericano, Washington D. C., The Aspen Institute, 1989.