SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Arturo et al., Las elecciones de Salinas. Un balance crítico a 1991, México, FLACSO-Plaza y Valdés Editores, 1992, 239 pp.
La presente obra colectiva, compilada por Arturo Sánchez Gutiérrez, constituye un importante análisis elaborado por un grupo de diez distinguidos académicos sobre el proceso electoral federal mexicano de 1991, bajo los auspicios de la Sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Precisamente el director de esta última, José Luis Barros Horcasitas, hace la presentación de la obra.
Con el carácter de "Advertencia", Germán Pérez Fernández del Castillo, consejero magistrado del Consejo General del Instituto Federal Electoral y promotor de la obra que se comenta, señala que si bien han sido múltiples los esfuerzos de la ciudadanía, los partidos políticos y los gobiernos por mejorar nuestra democracia, por lo que hoy se cuenta con instituciones electorales de composición más imparcial y equilibrada, las elecciones de 1991 dejaron claro que los procesos electorales en nuestro país constituyen todavía un problema, en tanto que aún no adquieren suficiente firmeza para que sus procedimientos sustantivos sean incuestionables y aceleren el avance de comportamientos políticos más democráticos.
Después de hacer referencia a las posiciones encontradas que hubo entre algunos partidos políticos, analistas especializados y fuentes oficiales e independientes con respecto de los comicios de 1991, lo que propició una notoria confusión en el electorado y en la opinión pública nacional e internacional por la disparidad de lo anterior, el autor destaca la necesidad impostergable de revisar con ojos más desaprehensivos el proceso electoral de 1991, pues de ello dependerá que puedan subsanarse las deficiencias y prevenirse los errores cometidos, y que las prácticas y soluciones aceptadas perduren; el libro que se reseña constituye un esfuerzo para aclarar y brindar un balance justo del proceso electoral de 1991.
En el primer estudio de la obra, denominado "Las nuevas condiciones de competitividad", a cargo de Arturo Sánchez Gutiérrez, el autor señala que, desde la reforma política de 1977, los cambios en la legislación electoral han facilitado el incremento sustancial de la competitividad en los comicios, por lo que hoy no sólo existen más partidos políticos que disputan casi todos los puestos de elección, sino que la oposición al PRI obtiene un mayor número de votos y triunfos, si bien tales avances no significan que las elecciones en México tengan el mismo carácter de credibilidad y competitividad que las democracias más desarrolladas del mundo.
En cuanto a la nueva normatividad electoral mexicana, Sánchez Gutiérrez distingue y analiza tres niveles de cambios en las condiciones de la competencia entre los partidos: las relacionadas con las posibilidades de participar en la elección; las relativas a las facultades y los recursos con que cuentan los partidos políticos para la competencia electoral, y las vinculadas con la vigilancia de los procesos electorales (destacan, al respecto, la nueva forma de integración de las mesas directivas de casilla y el reciente Tribunal Federal Electoral).
De acuerdo con nuestro autor, además de la normativa, otra de las variables necesarias para evaluar objetivamente el proceso electoral de 1991 es la influencia de los formadores de opinión pública, pues se ha enfrentado una carencia de información oportuna y confiable, y se ha generado una polémica entre las versiones oficiales y la crítica proveniente de los partidos de oposición y otros grupos de ciudadanos, provocando la confusión del ciudadano común y la sensación de que todos manipulan la información.
Guadalupe Pacheco Méndez es la autora del siguiente estudio, intitulado "El nuevo padrón electoral", donde analiza los procedimientos y las circunstancias sociopolíticas que rigieron la elaboración de los listados de electores y la entrega de credenciales para votar durante los comicios federales de 1991, ofreciendo una valiosa serie de estadísticas y gráficas sobre la cobertura del padrón, la entrega de credenciales y las preferencias partidarias.
Después de recordar que los partidos de oposición y los críticos promovieron la descalificación de todo el proceso electoral, principalmente, por el supuesto carácter selectivo de la fase de entrega de credenciales, en el entendido de que sus afirmaciones no se sustentaban en un análisis pormenorizado sino en generalizaciones poco consistentes y a menudo apoyadas en suposiciones, la autora refiere que lo apretado de la agenda electoral no permitió en ese momento evaluar con exactitud el alcance de las críticas planteadas, pero que las evaluaciones después de los comicios sobre las diferentes etapas del proceso mostraron lo poco fundado de tales afirmaciones.
En opinión de Pacheco Méndez, el cálculo político que pareciera haber estado detrás de la estrategia de sembrar dudas generalizadas, fue ganar espacios en la opinión pública y aumentar su presión ante el gobierno, a través de la caja de resonancia de los medios de comunicación. Sobre el particular concluye que el avance democrático exige el establecimiento de mecanismos eficaces que impidan la existencia de irregularidades en los procesos electorales; pero también requiere de actores que en sus actividades públicas, ante los ciudadanos, no adopten estrategias que destruyan la credibilidad de las instituciones de la democracia representativa, sino que con energía ataquen los problemas en su verdadera y justa dimensión, sin disminuirlos ni magnificarlos.
Por su parte, Jacqueline Peschard, en su trabajo sobre "Los organismos electorales en los comicios federales de 1991", analiza la nueva estructura del Instituto Federal Electoral (distingue entre lo que llama el ala directiva y el ala técnica) y la correspondiente integración de los órganos que lo conforman; asimismo, puntualiza la forma de designación y las características de los respectivos miembros y el sentido de su voto sobre determinados asuntos.
Asimismo, Peschard alude a los puntos problemáticos del proceso electoral, señalando que además de los conflictos que se dieron con motivo de la elaboración del padrón electoral y la distribución de credenciales para votar, tres asuntos provocaron tensiones en el Consejo General: el registro condicionado de nuevos partidos, el registro de convenios de coalición partidista y el retraso en la entrega de los resultados preliminares del cómputo distrital.
Para concluir, Jacqueline Peschard señala que si bien es indudable que la nueva estructura del IFE es más equilibrada y su trabajo más especializado y profesional, no se puede realizar aún una evaluación cabal sobre la organización de los procesos electorales, toda vez que en 1991 se dio una contienda regida por un marco legal de transición por el cortísimo tiempo que medió entre la aprobación del COFIPE y el arranque del proceso comicial. En opinión de nuestra autora, el IFE tuvo un desempeño aceptable en lo que concierne a la organización de las elecciones, pues se cumplió eficientemente con el cometido de canalizar el voto por las vías institucionales, pero no derivó inmediatamente en la credibilidad del proceso, persistiendo algunas dudas porque, a su parecer, la influencia del gobierno todavía es predominante.
El destacado investigador José Woldenberg ofrece un pormenorizado estudio sobre "El proceso de selección y nombramiento de las mesas directivas de casilla", para lo cual hace una breve referencia histórica sobre cómo se regulaba esta materia en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 y el Código Federal Electoral de 1987, para después analizar la normatividad vigente durante el proceso electoral federal de 1991.
En opinión de Woldenberg, si bien un primer balance sobre el método de nombramiento de los funcionarios de casilla permite afirmar que el proceso no está mal diseñado, tomando en cuenta que la tarea primordial que tenemos como país es la conformación de un cuerpo de funcionarios que garanticen comicios absolutamente imparciales, resulta necesario reforzarlo en dos puntos: llevar a cabo una promoción más intensa a fin de que los ciudadanos sorteados participen en mayor proporción; ofrecer una transparencia mayor para conocer los criterios utilizados por las juntas en el momento de la designación, o aún mejor, establecer una segunda insaculación entre los ciudadanos que hubiesen aprobado los exámenes.
En un segundo estudio suyo incluido en la obra que se reseña, relativo a "Los partidos políticos: La competencia de 1991", Arturo Sánchez Gutiérrez, después de una referencia al sistema de partidos en el periodo de 1955 a 1977, aborda la evolución observada a partir de 1988 por cada uno de los partidos políticos que participaron en los comicios federales de 1991, puntualizando las nuevas disposiciones que les resultaban aplicables con respecto de las campañas electorales, el financiamiento de los partidos, su acceso a los medios de comunicación y el nombramiento de sus representantes ante los órganos electorales.
Al respecto, Sánchez Gutiérrez concluye que las prerrogativas que establece la nueva legislación electoral abren las puertas para que los partidos cuenten con los medios para emprender mejores campañas y participen en la organización y vigilancia del proceso electoral, pero prevalece un desequilibrio en las condiciones de la competencia partidaria, por lo que surge la necesidad de que la legislación incorpore elementos que hagan transparente el manejo de las finanzas de los partidos y reglamenten su presencia en los medios de comunicación; igualmente, es preciso que los partidos desarrollen una mayor capacidad de cobertura y participación activa en todos los órganos electorales en los que se tomen decisiones sobre los comicios.
En un minucioso trabajo sobre "Los comicios del 18 de agosto de 1991 y la información electoral", Arturo Alvarado sistematiza las diversas interpretaciones sobre los comicios federales de 1991 y los resultados electorales, ofreciendo una cronología sobre el desarrollo de la jornada electoral, la información preliminar y oficial de resultados, así como la disputa por los resultados y la validez de los comicios, para concluir con un balance de la importancia de los resultados y de la actuación de las autoridades electorales.
Es así como Alvarado concluye que hubo varios logros técnico-organizativos que hicieron posible la obtención de resultados veraces y definitivos en un lapso mucho más corto que en cualquier otra jornada electoral precedente, si bien es necesario realizar ajustes a los nuevos organismos electorales a fin de resolver conflictos y crisis futuras.
Eduardo Barraza presenta un interesante trabajo sobre "El Tribunal Federal Electoral", en cuya primera parte refiere brevemente los antecedentes mexicanos en cuanto al arreglo jurisdiccional de los conflictos electorales, pasando por el recurso de reclamación establecido con motivo de la reforma política de 1977 y la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral como resultado de la reforma constitucional de 1986.
En un segundo apartado Barraza analiza las bases constitucionales y legales del Tribunal Federal Electoral, en tanto que en el siguiente evalua el desempeño de este órgano jurisdiccional durante los comicios federales de 1991. Finalmente, el autor se pronuncia por fortalecer al mencionado Tribunal a fin de que frente a conflictos electorales reales o falsos tenga la última palabra un órgano jurisdiccional que aplique el derecho, lo cual implicaría la desaparición de los colegios electorales y el establecimiento de reglas claras conforme a las cuales las fuerzas políticas conduzcan sus actividades.
El siguiente trabajo de la obra que se reseña versa sobre "La autocalificación y la división de poderes", a cargo de Luis Medina Peña, quien proporciona una interesante reseña histórica y jurídica sobre el origen y la evolución de los principios constitucionales de la llamada autocalificación y de la división de poderes, para después analizar los trabajos realizados por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados al calificar la elección de sus miembros en 1991.
Al pronunciarse por la permanencia del "sistema de calificación mixto", el autor advierte que quienes se inclinan por la heterocalificación pierden de vista que lo que se requiere en estos tiempos en México, no es debilitar al Poder Legislativo supeditándolo a instancias ajenas, sino fortalecerlo e incrementar su capacidad real de control de los otros poderes.
Alberto Aziz Nassif, por su parte, ofrece un informado estudio sobre "El Colegio Electoral en 1991"; en él sostiene que a pesar de los términos más civilizados en los que operó este Colegio Electoral en comparación con el de 1988, los resultados no mejoraron la legitimidad de este organismo y sí, en cambio -considera el autor-, comprobaron de diversas maneras que el Colegio Electoral fue parcial y deficiente para calificar y que, debido a su integración, no reditúa en una calificación imparcial y justa.
Por ello, nuestro autor concluye que una futura reforma electoral deberá resolver este problema, por lo que se puede plantear una alternativa de solución en dos niveles: Dotar a las juntas (sic) locales y distritales de las atribuciones necesarias para que puedan calificar las elecciones, y otorgar al Tribunal Federal Electoral la facultad de ser la última instancia para resolver sobre las impugnaciones e irregularidades que sean presentadas.
Finalmente, René Millán, en su trabajo intitulado "Proceso electoral y cultura política" destaca el interés e importancia que han cobrado en México los procesos electorales y las características de la nueva normatividad para encauzarlos, si bien no ha sido posible superar la pesada carga de "descrédito" que recae sobre los mismos.
En opinión de Millán, existen varios factores que advierten una permanente tensión entre una cultura que pugna por afirmar el pluralismo y una situación de cambio (o transición) que no ha podido incorporar la "confianza" como insumo cultural de las relaciones políticas del juego electoral. La evolución del sistema político mexicano depende, en gran medida -según nuestro autor-, de la comprensión de que existe una sociedad diversa y plural que impide que una sola organización o partido gestione o sostenga la estabilidad social, lo cual ha impulsado la consolidación de un pluralismo institucionalizado.