GARCÍA-SAYÁN, Diego, Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes, 2ª ed., Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989, 375 pp.

El presente libro consiste en una colección de ensayos sobre diversos temas relacionados con la droga. Entre ellos: 1) narcotráfico en la región andina; 2) el consumo de drogas en occidente; 3) coca: del uso tradicional al narcotráfico; 4) el caso de Colombia; 5) el mercado de la droga; 6) los paraísos financieros; 7) el bien jurídico protegido; 8) la “guerra” contra las drogas en los Andes; 9) la sustitución de cultivos.

Desde que el doctor Theodor Aschenbrandt, físico del ejército prusiano, le diera en 1883 sendas dosis de cocaína a los soldados bávaros, producidas por el laboratorio Merck, el tema de las drogas ha ido en constante aumento.

En 1844 se había aislado el alcaloide de la cocaína por primera vez; sin embargo, un joven médico vienés, de apellido Freud, no dejó de percatarse de la importancia del experimento.

En la actualidad, el consumo de cocaína significa un gasto, sólo en los Estados Unidos, de más de US$ 100 mil millones al año.

Esta situación, sostiene García-Sayán, responde a una cuestión elemental: los bienes son producidos y comercializados si es que hay demanda para los mismos. Esta idea se corresponde con mi tesis planteada en mi libro sobre el tema: El imperio de la razón. Drogas, salud y derechos humanos (INACIPE, 1993), en que postulo la necesidad de una “visión integral” sobre el asunto de las drogas.

Desde el punto de vista económico, las “narcoeconomías” están afectando seriamente el producto nacional bruto de los países del triángulo andino: Colombia, Bolivia y Perú. El negocio del narcotráfico, por su propio carácter transnacional, tiene diversas implicaciones internacionales. Esto ha llevado al gobierno de los Estados Unidos a la formulación del “Plan Bennett”.

Este Plan enfatiza la percepción policial que tiene la administración estadounidense sobre el tema. La administración Bush decidió asignar US$ 7'900,000 para la “guerra contra las drogas” (p. 31).

Por otra parte, la alternativa de legalización ha sido rechazada por los gobiernos y por los políticos.

En el plano jurídico, el trabajo de R. del Olmo tiende a establecer perspectivas comparadas entre los cinco países que integran la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Asimismo, la existencia de un documento fundamental: el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (1973), se imbrica a la Convención <214>nica sobre Estupefacientes de Naciones Unidas (1961).

Interesa observar el bien jurídico protegido. En general, pareciera que todos los sistemas jurídicos tienden a proteger la salud pública. En el caso de Venezuela, se observa una modificación: “la independencia o seguridad del Estado, la integridad territorial del Estado, los poderes públicos, los órganos del Estado, el desarrollo económico y social de la nación y las fuerzas armadas” (p. 297).

El criterio general que han asumido la mayoría de los países es el enfoque policial y represivo. Por ejemplo, en el caso de Perú, Bolivia y Colombia, la lucha contra el narcotráfico debería darse en tres frentes: a) acciones policiales y judiciales; b) erradicación de los cultivos de coca; c) sustitución de cocales por cultivos rentables.

En la corriente del derecho penal, como bien señala el jurista Juan Bustos R., se estima que el problema de la droga está mucho más allá de una solución penal.

En el caso de Colombia se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que tiene tres vertientes: A) normas dispersas sobre la producción, distribución y consumo de drogas; B) los convenios internacionales; C) los “estatutos de estupefacientes” anteriores a la ley de 1986.

En los Estados Unidos se aprobó la “ley contra el abuso de drogas” (1988), que posee, también, tres dimensiones: 1) el sistema federal; 2) límites del esfuerzo legal de la lucha contra las drogas; 3) los contenidos de las leyes contra el abuso de drogas.

En el caso estadounidense, el financiamiento de la “guerra” contra las drogas adquiere especial importancia.

En mi opinión, a la hora de las soluciones o alternativas, debemos enfrentarnos con dos tipos de criterios:

a) La solución por el lado de la oferta: atacar la producción y afectar la soberanía nacional (Bolivia) sin que se resuelva el problema. Esta situación ha llevado a los Estados Unidos a convertirse en uno de los tres mayores productores de marihuana en el mundo.

b) La solución por el lado de la demanda: esto ha llevado a los Estados Unidos a considerar el asunto como un área de “seguridad nacional”. El Acta de Autorización de Defensa Nacional (1988) le otorga un papel muy importante a los militares en esta guerra. Se ha producido una militarización del combate, así como una tendencia a combatir fuera del territorio de los Estados Unidos: sea en los países productores, sea en los países de intermediación.

Afortunadamente, en mi opinión, la Convención de Viena (1988) avanzó bastante en la materia: desde la configuración del delito hasta el lavado de dineros provenientes del narcotráfico.

Luis DÍAZ MÜLLER