¡Aquí vamos de nuevo! Estamos dispuestos a iniciar la redacción de otro capítulo más de la historia de la pena de muerte que, como decía el sabio maestro don Alfonso Quiroz Cuarón, no es sino la historia de su constante abolición.
Para los que concurrimos a este coloquio, el ejercicio que estamos por comenzar puede significar diversas ideas: la expresión de nuestra conciencia humanitaria; la irradiación de una vocación enérgica por el respeto de los derechos fundamentales; la oportunidad de presenciar y protagonizar un debate académico; el escenario para explicar los avances del método y la técnica de la nueva ciencia del derecho, o de las renovadas concepciones de la filosofía, la ética o la sociología.
Sin embargo, para algunos más, que hoy deben estar asegurados de pies y manos; vigilados e incomunicados; torturados por la proximidad de una fecha, para todos aquellos que tienen la desventura de ser residentes de un pabellón de la muerte en alguna de las prisiones del mundo, este coloquio podría significar algo adicional: desde luego no las seguridades de la permuta de su condena capital, pero sí, por lo menos, y es acaso lo más importante, la certidumbre de las expresiones de solidaridad humana en los momentos más difíciles de una existencia amenazada diaria y cumplidamente. Ninguna duda tengo de que a quienes más interesa que este coloquio tenga éxito, es aquellos que sentenciados a la pena de muerte y esperando la fecha de su ejecución, mueren un poco cada día.
¿Un coloquio?; ¿sobre la pena de muerte?; ¿en México?; ¿por qué?; ¿para qué? Valdría la pena detenerse un momento para profundizar en estos cuestionamientos.
Un coloquio, sí, porque hasta la fecha no ha existido coincidencia plena y porque a pesar de la preponderancia de las concepciones abolicionistas no dejan de escucharse opiniones disidentes. Unas y otras voces deben ser igualmente escuchadas y ponderadas. El impulso por convencer sólo es congruente cuando existe capacidad para comprender. Los tópicos que alcanzan temperaturas de ebullición sólo son fértiles cuando entre sus interlocutores media la prudencia y la tolerancia.
¿Un coloquio, en México? sí, porque a pesar de que ninguno de nuestros códigos punitivos, con excepción del de Justicia Militar, establece la pena de muerte para delito alguno, y porque desde hace varias décadas ninguna ejecución ha tenido lugar en estas tierras, nuestra Constitución todavía es permisiva en cuanto a la posibilidad de establecer la pena capital. Vale la pena centrar nuestra atención en este señalamiento porque no ha sido extraño que ante coyunturas y circunstancias excepcionales, se haya planteado su reinstauración. Pero sobre todo, debe considerarse que dos decenas de connacionales, allende nuestras fronteras, aguardan, dolientemente, ser privados de la vida.
Al inaugurar este encuentro no tengo empacho en recordar, abiertamente, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha pronunciado repetida y públicamente contra la pena de muerte.
Nuestra lucha es una lucha de principios, porque ahí donde puede decretarse la extinción de la vida, origen de todo derecho y obligación, los derechos del hombre no tienen significado real y material y no podrían pasar de ser bellas declaraciones de un mundo onírico. Cuántos no pensarán que si es válido matar, con mucha más razón lo sería transgredir cualquier otro mandato ético o jurídico. Sin embargo, casi cincuenta países del mundo conservan en su legislación la pena de muerte; lo mismo sociedades con alto nivel de desarrollo cultural, científico y tecnológico, que aquellas en donde la pobreza y la falta de instrucción campean, pasando por los llamados países del Tercer Mundo. A la fecha, el derecho internacional de los derechos humanos ha sido impotente para detener este fenómeno. Para la CNDH la lucha contra la pena de muerte no reconoce continentes y latitudes; creencias religiosas o sistemas jurídicos; consideraciones raciales o ubicaciones geopolíticas. La señalamos y reprobamos ahí donde exista. Lo hacemos no sólo en beneficio de nuestros connacionales, sino de todos los seres humanos que hoy se encuentran sufriendo esta crítica situación.
La abolición de la pena de muerte históricamente ha tropezado y sigue tropezando con serios obstáculos y dificultades, tan es así que no ha podido concretarse.
El mayor de todos los valladares es, precisamente, la expresión de una idiosincrasia determinada, que revela la exigencia de contar con el instrumento de la pena capital como mecanismo de defensa social.
Muchos más y muchos mejores estudios deberán publicarse y divulgarse para explicar fundadamente que la supuesta ejemplaridad de la pena de muerte no ha desestimulado la ocurrencia de delitos graves; que en el plano financiero y en aquellos países que respetan la garantía del debido proceso legal, el ahorro económico que conlleva la eliminación de un reo, se ve notablemente superado por los gastos y costos de toda la actividad jurisdiccional que debe desplegarse hasta la ejecución de la condena; que la irreversibilidad de la muerte impide corregir errores judiciales dentro del contexto de una justicia humana y por tanto falible; que hacer justicia con la imposición de la pena de muerte no es sino actualizar la Ley del Talión y recuperar las sentencias de Hammurabi; es decir, no es sino exhibir cuán breves y modestos han sido los avances de la civilización. Por más sofisticadas técnicas que utilicen los verdugos contemporáneos, no dejarán de ser eso: verdugos.
No puede pasarse por alto que es la indignación que produce el conocer de crímenes oprobiosos y de las más torcidas conductas que pudieran haberse imaginado, lo que genera, en muchos, la convicción sobre la necesidad de la pena de muerte. En esta dirección debemos detenernos a meditar si la muerte de los autores de tales delitos produce el resarcimiento del daño causado; si esta acción repara efectivamente a las víctimas y a sus deudos y si protege adecuadamente a la sociedad de iguales o similares males futuros.
Si la respuesta es negativa, entonces la pena de muerte es sólo un acto de venganza cuya ejecución se coloca en el mismo plano de irracionalidad de aquel en que se ubicó el autor del crimen que se pretende castigar.
Si la respuesta es positiva, entonces las sociedades y sus leyes deben encontrar las fórmulas para apartar definitivamente de su seno a quienes no ha sido posible readaptar para que nunca más lesionen los bienes jurídicos de la comunidad y de sus integrantes.
De ser esta última la respuesta correcta, tendríamos que reunirnos en un nuevo coloquio no para discutir sobre la pena de muerte, sino sobre cómo ensanchar los márgenes de la seguridad pública, de evitar la impunidad; del adecuado resguardo de los sentenciados en las prisiones; de los mecanismos para asegurar que los criminales no evadirán la acción de la justicia y de los procedimientos y técnicas para hacer más efectiva la readaptación del delincuente. Entonces, aspiraríamos a que los extremos de la propuesta fuesen cómo proteger nuestras vidas y nuestros bienes de la delincuencia, sin recurrir a la pena de muerte.
Hemos invitado a este coloquio internacional a personalidades de México y del extranjero que se han distinguido tanto en el mundo académico y en diversas disciplinas, como en la trinchera de la lucha diaria por los derechos humanos. A unos y otros nuestro agradecimiento por haber atendido nuestra convocatoria.
A esta solariega casa, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y particularmente a su director, le expreso mi gratitud por haber aceptado reunir su esfuerzo con el nuestro y por habernos brindado, una vez más, el tiempo y el espacio para que este coloquio pueda tener frutos.
A todos ustedes mi agradecimiento por su presencia y participación.
Notas:
1 El licenciado Jorge Madrazo es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El evento fue organizado por esta dependencia en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La inauguración se efectuó el 29 de septiembre de 1993 en el auditorio del Instituto.