Señor doctor don Gustavo Villapalos, Excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Complutense de Madrid,
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades,
Ilustrísimo Claustro de Profesores,
Señoras y señores:
Para un profesor, recibir un doctorado honoris causa siempre es y será motivo de satisfacción, mucha más si, como en este caso, proviene de un país querido y cercano al corazón, de una Universidad prestigiada y varias veces centenaria, y si el otorgamiento de ese honor académico fue propuesto y logrado por muy distinguidos catedráticos. Mi más profundo agradecimiento al ilustre constitucionalista y entrañable amigo don Pedro de Vega, de quien surgió la idea y la acción para este Doctorado; al Departamento de Derecho Político, a la Junta de la Facultad de Derecho y a la Junta de Gobierno de la Universidad que por unanimidad la aprobaron; al magnífico rector y amigo don Gustavo Villapalos por haberla apoyado en todas sus etapas. A todos ellos, a las decenas de catedráticos que han hecho posible este momento inolvidable de mi existencia, gracias, mil gracias, un millón de gracias.
Asimismo, ¿cómo puedo expresarle a don Pedro de Vega la íntima emoción que me han producido sus amables y muy generosas palabras?
Es mi deber, pero también mi gusto, agradecer mucho a los miembros de mi familia, a los amigos mexicanos y latinoamericanos, a los catedráticos de diversas regiones de esta gran nación, que me estén acompañando en esta solemne ceremonia, y con su presencia la engalanan aún más y me hacen otro espléndido regalo.
Académicamente he estado y estoy muy cerca de esta ilustre Universidad. Mucho he aprendido de varios de sus profesores y las relaciones entre ella y mis casas, mis entrañables casas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, son muy estrechas. Juntos hemos organizado muchos eventos académicos, y juntos hemos colaborado en el fortalecimiento del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Y hoy me encuentro aquí, en este espléndido paraninfo de España, de la España que siempre está cerca de México y de los mexicanos. De la España eterna y grandiosa. De la España que sentimos como familia propia.
Permítaseme expresar que España es, para mí, El Cantar del Mío Cid, Fernando de Rojas, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Federico García Lorca.
España es, para mí, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra, la Giralda, la Sinagoga del Tránsito, las catedrales de León, Burgos, Toledo y Santiago de Compostela, las murallas de Ávila, el Alcázar y el acueducto de Segovia, los monasterios de Poblet, Guadalupe y el Escorial.
España es, para mí, los frescos románicos de Cataluña, El Greco, Murillo, Zurbarán, Velázquez, Goya, Picasso y Dalí.
España es, para mí, los Picos de Europa, el parque de Ordesa, las Rías Bajas, la Sierra de Montserrat y la Costa del Sol.
España es, para mí, Gil de Siloé, Alonso Berruguete, Juan de Juni y Alonso Cano.
España es, para mí, la paella valenciana, los callos a la andaluza, la fabada asturiana, el cocido madrileño, el jamón serrano, las butifarras, los turrones, la torta de ponche y los vinos de La Rioja y Valladolid.
En fin, España, esta España nuestra y de todos nosotros, esta España mía, significa y es para mí, tantas y tan grandes emociones y sensaciones, entre las cuales, indudablemente, relumbran estos minutos, aquí y hoy en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.
Cúmpleme, ahora, realizar mi disertación académica, en la cual trataré de reflexionar sobre algunos de los principales problemas y perspectivas de la democracia en América Latina.
La democracia, como sistema político y como régimen jurídico; como doctrina y como realidad, tiene lugar central en el pensamiento y la práctica de las sociedades latinoamericanas. También presenta, sin embargo, una serie de problemas. Tales características se dan desde la independencia y la organización nacionales, pero se notan especialmente en la historia reciente de los países latinoamericanos.
El establecimiento y el perfeccionamiento de un sistema y de un proceso democráticos, son reconocidos como necesidad; como condición de existencia nacional, de recorrido del camino de desarrollo adoptado. Es requisito de legitimidad y consenso y de legalidad para el sistema político y el Estado, así como condición de aceptación, en el sistema internacional, por los otros Estados. La democracia contribuye a constituir y a reforzar -y esto es particularmente importante- la vigencia de la soberanía en lo interno y en lo externo. Para los países débiles, la idea de soberanía continúa siendo el mejor escudo y defensa frente a los fuertes.
La democracia ha sido y es en América Latina un reto permanente que resurge en diferentes fases y formas. Es un reto formidable y espléndido, cuya respuesta merece todos los esfuerzos, sacrificios y atenciones.
Una democracia problemática
Voy a exponer algunos de los principales problemas que presenta la democracia latinoamericana. En este listado no hay pesimismo; al contrario, existe verdadero optimismo. Si Contemplamos la década de los ochenta y los años de la presente, veremos que múltiples países que tenían regímenes autoritarios o militares, hoy en día tienen gobiernos electos popularmente. Sin embargo, también ha habido retrocesos preocupantes, y la mayoría de nuestros países presenta problemas que han de superarse para que realmente la democracia pueda fortalecerse. Ello es muy posible. No me queda la menor duda, pero para ello tienen que existir voluntad, conciencia, cultura y moral democráticas.
Los problemas de la democracia presentan, a veces, tensiones o contradicciones entre fuerzas, presiones y conflictos de la economía y la sociedad, por una parte, y por la otra, de las condiciones de organización y funcionamiento del Estado y el sistema democrático, y sus consecuencias. Generalmente, la construcción y el perfeccionamiento de la democracia, encuentran condiciones nacionales e internacionales adversas.
El surgimiento y el avance de la democracia latinoamericana parecen resultar, en gran medida, de la necesidad de dar respuesta a sucesivas fases y crisis del desarrollo nacional. Estado nacional y democracia surgen en América Latina, primero, como anticipación y promesa, sin las condiciones ni los componentes reales, y sin los resultados previstos. El prototipo de democracia se va dando con anticipación a su cumplimiento, en oleadas, con avances y ampliaciones, con retrocesos y restricciones. Durante más de un siglo, en mayor o menor grado, según los diferentes países de la región, el sistema político y el Estado se constituyen y mantienen con una combinación del elitismo oligárquico y diversas formas de la democracia liberal.
En los años recientes, se mantiene y se refuerza la tensión entre los procesos democratizadores y las coacciones que le imponen ciertas realidades; con ello se acrecienta el reto de la democracia, su vigencia y su gobernabilidad. En ello convergen y se entrelazan fuerzas y procesos del entorno internacional y del interior de los países.
Restricciones estructurales
A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos han debido adaptarse al sistema internacional que va surgiendo, y el cual se caracteriza por una alta concentración del poder, una lucha por la hegemonía entre potencias y bloques, una nueva división mundial del trabajo y una revolución tecnológica permanente.
La contrapartida interna de la transformación internacional, es el camino de crecimiento y modernización que adopta la mayoría de los países en cuestión. A escala mundial, regional y nacional, la economía y la política se van reestructurando, con un sentido centralizador y marginante, en beneficio de una minoría de grupos, sectores, regiones y países, y en detrimento de aquellos que en conjunto son la mayoría. Las confrontaciones Norte-Sur y Este-Oeste se entrelazan durante varias décadas.
En esos años, avanzan en grado sin precedentes la trasnacionalización, la nueva distribución de papeles productivos, las decisivas características e impactos de la revolución tecnológica como la teleinformática y el nuevo mercado financiero mundial. En los países de la región, pesan cada vez más los centros de poder externos (públicos y privados, inter y transnacionales), que toman decisiones fundamentales en aspectos de gran trascendencia para los Estados y sistemas latinoamericanos, ante todo en lo que toca a posibilidades y modalidades de crecimiento y desarrollo, de organización y funcionamiento. Ello, en algunos casos, podría conllevar la posibilidad de un debilitamiento de la soberanía del Estado y de la nación, que es característica y condición esencial de la democracia.
Algunas modalidades de la incorporación de los países latinoamericanos a la economía global, y del camino de crecimiento y modernización, contribuyen a la descomposición o a la destrucción de viejas estructuras y a la creación de otras nuevas. Se movilizan masas de población, con la esperanza y la voluntad de lograr mejores condiciones de empleo, ingreso, ascenso, status; de disponibilidad de satisfactores de necesidades básicas, de participación efectiva en la sociedad y el sistema político.
Por otra parte, las tendencias a la concentración de la riqueza y el poder en grupos y centros relativamente reducidos, y a la marginación de grupos considerablemente más numerosos, el peso de viejas y nuevas fuerzas de tipo elitista y oligárquico, restringe la realización de muchas expectativas de grupos nacionales y áreas de la región latinoamericana.
Como resultado de lo anterior, proliferan fuerzas y tendencias ideológicas y políticas, organizaciones, partidos y movimientos, de todo tipo y signo; tensiones y conflictos de ardua solución. Se dificultan por una parte, el mantenimiento de las formas tradicionales de sociedad y política, y, por la otra, la instauración y vigencia de una auténtica democracia. Las crisis internacionales e internas y sus entrelazamientos, agregan otros obstáculos a la democratización.
Las crisis internacionales, que provienen de las dificultades económicas experimentadas por las potencias y países desarrollados, repercuten como crisis internas en los países latinoamericanos, a través de las condiciones desfavorables que se imponen a su comercio exterior, del deterioro de los términos de intercambio, del proteccionismo y del endeudamiento. Las crisis internacionales se entrelazan con las nacionales, y se manifiestan bajo la forma de insuficiencia y desaceleración del crecimiento y la modernización; del estancamiento o la regresión de la economía nacional; como generalización del empobrecimiento, la miseria extrema, las situaciones de injusticia y las descomposiciones sociales.
La frustración en los intentos de garantizar el crecimiento y la modernización, la justicia social y el desarrollo integral, somete a los gobiernos y Estados latinoamericanos al desgaste, y a los peligros de la deslegitimación.
Crisis y descomposición económicas
Mientras, se mantiene un descomunal crecimiento de la población, y aumenta desmesuradamente la expansión de las necesidades y demandas básicas, como son: empleo, alimentación, vivienda, educación y salud; en algunos países, el crecimiento se desacelera y amenaza con volverse en estancamiento o regresión. Son insuficientes las capacidades para la producción, la creatividad científica y tecnológica, la generación de empleo, la redistribución progresiva de ingresos, la provisión de satisfactores de necesidades sociales destinada al mayor número posible de habitantes. Se incrementan la pobreza, la miseria y la marginación. La situación de extrema pobreza afecta hoy a la tercera parte de la población latinoamericana, unos 70 millones de personas, que subsisten con ingresos inferiores a un dólar al día por persona. El 20 por ciento más pobre de la población latinoamericana recibe menos del 4 por ciento del ingreso, en tanto que el 10 por ciento más rico recibe más del 30 por ciento.
Por ello, uno de los grandes retos que enfrentan los países latinoamericanos, radica precisamente en alcanzar la justicia social, para lo cual es indispensable crear riqueza y que ésta sea bien y equitativamente distribuida.
En varios de esos países están claras y precisas las ideas tendentes a lograr el objetivo anterior; pueden ser agrupadas en el pensamiento del liberalismo social cuyas tesis fundamentales son: libertad, democracia, justicia social y creación de riqueza.
Imperativa es la elevación del nivel de vida de millones y millones de latinoamericanos. ¿De qué sirven la democracia y la libertad si se está hambriento y se es ignorante?
Las crisis generales y sectoriales repercuten también en la crisis fiscal del Estado, con la consiguiente reducción de los presupuestos públicos y de los principales servicios sociales. Se reduce con ello aún más la disponibilidad de algunos de los principales supuestos del crecimiento, la modernización, el desarrollo social y la democratización política.
El debilitamiento del crecimiento, la generalización de condiciones de pobreza, miseria y polarización, crean o agudizan la competencia de grupos, individuos y regiones por el reparto del excedente económico, del producto y el ingreso nacionales. En algunos países del área, entonces, se crea y tiende a generalizarse una situación endémica de lucha exasperada por la conservación en un extremo, y por la supervivencia, en el otro. Surgen o progresan condiciones favorables al éxito económico a cualquier costo, a las actividades improductivas, especulativas, parasitarias; a la corrupción y a las más diversas formas de criminalidad.
El incremento del peso del poder económico, la reafirmación de las potencias del dinero, actúan a la vez en dirección a la economía privada, como peligro de predominios monopólicos y destrucción de las condiciones de libre competencia en el mercado; como peligro de penetración y control en el sistema político y en el Estado.
Ello va en detrimento de las actividades y empresas productivas y eficientes, capaces de acumulación y rentabilidad, pero también dinámicas e innovadoras, creadoras de empleo y distribuidoras de ingreso, inductoras de desarrollos progresivos en otras ramas y sectores de la economía.
Así, tres componentes negativos de la situación prevaleciente en la economía latinoamericana, se destacan en forma significativa.
El primero es la explotación destructiva de recursos no renovables, como hidrocarburos y bosques, y en general del medio ambiente natural y social. Ejemplos son las amenazas que pesan sobre la región amazónica como gran pulmón del planeta, y las monstruosas características autodestructivas de la hiperurbanización.
El segundo componente está dado por el retiro de considerables grupos de la economía formal-legal hacia la economía informal y a una nueva economía subterránea o criminal. El ejemplo más escalofriante es el desarrollo del tráfico de drogas por grandes grupos del crimen organizado, con envergadura transnacional, con capacidad de penetración en la economía informal y en la legal, y con una cauda de siniestras secuelas sociales y políticas.
El tercer componente se encuentra en el hecho de que los intentos de crecimiento y modernización de las últimas décadas, constituyen enclaves que coexisten con estructuras más atrasadas o arcaicas.
Las fragmentaciones y desigualdades socioeconómicas y espaciales, limitan o distorsionan de diferentes maneras las formas y los modos de funcionamiento de un sistema democrático. Las sociedades son un agregado de estructuras y subsistemas que se articulan de modo incompleto y defectuoso. En un contexto de insuficiente crecimiento y de permanentes conflictos por la distribución del ingreso y la participación en oportunidades y ventajas, se dificulta la capacidad de percibir, evaluar y admitir las diferencias de intereses, para ponerse de acuerdo en una definición del bien común. La menor posibilidad de negociación, concertación y logro de compromisos entre grupos, organizaciones e instituciones, y la multiplicación e intensificación de conflictos, favorecen a los mecanismos de coerción, con la justificación del mantenimiento del equilibrio social, el orden político y la propia unidad estatal-nacional.
Complicación social
La complicación social se manifiesta mediante la multiplicación y diversificación de las víctimas de fuerzas y estructuras obsoletas o regresivas, y de crisis recurrentes. Significativos grupos y estructuras sociales se debilitan, se disgregan o comienzan a destruirse.
Lo anterior incluye a parte considerable del campesinado, de los trabajadores por cuenta propia, de los asalariados manuales y de servicios de las ciudades, de los sectores menos calificados y organizados de la fuerza de trabajo. Va incluyendo también a trabajadores calificados, pequeños y medianos empresarios, clases medias intelectuales y profesionales.
En estos grupos y estratos, dentro de ellos, las víctimas se reclutan además en términos de sexo y edad: mujeres, ancianos, niños, adolescentes, jóvenes desempleados, también adultos de edad productiva. Ellos sufren el deterioro del empleo, del ingreso, del consumo, de los servicios públicos, de las infraestructuras económicas y sociales. Sufren así la satisfacción incompleta, o la insatisfacción lisa y llana, de necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, información y participación.
El estancamiento y la descomposición de la economía y la complicación social, implican la baja y mala utilización, el despilfarro, el debilitamiento o la destrucción, de fuerzas y recursos ya existentes o potenciales, de valiosas relaciones e interacciones sociales. Con ello se da la insuficiencia o la inexistencia de protagonistas, bases y alianzas, necesarios para el desarrollo y la democratización de nuestros países.
La esfera cultural
En algunos países de la región, a las crisis económicas y la complicación social, corresponden deformaciones y carencias culturales y tendencias a la anarquización política, que también lesionan el proceso democrático.
Patrones de tipo pragmático o utilitarista sobrevaloran el dinero, el éxito y el poder económicos logrados con cualquier método y a cualquier precio. Se legitima todo lo que sea o alcance el rendimiento, la acumulación, la rentabilidad, el consumismo, diferentes formas de poder. Se estimulan y justifican la especulación, la corrupción, los abusos del poder y las condiciones políticas que lo posibilitan o facilitan.
En segundo lugar, se deben tener en cuenta las tendencias y patrones que sobrevaloran y justifican la violencia, la agresividad, el recurso a la justicia privada, como métodos privilegiados de manejo y solución de los conflictos tanto personales como sociales y políticos.
En tercer lugar, el patrón del doble discurso. Por una parte, el código y el discurso de normas morales y jurídicas del sistema democrático, formalmente aceptado. Por la otra, la práctica y el discurso del desconocimiento generalizado de los valores y normas incorporados en el primer código, generalmente percibido como inválido e ineficaz.
Algo muy importante es la moral democrática consistente en que las fuerzas sociales y los individuos siempre hablen con la verdad, porque si no lo hacen la atmósfera se enrarece y es difícil lograr acuerdos de conjunto. En este aspecto los medios de comunicación masiva juegan un papel esencial. Pocas cosas dañan más a un país que la mentira, las verdades a medias o la desinformación.
Estos patrones distorsionantes reflejan y contribuyen a la vez a la debilidad o a la carencia de una cultura política democrática. Ello se refleja en un clima y una práctica de intolerancia, hostilidad y represión de las diferencias nacionales, regionales, étnicas, culturales, religiosas o clasistas, y de las disidencias ideológicas y políticas; el rechazo al diálogo, a la negociación y a la concertación; fomentan la proclividad a los conflictos, y a su solución por la violencia.
La esfera política y la conflictividad
Graves problemas en la economía, complicación social, deficiencias de la cultura política, inciden negativamente en la sociedad política, en el Estado y en la democratización.
Las amenazas surgen de la conflictividad social, la inestabilidad política, la reducción de la legitimidad y el consenso, la insuficiencia en controles tradicionales, los vacíos de poder. Unas y otros se manifiestan en la proliferación de ideologías, movimientos, partidos y gobiernos, de centro, derecha o izquierda, de sus tendencias extremas, de su predisposición a las confrontaciones.
Graves problemas económicos y conflictividad impiden o traban la racionalidad política, la aceptación y el manejo de divergencias y conflictos mediante reglas del juego aceptadas por todos, mediante el logro de consenso por la negociación y la concertación.
El recurso al autoritarismo, a la coerción y la violencia, y el menosprecio a la democracia y el imperio del derecho, son preferidos tanto por grupos que pretenden preservar el statu quo como por los que buscan destruirlo y reemplazarlo. Se dan en toda la gama del espectro político e ideológico, pero sobre todo en sus extremos: Sendero Luminoso por una parte, y por la otra el neofascismo de los últimos regímenes militares del Cono Sur. Cualesquiera sean las diferencias y conflictos entre estos fenómenos, se adhieren a ideologías fundamentalistas; practican la intolerancia frente a todo lo diferente y alternativo; eligen a ciertos grupos como víctimas propiciatorias -por región, raza, color, clase, sexo, religión, ideología, ideal político-; son intransigentes ante las divergencias y las alternativas; predican una "Guerra Santa". En algunos países latinoamericanos se alcanza o se cruza el umbral de la guerra civil.
Estado y democracia, entonces, sufren un doble acoso, desde la transnacionalización y la globalización, y desde el estancamiento y la descomposición internos. Los resultantes son el desprestigio de la democracia, la desautorización y la deslegitimación del Estado, y el refuerzo de los obstáculos al desarrollo autónomo.
En varios de los países de la región existen crisis de los partidos políticos y los congresos, que a su vez se integran en la constelación de factores y procesos con efectos negativos para el sistema y la vida de la democracia.
Los partidos latinoamericanos de todo tipo, al mismo tiempo que se multiplican y diversifican, caen en diversas formas y grados de crisis. Ellas se producen y se manifiestan por el distanciamiento entre la dirección y el aparato y los militantes y electores y, más aún, el grueso de la población.
Es también factor y rasgo de la crisis la competencia de grupos de interés y de presión; la intervención de otras organizaciones, instituciones y movimientos sin carácter partidista: sindicalismo obrero, organizaciones empresariales, corporaciones transnacionales, Iglesias, fuerzas armadas, medios de comunicación masiva, nuevos movimientos sociales.
A ello deben agregarse el personalismo y el elitismo en las direcciones y los aparatos. Un grado excesivo de poder, tanto en el interior de los partidos como en su proyección hacia la sociedad y el sistema político, es concentrado en dirigentes con rasgos caudillescos, caciquiles o carismáticos, en detrimento de la ideología y el programa de la organización, y del status real y la participación efectiva de los miembros de los partidos y de los electores y grupos de población. Las direcciones y los aparatos de los partidos se organizan y funcionan de acuerdo con patrones elitistas, y según la ley de hierro de la oligarquización. Los partidos tienden a reducirse al papel de asociaciones electorales, que se activan sólo con la perspectiva de las luchas comiciales, a fin de distribuir candidaturas, posiciones y prebendas a miembros del partido o de las clientelas de la dirigencia y el aparato.
El Congreso no llega a adquirir relevancia suficiente para la democratización, o bien la va perdiendo. Su fuerza y su función se ven debilitadas, y pueden exhibir síntomas de decadencia. Estos se manifiestan en la más reducida capacidad de representación, la menor expresión de las fuerzas en diálogo o en conflicto dentro de la sociedad nacional, la baja capacidad de control del Poder Ejecutivo y del funcionamiento del sistema político.
En varios países latinoamericanos es preocupante la situación del Poder Judicial. En algunos aquél no alcanza a gozar de la independencia, la integridad y la capacidad técnica y política que le permita ser una de las condiciones y garantías fundamentales del imperio del derecho y de la realización de la justicia, indispensables en una auténtica democracia.
En otros países, el Poder Judicial ha caído en el deterioro porque es realmente irresponsable, lo que ha propiciado el descuido de sus funciones jurisdiccionales e incluso su corrupción.
De esta manera, se acumulan los obstáculos internacionales e internos a la democracia. Ello da lugar a intentos de constituir una democracia condicionada, a partir y a través de técnicas de desmovilización y despolitización de los sectores mayoritarios de la población, y de restricción de la participación del mayor número posible de habitantes en las decisiones sobre cuestiones fundamentales, en favor de elites de poder públicas y privadas. Se perfilan tendencias al abandono de las instituciones y las prácticas de la democracia; se producen fenómenos y situaciones de predominio de fuerzas antidemocráticas, de refuerzo de éstas en las cúpulas del Estado y la sociedad; de regresión autoritaria, y se propicia una variedad de crisis políticas e institucionales que corresponden a todo ello.
En algunos países se dan alianzas entre organizaciones revolucionarias y de narcotraficantes. No puede excluirse la posibilidad de nuevos movimientos y regímenes fundamentalistas, encarnados en nuevos dirigentes carismáticos.
Balance y alternativas
La crisis de la democracia, de su viabilidad y gobernabilidad, de su supervivencia misma, constituye un decisivo reto. Es fundamental tratar de determinar cuáles son las condiciones que en conjunto podrían mantener en equilibrio las tendencias de situaciones históricas negativas y las del actual contexto internacional; las exigencias y efectos del crecimiento y la modernización, la multiplicación e intensificación de los conflictos sociales, con la restauración, o la instauración, en todo caso la preservación y el perfeccionamiento, de un Estado democrático de derecho.
El examen científico y el debate sobre la democracia, su viabilidad y su gobernabilidad, se desplazan inevitablemente entre el pesimismo y el optimismo. En uno u otro extremos, es insoslayable la cuestión de cómo hacer funcionar bien la democracia en un contexto de fuerzas y conflictos que muchas veces le son desfavorables u hostiles.
La actual democracia es un fenómeno tardío, históricamente reciente, que sólo desde hace unos 200 años avanza y se difunde por el mundo. Sigue siendo excepcional en su existencia y su vigencia, se sigue aplicando con limitaciones en un número reducido de países, acosada por fuerzas, movimientos y regímenes de tipo autoritario o totalitario. Aun en los países desarrollados y democráticos-liberales, que se toman frecuentemente como modelo, se dan hoy manifestaciones y tendencias extremistas que amenazan la viabilidad, el alcance y la permanencia de una auténtica democracia.
Por otra parte, no es válido ignorar que el último medio siglo ha presenciado el derrumbe de sistemas totalitarios, despóticos y autoritarios, y la restauración o la instauración de regímenes democráticos en condiciones extremadamente difíciles. En particular, la década anterior y la actual han presenciado una transformación del mapa político de América Latina, donde, como ya afirmaba, hoy predomina una mayoría de regímenes que en variables grados pueden calificarse como democráticos.
Las anteriores constataciones, en modo alguno eximen del examen y el diagnóstico de las insuficiencias de la democracia en América Latina, ni de la necesidad de reflexionar sobre los aspectos que pueden fortalecerla.
A este respecto, en primer término, se debe reafirmar que la democracia es un proceso sin término. Cada avance da lugar a nuevos problemas, a nuevas restricciones y posibilidades. En cada fase, la cultura política tiene fundamental importancia, como su raíz y alimento, como su base y columna vertebral, favorable al proceso y al sistema democráticos. La cultura política les permite a aquéllos autogenerarse y autorreproducirse, extenderse y defenderse. La cultura política de la democracia supone y requiere actores sociales, prácticas políticas, soluciones institucionales, de naturaleza democrática; la tolerancia de las diferencias y las divergencias; supone la aceptación de la legitimidad de los conflictos y la necesidad de procedimientos legales para dirimirlos; obliga a buscar instrumentos y mecanismos de diálogo, negociación y concertación.
En segundo término, para los países latinoamericanos, la democracia debe recuperarse o perfeccionarse en un contexto configurado por la necesidad de integrarse de la mejor manera posible en la economía y la política mundiales, actualmente en reestructuración, y de impulsar enérgicamente el desarrollo nacional, con toda la cauda de problemas, necesidades y conflictos, que ello implica.
En tercer término, es necesario redefinir las relaciones entre Estado y sociedad civil, de modo que se preserve el papel protagónico -rector, regulador, promotor, protector y productor- del Estado, pero se rescaten la libertad y la creatividad de la sociedad civil, con una adecuada combinación de viejas y nuevas formas de participación social y política.
La ampliación de la participación social y política por parte de la sociedad civil, no implica descartar la de los partidos políticos. Aunque afectados, como se dijo, de serias limitaciones y crisis, los partidos son y deben ser en forma necesaria y legítima de acción y participación, en paralelismo y competencia con otras formas de organización política.
Las alternativas para el aumento de la participación democrática, incluyen todo lo referente a la desconcentración y la descentralización políticas, al reforzamiento de los espacios y las instituciones regionales, estaduales y municipales, dirigido a la eliminación de las formas de centralismo anacrónico. La elección popular de sus dirigentes y representantes, y el aumento y la garantía de su autonomía y sus facultades, recursos y responsabilidades, pueden y deben traducirse en mayor capacidad para el cumplimiento de sus tareas: manejo de los servicios públicos, impulso al desarrollo de las periferias y, consiguientemente, reducción de los desniveles y brechas en la economía y la sociedad nacionales. Con ello se ayuda a la recuperación de legitimidad y consenso respecto a las organizaciones e instituciones descentralizadas, pero también respecto a la democracia en general, y a su gobernabilidad.
En cuarto término, se requiere la consagración y la ampliación de los derechos humanos y libertades de todos -en lo civil, lo político, lo económico, lo social-, en un sentido amplio y de permanente extensión, y las garantías de su vigencia, como supuestos que el Estado no puede invadir ni desvirtuar, y de los cuales depende su legitimidad.
En quinto término, es indispensable reafirmar la supremacía de la Constitución y de las leyes. Esta supremacía debe ejercerse sobre el Estado, sus poderes y órganos, y sobre los individuos, grupos e instituciones de la sociedad civil. Nadie puede estar colocado por encima de la ley. Todos somos responsables de nuestras acciones. La irresponsabilidad daña tremendamente a la democracia.
En sexto término, se deben garantizar y ampliar las condiciones que impidan la concentración del poder, el autoritarismo, el despotismo y el totalitarismo. Ante todo, por una parte, se requiere un esquema cuidadosamente diseñado y efectivamente aplicado de separación, distribución y equilibrio de poderes, en independencia y coordinación, y el correspondiente sistema de controles múltiples.
El Congreso debe superar sus limitaciones, reafirmando su papel en la organización y el funcionamiento de la democracia y en el desarrollo nacional. Debe ser y actuar en tanto legislador central, garante de las libertades, representante de los diversos componentes de la sociedad, sede de expresión y confrontación de intereses y conflictos para su decisión según las reglas del Estado de derecho.
En la misma perspectiva, se requiere un Poder Judicial democrático e independiente, pero responsable, para la preservación de los derechos, libertades y garantías que establecen la Constitución y las leyes, y sobre todo para su vigencia real, contra las distorsiones y violaciones de poderes públicos y privados.
Se requiere, por la otra parte -como ya se dijo pero siempre es bueno reafirmarlo-, una redefinición del equilibrio entre Estado y sociedad civil, en favor de una mayor autonomía y participación propia de las personas, grupos e instituciones que la constituyen. La democratización así concebida y aplicada, no debilita al Estado. En la medida en que éste se perfila cada vez más como Estado democrático de derecho, refuerza su legitimidad y el consenso a su favor, su autoridad, sus necesarias funciones y facultades, sus capacidades de decisión y de acción, con mayor flexibilidad y eficacia.
No puede soslayarse que en un momento histórico donde múltiples fuerzas y procesos tanto externos como internos trabajan en un sentido de debilitamiento o anulación de la soberanía, la democratización contribuye a un consenso y a una acumulación y movilización de fuerzas nacionales, necesarias para la participación, en mejores condiciones, en la economía global y el sistema político internacional. En este punto también, la democracia no se reduce a proyecto utópico ni a propuesta formalista. La democracia se convierte en el baluarte y el mejor defensor de la soberanía.
La democracia necesita de todos los latinoamericanos, quienes debemos preguntarnos qué costos estamos decididos a pagar y qué estamos decididos a hacer para reforzarla. Es necesario recordar que en esta vida nada es gratuito y si bien la democracia es el mejor sistema jurídico-político que hasta ahora conoce la humanidad, su funcionamiento real necesita de la acción de todos los que en ella vivimos y de ella nos beneficiamos.
La democracia -dice la Constitución mexicana- es no sólo una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. A esta Constitución le asiste la razón entera.
La democracia es libertad. La democracia es solidaridad, es una voluntad moral y un sistema económico y social. La democracia es el reforzamiento de la cultura y del arte. La democracia es acción y responsabilidad. La democracia es justicia y equidad. Pero, en fin de cuentas, la democracia es realmente un sistema complejo y flexible que se apoya en la noción de la dignidad humana para hacerla realidad; parte del concepto de la dignidad humana para estructurar a la sociedad, política, económica y jurídicamente, pero con una sola y grandiosa finalidad: ayudar a que el hombre se realice como tal en un contexto social justo y libre.
Luego, la democracia es, simplemente, como tantas veces se ha dicho, el gobierno real del pueblo, por, para y hacia el pueblo. La democracia es el baluarte, el estandarte y la estrella polar de todos nosotros, de nosotros mismos, de nuestra dignidad humana.
Notas:
1 Madrid, España, 5 de noviembre de 1993.