Excelentísimo señor rector magnífico; excelentísimo señor consejero de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura; excelentísimas e ilustrísimas autoridades; doctores, licenciados y alumnos de la Universidad de Extremadura; colegas de otras universidades; señoras y señores:
En la vieja sede de la Universidad de San Carlos, en la Antigua Guatemala, unos frescos, que han sobrevivido a los terremotos que han asolado esa ciudad, inmortalizan el rito de la investidura de doctores, ese mismo rito que, hoy ad honorem, nos encontramos reproduciendo en esta mucho más joven universidad. Y es precisamente un guatemalteco, estrechamente vinculado a la Universidad de San Carlos, el doctor García Laguardia, quien protagoniza este acto, en otra vieja ciudad, también patrimonio de la humanidad, igual que la Antigua, y en una región de la que hace cinco siglos salieron muchas de las personas que ocuparon aquellas tierras americanas. Difícilmente podrían haber pensado el extremeño Pedro de Alvarado y quienes le acompañaron en la conquista de lo que hoy es Guatemala que una persona nacida en esas tierras del nuevo continente habría algún día de recibir la máxima distinción académica en su región de origen.
Hace algunos meses, el rector de esta Universidad pidió a sus distintos centros, nombres de personas que pudieran ser designadas doctores honoris causa para conmemorar así el vigésimo aniversario de la universidad. En la Facultad de Derecho, se pensó en la posibilidad de que fuera un jurista latinoamericano quien recibiera ese doctorado; con ello se trataba, entre otras cosas, de cumplir con la vocación americana de Extremadura, consagrada en su estatuto de autonomía al afirmarse, como objetivo de la comunidad autónoma, el impulsar el estrechamiento de los vínculos humanos, culturales y económicos con ... los pueblos de Hispanoamérica; en este mismo sentido, los estatutos de nuestra universidad señalan en su artículo 3 i) como una de sus competencias el " establecimiento de relaciones de cooperación con otras instituciones académicas, culturales o científicas españolas y extranjeras, dedicando especial atención, entre estas últimas, a las de ...la comunidad iberoamericana".
La búsqueda nos condujo a la conclusión de que Jorge Mario García Laguardia podía ser la persona digna de ser incorporada al claustro de doctores de esta universidad, y así se propuso. Brevemente, quiero exponer aquí los motivos por los que se decidió rea-lizar esta propuesta.
En primer lugar, el doctor García Laguardia posee un curriculumacadémico que, en sí mismo, justifica su doctorado honoris causa. Sin afán de cansarles con datos, se trata de un jurista que ha abordado amplios campos del derecho público como docente y como investigador. Su trabajo intelectual se ha desarrollado, fundamentalmente, en dos de las instituciones universitarias más relevantes de América Latina: la centenaria Universidad de San Carlos, en su país natal, y la Universidad Nacional Autónoma de México, punto de refe-rencia imprescindible para comprender la cultura latinoamericana de nuestros días. En ambos centros ha ocupado diversas cátedras de historia del derecho, de derecho público y de ciencia política. Pero su trabajo le ha llevado, asimismo, a lo largo de su vida, a varias universidades europeas y americanas para completar su formación, primero, y para desarrollar sus tareas docentes, después: es el caso, entre otras, de la Universidad de Florencia, donde el contacto con la iuspublicística italiana de los años sesenta explica buena parte de su posterior tarea intelectual.
Tres son los terrenos de la actividad investigadora del doctor García Laguardia que quisiera destacar aquí. Por una parte, sus trabajos de historia del derecho público resultan absolutamente imprescindibles para comprender los orígenes del constitucionalismo español y latinoamericano. Su estudio de la participación de los diputados centroamericanos en las Cortes de Cádiz es un punto de referencia único de esa gran labor que " los españoles de ambos hemisferios", como rezaba el artículo 1º de la constitución de 1812, llevaron al cabo en los albores del siglo XIX, sembrando tolerancia y libertad en los dos continentes. Y esos trabajos han puesto de manifiesto que la contribución de los diputados del otro "hemisferio" no fue, en absoluto, testimonial o accesoria, sino imprescindible para forjar las bases del constitucionalismo hispano; a los nombres de Argüelles, Jovellanos o el Conde de Toreno hay que unir, entre otros, el del diputado suplente por Guatemala, Don Manuel del Llano, quien, como ha estudiado García Laguardia, con su propuesta de introducir en la constitución la acción de habeas corpus, marcó el precedente de lo que habría de ser la lucha por las garantías de la libertad. A partir, pues, de los trabajos sobre la participación americana no sólo en Cádiz, sino incluso en la Carta de Bayona, varios estudios han analizado las bases históricas del complejo y rico constitucionalismo centroamericano; la tesis doctoral del doctor García Laguardia versó, precisamente, sobre los Orígenes de la democracia constitucional en Centroamérica, resultando una obra clásica en la materia.
El segundo terreno de la labor del profesor García Laguardia que quisiera destacar es el de sus trabajos sobre integración latinoamericana, en general, y de Centroamérica, en particular. La tensión dialéctica entre Estado y organización política continental ha marcado toda la historia latinoamericana desde la desaparición del imperio colonial, y el correspondiente nacimiento de los primeros Estados, hasta nuestros días. Esa tensión ha sido especialmente intensa en el istmo centroamericano por factores políticos, sociales, económicos y culturales múltiples. Como académico comprometido con la realidad, el doctor García Laguardia ha abordado los problemas de la integración tanto desde el punto de vista del trabajo del derecho comparado, que pone en contacto la realidad de los distintos países, como desde la perspectiva estricta de los problemas jurídicos que suscita la integración en sus diversas manifestaciones. Su participación, allá por 1966, en la obra Aspectos jurídicos institucionales de la integración centroamericana, su trabajo más reciente sobre La frustrada vocación federal de la región y el proyecto de parlamento centroamericano, o sus múltiples estudios de derecho comparado en materias como los sistemas electorales o los partidos políticos, son parte de su labor sobre la dimensión jurídica de la identidad latinoamericana.
El tercer campo de trabajo del doctor García Laguardia al que quiero referirme es el de la justicia constitucional. La estancia del doctor García Laguardia en la Universidad de Florencia, a la que previamente hice alusión, le permitió entrar en contacto con dos de los grandes cultivadores de lo que se ha venido a denominar el derecho procesal constitucional, los profesores Paolo Barile y Mauro Capelletti, continuadores, a su vez, de la obra de uno de los pilares básicos de la contemporánea dogmática jurídica europea: Piero Calamandrei. Pues bien, esa semilla plantada en Italia pronto germinó en el trabajo desarrollado por el doctor García Laguardia en Guatemala y en México. En efecto, su labor, estrechamente unida a la de otro de los teóricos latinoamericanos de la justicia constitucional, el mexicano Héctor Fix-Zamudio, ha servido de fundamento a la implantación y al desarrollo de los tribunales constitucionales en América Latina y, en especial, en los países centroamericanos. El esfuerzo intelectual por acoplar las técnicas de defensa de la constitución diseñadas por el austríaco Hans Kelsen a una realidad tan alejada del mundo centroeuropeo como es Latinoamérica tuvo sus primeros frutos académicos en la monografía del doctor García Laguardia sobre La defensa de la Constitución, punto de arranque de una larga lista de trabajos del mismo autor y de un sinfín de obras de otros juristas latinoamericanos. En un largo, reflexivo y autocrítico proceso, las instituciones del control concentrado de constitucionalidad nacidas en la primera posguerra en Austria y Checoslovaquia se han ido adecuando a las exigencias de ordenamientos marcados por su raíz hispánica, por la fuerte influencia del derecho anglosajón en su versión presidencialista norteamericana, y por la inestabilidad de los correspondientes sistemas políticos; y no cabe duda alguna de que es el profesor García Laguardia uno de los principales artífices de ese proceso. El resultado no puede ser más fructífero: después de las reformas constitucionales llevadas al cabo en los años ochenta y noventa, en la actualidad, todos los países centroamericanos cuentan con instituciones de justicia constitucional. Pero, es más; dichas instituciones están demostrando ser, en su mayoría, un elemento básico de estabilidad constitucional, motor de la democratización de sus correspondientes ordenamientos jurídicos, y, lo que es más importante, órganos en los que los pueblos centroamericanos han depositado las esperanzas de respeto de derechos y libertades, en un mundo, a menudo, agresivo para éstos; a ello ha contribuido de forma decisiva, sin lugar a dudas, el trabajo del profesor García Laguardia.
Hasta aquí el resumen, no exhaustivo, de los simples datos académicos de la obra del doctor García Laguardia; detrás de esos datos hay mucho más todavía: hay una vida que da aún mayor coherencia y significado a esos datos. Y es que, si la aprehensión del ser humano sólo es posible a la luz de su circunstancia "orteguiana", ello es mucho más así respecto del intelectual. Quien pretenda trabajar de espaldas a su realidad, a su medio, a lo que la sociedad que le rodea le exija, sólo producirá abortos intelectuales, fríos frutos indignos de ser analizados. Y la "circunstancia" del doctor García Laguardia es de tal naturaleza e intensidad que, difícilmente, puede entenderse de forma cabal.
La irracionalidad y la intolerancia, la violencia absurda y el desprecio por el semejante obligaron al doctor García Laguardia a salir de su país y a trasladarse a México, mientras veía cómo muchos de los integrantes de su generación desaparecían víctimas de dicha violencia. Una institución estrechamente ligada al exilio español, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, vinculado, entre otros, a los juristas españoles Alcalá-Zamora y Recaséns Siches, acogió en su exilio a Jorge Mario García Laguardia, quien, durante varios años, allí desarrolló su trabajo, doctorándose, primero, y ocupando diversas cátedras después. Van a permitirme que reproduzca algo que, en una ocasión, el doctor García Laguardia me contó, aunque estoy seguro de que no seré capaz de transmitir la intensidad de sentimientos que él me comunicó. Durante su estancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el profesor García Laguardia veía cómo la mayor parte de sus compañeros mexicanos de trabajo, en un momento u otro, debían participar en la vida jurídica y política ocupando algún cargo de responsabilidad o integrándose en altas magistraturas del Estado; él, entonces, sentía más que nunca la angustia del exilio y, sentado ante la mesa de trabajo, con desolación, sabía que tenía que escribir un nuevo libro, dudando de la utilidad de una labor teórica alejada de la realidad de su país... Parece que las palabras que escribiera Raymond Aron en su Introducción a El político y el científico, y referidas a Max Weber, estuvieran pensadas para quien hoy doctoramos ad honorem: "la defensa e ilustración de la ciencia adquiere un tono patético porque se percibe en él el eco amortiguado de una nostalgia y la impaciencia de un hombre de acción".
El doctor García Laguardia es un perfecto exponente de la necesaria simbiosis que en el mundo jurídico debe existir entre teoría y práctica, entre investigación y aplicación del derecho. De entre las múltiples tareas llevadas al cabo quisiera destacar, como botones de muestra, dos. Por una parte, a menudo, el doctor García Laguardia colabora con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ocupando entre 1985 y 1989 la Dirección de su Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral. Esta institución, y quienes en ella trabajan, desarrollan una labor básica para asegurar la consolidación de los sistemas democráticos latinoamericanos mediante la preparación, apoyo, seguimiento y colaboración en los procesos electorales. Por otra parte, el doctor García Laguardia, en distintas ocasiones, actúa, también, como Asesor de la Organización de Naciones Unidas; de entre esas colaboraciones habría que destacar su participación en la elaboración del Registro electoral de Nicaragua, contribuyendo, así, de manera muy significativa, al éxito de la pacificación de ese país centroamericano a través de las urnas.
El trabajo práctico del jurista no para ahí. La amargura del exilio tocó, afortunadamente, a su fin; la luz democrática iluminó de nuevo Guatemala y el doctor García Laguardia vuelve a su país. La necesidad de asentar las instituciones hace que la actividad académica, nunca abandonada, pase a un segundo plano, dedicando sus máximos esfuerzos al trabajo como juez. El doctor García Laguardia es nombrado magistrado de la Corte de Constitucionalidad, órgano encargado de garantizar la supremacía de la Norma Fundamental y de asegurar la eficacia y el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas. La tarea no es sencilla, antes al contrario, se trata de un trabajo que exige no sólo formación jurídica y tino judicial, sino, también, sensibilidad política y fortaleza humana. Muchos y variados son los problemas que él, primero magistrado y luego presidente de la Corte, debe enfrentar. Lo más duro, sin duda, la prueba más difícil de superar, llega el día en el que el propio poder político decide romper con el ordenamiento, abandonar el Estado de Derecho y sustituir éste por la pura interpretación subjetiva de la "razón de Estado"; el entonces presidente de la República suspende parcialmente la vigencia de la Constitución. La actuación de la Corte de Constitucionalidad en ese momento es un ejemplo de valor y de coherencia, y una prueba de que, por encima de discusiones doctrinales positivistas o iusnaturalistas, la concepción democrática del derecho impone la vigencia de ciertos valores, en especial, del respeto a la libertad y a la dignidad de la persona. La Corte de Constitucionalidad se reúne y declara la nulidad de las medidas adoptadas por el presidente de la República; el derecho, en esa ocasión, se impuso a la fuerza, la razón a la arbitrariedad, la dignidad al desprecio del individuo. A ello contribuyó, decisivamente, el doctor García Laguardia como magistrado de la Corte de Constitucionalidad junto con sus compañeros de la alta institución. Meses más tarde, no obstante, esa misma institución vuelve a verse sacudida por la violencia y su nuevo presidente, colega y amigo del doctor García Laguardia, Epaminondas González, muere asesinado. Sería injusto no recordar en este acto, esa muerte, aún reciente, ya que el trabajo del doctor García Laguardia en la Corte de Constitucionalidad no puede disociarse del de sus compañeros y, en particular, de quien ha pagado con su vida la defensa de la libertad.
Los cambios políticos producidos en Guatemala tras el fallido golpe de estado imponen al doctor García Laguardia una nueva exigencia al ser nombrado Procurador de los Derechos Humanos, equivalente en su país a lo que es la institución del Defensor del Pueblo en España. Aunque se trata de una labor también jurídica, la defensa de los derechos y libertades públicas adquiere en este trabajo una dimensión aún más comprometida; el relativo reposo que ofrece un tribunal de justicia se sustituye aquí por la necesidad de encontrarse de manera inmediata y, en ocasiones, dramática, con el ser humano cuya dignidad se ve ultrajada; la defensa de esa dignidad obliga, a menudo, al enfrentamiento abierto y valiente con la falta de tolerancia, con la arbitrariedad e, incluso, con la violencia más descarnada. La forma en que el doctor García Laguardia desarrolla esa tarea es digna de elogio y admiración.
Como puede verse, la personalidad de este jurista no puede reducirse a sus dos centenares de publicaciones o a sus muchas horas de docencia en aulas, seminarios y conferencias. Nos encontramos ante alguien que nos sirve de ejemplo y que nos recuerda lo que es la lucha por el Estado de Derecho. Ojalá, como universitarios, sepamos transmitir a nuestros alumnos la idea de que, detrás de las normas, detrás de las sentencias, detrás de las páginas que recogen opiniones doctrinales, e impregnándolas a todas ellas, debe encontrarse el ser humano, sólo vestido de dignidad y libertad. El doctor García Laguardia es un buen ejemplo de ese espíritu y por eso será un auténtico honor para esta universidad poder contar en su claustro de doctores con él.
Así, pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito, con toda consideración, y, encarecidamente ruego, que se otorgue y confiera al Excelentísimo sr. doctor Jorge Mario García Laguardia el supremo grado de Doctor Honoris Causa por la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.