Este informe introduce la campaña que Amnistía Internacional emprendió en octubre 92 encaminada a poner fin a las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas de América. Resume las acciones emprendidas en el pasado por la organización para llamar la atención sobre esos abusos, y expone las actividades especiales que Amnistía Internacional ha planeado para 1992 con el objeto de divulgar los abusos que en la actualidad sufren los indígenas americanos.
Amnistía Internacional se opone a las violaciones de derechos humanos, entre ellas el encarcelamiento de los presos de conciencia, los juicios injustos de presos políticos, la tortura, las "desapariciones", las ejecuciones extrajudiciales y la pena de muerte judicial. Algunos grupos étnicos específicos, incluidos los pueblos indígenas, han sido víctimas de tales violaciones. En ocasiones, estas violaciones han sido consecuencia de políticas gubernamentales específicas dirigidas contra personas de determinado origen étnico o nacional; otras personas se han convertido en víctimas a causa no de su origen, sino de sus actividades, como la colaboración con sindicatos u organizaciones políticas. Algunas han sido objeto de abusos sólo por vivir en zonas de conflicto entre fuerzas gubernamentales y grupos armados de oposición. Otras han sido elegidas como víctimas sólo por haber presenciado abusos anteriores o por estar relacionadas con activistas indígenas.
Amnistía Internacional, estimando que en 1992 se conmemora el quinto centenario de la llegada de los europeos a la región ahora conocida como América, cree que este es el momento adecuado para centrar la atención en las cuestiones de derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas de América y a los que trabajan con ellos. Desde la colonización de la región, sus habitantes indígenas han sufrido frecuentes y graves violaciones de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales a gran escala. Estos abusos y los estragos causados por el hambre y la enfermedad han eliminado prácticamente a los pueblos indígenas de algunas zonas de América, entre ellas la Isla de la Española, en la que desembarcó Cristóbal Colón en su primer viaje al "Nuevo Mundo", y donde se celebraron, en octubre de 1992, muchas de las ceremonias oficiales para conmemorar el quinto centenario de aquel acontecimiento.
Para Amnistía Internacional, las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas son en muchos casos consecuencia de disputas por el uso o propiedad de la tierra y los recursos. A veces, los abusos se producen cuando instituciones privadas o estatales intentan trasladarse o establecerse en tierras o territorios tradicionalmente indígenas o que no han estado habitadas anteriormente por los no indígenas, o expulsar de ellos a los indígenas. Otros abusos se producen en el contexto de disputas por las tierras iniciadas largo tiempo atrás, en las que bases jurídicas de la propiedad de la tierra pueden no estar claras. Naturalmente, Amnistía Internacional no adopta posición alguna en las disputas por el uso de la tierra y los recursos, pero le conciernen las violaciones específicas de derechos humanos que se producen en esa situación.
Otro aspecto muy interesante del informe de Amnistía Internacional se refiere a las víctimas indígenas de la "guerra de la droga", ya que en las zonas remotas en las que viven algunos grupos de pueblos indígenas son usadas también a veces por los traficantes de drogas como rutas de contrabando o para el procesamiento de drogas. Se hace alusión también a la incomprensión de los Estados en cuanto al uso de la hoja de coca para fines religiosos o como parte de su forma de vida tradicional. Las hojas de coca se mascan no sólo para combatir la fatiga, el hambre o la sed, sino también por razones medicinales, pero tienen también una importante función ritual en las ceremonias religiosas indígenas.
El documento no constituye un informe exhaustivo del trabajo de Amnistía Internacional en favor de los pueblos indígenas, ni de la iniciativa de los propios indígenas para alcanzar sus objetivos y proteger sus derechos. Pretende más bien exponer el tipo de abusos perpetrados contra los pueblos indígenas que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años, e ilustrar los esfuerzos de la organización para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y judiciales, las "desapariciones", las detenciones arbitrarias, la tortura, los malos tratos y los juicios injustos contra los indígenas.
Se mencionan violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala y México.
Amnistía Internacional anuncia en el documento que publicará materiales a lo largo de 1992 para llamar la atención sobre sus preocupaciones respecto a las violaciones de derechos humanos sufridas por los pueblos indígenas de América. Para 1992 Amnistía Internacional tiene también la intención de incrementar la difusión de la información acerca de su trabajo para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas de América y proporcionar a estos pueblos más información sobre estos derechos, incluidas las normas internacionales importantes, de ser posible en los idiomas indígenas. La sección chilena de Amnistía Internacional, por ejemplo, ya tiene disponibles esos materiales en lengua mapuche.
Amnistía Internacional, propone diez medidas para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas:
Analizar el grado de cumplimiento en cada país de la normativa internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas. Entre los derechos analizados deben incluirse todos los derechos fundamentales civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Investigar todos los informes de violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas y llevar a los responsables ante los tribunales. No debe tolerarse ningún tipo de impunidad por estos abusos.
Todos los detenidos deben ser llevados sin demora ante un juez, y deben tener acceso regular a abogados, familiares y médicos. Se debe garantizar que todos los presos reciban un trato humano y que se respeten las necesidades específicas de los detenidos indígenas.
Debe proporcionarse protección a las víctimas y a los testigos que testifiquen sobre violaciones de derechos humanos.
Se debe garantizar que las disputas territoriales se resolverán con prontitud y justicia.
Instruir a las fuerzas de seguridad en el sentido de que los derechos humanos básicos deben protegerse en cualquier circunstancia, incluso una situación de conflicto interno o cualquier otro tipo de emergencia nacional.
Impedir la devolución forzada de cualquier persona a un país en el que pudiera correr el riesgo de ser objeto de violaciones graves de derechos humanos.
Conseguir que el material de educación sobre derechos humanos esté disponible en las lenguas indígenas y asegurarse de que los pueblos indígenas conozcan sus derechos.
Consultar a los pueblos indígenas todos los asuntos que afecten a la protección de sus derechos.
Así como tomar medidas para poner fin a la discriminación de los pueblos indígenas, factor clave en las violaciones de sus derechos humanos.