1. El autor del libro lo dedica a la memoria de su padre; relacionándola con el título de la obra afirma "es también mi herencia". Herencia magnífica. Don Jorge Castañeda ha sido uno de los más respetados, conocedores y experimentados personajes de la diplomacia mexicana. Cómo le hacen falta actualmente a México, diplomáticos como él.
2. El libro contiene un caudal único de información sobre la sucesión presidencial mexicana. A partir de ahora, nadie que se ocupe del tema podrá omitir su lectura y su referencia. Mérito del autor es haber logrado que los cuatro ex-presidentes aceptaran ser entrevistados sobre un tema que hasta ahora había sido tabú para ellos, pero también es mérito de los ex-presidentes haber aceptado. La cultura política del secreto y del enmudecimiento en nuestro país está cambiando. La forma y el contenido de sus contestaciones mucho nos dicen a los lectores sobre sus muy diversas personalidades y sus diferentes concepciones políticas así como de su categoría humana; fueron entrevistados únicamente sobre un tema, el que es el objeto de la obra.
Además, es impresionante el número de los personajes políticos cercanos a los procesos sucesorios que también fueron entrevistados y rindieron su testimonio.
Cada quien ha dado su versión y en algunos casos podría ser interesada, lo cual es natural y ello queda claro en algunas contradicciones en las que los entrevistados incurrieron. En consecuencia, el lector tiene que ser cuidadoso y reflexivo para llegar a sus propias conclusiones.
En mi opinión se trata de un libro valioso, polémico y controvertido como lo es su autor. Será un libro que se va a leer y mucho. Hoy ya constituye el Yo Claudio mexicano, de Graves, o Los reyes malditos mestizo, de Druon, pero con una ventaja inmensa: el libro de Castañeda está construido con fuentes directas; entonces, quizá en este aspecto se aproxime más a Los doce césares de Suetonio.
Del año de 1994, voy a referirme a cinco temas que se tratan en el libro y que me tocaron vivirlos de cerca. El que no me refiera a los otros temas de ese año contenidos en el libro no quiere decir que esté de acuerdo con ellos, pero era necesario optar por algunos y así lo he hecho.
3. El primero, la reforma electoral de 1994 y los topes a los gastos de las campañas electorales.
A finales de diciembre de 1993, el Instituto Federal Electoral (IFE) había decidido topes de campaña que a los partidos de oposición les había parecido exhorbitantes y realmente lo eran. El PRD impugnó dicha resolución ante el Tribunal Federal Electoral, órgano que resolvió a mediados de enero de 1994 que, por razones de procedimiento, había que reexaminar esta cuestión para que el tope lo fijara exclusivamente el Consejo General del IFE.
Es decir, se abría a discusión, de nueva cuenta el problema de los topes de campaña. Era obvio que la discusión no se iba a concretar a cuestiones de procedimiento sino al fondo del asunto: el tope de las campañas electorales. El panorama político del país había cambiado con el levantamiento del EZLN en Chiapas. Además, la sentencia fijaba un término para cumplirla: el 31 de enero de 1994.
Dicho asunto vino a agregarse a la negociación que estaba comenzando a realizarse con diversos partidos políticos para que los candidatos presidenciales y los presidentes de los partidos políticos suscribieran un Acuerdo Nacional por la Paz, la Justicia y la Democracia, que sería la base para la negociación de otra reforma electoral, la de 1994.
Durante los días de la negociación de ese documento, sólo se estaba negociando simultaneamente algo concreto: los topes de las campañas electorales; era obvio que resultaba indispensable bajarlos; ni en las campañas presidenciales de los Estados Unidos se gastaban tantos recursos económicos. Entonces, este punto concreto revestía la mayor importancia política: demostrar que sí existía voluntad política para una verdadera y profunda reforma electoral a pesar de lo estrecho del tiempo: la elección se realizaría el 21 de agosto, habría que dialogar, negociar, llegar a acuerdos y después que el Congreso de la Unión los discutiera y, en su caso, los aprobara con las modificaciones que considerara pertinentes. Habría que reestructurar la organización electoral, designar consejeros ciudadanos y nuevos funcionarios, así como crear múltiples sistemas y garantías en un tiempo muy breve para que todo estuviera listo para el 21 de agosto, tal y como se logró.
Todos los partidos, en principio, incluido el PRI estaban de acuerdo en disminuir ese tope, y digo incluido el PRI porque este partido tenía al respecto una situación muy especial: era el único que podía llegar a reunir recursos económicos para alcanzar ese tope. En otras palabras: bajar ese tope sólo afectaba al PRI. En las primeras negociaciones el PRI estuvo de acuerdo en bajar el "coeficiente" de 1.9 a 1; es decir, aceptaba que el coeficiente se redujera casi a la mitad. Lo anterior ya era un buen avance pero completamente insuficiente.
El PAN y el PRD no lo aceptaron aduciendo que aún el coeficiente de 1 era extraordinariamente alto, ambos partidos propusieron un coeficiente de 0.20. Mi objetivo era alcanzar un consenso para fijar un coeficiente de 0.50 que pudiera ser aceptado por todos los partidos políticos.
La negociación de los topes de campaña era muy importante. Si no se lograba un consenso y satisfacción a las legítimas demandas de los partidos de oposición, con las cuales yo estaba de acuerdo, era obvio que peligraba incluso la suscripción del mencionado Acuerdo Nacional y, en consecuencia, que se cancelara o deteriorara la posibilidad de una negociación para una nueva reforma electoral que otorgara certeza y seguridad a todos los partidos de que las elecciones iban a llevarse a cabo con limpieza, transparencia y objetividad. Había que impedir, por el bien de México, el pregonado "choque de trenes" que algunos vaticinaban.
En el transcurso de la negociación, y después de tener la autorización del presidente de la República, prometí a los partidos de oposición que dicho coeficiente no sería mayor del 0.50. En virtud de la posición tan especial que guardaba el PRI en este aspecto y a la cual ya me he referido, también intercambié opiniones con los licenciados Luis Donaldo Colosio -por teléfono- y Fernando Ortiz Arana y ambos me manifestaron su acuerdo. El licenciado Colosio me expresó que los detalles de la negociación los comentara con el licenciado Ortiz Arana.
La sesión del Consejo General del IFE tenía que ser convocada a más tardar para el 31 de enero por la citada sentencia; además había una extrema urgencia para comenzar las negociaciones de la reforma electoral por razones de tiempo. Contemplando los avances del diálogo y la negociación para la suscripción del Acuerdo Nacional y del tope de campaña, se fijó el 27 de enero para la celebración de la sesión del IFE. Yo había sido designado secretario de Gobernación el día 10 de ese mes.
Los partidos pequeños, salvo uno, estaban de acuerdo con el tope que se proponía de 0.50.
En la noche del día 26 de enero, probablemente alrededor de las 23 horas, me volví a reunir con negociadores del PAN para reexaminar el problema del tope de gastos de campaña -a esa hora el documento del Acuerdo Nacional ya estaba firmado por los tres partidos mayoritarios-, recuerdese mi compromiso vigente de que ese tope no sería mayor de un coeficiente del 0.50. Los negociadores del PAN me manifestaron que probablemente ese partido podría votar a favor si el coeficiente del tope de campaña se disminuía a 0.40. Busqué telefónicamente al licenciado Muñoz Ledo para conocer su opinión pero ya no me fue posible encontrarlo. Me comuniqué con el presidente de la República, le expliqué la situación, la entendió muy bien y me autorizó el coeficiente del 0.40. Lo mismo realicé con el licenciado Ortiz Arana quien mostró una gran comprensión al respecto. Entonces, le solicité al licenciado Arturo Núñez que se preparara la propuesta con el coeficiente del 0.40 y que les explicara a los señores consejeros-magistrados, antes de la sesión convocada, el proceso a través del cual se había llegado a dicha cifra. Su actitud fue muy positiva.
Al día siguiente antes de la sesión del Consejo General del IFE hablé con el licenciado Muñoz Ledo quien me manifestó que respetaba el gran esfuerzo que había hecho para reducir ese coeficiente al 0.40 pero que el PRD no podía votar a favor porque ese coeficiente aún era alto y únicamente lo podría alcanzar el PRI. El PAN, al conocer la postura del PRD, decidió no votar a favor de la propuesta aunque también, con honestidad y franqueza, reconoció el esfuerzo realizado. Ninguno de los representantes del PRI en el Consejo del IFE, hasta donde recuerdo, antes o después de la sesión, objetaron ese coeficiente aunque sí me solicitaron que les explicara cómo se había llegado al mismo y los noté muy tranquilos al conocer que el presidente de la República y el presidente de su partido estaban de acuerdo.
La firma del mencionado Acuerdo Nacional y la disminución de ese coeficiente a 0.40 -es decir casi cinco veces menos de lo aprobado en diciembre de 1993 cuando yo no presidía ese Consejo General- permitió crear el ambiente propicio para el diálogo y la negociación que condujo a la reforma electoral de 1994 y que se alcanzó por consenso.
Ciertamente, la noche del 27 de enero cuando la sesión del IFE se había terminado y me encontraba en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, me llamó por teléfono un alto funcionario del PRI para decirme que no estaba de acuerdo, manifestandome sus razones, con el coeficiente de 0.40, que por qué no lo había comentado con él. Le respondí que ese coeficiente ya era la norma legal y que la negociación únicamente la había realizado a nivel de presidentes de los partidos políticos y de candidatos presidenciales, que aunque hubiera querido, el tiempo no me alcanzaba para otros intercambios de opiniones. Hasta donde conozco, nunca volvió a externar una inquietud al respecto.
Varios días después, indirectamente supe que algunos otros funcionarios del PRI -pocos por cierto- y uno de sus representantes ante el Consejo del IFE, manifestaban su descontento con ese coeficiente. Son precisamente los que posteriormente se han envuelto hipócritamente con la bandera democrática, porque si los dos puntos señalados no se hubieran alcanzado, considero que la reforma electoral por consenso no se hubiera logrado y entonces sí -ya fuera por ignorancia, mala o buena fe, ingenuidad o falta de sensibilidad política o por tradiciones políticas- hubieran propiciado ese choque de trenes. He de confesarles que me asombra que uno de quienes así opinaron entonces, con orgullo manifiesta ahora que no estuvo de acuerdo con ese coeficiente de 0.40, porque en el clima actual del país, decididamente a favor de la democracia, sólo muestra la gran cola de dinosaurio que lo adorna y su pésima fe. La verdad me causa pena ajena.
Para la discusión y la aprobación, en su caso, de la reforma electoral pactada, sí se contempló la posibilidad de un periodo extraordinario del Congreso Federal, si terminábamos aquélla antes del siguiente periodo ordinario, y hasta donde recuerdo ello no aconteció. Negociabamos hasta 16 horas diarias y para el 21 de marzo ya teníamos consensuada alrededor del 70% de la misma. En menos de dos meses ello se había logrado. Después del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, las negociaciones se suspendieron por casi un mes.
4. Segundo tema. Consumado el asesinato del licenciado Colosio, se contempló la posibilidad de reformar el artículo 82 constitucional para ampliar el número de personajes que pudieran lograr la candidatura presidencial del PRI.
Como sabemos, dicho artículo señala los requisitos que es necesario satisfacer para ser presidente de la República, y la fracción VI es de carácter negativo: no ser miembro del gabinete presidencial, subsecretario de Estado ni gobernador de algún estado, a menos de que se separen de su puesto seis meses antes del día de la elección.
Le manifesté al presidente de la República que no estaba de acuerdo con dicha posibilidad por tres razones: México es un país, que a pesar de sus problemas, se ha venido institucionalizando y una reforma constitucional ad hominen era retroceder grandemente en nuestra evolución política, que las reglas jurídicas del juego y más las de carácter constitucional no se deben cambiar ya iniciado un proceso para favorecer a una persona y que veía muy difícil que los partidos de oposición pudieran estar de acuerdo con una reforma constitucional que sólo beneficiara al PRI, que la reforma electoral la estamos alcanzando por consenso.
El presidente me indicó que auscultara al PAN y al PRD y que él a su vez realizaría otras auscultaciones. Así lo hice y ambos partidos manifestaron que no votarían a favor de una propuesta de tal naturaleza. A su vez, el presidente recogió una corriente de opinión muy fuerte dentro del PRI -gobernadores, legislaturas locales y legisladores federales- que tampoco estaba de acuerdo con esa posibilidad, por lo cual la misma quedó descartada. También auscultó al PAN. Recuerdese que el PRI no contaba en el Congreso de la Unión con los votos suficientes para una reforma constitucional.
No recuerdo que en la Secretaría de Gobernación se haya redactado un proyecto de artículo transitorio al respecto. Ello iba contra mis ideas; quedé tranquilo ante la imposibilidad jurídica y política de esa opción, y me percaté que el presidente Salinas también ya estaba completamente convencido al respecto. El me aclaró que ante una situación tan difícil como aquella que se estaba viviendo, ninguna posibilidad podía descartarse sin antes haber sido examinada.
5. Tercer tema relacionado con el anterior. Veinticuatro horas después de lo anteriormente relatado, y no se quien se lo habrá sugerido al licenciado Salinas, éste me solicitó que examinaramos juntos la posibilidad de recorrer la fecha de la elección para poder superar el impedimento de la fracción VI del artículo 82 constitucional. Dicha posibilidad tenía la ventaja de que no implicaba reforma de la ley fundamental y el PRI contaba con los votos para ello. Le manifesté que, al respecto, contemplaba muchos inconvenientes: el mismo argumento contra la reforma ad hominen, el desconocimiento de los plazos que manda la ley para calificar las elecciones, la oposición de los partidos políticos, incluida una corriente del PRI, como él me había comentado, y que el esfuerzo que se estaba realizando por elecciones legales, transparentes, limpias e imparciales se vendría al suelo al demostrarse preferencia por un partido político, ya que -le cuestioné- de haberse asesinado a un candidato de oposición ¿se plantearía la posibilidad de posponer las elecciones? El presidente Salinas me dijo que estaba convencido de mis argumentos y no se volvió a hablar de este asunto. Meses después escuché comentarios y chismes al respecto, los que he recordado al leer este libro. Son los tiempos que vivimos. Las épocas críticas tienen, entre otras, una ventaja: se conoce realmente la naturaleza de las personas; algunas, sin ninguna necesidad, enseñan el cobre en vistosos streap-teases.
6. Cuarto tema. El ex-presidente Salinas se refiere a lo traumático que resultó para él, en lo personal y en lo institucional, el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio. Jorge Castañeda escribe que:
La primera (se refiere a la auscultación para el segundo destape de 1994) descansa en un hecho en apariencia incontrovertible, que figura, en todas las versiones asequibles, incluso de fuentes desprovistas hoy de cualquier afecto, respeto o miedo por Carlos Salinas: se encontraba deshecho desde la noche del asesinato, y por lo menos hasta los primeros días de la semana siguiente.
En esos días vi con frecuencia al ex-presidente y fui testigo de su gran abatimiento y dolor por ese trágico acontecimiento, y desde entonces he tenido la impresión de que ese ánimo influyó en buena medida en la forma y solución del segundo destape de 1994.
7. Quinto tema. La decisión sobre la segunda sucesión del licenciado Salinas se aceleró en virtud de que éste sintió que existían grupos dentro del PRI que querían imponer un candidato, como ejemplos se pueden citar: el caso de la "conspiración de los faxes" o algunas personas cercanas a Luis Donaldo Colosio que deseaban que la señora Diana Laura Rojas hiciera la proposición. Doña Diana Laura, con gran inteligencia, no aceptó esa sugerencia; no se dejó manipular.
Para esa segunda sucesión se mencionaron muchos nombres pero, una vez que era claro que no habría reforma constitucional ni legal al respecto, quedaron únicamente tres: Fernando Ortiz Arana, Francisco Rojas y Ernesto Zedillo. La decisión realmente estuvo entre los dos últimos. Jorge Castañeda señala una serie de razones por las cuales el ex-presidente Salinas se inclinó por el doctor Zedillo. De todas ellas, considero que la que pesó más en el ánimo del licenciado Salinas fue que el doctor Zedillo era quien mejor aseguraba la continuación del programa económico y en este punto específico a todo México le consta que no se equivocó.
En la entrevista a Carlos Salinas éste admite que los argumentos que el doctor José Córdoba le dio al respecto "fueron convincentes y oportunos". Jorge Castañeda nos dice que varias de las fuentes que consultó concluyen que el factótum en esos días fue el doctor Córdoba. Yo tengo esa misma impresión.