Doctor Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas;
Señores investigador y maestro eméritos, así como presidentes honorarios del Comité Organizador del Congreso, don Héctor Fix-Zamudio y don Ignacio Burgoa;
Señores miembros del Presidium;
Señores ponentes, conferencistas y congresistas;
Señoras y señores académicos, compañeros universitarios;
Señoras y señores:
Este IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional se celebra en momentos muy oportunos, cuando en nuestro país se examinan los más variados temas de esta disciplina jurídica y cuando se presentan en la realidad cuestiones constitucionales inéditas que deben y tienen que resolverse de acuerdo con los cauces que señala la ley fundamental.
El temario del Congreso es amplio y abarca las grandes inquietudes constitucionales que se discuten en nuestros días desde las más diversas perspectivas: la legislativa, la judicial, la ejecutiva, la partidista, la estadual y la académica. Estoy seguro de que las ponencias, las comunicaciones y el intercambio de ideas que se realizarán en este gran foro del pensamiento, contribuirán al aná-
lisis sereno, objetivo, imparcial y profundo de los más diversos aspectos constitucionales.
Este Congreso se inaugura un día después del octagésimo cuarto aniversario de la promulgación de nuestra carta de Querétaro. En consecuencia, es también un homenaje a la ley suprema que ha regido al país por más de ocho décadas y que lo ha conducido a través de enormes y profundas transformaciones.
Piénsese qué tan diverso es el México actual respecto del de 1917 o 1930, 1940, 1950, 1960 o 1970. Piénsese en el número de habitantes del país en aquellos años con respecto a los de hoy, en las diferencias de entonces y ahora en el nivel educativo, prestaciones sociales, infraestructura económica, desarrollo político, movilidad social y tolerancia. Mucho se ha avanzado. El camino que todavía queda por recorrer es extraordinariamente largo.
La Constitución de 1917 es la síntesis de nuestra evolución política y de nuestro desarrollo social; recoge lo mejor de sus antecesoras de 1824 y de 1857, y a lo largo del siglo XX se ha venido actualizando -a veces no sin superar grandes obstáculos- con nuestra realidad, nuestros anhelos y de acuerdo con las instituciones jurídico-políticas más avanzadas en el consorcio internacional. No obstante, la tesis más importante de nuestra Constitución es todavía un ideal: la justicia social, ya que el problema más grave que el país padece es la injuriante desigualdad social que tiene sometidos a muchos millones de mexicanos en la pobreza extrema frente a una insultante concentración de la riqueza por parte de una minoría.
Ciertamente, la Constitución ha sufrido cientos de reformas. Las ha habido de toda naturaleza: desde las indispensables hasta las retrógradas, pasando por las necesarias, las adecuadas y las superfluas. No existe duda alguna de que en múltiples ocasiones no se debió haber alterado la norma suprema. Sin embargo, una Constitución cambia, y cambia de acuerdo con las alteraciones de la realidad. En México, la reforma ha tenido hasta ahora -aunque parece que la situación comienza a modificarse- primacía sobre la interpretación constitucional, debido a lo escuálido de ésta durante largos periodos o a su inexistencia. Luego, la Constitución tenía que reformarse y se reformó, era necesario que se actualizara y se actualizó; que en este ejercicio ¿se cometieron errores?, nadie lo puede negar.
La Constitución mexicana de 1917 ha sido y es una buena Constitución; recoge y estructura una organización política al servicio del ser humano y de su dignidad, asegura la vigencia y defensa de los derechos humanos en sus diversos aspectos: el individual, el social y el solidario.
Los mexicanos hemos sufrido graves problemas como la concentración del poder, la presencia de un sistema de partido hegemónico, violaciones a los derechos humanos, la existencia de decenas de millones de mexicanos sin un nivel de vida decoroso, concentración desmesurada de la riqueza, corrupción, impunidad, inseguridad y desvíos en la impartición de la justicia.
Algunas personas pretenden imputar dichos problemas a la Constitución, lo cual es incorrecto y alejado de la verdad. Las normas constitucionales son enemigas de dichas aberraciones y constituyen instrumentos valiosos para superarlas.
No se puede atribuir a la ley suprema los problemas y vicios de la realidad política y social que existen, los cuales se han expandido precisamente por la inaplicación de la norma y por la falta de respeto al Estado de derecho. Ni en México ni en ninguna parte del mundo dichos problemas se superan exclusivamente con el cambio de la ley sino con la aplicación de la norma adecuada porque, en caso contrario, se puede repetir la situación que México ya vivió en el siglo XIX: la constante alternancia de Constituciones, al creer ingenuamente que la expedición de una nueva resolvería los problemas en forma mágica.
Pues bien, desde hace algunos años se discuten diversas y posibles reformas constitucionales, a veces sin saber qué es lo que se persigue, qué es exactamente lo que se quiere reformar e ignorando nuestra evolución política; incluso se habla de la necesidad de crear una nueva Constitución.
No existe ninguna institución ni norma que sea inmutable, no la puede haber. El orden jurídico es, por naturaleza, dinámico, cambiante y debe colocarse a la vanguardia de las ideas protectoras del ser humano y de sus relaciones sociales.
El quid de la cuestión se encuentra en si la creación de una nueva Constitución sería conveniente para avanzar y perfeccionar nuestro sistema e instituciones políticas. Desde el punto de vista académico he señalado argumentos que me llevan a contestar negativamente esa pregunta, cuando menos en el futuro inmediato.
Pero ésta no es una cuestión académica, sino política y social. México tendrá una nueva Constitución cuando así lo decidan, por consenso, las grandes fuerzas sociales y políticas, y así lo ratifique el pueblo a través de un referendo.
Para que pueda existir una nueva Constitución sería necesario, primero, que los tres partidos políticos más importantes se pusieran de acuerdo sobre cuáles son los grandes principios político-jurídi-cos de la actual Constitución que deben subsistir, cuáles deben ser modificados y sustituidos, cómo se modificarían y con qué principios se sustituirían, y además qué nuevas instituciones se crearían; segundo, que las principales organizaciones sociales estén de acuerdo con ese consenso político alcanzado -no estoy pensando en unanimidad sino en consenso-, y tercero, la indispensable ratificación del pueblo, como ya expresé, a través de un referendo.
En nuestros días las Constituciones cambian como resultado de un movimiento revolucionario o violento o a través de un pacto político-social. La mayoría de las Constituciones de las últimas décadas son, precisamente, el resultado de un pacto entre las grandes fuerzas políticas de un país. La clave es el consenso, y cuando éste se alcanza, para bien o para mal, nada ni nadie puede obstaculizar el cambio del orden jurídico.
En el México de hoy y en el de los próximos años, los argumentos académicos en favor o en contra de crear una nueva Constitución son útiles y pueden resultar provechosos para la reflexión y el análisis de los dirigentes de los diversos partidos políticos y de la sociedad en general, pero la clave es, reitero, el consenso.
Enfatizo la noción de consenso porque, incluso si se cumpliera con el procedimiento de reforma establecido en el artículo 135 constitucional con la finalidad de crear una nueva Constitución, lo anterior no sería suficiente. Si dos partidos políticos concuerdan en los grandes principios que conformarían una nueva Constitución y obtuvieran las votaciones que señala ese artículo 135, ello sería insuficiente, porque para alcanzar el consenso sería indispensable contar con la voluntad del tercer gran partido.
Respecto a nuestra Constitución, todos vamos aprendiendo a conocerla y a comprenderla mejor, a contemplar con claridad cuáles son realmente sus dificultades y cuáles son las de la realidad político-social. En este aspecto tan delicado es inadmisible cometer una equivocación terrible y proporcionar la medicina a la persona sana y no al vecino, que es quien la necesita.
Si no se logra el consenso, no deberá crearse una nueva Constitución. Aquí es donde me asalta una preocupación: que en aras de alcanzar tal consenso, en nuestras condiciones y circunstancias actuales, vayamos a dar pasos hacia atrás en la evolución jurídica, política y social de México.
Contemplemos cómo la Constitución de 1917, sin ninguna reforma, a partir de las elecciones del 2 de julio y la instalación del nuevo Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 2000, funciona en forma diferente, como siempre lo debió haber realizado: con un sistema de partidos y no con uno hegemónico; el Congreso, ejerciendo las atribuciones que le corresponden, especialmente "el poder de la bolsa"; y la rama judicial federal, fortaleciéndose con resoluciones trascendentes e impactantes. Del poder concentrado -que nunca ha tenido respaldo constitucional- se comienza a transitar al poder dividido y equilibrado que es el mecanismo que nuestra ley fundamental establece.
¡Qué paradoja la nuestra! cuando la Constitución ha comen-zado a regir realmente nuestros procesos políticos, se la quiere sustituir.
Desde luego que no estoy a favor de la intangibilidad e inmutabilidad de nuestra Constitución actual, hay aspectos que sí deben actualizarse y mejorarse, pero hay que analizar con conocimientos y equilibrio qué queremos cambiar, por qué y para qué. En este camino se han realizado ya varios ejercicios. Las ponencias y discusiones de este Congreso mucho pueden auxiliar en este cometido. En lo particular, he expuesto en un ensayo las reformas que propongo y en esta ceremonia no insistiré en ellas.
No obstante, recuerdo tres ideas: no es conveniente reformar la ley fundamental cuando no resulta indispensable. La alteración de los principios básicos del orden jurídico sólo debe realizarse a través de referendos; es necesario que en la actualización de la ley suprema juegue un papel más importante la interpretación constitucional, lo cual contemplo posible por el papel que ya está desempeñando nuestra Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional y, tercera, que se pueda crear una "Comisión de Estilo" del Congreso de la Unión, la cual, junto con especialistas, revisen el articulado de nuestra ley fundamental para uniformar la terminología, revisar aparentes contradicciones y superar frases gramaticales imprecisas. Esta labor se concretaría en un proyecto que tendría que respetar todos los procedimientos y las fases que señala el artículo 135 constitucional.
¡Que hermoso y apasionante es el derecho constitucional! Es la disciplina que por antonomasia defiende nuestra dignidad humana y nos permite vivir en paz dentro del consorcio social, con libertades y en un plano de igualdad entre los iguales, a su vez que protege a los desiguales para que puedan tener las mismas oportunidades y derechos que todos los iguales.
Nos esperan días de fiesta al escuchar las ponencias y las comunicaciones; habremos todos de meditar las ideas y las proposiciones; todos juntos podemos contribuir a tener una norma, una exis-tencia y una realidad constitucionales mejores, a la altura que merecen los habitantes de este gran país.
A ochenta y cuatro años de la promulgación de nuestra Constitución en el venerable e insigne teatro de Querétaro, le rindo un fervoroso homenaje, porque esa norma ha sido especialmente trascendente para la vida de la nación; pero el homenaje más grande, sincero e importante que todos y cada uno de los mexicanos le podemos tributar consiste en hacer nuestra su tesis máxima, su postulado principal: la realización de la justicia social, y sembrar esta idea en nuestras mentes y en nuestros corazones como el motor y el ser de nuestras acciones, para que así logremos que, a su vez, las acciones de nuestros gobiernos, instituciones y organizaciones sean regidas y dirigidas a alcanzar y actualizar la justicia social en nuestro país. La justicia social deberá ser la estrella polar que guíe a México y a los mexicanos. Este es el único homenaje real que podemos brindar a esa antigua y renovada Constitución de 1917, a esa norma que es la sangre, la médula, los huesos, los músculos y el cerebro de esta nación nuestra.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.