Observatorio electoral
Revista Mexicana de Derecho Electoral, 13(24), enero-junio de 2026, e20745
e-ISSN: 2448-7910 DOI: https://doi.org/10.22201/iij.24487910e.2026.24.20745
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Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
Elecciones bolivianas 2025: integridad, resiliencia y cambios estructurales en el bicentenario de la Independencia
Bolivian Elections 2025: Integrity, Resilience and Structural Changes in the Bicentennial of Independence
Celso de Oliveira Santos
Universidad del Estado de Río de Janeiro
Brasil
Resumen: Las elecciones generales bolivianas de 2025 representaron un punto de inflexión histórico al realizarse, por primera vez, una segunda vuelta presidencial que condujo a la alternancia pacífica del poder. Este artículo evalúa el proceso electoral de acuerdo a los criterios de integridad electoral, entendida como la correspondencia entre las normas democráticas y la administración profesional, imparcial y transparente del ciclo electoral. Los hallazgos evidencian un fortalecimiento institucional significativo del Tribunal Supremo Electoral, que resistió presiones políticas, intentos de deslegitimación y campañas de desinformación basadas en inteligencia artificial. El estudio demuestra avances sustantivos respecto a la crisis de 2019: el sistema de resultados preliminares funcionó sin interrupciones, la observación nacional e internacional validó el proceso y la ciudadanía participó masivamente (más del 85 %). Sin embargo, persisten desafíos vinculados a la regulación de la desinformación digital, la protección jurídica de la autoridad electoral y la inclusión efectiva de la agenda indígena. En conjunto, el proceso de 2025 confirma que la integridad electoral depende no solo de la corrección técnica, sino también de la resiliencia institucional y de la confianza pública.
Palabras clave: elecciones; integridad electoral; órganos electorales; Bolivia.
Abstract: Bolivia’s 2025 general elections marked a historic milestone as the country held its first presidential runoff, resulting in a peaceful transfer of power. This study assesses the process through the lens of electoral integrity, defined as conformity between democratic norms and the professional, impartial, and transparent administration of the electoral cycle. Findings reveal significant institutional strengthening of the Supreme Electoral Tribunal, which withstood political pressures, disinformation campaigns driven by artificial intelligence, and attempts to undermine its legitimacy. Compared with the 2019 electoral crisis, notable improvements were achieved: the preliminary results system operated without interruptions, both national and international observers validated the process, and voter turnout exceeded 85 %. Nonetheless, persistent challenges include the regulation of digital disinformation, the legal protection of the electoral authority, and the substantive inclusion of Indigenous political agendas. Overall, the 2025 elections demonstrate that electoral integrity depends not only on technical accuracy but also on institutional resilience and public trust.
Keywords: elections; electoral integrity; electoral bodies; Bolivia.
I. Introducción1
Las elecciones generales de Bolivia de 2025 se desarrollaron en un contexto marcado por la memoria reciente de la crisis electoral de 2019, cuando el Análisis de Integridad Electoral de la Organización de los Estados Americanos (oea) identificó, entre otras irregularidades, la manipulación del sistema de transmisión de resultados preliminares (oea, 2019). Este antecedente vuelve relevante la evaluación del proceso de 2025 bajo criterios de integridad electoral, entendida como la conformidad del ciclo electoral con normas democráticas universales y su administración profesional, imparcial y transparente (Freidenberg, 2017; Norris, 2014; Elklit, 2012).
El proceso electoral se desarrolló en dos vueltas: el 17 de agosto y el 19 de octubre. La ciudadanía eligió a la fórmula presidencial, 130 personas legisladoras y 36 personas senadoras para el periodo 2025-2030. Podían participar 7.3 millones de votantes habilitados, registrando niveles de participación superiores al 85 % en ambas vueltas, según el Tribunal Supremo Electoral (tse) de Bolivia.
La elección se desarrolló en un año de profunda crisis económica y escasez de dólares y combustibles.2 Este estudio tiene como objetivo comprender, a pesar de haber enfrentado presiones,3 si el tse mantuvo la integridad del proceso electoral y si ha demostrado fortalecimiento institucional desde 2019.
II. Antecedentes
1. Fortalecimiento institucional del Órgano Electoral Plurinacional
El Informe Final del Análisis de Integridad Electoral de la oea sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019 identificó irregularidades graves en el proceso. Primero, la interrupción del sistema de transmisión de resultados preliminares (trep) al 83.85 % del conteo. Segundo, se detectaron problemas en la cadena de custodia de las actas. Tercero, se identificó que operaban dos servidores no declarados —fuera del control de la empresa auditora y del órgano electoral— que almacenaban bases de datos y aplicaciones electorales. El Informe concluyó entonces que existía una estructura informática oculta diseñada para modificar resultados electorales y eliminar rastros de esta actividad y que las personas responsables evadieron deliberadamente los controles de la empresa auditora y redirigieron el tráfico de datos hacia una red fuera del dominio del tse (oea, 2019, pp. 4-8).
En ese Informe se documentaron alteraciones en actas electorales, falsificaciones de firmas de jurados y manipulación sistemática de diferentes aristas del proceso. Más del 5 % de las imágenes de las actas del trep pasaron directamente al cómputo oficial, lo que comprometió la credibilidad de este último. Asimismo, el margen de victoria en primera vuelta fue calificado como “mínimo” en comparación con el volumen de manipulaciones detectadas. En ese sentido, la oea concluyó que resultaba imposible validar los resultados de la elección de octubre de 2019 (oea, 2019, pp. 67-89). Sin embargo, meses más tarde, un estudio conducido por el Center for Economic and Policy Research (cepr) cuestionó estos hallazgos. Utilizando análisis estadísticos y las mismas premisas metodológicas que confirmaron el fracaso electoral venezolano de 2024 se concluyó que los hallazgos de la Misión de Observación Electoral de la oea (moe/oea) fueron insuficientes para calificar la elección como de “fraudulenta” (cepr, 2020, pp. 79-80).
La radicalización de las protestas y de la violencia tras la divulgación de un resultado favorable a la candidatura de Evo Morales, asociada al ambiente de amplia desconfianza respaldado por la acusación de fraude por parte del secretario general de la oea y los relatos de múltiples actores locales e internacionales respecto a la interrupción de la transmisión de los resultados, produjo un motín policial y una insubordinación militar que se sumaron a los graves episodios de violencia política,4 llevando a que Morales, por sugerencia de las Fuerzas Armadas, presentara una carta de renuncia y dejara posteriormente el país (Mayorga Ugarte, 2020, p. 8).
El escenario desencadenó una crisis política que derivó en la renuncia de todas las personas en la línea de sucesión constitucional. Esto condujo al establecimiento de un gobierno de transición y evidenció la necesidad de reconstruir institucionalmente el sistema electoral. El órgano electoral también quedó acéfalo tras la renuncia y destitución de sus vocales.
Sin embargo, en el siguiente proceso electoral —retrasado para octubre de 2020— el tse demostró capacidad de resiliencia institucional.5 Bajo la recomposición de sus vocales y la presidencia de Salvador Romero Ballivián, el tse organizó elecciones que se valoraron positivamente y se desarrollaron con normalidad y transparencia. Esto fue corroborado por las organizaciones que realizaron observación electoral en esa oportunidad, como la oea, la Unión Europea y el Parlamento del mercosur.6
Las reformas electorales implementadas entre 2019 y 2020 incluyeron el fortalecimiento de protocolos de seguridad informática, mayor transparencia en la arquitectura de sistemas, auditorías externas independientes y la eliminación de accesos remotos no autorizados, lecciones que fueron incorporadas en el diseño técnico del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (sirepre) utilizado en 2025, bajo la presidencia de Óscar Hassenteufel, quien sirvió como vocal en la elección anterior.
2. Ataques a la autoridad electoral en 2025: una prueba más de resiliencia institucional
El 6 de julio, el tse emitió un comunicado oficial en el que denunció “ataques sistemáticos” contra la autoridad electoral, en referencia a episodios de violencia ocurridos en mayo de ese año, que incluyeron un intento de asalto a la sede del tse y amenazas contra los vocales y sus familias. El proceso enfrentó además 16 acciones constitucionales vinculadas con las elecciones y presentadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), bien sea para suspender o retrasar el proceso, impugnar la habilitación de candidaturas o cuestionar las resoluciones del tse.
La elevada litigiosidad evidenció tanto la conflictividad del proceso electoral como algunas fragilidades del sistema judicial. En enero de 2025, el tco y el tse alcanzaron un acuerdo institucional orientado a evitar que las disputas jurisdiccionales afectasen el calendario de los comicios. En esa oportunidad, la moe/oea documentó, con datos reunidos con la colaboración de las organizaciones “Verifica Bolivia” y “Chequea Bolivia”, una campaña masiva de desinformación que utilizó la inteligencia artificial para crear fotomontajes y comunicados falsos atribuidos al órgano electoral.7
En septiembre del mismo año, ya durante la segunda vuelta presidencial, el senador Pedro Benjamín Vargas (mas), argumentando una “pérdida de confianza”, propuso suspender a los vocales del tse temporalmente y prorrogar el mandato constitucional hasta 2025.8 La iniciativa fue interpretada como un intento por prorrogar el mandato gubernamental. Sin obtener el apoyo necesario, el proyecto fue retirado en octubre por su proponente. De manera paralela, ya se encontraba aprobado por el Senado —y en proceso de discusión en la Cámara de Diputados— el Proyecto de Ley pl-cs-213/2024-2025, que establece cambios en el nombramiento de los vocales del tse entre los que se destacan: la realización de una convocatoria pública abierta, la introducción de la exigencia de formación académica y experiencia profesional, la aplicación de pruebas de conocimiento, la aprobación de los nombramientos por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la garantía de paridad de género e inclusión en las designaciones.
A pesar de estas presiones, el tse mantuvo el proceso electoral sin ceder a los desafíos que le llegaron desde diferentes actores políticos y sociales. El órgano electoral cumplió estrictamente el calendario establecido y emitió comunicados transparentes para contrarrestar los casos de desinformación. Sin embargo, la experiencia de esta elección alerta sobre la necesidad de más protección legal para las autoridades electorales frente a los diversos intentos de desestabilización política.
III. Candidaturas, partidos políticos y coaliciones
1. Sistema electoral y sistema de partidos
El sistema electoral boliviano combina mecanismos de democracia representativa, comunitaria y directa, lo que refleja el carácter plurinacional del Estado. Para la elección presidencial se utiliza un sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta. Las candidaturas deben obtener más del 50 % de los votos válidos o al menos el 40 % con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. Si ninguna alcanza estos umbrales, se convoca una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas en un plazo de 60 días, lo que ocurrió por primera vez en este proceso electoral.
En el ámbito legislativo, la Cámara de Senadores se compone de 36 miembros —cuatro por departamento— elegidos mediante un sistema proporcional que se aplica sobre votos presidenciales. La Cámara de Diputados se integra mediante un sistema mixto de 130 escaños: 70 uninominales elegidos por mayoría simple, 53 escaños plurinominales elegidos por representación proporcional departamental, y 7 escaños especiales reservados para los pueblos indígenas, originarios y campesinos.
Con la Ley 1779 de 1997 Bolivia fue pionera en América Latina en materia de género. Esta ley establecía un mínimo del 30 % de representación de mujeres en las listas de candidatos, y luego evolucionó hacia la Ley 026 de 2010, que estableció la obligatoriedad de incluir el 50 % de mujeres en todas las listas electorales con alternancia estricta tanto en las candidaturas titulares como en las suplentes (Archenti y Albaine, 2013). Además, el registro de candidaturas exige un certificado del Sistema de Prevención del Acoso Político (sippase) que verifica la ausencia de sentencias por violencia de género en las personas candidatas. Esta medida se basa en la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que introdujo restricciones específicas para las personas candidatas con antecedentes relacionados al ejercicio de la violencia de género.
El sistema de partidos boliviano experimentó una transformación profunda a partir de 2005, cuando se inició la construcción de la hegemonía del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (mas-ipsp). Aunque las elecciones de 2020 aparentaron consolidar la continuidad del proyecto político; en la práctica, la hegemonía del mas ha ido disminuyendo en ambas cámaras legislativas.
2. Inhabilitaciones y controversias en el acceso a la competencia electoral
El acceso efectivo a la competencia electoral fue tema de controversias que ilustran las tensiones entre Estado de derecho y derechos políticos. La sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó la inhabilitación de la candidatura presidencial de Evo Morales argumentando que había cumplido más de dos mandatos consecutivos, conforme con la interpretación de la normativa constitucional vigente. Esta decisión eliminó de la competencia a la principal figura política de la izquierda boliviana de las últimas décadas. Sectores afines al expresidente denunciaron esta inhabilitación como un caso de lawfare o judicialización de política, mientras que otros actores políticos la interpretaron como una aplicación legítima de los límites constitucionales a la reelección.9
A diferencia de otras controversias regionales sobre inhabilitaciones de liderazgos políticos, en este caso existía certeza jurídica sobre la inviabilidad de la candidatura de Morales antes del proceso electoral. Tres resoluciones respaldan esta interpretación: la Sentencia Constitucional Plurinacional 1010/2023, el Auto Constitucional Plurinacional 0083/2024 y la Opinión Consultiva oc-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas contrarias a la posibilidad del ejercicio de más que dos mandatos presidenciales así como también la reelección indefinida.
3. Representación indígena: avances y áreas de oportunidad
Las elecciones de 2025 consolidaron avances normativos en la representación indígena mediante el establecimiento de circunscripciones especiales para candidaturas de pueblos indígenas, originarios y campesinos (ioc), distribuidas en siete departamentos. Un total de 65 candidatos y candidatas indígenas se postularon, lo que evidenció el interés de los pueblos por acceder a una mayor representación en la Asamblea Legislativa.
En términos de innovación institucional, la Organización Indígena Chiquitana (oich) logró habilitarse como agrupación política, constituyendo la primera vez que pueblos indígenas postularon directamente sin intermediación partidaria. Sin embargo, el avance normativo contrastó con la invisibilización de la agenda indígena en la campaña presidencial. Organizaciones como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (cidob), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (cipca) y la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas (contiocap) denunciaron la ausencia de propuestas de políticas concretas sobre los territorios indígenas, los derechos colectivos y la protección del Amazonas en los programas y discursos de las principales candidaturas a la Presidencia de Bolivia, concentrados en temas económicos urbanos. Aunque, según el Censo de Población y Vivienda de 2024, el 38.7 % de la población boliviana se identifica como indígena, el predominio de las agendas religiosas cristianas entre las candidaturas principales evidenció otra dimensión de esta exclusión de las demandas históricas de los pueblos originarios.
La brecha entre avance normativo y representación sustantiva muestra los límites de las reformas institucionales cuando estas no se acompañan de transformaciones en la dinámica de la competencia electoral que permitan visibilizar y priorizar las demandas de los grupos subrepresentados.
4. Candidaturas presidenciales
Rodrigo Paz Pereira, senador por Tarija, representó al Partido Demócrata Cristiano y se posicionó en el centro-derecha del espectro político. Sus propuestas centrales incluyeron la descentralización radical mediante la distribución 50-50 de los recursos entre el gobierno central y las regiones y una economía sin endeudamiento externo mediante el rechazo a los préstamos del Fondo Monetario Internacional (fmi). Ninguna encuesta preelectoral lo colocaba como favorito, por lo que se posicionó como la figura sorpresa del proceso electoral.10
Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez, expresidente de la República durante el periodo 2001-2002, lideró la alianza “Libertad y Democracia”, la cual representaba a la derecha liberal conservadora. Su plataforma incluyó la generación de 750,000 empleos en cinco años, el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos e Israel, el recorte del gasto público y la eliminación selectiva de subsidios a combustibles. Pese a posicionarse como el favorito en las encuestas, su segunda ubicación en la primera vuelta lo obligó a disputar el balotaje.
La otra candidatura a que las encuestas colocaban consistentemente como favorita era la de Samuel Doria Medina, empresario y candidato recurrente en procesos anteriores, quien fue designado como candidato de la “Alianza Unidad”, un bloque opositor conformado por los partidos creemos y Frente de Unidad Nacional. Sin embargo, obtuvo el tercer lugar con 19.86 % de los votos y respaldó a Paz Pereira, lo que impulsó su victoria en la segunda vuelta. Para 2025, el mas enfrentó una profunda fragmentación interna entre facciones que disputaban el liderazgo, resultando en la selección de Andrónico Rodrígues como candidato del partido. Adicionalmente, la renuncia de Luis Arce a su candidatura presidencial, en mayo, en un contexto de bajos índices de popularidad producto de la crisis económica, contribuyó a la reconfiguración del escenario político. Estas decisiones agravaron la fragmentación tanto del mas-ipsp como del campo de la izquierda progresista y constituyeron un factor determinante para el fin de la hegemonía establecida desde 2005.
Las candidaturas de izquierda, fragmentadas, obtuvieron resultados marginales: sumaron aproximadamente el 13 % de los votos válidos, lo que marcó una reconfiguración completa del sistema de partidos boliviano, en comparación con niveles históricos de respaldo superiores al 50 % en las últimas dos décadas.
IV. Campaña electoral
1. Estrategias generales de campaña, acceso a medios y debates presidenciales
La campaña electoral de 2025 combinó la movilización territorial tradicional con el uso intensivo de medios digitales. Las principales candidaturas visitaron los nueve departamentos del país durante la campaña, cumpliendo el imperativo de presencia territorial en un país de geografía compleja, sin dejar de lado las estrategias digitales, que en estos comicios adquirieron una relevancia destacada a partir del uso intensivo de redes sociales para conectar especialmente con electorados jóvenes urbanos.
El retorno de los debates presidenciales, desde los comicios de 2020, se consolidó en 2025. Se realizaron tres debates en la primera vuelta: el 6 de julio con cinco candidatos, seguido por un segundo, el 20 de julio, y un debate oficial, organizado por el tse en alianza con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (cepb) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (anpb), el 1 de agosto, con ocho candidaturas presentes. Para la segunda vuelta el debate se realizó el 12 de octubre y abordó seis ejes temáticos: economía, políticas sociales, justicia, salud y educación, hidrocarburos y litio, y agricultura y turismo. Si bien permitieron un ambiente de confrontación de ideas, los debates también incluyeron ataques y acusaciones mutuas, evidencia de una superficialidad programática.
En cuanto a los temas sustantivos, la economía dominó la agenda de campaña con propuestas que contemplaban desde la eliminación de subsidios y apertura al fmi hasta el mantenimiento del modelo económico vigente sin ajuste estructural.
2. Violencia electoral y seguridad de las candidaturas
El proceso electoral de 2025 registró incidentes puntuales de violencia que evidenciaron tensiones sociales aunque no comprometieron la integridad general del proceso. El 17 de agosto, día de la primera vuelta, se registraron dos eventos relevantes. Primero, el candidato Andrónico Rodríguez sufrió un ataque con piedras en la ciudad de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, mientras realizaba actividades de campaña (moe/oea, 2025a, p. 3). Segundo, se detonó un artefacto explosivo en un recinto electoral, aunque sin causar heridos ni afectar el desarrollo de la votación. Las autoridades reportaron 26 arrestos por delitos relacionados con explosivos y vinculados al proceso electoral (Ministerio de Gobierno de Bolivia, 2025).
Entre mayo y septiembre, el tse y sus vocales fueron objeto de amenazas que incluyeron el uso de explosivos, piedras y gases de efecto moral en manifestaciones.11 Estos ataques constituyeron una forma de violencia institucional destinada a desestabilizar el proceso electoral. En contraste con la violencia poselectoral de 2019, que derivó en un conflicto social con decenas de víctimas fatales, los comicios de 2025 exhibieron niveles de violencia significativamente menores. Sin embargo, persiste la necesidad de establecer protocolos de seguridad reforzados para candidaturas y autoridades electorales, a fin de garantizar el ejercicio de derechos políticos libre de intimidación.
3. Desinformación digital: desafío emergente para integridad electoral
La desinformación digital constituyó el desafío más grave para la percepción de integridad electoral en 2025, siguiendo una tendencia regional y global. Este fenómeno evidenció las dificultades que tienen los órganos de administración electoral para manejar el equilibrio necesario entre el control de los contenidos electorales y la libertad de expresión (Maitret Hernández, 2025).12 A estas dificultades se suma la escasa regulación de la materia en el ecosistema de integridad electoral boliviano y, en muchos casos, la falta de potestad para actuar ante este desafío cuando involucra a candidaturas, partidos y plataformas digitales.
En este contexto, la sociedad civil reaccionó con iniciativas como “Verifica Bolivia”, “Chequea Bolivia” y “Repartiendo Verdades”, orientadas al combate contra la desinformación mediante metodologías de fact checking, campañas de alfabetización digital y difusión de información verificada. Estas organizaciones también denunciaron noticias falsas, discursos de odio y publicaciones calumniosas. En cuanto a la evidencia concreta, la moe/oea documentó el uso de inteligencia artificial para crear fotomontajes, comunicados falsos atribuidos al Órgano Electoral Plurinacional (oep) y narrativas de fraude amplificadas en redes sociales sin fundamento alguno (oea, 2025a).
Los mecanismos de difusión de la desinformación incluyeron plataformas como Facebook, X, TikTok y WhatsApp. La velocidad de propagación del contenido falso superó la capacidad de respuesta institucional, agravada por la inexistencia de acuerdos entre las autoridades electorales y las plataformas digitales.13 Además, el uso de inteligencia artificial permitió crear contenido falso más sofisticado que en procesos anteriores, lo que dificulta la identificación de manipulaciones. En este contexto, declaraciones inconsistentes entre vocales del tse fueron instrumentalizadas para alimentar relatos sobre un supuesto fraude. Si bien el tse emitió múltiples desmentidos y comunicados aclaratorios, su alcance fue limitado en relación con la velocidad de circulación de la información falsa en los medios digitales, la cual excede la capacidad de respuesta institucional.
En clave regional, la desinformación constituye un desafío común en los procesos electorales de las democracias contemporáneas, por lo que requiere respuestas institucionales innovadoras. La desinformación, aunque no sea novedosa, se presenta en los medios digitales como una grave amenaza para la percepción de la integridad electoral, pese a la transparencia técnica real proporcionada por el órgano de administración. Este fenómeno genera riesgos de erosión de confianza pública incluso cuando el proceso es técnicamente íntegro, lo que ilustra que la integridad electoral no depende únicamente de la corrección técnica sino también de su percepción.
V. Resultados
1. Resultados electorales y participación
Los resultados de la primera vuelta reflejaron una fragmentación política sin precedentes. Rodrigo Paz Pereira obtuvo el 32.06 % de los votos, Jorge Quiroga el 26.70 %, Samuel Doria Medina el 19.86 %, Andrónico Rodríguez el 8.22 % y Eduardo del Castillo el 3.16 %. El fenómeno más destacado fue el voto nulo récord de 19.4 %, el nivel más alto en la historia electoral boliviana desde 1982. Este porcentaje superó las cifras individuales de varias candidaturas, según los datos publicados por el tse. Dos interpretaciones explican este resultado. Por un lado, algunos sectores de izquierda promovieron activamente una campaña de anulación del voto como estrategia de sabotaje frente al proceso. Por otro lado, el voto nulo también expresó un descontento generalizado con las opciones disponibles. En contraste con la fragmentación y el descontento, la participación electoral fue alta: 6,731,848 personas votaron. Esta cifra representó más del 85 % del padrón habilitado y superó de manera significativa al promedio de 67 % de participación en el continente americano (Romero Ballivián, 2021).14
La composición resultante de la Asamblea Legislativa Plurinacional reflejó la nueva correlación de fuerzas políticas. En el Senado los partidos de centro-derecha alcanzaron la mayoría: el Partido Demócrata Cristiano obtuvo 14 escaños, Libertad y Democracia obtuvo 10, Alianza Unidad consiguió 6, y otras fuerzas menores completaron los 36 escaños. La Cámara de Diputados distribuyó 130 escaños mediante tres mecanismos: 70 por circunscripciones uninominales, 53 por listas plurinominales y 7 por circunscripciones especiales ioc. En esta Cámara, la centro-derecha también obtuvo la mayoría, aunque con una composición más fragmentada que en el Senado.
La representación de género se mantuvo en niveles altos gracias a la aplicación efectiva de la medida de paridad y alternancia. Las proyecciones indicaban que aproximadamente el 48 % de los escaños serían ocupados por mujeres, lo que mantuvo la posición de Bolivia como uno de los países con mayor representación de mujeres en el parlamento a nivel mundial. Este resultado evidenció que la normativa de paridad de género logró transformar estructuralmente la composición del Poder Legislativo,15 un avance significativo en la dimensión de igualdad de género necesaria para la integridad electoral.
Las siete circunscripciones especiales ioc representan directamente a pueblos indígenas sin intermediación partidaria. Este resultado colabora con la consolidación de un modelo de democracia comunitaria y participación directa que trasciende los mecanismos tradicionales de representación. Estos diputados garantizan la presencia indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional y representan un mecanismo innovador de representación directa de pueblos originarios, aunque persiste el desafío de traducir la representación formal en influencia efectiva sobre las políticas públicas y la agenda legislativa.
Entre 2005 y 2020 la composición de ambas cámaras estuvo marcada por una clara hegemonía del mas-ipsp. Esta alcanzó su punto máximo en 2009 y en 2014 con amplias mayorías absolutas —llegando a 88 de 130 diputaciones y 26 de 36 escaños en el Senado—. Sin embargo, a partir de 2019 se advierte el inicio de un proceso de fragmentación del sistema político que se mantuvo durante las elecciones de 2020 y colapsó la hegemonía del mas en los comicios de 2025. Entre 2020 y 2025, el mas-ipsp pasó de 96 escaños totales (75 diputados y 21 senadores) a solo 2 diputados, sin haber obtenido escaños en el Senado. El pdc emergió como la primera fuerza nacional, seguida por libre, cc, Creemos y Unidad.
Con estos resultados, tanto el Senado como la Asamblea Legislativa estarán integrados por mayorías oficialistas (75 de 130 escaños en la Asamblea y 23 de 36 en el Senado), lo que permitirá la conformación de “gobiernos de partido” (o lo que se suele denominar como party government ). La obtención de 2 escaños en la Asamblea y ninguno en el Senado por parte de los movimientos de izquierda puede interpretarse como producto del colapso del mas-ipsp.
Los cleavages estructurales que enmarcan la competencia electoral boliviana incluyen dimensiones étnico-culturales, regionales y económicas. En los comicios del 2025 emergió un cleavage interno del campo progresista como factor determinante, lo que marcó una desarticulación de las estructuras organizativas que históricamente garantizaban movilización electoral en áreas rurales y periurbanas ya desde el contexto preelectoral. La reconfiguración del sistema de partidos presenta interrogantes sobre la sostenibilidad de la nueva configuración política y la posibilidad de rearticulación del campo progresista.
La segunda vuelta presidencial, celebrada el 19 de octubre, consolidó la victoria de Rodrigo Paz Pereira con el 54.9 % de los votos frente al 45.1 % alcanzados por Quiroga. La diferencia de 9.8 puntos porcentuales permitió a Paz Pereira ampliar su base electoral con respecto a la primera vuelta, lo que evidenció una efectiva transferencia de votos proveniente de las candidaturas eliminadas. La participación se mantuvo aproximadamente en el 85 % del electorado, sosteniendo un alto nivel de participación, aunque más bajo que lo observado en los comicios de 2009, 2014, 2019 y 2020.16
2. Transparencia del sistema de transmisión preliminar de resultados: lecciones de 2019
El Órgano Electoral Plurinacional implementó dos mecanismos complementarios para la difusión de resultados: el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (sirepre) —que brinda información preliminar la misma noche de la elección—, y el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (scorc) —que publica los resultados oficiales y definitivos—. Ambos forman parte del proceso electoral, pero sólo los datos emitidos por el tse a través del scorc tienen validez legal y producen efectos jurídicos. En la primera vuelta del 17 de agosto, el sirepre funcionó correctamente y logró publicar los resultados de los comicios de 2025 sin interrupciones.
Esto fue el resultado de los cambios implementados luego de la elección de 2020, cuando el tse se propuso implementar mejoras al funcionamiento del sistema informático. Por otro lado, la posibilidad de que cualquier persona pudiera descargar las actas electorales digitalizadas desde el scorc contribuyó a mejorar los niveles de confianza y transparencia en el proceso, permitiendo la verificación independiente de los resultados oficiales.
En la segunda vuelta del 19 de octubre el sirepre volvió a funcionar correctamente, lo que garantizó la publicación adelantada de los resultados de los comicios. Esto permitió advertir tendencias electorales y prever la victoria de Paz Pereira, contribuyó a una transición ordenada y evitó narrativas de fraude. Respecto al scorc, se ha verificado en tiempo real que, si bien el cómputo de los resultados inició con significativa ventaja de Quiroga, la tendencia se revirtió alrededor del 55 % de actas computadas. Al alcanzar el 70 % de actas computadas, la proporción de votos recibidos por cada candidatura se revirtió y pasó a demostrar la victoria de Paz Pereira, llegando a un resultado final prácticamente idéntico al anunciado por el sirepre. Esto confirmó que las debilidades en el sistema de transmisión preliminar y en la cadena de custodia verificadas en 2019 por la oea fueron solucionadas de manera exitosa por el tse.
3. Observación electoral nacional e internacional
La observación electoral jugó un papel fundamental en la validación de la integridad del proceso electoral, lo que contrastó significativamente con el papel controversial de las misiones desplegadas por la oea y la Unión Europea en 2019. En los comicios de 2025, al menos tres misiones de observación nacionales y diez internacionales fueron acreditadas por el tse y presentaron informes parciales correspondientes tanto a los días de votación como a los días anteriores y posteriores.
La diversidad de misiones acreditadas por el tse contribuyó a la aceptación de los resultados por parte de los actores políticos y la ciudadanía. En ningún caso se identificaron cuestionamientos sustantivos a la integridad del proceso electoral, lo que permitió validar tanto los aspectos técnicos de transmisión de resultados como las condiciones generales de la competencia electoral. El consenso que se dio entre los informes de las múltiples misiones de observación —de diferentes conformaciones y orígenes geográficos— fortaleció la legitimidad del proceso, no solo por su presencia y cantidad, sino porque además todas relataron haber recibido los insumos necesarios en términos de acceso, seguridad y potestades para realizar su trabajo y aplicar sus metodologías tanto dentro del territorio boliviano como en las votaciones desarrolladas en el exterior.
VI. Conclusiones
Coincidiendo con la celebración del Bicentenario de la Independencia de Bolivia, la evaluación de las elecciones de 2025 bajo criterios de integridad electoral muestra un proceso electoral con fortalezas significativas del marco legal e institucional, donde el sistema normativo demostró estabilidad y claridad. El Tribunal Supremo Electoral exhibió cierta capacidad de resiliencia —tanto en términos de resistencia a los ataques externos como de adaptabilidad a los desafíos— ante presiones políticas intensas, las cuales incluyeron intentos de asaltos, amenazas y propuestas legislativas de destitución. Esta fortaleza institucional contrasta positivamente con la situación ocurrida en 2019, cuando se constataron debilidades graves y manipulación técnica del resultado.
En la dimensión de acceso a la competencia electoral, el proceso de 2025 garantizó la pluralidad de candidaturas habilitadas con ocho candidatos válidos en primera vuelta. Sin embargo, persiste como área de oportunidad la construcción de mayores incentivos a candidaturas de grupos subrepresentados. Esto requiere establecer criterios más claros y predecibles que equilibren la aplicación de la normativa constitucional con la protección de los derechos políticos. La campaña electoral mostró avances en igualdad de oportunidades mediante la consolidación del retorno de debates presidenciales, aunque el desafío emergente de desinformación digital mediante el uso de la inteligencia artificial y el manejo de las plataformas digitales constituye una seria amenaza a la percepción de la integridad.
La evaluación de la votación y del escrutinio evidenció un avance todavía más significativo con respecto a 2019 y 2020. El sirepre funcionó con transparencia técnica sin evidencia de manipulación, con implementación de mejoras incluso entre la primera y la segunda vuelta. La cadena de custodia de las actas y su respectiva disponibilización en línea vía scorc también mejoró sustancialmente en comparación con la percibida en 2019.
La resiliencia de la autoridad electoral ante las presiones políticas permite advertir que los órganos electorales pueden resistir intentos de desestabilización si cuentan con respaldo legal adecuado, capacidad técnica consolidada y legitimidad internacional. El tse boliviano de 2025 enfrentó ataques sistemáticos comparables a presiones experimentadas por autoridades electorales en otros países de la región, pero logró mantener la integridad del proceso mediante el cumplimiento estricto de la normativa y una comunicación transparente. Esta experiencia sugiere que una protección legal robusta de la autoridad electoral, incluyendo mandatos fijos y procedimientos claros de remoción, constituye una salvaguarda fundamental de la integridad electoral.
El desafío de la constante desinformación digital mediante el uso de inteligencia artificial que enfrentó Bolivia se presenta como una amenaza transversal en las democracias latinoamericanas. El caso boliviano de 2025 ilustra la tensión entre transparencia técnica real y la percepción pública erosionada por la desinformación. Esta experiencia sugiere que la lucha contra la desinformación electoral requiere respuestas multidimensionales que incluyan marcos regulatorios equilibrados, alfabetización digital ciudadana, y protocolos de verificación y coordinación entre autoridades electorales y plataformas digitales. El desafío es desarrollar estas respuestas sin restringir la libertad de expresión ni limitar el debate democrático legítimo.
Los avances en paridad de género y representación indígena directa mediante circunscripciones especiales ioc constituyen innovaciones institucionales relevantes para la región. Bolivia mantiene uno de los niveles más altos del mundo en relación con la representación de mujeres en el Poder Legislativo, lo cual demuestra la efectividad de la normativa sobre paridad y alternancia. El mecanismo de circunscripciones especiales para pueblos indígenas representa un modelo de democracia intercultural que trasciende la representación simbólica. Sin embargo, persiste el desafío de profundizar estos procesos para algunos grupos que todavía están subrepresentados y de convertir la representación formal en sustantiva.
La presencia robusta de observación nacional e internacional contribuyó positivamente a la percepción inmediata de la integridad técnica del proceso, y la dimensión poselectoral consagró legitimidad consolidada mediante aceptación de resultados por los candidatos derrotados y una transición pacífica del poder. La participación ciudadana superior al 85 % en ambas vueltas también evidenció el compromiso democrático de la ciudadanía y amplió la legitimidad de los comicios. Por lo tanto, se concluye que las elecciones de 2025 demostraron un nivel de integridad electoral significativamente superior al proceso de 2019, con avances institucionales consolidados y la recuperación de la transparencia técnica. No obstante, persisten desafíos en la protección legal de la autoridad electoral y en la regulación de la desinformación digital que requieren atención para futuros procesos, además de una implementación transversal de los logros alcanzados en temas de representación de grupos vulnerables, principalmente en los casos de los pueblos originarios y del ideal de paridad y alternancia en género.
La toma de posesión del cargo por parte del nuevo presidente el 8 de noviembre de 2025 constituyó la primera alternancia de poder mediante segunda vuelta en la historia boliviana, lo que constituye un precedente institucional fundamental y saludable. La transición ordenada desde el gobierno saliente evidenció un fortalecimiento de la cultura democrática y la aceptación de los mecanismos institucionales de alternancia. Este proceso permite concluir que la integridad electoral no depende solo de la corrección técnica, sino también de la fortaleza institucional para resistir a las presiones políticas y de la capacidad para generar legitimidad mediante la transparencia y la participación ciudadana.
El caso boliviano ofrece aportes significativos para los estudios electorales comparados en América Latina. La principal lección es una confirmación concreta de que resulta posible reconstruir la confianza en los órganos electorales luego de haber enfrentado crisis graves mediante la aplicación de reformas institucionales sostenidas. La trayectoria de Bolivia entre 2019 y 2025 evidencia que un colapso en materia de integridad electoral no es irreversible: con voluntad política, fortalecimiento institucional y observación nacional e internacional constructivas y diversas es posible recuperar la credibilidad.
Las reformas implementadas entre 2019 y 2020, consolidadas en 2025, demuestran que el aprendizaje institucional puede traducirse en mejoras concretas de transparencia técnica, activa y sostenible que otorgan mayor legitimidad a los resultados electorales y a la recuperación de la confianza en el sistema electoral. Por último, el reconocido éxito del proceso electoral boliviano en 2025 en términos de integridad electoral también se debió a la participación de la ciudadanía en varios frentes simultáneamente (a través de iniciativas como la verificación de datos y otras estrategias para combatir la desinformación, así como la observación ciudadana en conjunto con las diversas organizaciones acreditadas por el tse e independientes, además de entidades que asumieron otros roles en el ecosistema de transparencia e integridad, como por ejemplo Verifica Bolivia, Chequea Bolivia y Cuidemos el Voto). De haberse practicado de manera aislada —sin esta conciencia colectiva forjada a partir de los traumas del pasado reciente— los esfuerzos del oep y de las organizaciones internacionales (sean intergubernamentales o no gubernamentales) podrían no haber logrado los efectos deseados. En este sentido, la experiencia boliviana enseña que es mediante la unión de todos estos factores —transparencia activa, voluntad política, articulación entre instituciones y sociedad civil y apertura a la ciudadanía— que se reconstruye la confianza entre las personas y las instituciones, necesaria para la producción de resultados electorales legítimos, del ejercicio idóneo de los mandatos constitucionales y del mantenimiento del orden social.
VII. Referencias
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Recibido: 10 de septiembre de 2025
Aceptado: 20 de enero de 2026
Publicado: 17 de febrero de 2026
Celso de Oliveira Santos. Brasileño. Abogado y consultor. Investigador posdoctoral del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Magister (Universidad de São Paulo) y doctor (Universidad del Estado de Río de Janeiro) en derecho internacional y comparado con experiencia profesional en temas de derecho electoral y administrativo, derechos humanos y migraciones. Correo electrónico: osantoscelso@gmail.com
Cómo citar
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de Oliveira Santos, Celso, “Elecciones bolivianas 2025: integridad, resiliencia y cambios estructurales en el bicentenario de la Independencia”, Revista Mexicana de Derecho Electoral, México, vol. 13, núm. 24, enero-junio de 2026, e20679. https://doi.org/10.22201/iij.24487910e.2026.24.20745
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de Oliveira Santos, C. (2026). Elecciones bolivianas 2025: integridad, resiliencia y cambios estructurales en el bicentenario de la Independencia. Revista Mexicana de Derecho Electoral, 13(24), e20679. https://doi.org/10.22201/iij.24487910e.2026.24.20745
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de Oliveira Santos, Celso. (2026). Elecciones bolivianas 2025: integridad, resiliencia y cambios estructurales en el bicentenario de la Independencia. Revista Mexicana de Derecho Electoral, 13(24), e20679. https://doi.org/10.22201/iij.24487910e.2026.24.20745
1 Se agradecen los comentarios y sugerencias a este artículo de las personas dictaminadoras y del equipo editorial de la Revista Mexicana de Derecho Electoral. Sus contribuciones fueron determinantes para el resultado final de este texto.
2 La inflación alcanzó 20.96 % anual (bcb, 2025a), las reservas internacionales cayeron de usd 15,123 millones (2014) a usd 1.970 millones (2024) (bcb, 2025b; bcb, 2025c), y Bolivia importa 85-90 % del diesel consumido (mhe, 2025a; mhe, 2025b).
3 Según el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (oea) sobre las Elecciones Generales de Bolivia 2025, el Tribunal Supremo Electoral (tse) denunció una “escalada de ataques sistemáticos deliberadamente planificados” con el propósito de entorpecer y obstaculizar el proceso electoral, en un contexto en el que se presentaron dieciséis causas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) relacionadas con dicho proceso electoral.
4 Las consecuencias de esta situación fueron severas. Mientras el candidato opositor exigía la realización de un ballotage y convocaba manifestaciones pacíficas, liderazgos locales contrarios a la continuidad del gobierno del mas llevaron los movimientos a otro nivel, atacando a las sedes de los Tribunales Departamentales Electorales, además de la la quema de viviendas, el secuestro de familiares, la violencia física interpersonal (incluso con fatalidades) y a amenazas de muerte contra decenas de liderazgos (Mayorga Ugarte, 2020).
5 En este artículo se entiende por “capacidad de resiliencia institucional” la habilidad de una institución para anticipar, absorber, adaptarse y recuperarse de perturbaciones internas o externas, preservando sus funciones esenciales, su autoridad formal y su legitimidad, aún bajo condiciones de crisis o presión política sostenida (Boin y Lodge, 2016).
6 Tras la instalación del gobierno interino que sucedió el proceso de 2019, aunque cinco de los índices de medición de la democracia que desarrolla el proyecto de Variedades de la Democracia (democracia electoral o poliarquía, democracia liberal, democracia participativa, democracia deliberativa, y democracia igualitaria) ya venían registrando bajas graduales, sin implicar un cambio de clasificación del régimen de gobierno vigente, entre 2019 y 2020 todos estos indicadores registraron un expresivo deterioro, principalmente los que miden la dimensión de “democracia electoral” (Ascarrunz, 2021). Ya sobre el proceso siguiente, según los informes de las respectivas moe, la oea concluyó que “La ciudadanía votó libremente y el resultado ha sido contundente. Esto le brinda un alto nivel de legitimidad al gobierno entrante, a las instituciones bolivianas y al proceso electoral en su conjunto” (p. 222), la Unión Europea afirmó que ‘El tse simplificó los procedimientos de acreditación y otros requisitos restrictivos que dificultaron la observación nacional desde 2014” y el parlasur afirmó que “El proceso de escrutinio se desarrolló de manera satisfactoria, con la presencia de jurados electorales, delegados representantes de los binomios y ciudadanos en general, lo que asegura la transparencia del proceso” (p. 7).
7 Afirma el Informe Preliminar disponible en la base de datos de las Misiones de Observación Electoral de la oea, en su página 21, que “Entre las acciones deliberadas por desinformar se observaron fotomontajes, audios y videos elaborados con inteligencia artificial, la circulación de comunicados falsos atribuidos al oep, el cual fue posteriormente desmentido por la institución, así como instrucciones falsas sobre la manera de ejercer el sufragio que buscaba perjudicar a las candidaturas al balotaje”.
8 El “Proyecto de Ley de Aplicación Gubernativa Electoral” (PL 307/2024-2025) para suspender a los vocales del tse designados el 19 de diciembre de 2019 y, de forma transitoria, prorrogar el periodo de mandato constitucional 2020–2025 hasta la posesión de las nuevas autoridades electas.
9 “Lawfare” es un concepto utilizado para describir el uso estratégico, abusivo o instrumental del derecho y de los procedimientos judiciales con fines de persecución política, deslegitimación de adversarios o alteración de la competencia democrática, manteniendo una apariencia formal de legalidad. De acuerdo con la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, el lawfare implica la manipulación de instituciones judiciales y normativas para erosionar derechos políticos y debilitar el Estado de derecho, particularmente en contextos de alta polarización política (United Nations Human Rights Council, 2018).
10 De acuerdo con la base de datos disponible en el portal de la iniciativa “Datos en Democracia”, que agrega información de encuestas electorales en Bolivia desde el proceso electoral de 2019. Consultado el 15 de noviembre de 2025.
11 El Informe Preliminar de la Defensoría del Pueblo documenta que, en movilizaciones realizadas alrededor del 29 de mayo de 2025 en La Paz y cercanas al tse, se produjeron lanzamientos de piedras y dinamitas por parte de manifestantes, y las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta; este tipo de incidentes se inscriben en un contexto de amenazas y agresiones físicas dirigidas hacia la sede del Tribunal y su personal durante el periodo preelectoral.
12 Maitret Hernández (2025) describe en su artículo reciente este dilema. En el texto se concluye que bajo el estándar de “[...] malicia efectiva, es posible restringir, de manera excepcional, la difusión de información falsa cuando estas comprometevan sustancialmente la equidad de la competencia electoral y el derecho ciudadano a emitir un voto informado, logrando un equilibrio deseable”. La experiencia comparada sugiere que así como en México, países como Brasil y algunos miembros de la Unión Europea, adoptaron decisiones orientadas a la exclusión directa de contenidos falsos en las redes sociales digitales.
13 El Informe preliminar de la moe/oea en la segunda vuelta afirma que “observó con preocupación la amplia circulación de desinformación sobre el proceso electoral y la rapidez con que se propagó en redes sociales y otros medios, tanto en las elecciones generales como en la segunda vuelta, influyendo en muchos casos en el tono del debate electoral y la narrativa de las campañas” (p. 21), reiterando recomendación de implementar iniciativas de alfabetización digital cívica la misión desplegada en 2024 para observar a las elecciones judiciales, y añadió entre nuevas recomendaciones la creación de “una unidad dentro del oep encargada de abordar el fenómeno de la desinformación” (p. 22).
14 La base de datos titulada “Voter Turnout”, del Proyecto Variedades de la Democracia (v-dem Dataset Versión 15, de 2025), registra que el promedio de asistencia a las elecciones entre los Estados de las Américas y del Caribe se encuentra actualmente en el nivel de 66.35 % en 2024, habiendo el puntaje más alto alcanzado en la última década sido el 73.85 %, en el año 2023. En otro recorte de la misma base de datos, limitando el análisis sólo al Cono Sur el promedio alcanzado en 2024 fue de 74.26 %, no habiendo sido superior a los 80 % desde 2019.
15 Sin embargo, los binomios presidenciales presentados muestran disparidad de género: las únicas mujeres compitiendo a vicepresidentas fueron Mariana Prado, por el partido Alianza Popular, y Rosa Huanca Pérez, por la alianza conformada por el Movimiento de Organizaciones Populares (MOP) y el partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS). La candidatura de Eva Copa, única indicada a presidenta por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), fue retirada antes del final de los comicios. A estos datos se suma el hecho de que las dos mujeres que han sido presidentas interinas de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada y Jeanine Añez, lo hicieron por vía parlamentaria (y en contextos conflictivos, aunque por razones distintas), resultando que todavía en Bolivia no se ha producido un mandato constitucional completo, otorgado por voto directo, ejercido por una mujer. Esto evidencia que los avances en el régimen electoral de género en el ámbito legislativo todavía no se han trasladado al Ejecutivo nacional en 2025.
16 Según datos recolectados por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (2015-2025).