Revista Mexicana de Derecho Electoral, 13(24), enero-junio de 2026, e20818

e-ISSN: 2448-7910 | DOI: https://doi.org/10.22201/iij.24487910e.2026.24.20818

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Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

Reformas electorales en El Salvador 2023-2024: la ingeniería del poder

Electoral Reforms in El Salvador 2023-2024: The Engineering of Power

Lorena Margarita Umaña Reyes

Universidad Nacional Autónoma de México | Red de Politólogas #NoSinMujeres

México

Resumen: Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, El Salvador implementó reformas electorales presentadas como modernización administrativa que transformaron su sistema político. Se eliminó la prohibición de modificar la normativa electoral un año antes de los comicios, se cambió la fórmula de asignación de escaños de Hare a D’Hondt, se redujeron las diputaciones de 84 a 60 y se fusionaron 262 municipios en 44. Las elecciones de febrero de 2024 reflejaron este nuevo escenario: el partido Nuevas Ideas obtuvo 84.65 % de los votos a nivel presidencial y 54 de 60 escaños legislativos (90 %). El índice Loosemore-Hanby alcanzó 15.16 duplicando el valor de 2021 (8.2). El número efectivo de partidos cayó de 2.8 a 1.23. Este análisis examina cómo reformas aparentemente técnicas pueden erosionar la integridad electoral—entendida como el conjunto de condiciones estructurales que garantizan competencia equitativa—alterando la proporcionalidad y concentrando el poder de manera hegemónica.

Palabras clave: reformas electorales; integridad electoral; sistemas electorales; El Salvador; concentración de poder.

Abstract: Between March 2023 and February 2024, El Salvador implemented electoral reforms presented as administrative modernization that transformed its political system. The prohibition on modifying electoral regulations one year before elections was eliminated, the seat allocation formula changed from Hare to D’Hondt, deputations were reduced from 84 to 60, and 262 municipalities were merged into 44. The February 2024 elections reflected this new scenario: Nuevas Ideas obtained 84.65 % of presidential votes and 54 of 60 legislative seats (90 %). The Loosemore-Hanby index reached 15.16, doubling the 2021 value (8.2). The effective number of parties fell from 2.8 to 1.23. This analysis examines how apparently technical reforms eroded electoral integrity—understood as the set of structural conditions that guarantee equitable competition—altering proportionality and concentrating power hegemonically.

Keywords: electoral reforms; electoral integrity; electoral systems; El Salvador; power concentration.

I. Introducción1

El 4 de febrero de 2024, El Salvador celebró elecciones presidenciales y legislativas en un contexto marcado por modificaciones en el diseño de su sistema electoral. El partido oficial obtuvo el 90 % de los escaños legislativos, mientras que la reelección presidencial —prohibida constitucionalmente— fue habilitada mediante una reinterpretación de la Constitución aprobada en 2021. Para comprender la magnitud de este resultado, es fundamental considerar que la Constitución salvadoreña de 1983 estableció en su artículo 152 la prohibición expresa de la reelección presidencial consecutiva, principio reafirmado mediante reforma constitucional en 2014 que prohibió cualquier forma de reelección.

Esta prohibición respondía a la experiencia histórica del país con regímenes autoritarios prolongados y constituía un pilar fundamental del orden democrático establecido tras los Acuerdos de Paz de 1992. En septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional —cuyos magistrados habían sido destituidos y reemplazados inconstitucionalmente en mayo de ese año— emitió una sentencia que reinterpretó el artículo 152, declarando que la prohibición no aplicaba a periodos consecutivos, contradiciendo el texto constitucional y la reforma de 2014. Estos resultados no pueden atribuirse únicamente a la popularidad del liderazgo político ni a la estrategia electoral de los partidos; reflejan el impacto de reformas institucionales implementadas meses antes de los comicios, que alteraron las condiciones de la competencia electoral.

Entre marzo y junio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que modificaron la arquitectura institucional del sistema electoral salvadoreño. Se eliminó la cláusula que prohibía hacer cambios en las reglas electorales durante el año previo a una elección. Además, se reemplazó la fórmula Hare por el método D’Hondt para la asignación de escaños, se redujo el número de diputaciones —de 84 a 60— y se reorganizaron los 262 municipios en sólo 44 demarcaciones administrativas. Aunque estos ajustes se presentaron oficialmente como de carácter técnico y como parte de un proceso de “modernización administrativa”, generaron la reconfiguración de los incentivos políticos y alteraron las condiciones de acceso y competencia dentro del sistema de representación.

Este trabajo examina cómo las reformas electorales aplicadas en El Salvador entre 2023 y 2024 modificaron la configuración del sistema electoral y qué implicaciones tuvieron sobre la representación política, la competencia entre actores y la distribución del poder. El estudio combina el análisis de la implementación de la reforma con el de sus efectos, abordando el proceso desde tres ángulos: primero, cómo fueron diseñadas y puestas en marcha las reformas; segundo, los retos técnicos y administrativos que enfrentaron las autoridades electorales, y, tercero, los resultados observados en las elecciones generales de 2024.

El caso salvadoreño ilustra cómo las reformas electorales pueden operar como mecanismos legales de reconfiguración del poder político que, sin recurrir al fraude electoral, modifican las condiciones de competencia. Este análisis contribuye a ampliar la discusión sobre la integridad electoral en contextos democráticos donde la legalidad formal se mantiene, pero las condiciones estructurales del sistema se transforman. Casos similares han sido documentados en otros países latinoamericanos como Nicaragua (2006-2021), Venezuela (1999-2020) y Honduras —bajo el mandato de Juan Orlando Hernández (2014-2022)—, donde las reformas electorales y modificaciones constitucionales también fueron instrumentos de concentración de poder político, compartiendo patrones de modificaciones normativas de último momento y reinterpretaciones constitucionales cuestionables.

II. Marco teórico y metodología

El análisis de las reformas electorales implica comprender que los sistemas electorales no sólo establecen cómo se traducen los votos en escaños, sino que también condicionan la distribución del poder político. Desde una perspectiva institucional, estas reglas no son neutrales: influyen en los niveles de representación, en la relación entre votos y escaños y en las oportunidades reales de competencia entre las distintas fuerzas políticas. Nohlen (2004) sostiene que cada sistema electoral produce efectos previsibles sobre cuántos partidos logran representación y cómo se concentra o dispersa el poder.

La literatura comparada sobre reformas electorales en América Latina ha demostrado que estas modificaciones son procesos estratégicos de cambio (Freidenberg, 2022, p. 7) mediante los cuales las élites políticas pueden buscar “acomodar el escenario de juego estratégico a sus preferencias e intereses” (Freidenberg, 2022, p. 8), ya sea para beneficiarse en sus metas electorales, para mejorar el funcionamiento de la democracia o, en ocasiones, para ambos propósitos. Como sostiene Freidenberg (2022, p. 4), las reformas electorales no siempre responden a intentos de ampliación de derechos o democratización de la competencia política, sino que “han sido resultado de una puja constante por parte de las élites políticas por controlar las reglas de juego y maximizar los beneficios que la implementación que éstas pueden tener para sus expectativas de poder”. Esta dualidad es particularmente relevante para comprender el caso salvadoreño, donde reformas presentadas como técnicas y modernizadoras tuvieron efectos concentradores sobre la distribución del poder. El intenso “activismo reformista” que ha caracterizado a América Latina durante las últimas cuatro décadas (Freidenberg, 2022, p. 5-6) contrasta con la experiencia de las democracias europeas, que han mostrado mayor renuencia a modificar sus reglas del juego. Scheppele (2018, p. 547) afirma en su análisis del legalismo autocrático, que estos líderes utilizan métodos constitucionales y legales para consolidar el poder, desplegando la ley como herramienta principal de transformación autoritaria.

El caso salvadoreño ejemplifica este patrón: reformas formalmente legales que, al implementarse de manera coordinada y acelerada, reconfiguran el sistema político para favorecer la concentración hegemónica del poder y socavar las instituciones cruciales de rendición de cuentas del Estado democrático. Dentro de los sistemas proporcionales existen dos mecanismos principales para convertir los votos en escaños. Las fórmulas de divisor, como el método D’Hondt, utilizan divisores sucesivos que tienden a favorecer a los partidos con mayor votación, mientras que las fórmulas de cociente, como el sistema Hare, establecen un cociente electoral y asignan los escaños restantes mediante residuos mayores, lo que puede ampliar las oportunidades de representación para partidos medianos o pequeños (Nohlen, 2004). Sin embargo, la fórmula electoral por sí sola no explica los efectos sobre la proporcionalidad. Como sostienen Taagepera y Shugart (1989), la magnitud de los distritos resulta igualmente determinante, puesto que define las posibilidades reales de que distintos actores accedan a los escaños. En distritos muy pequeños, incluso al utilizar una fórmula proporcional, los resultados tienden a favorecer a los partidos más grandes.

El estudio de las reformas electorales también requiere incorporar el enfoque de la integridad electoral. Norris (2014) sostiene que la calidad de una elección no solo depende de la ausencia de fraude, sino de la existencia de condiciones estructurales que garanticen la estabilidad normativa, la autonomía institucional y la competencia equitativa. La erosión de la integridad electoral se refiere al deterioro progresivo de estas condiciones que, sin eliminar formalmente los procesos electorales, debilitan su capacidad para generar representación genuina y alternancia política. En el contexto salvadoreño, esta erosión se manifiesta en múltiples dimensiones: la modificación de reglas en periodo preelectoral vulnera la estabilidad normativa; el cambio de fórmula electoral y la reducción de escaños alteran la proporcionalidad; la fusión municipal concentra el poder territorial, y las presiones sobre las autoridades electorales comprometen la autonomía institucional. Esta erosión acumulativa reduce la pluralidad política, limita las posibilidades de alternancia, debilita los contrapesos institucionales y disminuye la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Este estudio se centra en la implementación y los efectos de las reformas electorales. Examina cómo fueron aplicadas, qué obstáculos técnicos y políticos enfrentaron las autoridades electorales y cuáles fueron sus consecuencias sobre la representación política, la competencia electoral y la distribución del poder. La metodología combina el análisis documental con el análisis de datos cuantitativos. Por una parte, el análisis documental incluye el estudio de la normativa vigente, los decretos legislativos de reforma, los documentos del Tribunal Supremo Electoral, los informes de Acción Ciudadana y los reportes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola). Por otra, el análisis cuantitativo explora dos indicadores centrales.2 Primero, el índice de desproporcionalidad de Loosemore y Hanby (1971), que permite contrastar el porcentaje de votos que obtiene cada partido con el porcentaje de escaños que finalmente recibe. Segundo, la fragmentación electoral medida por el número efectivo de partidos, desarrollado por Laakso y Taagepera (1979), que ayuda a identificar cuántas fuerzas políticas tienen realmente peso en la contienda electoral.

La estrategia metodológica que guia la estructura de este texto se centra en cuatro dimensiones analíticas. La primera examina cómo se implementaron las reformas en la práctica. La segunda identifica los obstáculos técnicos y políticos que enfrentaron las autoridades electorales. La tercera analiza los resultados de las elecciones celebradas bajo las nuevas reglas. Y finalmente, la cuarta evalúa los efectos de las reformas sobre la representación política, la competencia y la legitimidad democrática.

III. Contexto político previo

En la elección de 2019, el triunfo de Nayib Bukele eliminó el bipartidismo histórico que había predominado en la política salvadoreña desde los Acuerdos de Paz de 1992 entre el partido Alianza Republicana Nacionalista (arena) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fmln). Bukele ganó la presidencia con el 53 % de los votos bajo la bandera del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (gana). Aunque ya había comenzado a construir su propio partido (Nuevas Ideas) —inscrito formalmente en 2018—, este no participó en las elecciones presidenciales de 2019 sino hasta las elecciones legislativas en 2021, año en el que obtuvo 56 de los 84 escaños (66.7 %), logrando una “supermayoría” en la Asamblea Legislativa.

A partir de entonces comenzó una rápida concentración del poder. El 1 de mayo de 2021, pocas horas después de instalarse, la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Estas destituciones violaron garantías fundamentales del debido proceso constitucional ejecutándose sin procedimientos formales de investigación. Cuatro meses después, en septiembre de 2021, la nueva Sala emitió la sentencia 1-2021 que permitió la reelección presidencial consecutiva (Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, 2021).

La sentencia vulneró prohibiciones expresas contenidas en los artículos 75, 152, 154 y 248 de la Constitución salvadoreña (Constitución de la República de El Salvador, 1983). Con ello, se habilitó la posibilidad de impulsar reformas electorales que modificaron el sistema de representación vigente durante décadas. Antes de estas reformas, el sistema electoral salvadoreño tenía un diseño proporcional que permitía la presencia de múltiples fuerzas políticas.

La Asamblea Legislativa estaba integrada por 84 diputaciones distribuidas en 14 departamentos, cada uno con al menos tres escaños. La fórmula Hare —basada en el cociente electoral y el resto mayor— facilitaba el acceso a la representación para partidos medianos y pequeños. En las elecciones de 2021, el índice de desproporcionalidad de Loosemore y Hanby fue de 8.2 y el número efectivo de partidos legislativa alcanzó un 2.8. El valor de 8.2 puntos en el índice de desproporcionalidad indica que, en promedio, existía una diferencia de 8.2 puntos porcentuales entre la proporción de votos que obtenían los partidos y la proporción de escaños que recibían. En términos comparativos internacionales, este nivel de desproporcionalidad se considera moderado: valores por debajo de 5 se consideran baja desproporcionalidad (sistemas altamente proporcionales), entre 5 y 10 desproporcionalidad moderada, y por encima de 10 desproporcionalidad alta. El sistema salvadoreño de 2021 se ubicaba en el rango moderado, permitiendo aún cierta pluralidad pero mostrando signos incipientes de concentración. En tanto, el número efectivo de partidos de 2.8 indicaba que, aunque Nuevas Ideas tenía una posición dominante, todavía existían aproximadamente tres fuerzas políticas con capacidad real de incidencia en el sistema legislativo.

IV. Contenido, implementación y efectos de las reformas electorales

Entre marzo y junio de 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un conjunto de reformas que transformaron las reglas del sistema electoral. Se modificaron elementos centrales del diseño electoral: la estabilidad normativa, la fórmula de conversión de votos en escaños, la magnitud de los distritos legislativos y la organización territorial del gobierno local. Estos cambios alteraron las condiciones de competencia política y ajustaron los márgenes del pluralismo, fortaleciendo la posición del partido en el gobierno.

El primer cambio fue la derogación del artículo 291-A del Código Electoral, aprobada el 15 de marzo de 2023, con 67 votos a favor. Esta disposición, incorporada en 2016, impedía la modificación de las reglas electorales durante el año previo a cualquier elección. Su finalidad era asegurar la estabilidad normativa previa al proceso electoral, principio que Norris (2014) considera fundamental para la integridad electoral. La derogación de este artículo se realizó once meses antes de las elecciones de 2024 —cuando el periodo de protección se había vencido el 4 de febrero— y fue justificada como una medida para ampliar los derechos políticos de los salvadoreños residentes en el exterior.

Esta decisión permitió la introducción de cambios sustantivos. Mediante el Decreto 755, emitido en junio de 2023, se reemplazó el sistema de cociente y resto mayor por el método D’Hondt que, según Gallagher (1991) y Lijphart (1994), tiende a favorecer a los partidos con mayor votación. Proyecciones de Acción Ciudadana estimaron que esta modificación podía reducir la representación efectiva a cinco partidos. Además, el número total de diputaciones pasó de 84 a 60 —una reducción del 28.6 %— lo que incrementó los efectos de concentración, particularmente en departamentos con solo dos escaños. Ese mismo mes se aprobó la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que redujo los 262 municipios existentes a 44 nuevas unidades administrativas. Esta medida se presentó como un proceso de simplificación administrativa y optimización de recursos, pero el efecto fue una redistribución territorial que concentró la gestión local en alcaldías vinculadas al partido Nuevas Ideas y redujo los ámbitos donde aún existía presencia opositora.

A estas transformaciones se sumaron otros ajustes institucionales. La habilitación del voto electrónico para más de 700,000 salvadoreños en el exterior, incluidos quienes poseían un Documento Único de Identidad (dui) vencido, permitió ampliar el universo electoral, pero sin un registro actualizado ni auditorías independientes que garantizaran la verificabilidad del proceso. Finalmente, se acordó la inclusión de fotografías y nombres de los candidatos en las papeletas presidenciales, lo que acentuó la personalización del voto y reforzó la identificación con figuras políticas por encima de las plataformas partidarias. La aprobación de un presupuesto extraordinario de 129.3 millones de dólares sin desglose técnico público redujo también la transparencia en la gestión de los recursos electorales. Ninguna de estas reformas fue objeto de deliberación pública sustantiva, y la participación de la oposición y de la sociedad civil se limitó a audiencias formales, sin incidencia en las decisiones finales.

El Tribunal Supremo Electoral (tse) enfrentó el desafío de implementar estas modificaciones en un plazo de siete a ocho meses. Entre las principales tareas del tse se incluyeron el rediseño de las papeletas presidenciales, la redistribución de los centros de votación conforme a la nueva configuración municipal, la capacitación del personal bajo nuevas reglas y la implementación del sistema de voto electrónico anticipado para la diáspora. La presidenta del tse, Dora Martínez, reconoció públicamente las dificultades técnicas, pero también defendió la capacidad operativa del Tribunal. Sin embargo, la renuncia de cinco personas magistradas suplentes, quienes denunciaron irregularidades en la conducción del proceso, hizo visibles tensiones internas y reavivó los cuestionamientos sobre la autonomía del órgano electoral frente al poder político.

En resumen, estas transformaciones mostraron un proceso de reingeniería institucional que se impulsó bajo el argumento de la modernización técnica. No obstante, la rapidez con que se aprobaron las reformas, la falta de espacios amplios de consulta pública y los problemas técnicos durante su implementación pusieron en evidencia, debilidades estructurales en la autonomía y la capacidad del tribunal para administrar procesos electorales con independencia.

V. Resultados electorales y efectos sobre el sistema político

El desarrollo del proceso electoral del 4 de febrero de 2024 estuvo marcado por dificultades técnicas y restricciones a la observación electoral. La noche electoral, el sistema de transmisión electrónica de actas se detuvo de forma repentina cuando apenas se había procesado un 31 % del escrutinio preliminar. El TSE ordenó entonces la transmisión manual de resultados bajo el argumento de causas externas que no fueron explicadas. Los resultados oficiales completos se publicaron dos semanas después de la jornada electoral, sin un informe técnico que esclareciera las razones del colapso del sistema.

Diversos informes de observación señalaron irregularidades adicionales como restricciones de acceso en varios centros de votación, intervención de la Policía Nacional Civil, alteraciones en papeletas y deficiencias en la cadena de custodia de los materiales electorales. Estas anomalías no alteraron el resultado de forma sustantiva dada la enorme ventaja del partido gobernante, aunque evidenciaron fallas en la administración electoral y en la aplicación de los protocolos de seguridad. Incluso, el candidato presidente se declaró ganador de la contienda antes de que se contaran los votos (Ver Observatorio de Reformas Políticas en América Latina 2024).

Tabla 1. Comparación de indicadores electorales 2021-2024

Indicador	2021	2024	Variación
Fórmula electoral	Hare (cociente y resto mayor)	D’Hondt (divisor)	Cambio de fórmula
Número de diputaciones	84	60	-28.6 %
Número de municipios	262	44	-83.2 %
Escaños Nuevas Ideas	56 (66.7 %)	54 (90 %)
Índice Loosemore-Hanby	8.2	15.16	+84.9 %
Número efectivo de partidos	2.8	1.23	-56.1 %

Fuente: elaboración propia con base en datos del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (2021, 2024) y Acción Ciudadana (2023).

El proceso de concentración de poder continuó más allá de las elecciones de 2024. El 16 de diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite una reforma al artículo 208 de la Constitución para ampliar el periodo del TSE de cinco a seis años, estableciendo que el tribunal actual finalizará funciones en 2027. Esta reforma consolida aún más el control del partido oficialista sobre la autoridad electoral, extendiendo el mandato de magistrados designados durante el gobierno de Bukele y asegurando que la supervisión de futuros procesos electorales permanezca en manos afines al partido gobernante.

El dominio del partido oficial se extendió a la elección legislativa. Nuevas Ideas obtuvo 71.65 % de los votos y 54 de los 60 escaños, equivalente al 90 % de la Asamblea Legislativa. Esta mayoría supera el umbral de dos tercios necesarios para aprobar reformas constitucionales sin necesidad de negociar con otros partidos. arena, que durante décadas fue una de las dos fuerzas políticas dominantes del país, se redujo a dos diputaciones: una diputada por San Salvador y un diputado por La Libertad. El fmln sufrió una derrota aún más contundente, pues por primera vez desde los Acuerdos de Paz quedó sin representación en la Asamblea.

Los cuatro escaños restantes se distribuyeron entre pcn con dos diputados, pdc con un diputado y Vamos con una diputada por San Salvador. Bukele obtuvo la reelección a pesar de que, hasta 2021, existía una prohibición constitucional. En abril de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos una reforma constitucional que eliminó el límite a la reelección presidencial. Desde la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2021, el control judicial había quedado en manos del gobierno, mientras que el poder local se unificó prácticamente bajo el partido Nuevas Ideas tras la reorganización territorial que redujo los municipios a 44 unidades administrativas.

El resultado general muestra un proceso de reconfiguración del sistema político a través de mecanismos electorales formales. La reducción del pluralismo, la menor presencia de la oposición, la concentración institucional y las limitaciones al escrutinio público configuran un escenario donde los procedimientos electorales se mantienen vigentes, pero sin condiciones equitativas de competencia ni garantías claras de alternancia. Las instituciones representativas continúan funcionando formalmente, aunque con capacidades restringidas para ejercer funciones de control y contrapeso.

VI. Conclusiones

Las elecciones de febrero de 2024 en El Salvador evidencian que la erosión de la democracia puede producirse sin modificar los procedimientos formales de votación. Las reformas electorales implementadas entre 2023 y 2024 no alteraron los mecanismos básicos de emisión o conteo del voto, sino las condiciones estructurales bajo las cuales ese voto adquiere capacidad de representación. La eliminación de la estabilidad normativa preelectoral, la adopción de una fórmula menos proporcional, la reducción de escaños legislativos y la reorganización territorial redefinieron los incentivos institucionales y restringieron las posibilidades de competencia.

Las reformas analizadas se implementaron en un lapso breve y de forma acumulativa. Esa simultaneidad no solo modificó componentes técnicos del sistema electoral, sino que alteró su equilibrio general y generó resultados con una elevada concentración de poder. El caso salvadoreño permite observar cómo las reformas electorales pueden funcionar como dispositivos legales para reorganizar el poder político, aun cuando no se transgredan explícitamente las normas vigentes.

Estas reformas redefinieron las condiciones de acceso a la representación, derivando en una configuración institucional formalmente legal, pero más cerrada. Esto plantea la necesidad de ampliar la noción de integridad electoral, pues no basta con verificar la ausencia de fraude, sino preguntarse si las reglas permiten que el voto siga siendo una vía efectiva de representación y control político. Como advierte Scheppele (2018, p. 582), en estos procesos las instituciones constitucionales sobreviven en los mismos edificios, pero sus almas liberales han sido eliminadas. Los nuevos autócratas llegan al poder no con balas sino con leyes, preservando cuidadosamente la cáscara del Estado liberal previo—las mismas instituciones, las mismas ceremonias, una apariencia general de protección de derechos—, pero vaciando su núcleo moral. El caso salvadoreño ilustra esta dinámica: elecciones que continúan celebrándose, instituciones que mantienen sus nombres y edificios, pero un sistema político transformado en su esencia mediante reformas que, siendo formalmente legales, eliminaron las condiciones estructurales para la competencia democrática genuina.

Este caso aporta elementos para comprender la relación que se establece entre diseño institucional, autonomía electoral y distribución del poder. El caso salvadoreño puede considerarse como un ejemplo de reforma regresiva, entendida como aquella que eleva los costos de representación para las fuerzas minoritarias y limita la competencia y cuyos efectos no se reflejan solo en los niveles de proporcionalidad, sino también en la forma en que se ejercen las funciones deliberativas del legislativo y en la capacidad de los órganos públicos para mantener contrapesos.

Este tipo de experiencias deja aprendizajes para otros contextos. En sistemas donde existe una alta concentración política o institucional, los cambios introducidos en periodos preelectorales pueden tener impactos de largo plazo, incluso cuando se presentan como ajustes administrativos. La estabilidad normativa, la autonomía de las autoridades electorales y la transparencia en la gestión de los recursos deben entenderse como condiciones estructurales de la integridad electoral y no únicamente como aspectos procedimentales. La defensa de la integridad electoral no se reduce a asegurar elecciones libres, sino a preservar las condiciones que permiten que el voto conserve su función representativa y su capacidad real de contrapeso.

VII. Referencias

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Loosemore, John, y Hanby, Victor. (1971). The theoretical limits of maximum distortion: Some analytic expressions for electoral systems. British Journal of Political Science, 1(4), 467–477. https://doi.org/10.1017/S0007123400009164

Nohlen, Dieter. (2004). Sistemas electorales y partidos políticos (3a. ed.). Fondo de Cultura Económica.

Norris, Pippa. (2014). Why electoral integrity matters. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861

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Recibido: 25 de septiembre de 2025

Aceptado: 22 de enero de 2026

Publicado: 17 de febrero de 2026

Lorena Margarita Umaña Reyes. Mexicana. Socióloga con Maestría en Estudios Políticos y Sociales y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Integrante de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres. Correo electrónico: lorena.umana@politicas.unam.mx

Cómo citar

iij-unam

Umaña Reyes, Lorena Margarita, “Reformas electorales en El Salvador 2023-2024: la ingeniería del poder”, Revista Mexicana de Derecho Electoral, México, vol. 13, núm. 24, enero-junio de 2026, e20818. https://doi.org/10.22201/iij.24487910e.2026.24.20818

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Umaña Reyes, L. M. (2026). Reformas electorales en El Salvador 2023-2024: la ingeniería del poder. Revista Mexicana de Derecho Electoral, 13(24), e20818. https://doi.org/10.22201/iij.24487910e.2026.24.20818

rmde

Umaña Reyes, Lorena Margarita (2026). Reformas electorales en El Salvador 2023-2024: la ingeniería del poder. Revista Mexicana de Derecho Electoral, 13(24), e20818. https://doi.org/10.22201/iij.24487910e.2026.24.20818

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1. 1 La autora agradece los comentarios y sugerencias realizados por dos personas dictaminadoras externas a la Revista Mexicana de Derecho Electoral.

2. 2 Las fórmulas de los indicadores utilizados son: (1) Índice de desproporcionalidad de Loosemore-Hanby: D = ½ Σ |vi - si|, donde vi es el porcentaje de votos del partido i y si es el porcentaje de escaños del partido i. El índice mide la suma de las diferencias absolutas entre votos y escaños, dividida entre dos. (2) Número efectivo de partidos, medido a través de la fórmula de Laakso-Taagepera: N = 1/Σ pi², donde pi es la proporción de escaños del partido i. Este indicador identifica cuántos partidos tienen peso real en el sistema considerando su tamaño relativo.