La obligación de investigar las desapariciones forzadas y su aplicación a los crímenes del franquismo en España
La sentencia del Tribunal Supremo de España en el caso por prevaricato contra el juez Garzón por pretender investigar los crímenes del franquismo ha cerrado la vía judicial como medio para canalizar las reclamaciones de los familiares de víctimas del franquismo. En su lugar, el Tribunal sostuvo que otros mecanismos eran los apropiados. La práctica indica, sin embargo, que los juzgados competentes han archivado sistemáticamente las causas y la Ley de Memoria Histórica es insuficiente, colocando a los familiares en un estado de indefensión. Esta situación contrasta con las obligaciones asumidas internacionalmente por España, en especial con la obligación de investigar, y con los desarrollos recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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