NO OBSTANTE SE DEBEN ADOPTAR MEDIDAS PARA QUE LA INTERVENCIÃN PUNITIVA NO SE CONVIERTA EN UN MECANISMO PARA INCIDIR EN LA IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES, LAS GARANTÃAS DE INDEPENDENCIA JUDICIAL NO DEBEN CONTRAVENIR EL PRINCIPIO DE MONOPOLIO MINISTERIAL DE LA ACCIÃN PENAL

Sinopsis: En la sentencia que a continuaciÃ³n se presenta, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n de MÃ©xico resolviÃ³ un recurso de revisiÃ³n interpuesto en contra de una sentencia de amparo dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima. La litis consistiÃ³ en resolver acerca de la constitucionalidad de los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con los cuales el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad estÃ¡ facultado para consignar a jueces y a otros funcionarios judiciales ante el juzgador penal por su probable responsabilidad en la comisiÃ³n de delitos del fuero comÃºn o en ejercicio de su cargo, a condiciÃ³n de que la ProcuradurÃa General de Justicia o algÃºn agente del Ministerio PÃºblico de la misma entidad federativa, lo soliciten. En especÃfico, se verificÃ³ la compatibilidad de estos preceptos con el monopolio del ejercicio de la acciÃ³n penal por parte del Ministerio PÃºblico contenido en el artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n federal. El juicio de amparo originalmente fue promovido por dos funcionarios judiciales que fueron consignados penalmente y separados de sus cargos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima. El Juez Segundo de Distrito negÃ³ el amparo solicitado argumentando que los preceptos cuestionados no contravenÃan la ConstituciÃ³n federal, puesto que Ã©stos en forma alguna facultaban al Tribunal Superior de Justicia para perseguir la comisiÃ³n de delitos.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n realizÃ³ un anÃ¡lisis histÃ³rico acerca de la razÃ³n que motivÃ³ la separaciÃ³n en el sistema jurÃdico mexicano de las funciones acusadora y juzgadora en distintos Ã³rganos, la cual fue restringir la facultad de perseguir el delito Ãºnica y exclusivamente al Ministerio PÃºblico y a la policÃa bajo su direcciÃ³n, sin la intervenciÃ³n o autorizaciÃ³n de ningÃºn otro Ã³rgano estatal. Ello, a fin de pasar a un sistema acusatorio en el que el Ã³rgano acusador y el encargado de juzgar estuvieran separados, y asÃ garantizar objetividad e imparcialidad al momento de impartir justicia.

En ese sentido, a partir de una interpretaciÃ³n del artÃculo 21 constitucional, la Suprema Corte determinÃ³ que el Ministerio PÃºblico tiene un monopolio que incluye tres aspectos: la investigaciÃ³n del delito, la valoraciÃ³n de los resultados de la averiguaciÃ³n previa para determinar si existen elementos para llevar a una persona a juicio, y, por supuesto, el ejercicio de la acciÃ³n penal. Dicho monopolio no hace distinciones entre personas o tipos de servidores pÃºblicos, tampoco entre fueros federal o local, toda vez que se erige como una garantÃa de protecciÃ³n a derechos, como la libertad personal y el debido proceso. Por tanto, seÃ±alÃ³ que esta exclusividad no era optativa, sino un requisito constitucional que sÃ³lo admitÃa dos modulaciones: la acciÃ³n penal privada y lo dispuesto en el artÃculo 107, fracciÃ³n XVI, de la propia ConstituciÃ³n federal mexicana que faculta a la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n para consignar a las autoridades que incumplan una sentencia de amparo de manera injustificada.

La Primera Sala reconociÃ³ la legitimidad de la intenciÃ³n pretendida por la Carta Magna de Colima, consistente en proteger la imparcialidad e independencia de los jueces ante una posible intervenciÃ³n de carÃ¡cter penal. En este punto, el tribunal nacional citÃ³ a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha insistido sobre la protecciÃ³n especial de la que deben gozar los juzgadores en el ejercicio de su funciÃ³n, sobre todo, por lo que hace al establecimiento de garantÃas que tutelen su independencia, elemento indispensable para poder llevar a cabo adecuadamente su encargo. Estas garantÃas, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, consisten bÃ¡sicamente en el proceso adecuado de designaciÃ³n, la inamovilidad del cargo y la protecciÃ³n contra presiones externas. En especÃfico, con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, indicÃ³ que se deben tomar las medidas para que los jueces sÃ³lo puedan ser destituidos por faltas graves o incompetencia tras haberse incoado procedimientos objetivos en los que se garantice el derecho de defensa. Empero, la Corte Suprema mexicana estimÃ³ que ello no autoriza a pasar por encima del contenido y pretensiÃ³n histÃ³rica de la ConstituciÃ³n federal, que limitan el ejercicio de la acciÃ³n penal al Ministerio PÃºblico, con las excepciones previstas en el propio texto constitucional. No obstante, en aras de hacer coexistir tanto el monopolio ministerial de la acciÃ³n penal como la independencia judicial, determinÃ³ que, el que el Ministerio PÃºblico ejerza acciÃ³n penal en contra de un funcionario judicial, no debe implicar per se la remociÃ³n o suspensiÃ³n en el cargo del funcionario judicial de que se trate.

Con base en los elementos antes descritos, la Suprema Corte declarÃ³ la incompatibilidad de la facultad de consignar a funcionarios judiciales conferida al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima con los lineamientos constitucionales que rigen el ejercicio de la acciÃ³n penal en la ConstituciÃ³n federal mexicana. No obstante, aclarÃ³ que aunque estos preceptos se refieren a la consignaciÃ³n y no al ejercicio de la acciÃ³n penal, el Tribunal recordÃ³ que en criterios anteriores se determinÃ³ que la consignaciÃ³n es el acto de ejercicio de la acciÃ³n penal. Si bien, de acuerdo con los parÃ¡metros de la ConstituciÃ³n de Colima, el Ministerio PÃºblico es el encargado de investigar, asÃ como de informar al Tribunal Superior de Justicia sobre su determinaciÃ³n en el sentido de que se colman los elementos para proceder a ejercer acciÃ³n penal, es este Ã³rgano judicial el que finalmente resuelve si se debe proceder penalmente contra los indiciados, condicionando asÃ el actuar de la autoridad persecutora, lo que representa una invasiÃ³n de competencias.

En este sentencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n de MÃ©xico hizo alusiÃ³n a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ChocrÃ³n ChocrÃ³n vs. Venezuela, para referirse a la importancia de garantizar la independencia judicial.

ALTHOUGH MEASURES MUST BE ADOPTED SO THAT PUNITIVE INTERVENTION DOES NOT BECOME A MECHANISM THAT AFFECTS THE IMPARTIALITY OF JUDGES, THE GUARANTEES OF JUDICIAL INDEPENDENCE MUST NOT CONTRAVENE THE PRINCIPLE OF MONOPOLY OF THE CRIMINAL PROSECUTION

Synopsis: In the judgment presented below, the First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation of Mexico resolved an appeal for review filed against a judgment on an amparo appeal issued by the Second District Judge of the State of Colima. The lawsuit consisted of adjudging on the constitutionality of Article 74, section III and 123 of the Political Constitution of the Free and Sovereign State of Colima, whereby the Superior Court of Justice of that entity has the authority to consign judges and other judicial employees to the criminal judge for their alleged responsibility for crimes of the civil jurisdiction or committed during the exercise of their functions, under the condition that it must be requested by the Public Prosecutorâs Office of the State of Colima or an agent of it. Specifically, it verified the compatibility of these norms with the monopoly of criminal prosecution by the Public Prosecutorâs Office contained in Article 21 of the Federal Constitution. The proceedings on the amparo appeal were originally invoked by two judicial employees who were criminally prosecuted and removed from their positions by the Supreme Court of Justice of the State of Colima. The Second District Judge denied the appeal for legal protection arguing that the provisions under consideration did not contravene the federal constitution given that they authorized the Supreme Court of Justice to prosecute crimes.

The First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation performed a historical analysis of the reasons for the separation in the Mexican legal system of the prosecution and judging functions in various organs, which restricted the power of prosecution of crimes solely and exclusively to the Public Prosecutorâs Office, and to the police under its direction, without the intervention or authorization of any other state body. This was performed in order to establish a prosecution system in which the prosecutor and the person who adjudges are separate, thus guaranteeing objectivity and impartiality when rendering justice.

Based on the foregoing, and on an interpretation of Article 21 of the constitution, the Supreme Court determined that the Public Prosecutorâs Office has a monopoly which includes three aspects: investigating the crime, assessing the results of the preliminary inquiry to determine if there are grounds to bring the person to trial and, of course, the exercise of the prosecution. This monopoly does not distinguish between persons or types of public employees, or between the federal and local spheres, given that it was established as a guarantee for the protection of rights such as personal liberty and due process. Consequently, the Supreme Court indicated that this exclusivity is not optional; rather, it is a constitutional requirement that only admits two exceptions: private criminal action, and that set forth in Article 107 Section XVI of the Federal Constitution of Mexico, which authorizes the Supreme Court of Justice of the Nation to prosecute authorities who fail to comply with an appeal for legal protection in an unjustified manner.

The First Chamber recognized the legitimacy of the intention of the Magna Carta of Colima, which was to protect the impartiality and independence of the judges in the event of a possible intervention of a criminal nature. In this regard, the national court referred to the Inter-American Court of Human Rights, which has insisted on the special protection that judges must enjoy in the exercise of their functions, namely with regard to the establishment of guarantees that protect their independence, which is essential for them to be able to perform their duties adequately. These guarantees, according to the inter-American jurisprudence, essentially consist of an adequate appointment process, tenure in the post and protection from external pressures. Specifically, based on the jurisprudence of the Inter-American Court, it indicated that measures must be taken so that judges can only be removed due to grave offenses or disqualification when proceedings are instituted objectively, in which the right to defense is guaranteed. Nevertheless, the Supreme Court of Mexico considered that this does not authorize dismissing the contents and historical aspiration of the Federal Constitution, which limit the exercise of the criminal action to the Public Prosecutorâs Office, with the exceptions contemplated in the text of the constitution. However, in order for the monopoly of the Public Prosecutorâs Office and judicial independence to coexist, the Public Prosecutorâs Officeâs exercise of a criminal action against a judicial employee does not entail per se removing or suspending this person from their position.

Based on the foregoing, the Supreme Court of Justice declared the incompatibility of the power to accuse judicial employees conferred to the Superior Court of Justice of the State of Colima with the constitutional guidelines regarding the exercise of the criminal action established in the Federal Constitution of Mexico. It explained that although these provisions refer to the accusation and not to the exercise of the prosecution, the Court called to mind that in prior opinions it was held that accusation is the act of the exercise of prosecution. Even though according to the parameters of the Constitution of Colima the Public Prosecutorâs Office is in charge of investigating and reporting to the Superior Court of Justice on its determination of whether there are elements to institute criminal proceedings, this is the judicial organ which finally decides whether criminal proceedings must be instituted against the indicted, thus conditioning the actions of the prosecuting authority, which represents an invasion of competencies.

In this judgment the First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation of Mexico referred to the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the case of ChocrÃ³n ChocrÃ³n v. Venezuela regarding the importance of guaranteeing judicial independence.

suprema corte de justiciA de la naciÃ³n
mÃ©xico
Amparo en revisiÃ³n 202/2013
26 de junio de 2013
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V I S T O S los autos para fallar el amparo en revisiÃ³n 202/2013, promovido en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil once por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima respecto al juicio de amparo indirecto 1046/2011-II y su acumulado; y

R E S U L T A N D O Q U E:

1. El problema jurÃdico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n consiste en verificar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si son constitucionales o no los artÃculos 74, fracciÃ³n II, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica del Estado Libre y Soberano de Colima (de ahora en adelante âConstituciÃ³n Localâ o âConstituciÃ³n PolÃtica de Colimaâ), en los cuales se establecen la facultad del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado para consignar a los jueces de primera instancia y a otros funcionarios judiciales a la autoridad competente por su probable responsabilidad en delitos comunes o en responsabilidades oficiales, siempre y cuando medie la solicitud de la ProcuradurÃa General de Justicia o de algÃºn agente del Ministerio PÃºblico de la misma entidad federativa.

PRIMERO. Antecedentes del caso

2. HÃ©ctor Manuel RamÃrez Michel y Alejandro Ãlvarez AlcÃ¡ntar (de ahora en adelante los âquejososâ o los ârecurrentesâ) se desempeÃ±aron en el aÃ±o dos mil tres, respectivamente, como Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia Civil y Familiar de Villa de Ãlvarez, Colima. Durante ese tiempo, ambos participaron en el trÃ¡mite de un juicio sucesorio testamentario que se radicÃ³ en ese juzgado con el nÃºmero 752/2003, cuyas actuaciones procesales dieron lugar a una denuncia penal por delitos cometidos en la procuraciÃ³n e imparticiÃ³n de justicia y que posteriormente derivaron en el ejercicio de la acciÃ³n penal.

â¦

11. A pesar de lo anterior, durante la resoluciÃ³n del procedimiento administrativo y como consecuencia de la citada vista que el Juez Mixto de Primera Instancia Civil y Familiar en Villa de Ãlvarez, Colima,le dio al agente del Ministerio PÃºblico de la misma ciudad de las actuaciones en el referido juicio testamentario 752/2003, se iniciaron diligencias de investigaciÃ³n ministeriales que derivaron en la radicaciÃ³n de la averiguaciÃ³n previa A.P. V2-215/2009 el ocho de diciembre de dos mil nueve¹, misma que concluyÃ³ con un acuerdo de consignaciÃ³n del dÃa siguiente².

12. En esta consignaciÃ³n se determinÃ³ ejercer acciÃ³n penal y reparaciÃ³n del daÃ±o en contra de varias personas, incluido el antiguo albacea de la sucesiÃ³n testamentaria, por su probable participaciÃ³n en los delitos de falsedad ante la autoridad y fraude en su modalidad de administraciÃ³n fraudulenta, asÃ como en contra de los ahora recurrentes (juez y secretario de acuerdos) por su probable responsabilidad en la comisiÃ³n del delito cometido en la procuraciÃ³n e imparticiÃ³n de justicia, en los tÃ©rminos de autorÃa y participaciÃ³n, previstos y sancionados por los artÃculos 134, fracciÃ³n VIII, en relaciÃ³n con el 20, fracciÃ³n III, ambos del CÃ³digo Penal del Estado Libre y Soberano de Colima.

13. La Juez Penal de Villa de Ãlvarez, Colima, que conociÃ³ de la causa penal emitiÃ³ las Ã³rdenes de aprehensiÃ³n en contra del antiguo albacea y de otras personas y negÃ³ las relativas a los quejosos en este juicio de amparo³. La autoridad ministerial formulÃ³ su inconformidad en contra de la anterior determinaciÃ³n, recurso que correspondiÃ³ conocer a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia⁴.

14. El toca de apelaciÃ³n se registrÃ³ como 217/2010 y, seguidos los trÃ¡mites respectivos, el Tribunal Superior resolviÃ³ modificar la resoluciÃ³n impugnada, para el efecto de que se agotaran los requisitos establecidos en los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica del Estado Libre y Soberano de Colima, asÃ como lo previsto en el precepto 11, fracciÃ³n VIII, de la Ley OrgÃ¡nica del Poder Judicial del Estado de Colima y el artÃculo 29, fracciÃ³n VIII, de la Ley OrgÃ¡nica del Ministerio PÃºblico; es decir, para que la consignaciÃ³n del citado juzgador y secretario de acuerdos fuera efectuada en su caso por el Pleno del propio Tribunal Superior previa solicitud del procurador de justicia⁵.

15. En consecuencia, el nueve de noviembre de dos mil diez, se recibiÃ³ en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima el oficio nÃºmero OCPâ870/2010, firmado por el Procurador General de Justicia de esa entidad federativa, al que se adjuntaron copias certificadas de la citada averiguaciÃ³n previa V2-215/2009, en la cual el Agente del Ministerio PÃºblico de Villa de Ãlvarez, Colima, ejercitÃ³ acciÃ³n penal y pago de reparaciÃ³n del daÃ±o en contra de los referidos quejosos, entre otros⁶.

16. El nueve de agosto de dos mil once, tras el estudio correspondiente, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia determinÃ³ separar del ejercicio de sus funciones a los quejosos como Juez de Primera Instancia y como Secretario de Acuerdos de Juzgado, respectivamente, consignando la averiguaciÃ³n previa ante el Juez Penal de Villa de Ãlvarez, Colima⁷.

SEGUNDO. Demanda y trÃ¡mite del juicio de amparo

17. En contra de la resoluciÃ³n del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima, Alejandro Ãlvarez AlcÃ¡ntar y HÃ©ctor Manuel RamÃrez Michel presentaron demandas de amparo el doce y quince de agosto de dos mil once, respectivamente. El primero reclamÃ³ su separaciÃ³n del cargo como Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Familiar y Mercantil de Manzanillo, Colima, asÃ como las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas de tal determinaciÃ³n. El segundo impugnÃ³ en concreto la resoluciÃ³n, acuerdo o determinaciÃ³n para destituirlo de su funciÃ³n como Juez Mixto de Primera Instancia Civil, Familiar, Mercantil y Penal de ArmerÃa, Colima, y a su vez las consecuencias mediatas e inmediatas.

â¦

SeÃ±alaron como actos reclamados, por un lado, la aprobaciÃ³n,publicaciÃ³n, circulaciÃ³n, refrendo y observancia de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima; en particular, la inconstitucionalidad de los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 y, por otro lado, el oficio correspondiente que se le girÃ³ al Director General de Gobierno del Estado de Colima, la suspensiÃ³n del pago de sus percepciones salariales y las consecuencias mediatas e inmediatas que se deriven de los actos mencionados.

â¦

Se hizo valer la inconstitucionalidad de los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima, al contemplar como una facultad exclusiva del Supremo Tribunal de Justicia de ese Estado, la prerrogativa de consignar a jueces y secretarios de acuerdos ante la autoridad competente.
Esa facultad es asignada sÃ³lo al Ministerio PÃºblico con fundamento en el artÃculo 22 de la ConstituciÃ³n Federal, el cual prevÃ© que el ejercicio de la acciÃ³n penal a travÃ©s de la consignaciÃ³n de los presuntos responsables es Ãºnica y exclusiva de los agentes ministeriales.

21. Posteriormente a la presentaciÃ³n de las ampliaciones de demanda, el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima promoviÃ³ un incidente de acumulaciÃ³n de juicios de amparo ante Juez Segundo de Distrito. En consecuencia, el veinticuatro de octubre de dos mil once, el juzgador determinÃ³ que los juicios de amparo tenÃan una Ãntima conexiÃ³n de los actos reclamados y que por ende era procedente la acumulaciÃ³n del juicio 1076/2011-III-V al 1076/2011-II, al ser este Ãºltimo el mÃ¡s antiguo.

22. Seguidos los procedimientos de ley, el Juez Segundo de Distrito dictÃ³ sentencia el treinta de noviembre de dos mil once, terminada de engrosar el veintinueve de febrero de dos mil doce, en la que negÃ³ el amparo solicitado. Las principales lÃneas argumentativas son las que siguen:

Se calificaron como ineficaces los conceptos de violaciÃ³n de inconstitucionalidad. Los artÃculos 74, fracciÃ³n III y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica son acordes a derecho, pues contrario a lo referido por los quejosos, tales disposiciones no permiten la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia investigue y persiga la comisiÃ³n de ilÃcitos, mucho menos el ejercicio de la acciÃ³n penal que es exclusiva del Ministerio PÃºblico en tÃ©rminos del artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n Federal, sino que Ãºnicamente se trata de una determinaciÃ³n tendente a sancionar a servidores pÃºblicos que hayan incurrido en responsabilidades comunes y oficiales, previa peticiÃ³n del citado Ã³rgano persecutor.

â¦

TERCERO. TrÃ¡mite del recurso de revisiÃ³n y resoluciÃ³n
de la reasunciÃ³n de competencia

23. Contra el fallo anterior, ambos quejosos promovieron recurso de revisiÃ³n el veintidÃ³s y veintiuno de marzo de dos mil doce, respectivamente. En sus escritos se plantearon de manera similar varios argumentos de constitucionalidad y legalidad, entre los que destacan los siguientes:

Contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, sostienen que los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima son incompatibles con el artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n Federal. La consignaciÃ³n es una facultad exclusiva y monopÃ³lica del Ministerio PÃºblico que no puede ser delegada al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Consignar es la manera escrita en que se ejercita la acciÃ³n penal y expresa la pretensiÃ³n punitiva ante el Ã³rgano jurisdiccional, la cual desde el punto de vista constitucional corresponde en Ãºnica instancia a los agentes del ministerio pÃºblico correspondiente.

â¦

24. El Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del TrigÃ©simo Segundo Circuito, mediante acuerdo de nueve de abril del aÃ±o en cita, admitiÃ³ a trÃ¡mite los citados medios de defensa y ordenÃ³ su registro conjunto como amparo en revisiÃ³n nÃºmero 180/2012. No obstante, el diecisÃ©is de noviembre siguiente, tras analizar las causales de improcedencia, el citado Ã³rgano jurisdiccional determinÃ³ remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n al considerar que se trataba de un asunto de importancia y trascendencia.

â¦

CONSIDERANDO:

TERCERO. Estudio de fondo

33. Esta Primera Sala considera fundado el primer agravio de los recurrentes en el que alegan la inconstitucionalidad de los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima. A nuestro juicio, las normas impugnadas no pasan un estÃ¡ndar de constitucionalidad al contravenir de manera directa el contenido del artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n Federal, el cual regula las condiciones y requisitos para que se pueda ejercer la acciÃ³n penal.

34. Para estar en aptitud de explicar estas conclusiones, se desarrollarÃ¡ en un primer momento el sistema normativo implementado en la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima para proceder penalmente en contra de jueces y algunos otros funcionarios pertenecientes al Poder Judicial de esa entidad federativa, para despuÃ©s aplicar el correspondiente escrutinio judicial a las disposiciones reclamadas.

I. ANÃLISIS DEL SISTEMA NORMATIVO
DE LA CONSTITUCIÃN LOCAL

35. Los artÃculos impugnados de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima en la demanda de amparo son del tenor siguiente:

ArtÃculo 74.- Corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado:

[â¦]

III.- Consignar a los jueces de primera instancia y demÃ¡s que designe la Ley OrgÃ¡nica del Poder Judicial, a la autoridad competente, por delitos comunes o responsabilidades oficiales en que incurran, a solicitud del Procurador General de Justicia;

[â¦]

ArtÃculo 123.- Contra los funcionarios PÃºblicos de que habla el artÃculo 74, fracciÃ³n III sÃ³lo podrÃ¡ procederse por las responsabilidades comunes y oficiales, cuando el supremo Tribunal de Justicia, previa peticiÃ³n del Ministerio PÃºblico, consigne a los presuntos culpables, a la autoridad competente, quedando desde luego separados aquÃ©llos del ejercicio de sus funciones.

â¦

42. El primer artÃculo otorga un poder al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima consistente en ser la autoridad encargada de consignar las averiguaciones previas que se sigan en contra de jueces y otros miembros del Poder Judicial (secretarios segÃºn el artÃculo 11, fracciÃ³n VII, de la Ley OrgÃ¡nica del Poder Judicial) por delitos del orden comÃºn o responsabilidades oficiales, previa solicitud del Procurador General de Justicia.

43. El segundo artÃculo, por su lado, es una regla que regula cÃ³mo debe operarse cuando se analice la situaciÃ³n jurÃdica particular de jueces y otros integrantes del Poder Judicial por presuntas âresponsabilidades comunes y oficialesâ durante el ejercicio de su encargo. AsÃ, para que se pueda dar el trÃ¡mite correspondiente, el Supremo Tribunal de Justicia,a solicitud del Ministerio PÃºblico, tuvo que haber estudiado el caso concreto y la respectiva averiguaciÃ³n previa y autorizar la consignaciÃ³n de la misma a la autoridad competente, teniendo como consecuencia necesaria la separaciÃ³n de los servidores pÃºblicos de sus funciones

â¦

47. En suma, con base en las disposiciones normativas antes citadas, cuando un juez o un secretario del Poder Judicial del Estado de Colima cometa una conducta ilÃcita que dÃ© lugar a un delito de orden comÃºn u oficial (efectuado en el ejercicio de su cargo pÃºblico), la decisiÃ³n o no de consignar la respectiva averiguaciÃ³n previa a la autoridad judicial serÃ¡ competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia, a solicitud del Procurador General de la RepÃºblica o de un agente del Ministerio PÃºblico. Si la consignaciÃ³n procediere, se separarÃ¡ del cargo al funcionario pÃºblico de manera automÃ¡tica.

II. ESCRUTINIO JUDICIAL DE LAS NORMAS
IMPUGNADAS

48. Dicho todo lo anterior, la pregunta pertinente es si existe algÃºn impedimento desde la ConstituciÃ³n Federal para que el Estado de Colima, en su estricto Ã¡mbito de competencias y configuraciÃ³n legislativa, regule de manera diferenciada la consignaciÃ³n de la averiguaciÃ³n previa de ciertos miembros del Poder Judicial ante la autoridad judicial competente, cuando a estos funcionarios se les considere probables responsables de delitos del orden comÃºn u oficial.

49. La posiciÃ³n del Juez de Distrito fue que, contrario a lo argumentado por los quejosos en la demanda de amparo, los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima no permiten al Tribunal Superior de Justicia investigar o perseguir la comisiÃ³n de delitos ni mucho menos ejercer la acciÃ³n penal, la cual es exclusiva del Ministerio PÃºblico en tÃ©rminos del artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n Federal. En realidad, para el juzgador, lo que mandatan estas disposiciones normativas es una simple âdeterminaciÃ³n tendente a sancionar, a servidores pÃºblicos que hayan incurrido en responsabilidades comunes y oficiales, previa peticiÃ³n de dicho Ã³rgano prosecutorâ, aunado a que a su parecer los quejosos omitieron demostrar jurÃdicamente quÃ© hipÃ³tesis normativas del citado precepto de la ConstituciÃ³n Federal resulta adversa a la legislaciÃ³n secundaria, por lo que no estudiÃ³ los argumentos relacionados con las sanciones de separaciÃ³n.

50. Esta Primera Sala no comparte los razonamientos del juez de amparo. Tomando en cuenta la causa de pedir de los recurrentes y aplicando la suplencia de la queja, los artÃculos impugnados sÃ inciden sobre el ejercicio de la acciÃ³n penal y no superan un escrutinio judicial por lo que hace al respeto de los lineamientos de la ConstituciÃ³n Federal relacionados con las facultades del Ministerio PÃºblico.

â¦

55. Ahora bien, con base en un escrutinio estricto, esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima resultan inconstitucionales, pues como se adelantÃ³ incumplen con los lineamientos previstos en el artÃculo21 de la ConstituciÃ³n Federal para que se pueda ejercitar vÃ¡lidamente una acciÃ³n penal. Lo anterior, a pesar de que las normas impugnadas gocen de una presunciÃ³n de constitucionalidad y de un estatus primigenio en el orden jurÃdico local (al derivar de un procedimiento legislativo constituyente y agravado en el que participaron varios Ã³rganos del Estado como el Congreso y los ayuntamientos), toda vez que con fundamento en el principio de supremacÃa de la ConstituciÃ³n Federal ninguna norma secundaria del ordenamiento jurÃdico puede quedar exenta de control constitucional, aun cuando se trate de una norma de una ConstituciÃ³n Local.

56. El artÃculo 21constitucional vigente desde su reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, en la parte pertinente, establece lo siguiente (negritas nuestras):

Art. 21.- La investigaciÃ³n de los delitos corresponde al Ministerio PÃºblico y a las policÃas, las cuales actuarÃ¡n bajo la conducciÃ³n y mando de aquÃ©l en el ejercicio de esta funciÃ³n.

El ejercicio de la acciÃ³n penal ante los tribunales corresponde al Ministerio PÃºblico. La ley determinarÃ¡ los casos en que los particulares podrÃ¡n ejercer la acciÃ³n penal ante la autoridad judicial. [â¦]

57. El precepto constitucional seÃ±ala que el Ministerio PÃºblico es la autoridad competente para ejercer la acciÃ³n penal en una averiguaciÃ³n previa, sin que se contemplen distinciones entre personas y mucho menos entre tipos de servidores pÃºblicos. Para esta Primera Sala, el Ã¡mbito territorial y material de validez del precepto constitucional es la totalidad del territorio mexicano, por lo que su contenido tiene aplicaciÃ³n tanto para el orden jurÃdico federal como para los locales y el del Distrito Federal. En otras palabras, el artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n Federal no tiene una delimitaciÃ³n a cierto Ã¡mbito competencial⁸ y sirve como parÃ¡metro de actuaciÃ³n para todas las autoridades de la RepÃºblica; por ende, funciona en todos los Ã³rdenes jurÃdicos (federal, estatal y el Distrito Federal) como una garantÃa para la protecciÃ³n de varios derechos fundamentales, entre ellos la libertad personal y el debido proceso.

58. El objetivo histÃ³rico de esta disposiciÃ³n constitucional es asignar la facultad de investigaciÃ³n y persecuciÃ³n del delito a una sola instituciÃ³n, a fin de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades formen parte de la indagaciÃ³n de los hechos que pudieran o no derivar en una conducta antijurÃdica. El Ministerio PÃºblico se concibe entonces como Ãºnico Ã³rgano investigador y acusador y como consecuente representante social en el proceso penal⁹.

59. Previo a la citada reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, el artÃculo 21, primer pÃ¡rrafo, de la ConstituciÃ³n Federal instauraba claramente que la âinvestigaciÃ³n y persecuciÃ³n de los delitosâ incumbÃa exclusivamente al Ministerio PÃºblico en su carÃ¡cter de representante social¹⁰. Este mandato constitucional se encuentra presente desde el texto de la ConstituciÃ³n PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete (de ahora en adelante âConstituciÃ³n de 1917â).

60. De un anÃ¡lisis del procedimiento de modificaciÃ³n constitucional del Poder Constituyente Originario de 1916-1917, se puede advertir que tanto el Proyecto de Reformas presentado por Venustiano Carranza como los dictÃ¡menes de la ComisiÃ³n Revisora del Congreso Constituyente tuvieron como intenciÃ³n dejar en claro que la Ãºnica autoridad facultada para investigar los delitos y efectuar la acusaciÃ³n correspondiente serÃa el Ministerio PÃºblico, con el fin de instaurar un sistema acusatorio en el que el juez sÃ³lo se encargarÃa de aplicar las penas.

61. Al respecto, debe destacarse que la instituciÃ³n del Ministerio PÃºblico no se originÃ³ en la ConstituciÃ³n de 1917, sino en la ConstituciÃ³n PolÃtica de la RepÃºblica Mexicana de 1857 (de ahora en adelante âConstituciÃ³n de 1857â) y en su legislaciÃ³n secundaria. Durante la mayor parte del siglo XIX no existiÃ³ propiamente la figura del Ministerio PÃºblico, sino que se preveÃa la participaciÃ³n de fiscales en los juicios del orden penal o civil a nivel federal, los cuales estaban adscritos al Poder Judicial. Los jueces eran los que funcionaban tanto como investigadores del delito como aplicadores de las sanciones. El artÃculo 91 de la ConstituciÃ³n de 1857, por ejemplo, disponÃa que â[l]a Suprema Corte de Justicia se compondrÃ¡ de once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador generalâ.

62. Fue hasta el 22 de mayo de 1900 cuando se dio sustento constitucional a la figura del Ministerio PÃºblico. En la reforma a los artÃculos 91 y 96 de la ConstituciÃ³n de 1857 se seÃ±alÃ³, respectivamente, que â[l]a Suprema Corte de Justicia se compondrÃ¡ de quince Ministros y funcionarÃ¡ en Tribunal Pleno o en Salas, de la manera que establezca la leyâ y que â[l]a ley establecerÃ¡ y organizarÃ¡ los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Ministerio PÃºblico de la FederaciÃ³n. Los funcionarios del Ministerio PÃºblico y el Procurador General de la RepÃºblica que ha de presidirlo, serÃ¡n nombrados por el Ejecutivoâ. Lo anterior implicÃ³ que por primera vez se separÃ³ al denominado fiscal del Poder Judicial y se le incorporÃ³ al Poder Ejecutivo bajo su denominaciÃ³n de Ministerio PÃºblico.

63. El diecisÃ©is de diciembre de mil novecientos ocho se emitiÃ³ la Ley de OrganizaciÃ³n del Ministerio PÃºblico Federal, en la que se dispuso que esta instituciÃ³n serÃa la encargada de auxiliar a la administraciÃ³n de justicia en el orden federal, de la persecuciÃ³n, investigaciÃ³n y represiÃ³n de los delitos federales, asÃ como de defender los intereses de la FederaciÃ³n ante la Suprema Corte de Justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito. No obstante lo anterior, lo que sucediÃ³ en la prÃ¡ctica es que el Ministerio PÃºblico no ejercÃa sus facultades y los jueces seguÃan siendo los encargados de investigar y sancionar los delitos.

64. En consecuencia, fue por dicha razÃ³n que el Proyecto de Reformas presentado por Venustiano Carranza ante el Poder Constituyente seÃ±alÃ³ que (negritas nuestras):

Las leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el comÃºn, han adoptado la instituciÃ³n del Ministerio PÃºblico, pero tal adopciÃ³n ha sido nominal, porque la funciÃ³n asignada a los representantes de aquÃ©l, tiene carÃ¡cter meramente decorativo para la recta y pronta administraciÃ³n de justicia.

Los jueces mexicanos han sido, durante el periodo corrido desde la consumaciÃ³n de la Independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la Ã©poca colonial: ellos son los encargados de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto siempre se han considerado autorizados a emprender verdaderos asaltos contra los reos, para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna desnaturaliza las funciones de la judicatura.

La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por jueces que, ansiosos de renombre, veÃan con positiva fruiciÃ³n que llegase a sus manos un proceso que les permitiera desplegar un sistema completo de opresiÃ³n, en muchos casos contra personas inocentes, y en otros contra la tranquilidad y el honor de las familias, no respetando, en sus inquisiciones, ni las barreras mismas que terminantemente establecÃa la ley.

La misma organizaciÃ³n del Ministerio PÃºblico, a la vez que evitarÃ¡ ese sistema procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad de la magistratura, darÃ¡ al Ministerio PÃºblico toda la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la persecuciÃ³n de los delitos, la busca de los elementos de convicciÃ³n, que ya no se harÃ¡ por procedimientos atentatorios y reprobados, y la aprehensiÃ³n de los delincuentes.

65. AsÃ, el Poder Constituyente originario, tomando nota de la intenciÃ³n del proyecto de Venustiano Carranza, discutiÃ³ en varias ocasiones el artÃculo 21 constitucional, apoyando en Ãºltima instancia el criterio de que el Ministerio PÃºblico serÃa la Ãºnica autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, sin autorizaciÃ³n o participaciÃ³n de cualquier otra autoridad. Por ende, cuando en el primer pÃ¡rrafo del artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n de 1917 se estableciÃ³ que â[l]a persecuciÃ³n de los delitos incumbe al Ministerio PÃºblico y a la policÃa judicial, la cual estarÃ¡ bajo la autoridad y mando inmediato de aquÃ©lâ, lo que se quiso dejar en claro fue una clara divisiÃ³n de competencias en la que la imposiciÃ³n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, mientras que la persecuciÃ³n y la investigaciÃ³n de los delitos corresponde al Ministerio PÃºblico y a la PolicÃa Judicial que se encuentra subordinada al mismo.

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67. AsÃ las cosas, a partir de su texto original y sus consecuentes reformas hasta antes del dos mil ocho, se advierte que el artÃculo 21, pÃ¡rrafo primero, de la ConstituciÃ³n Federal establecÃa tres principios fundamentales: a) el Ministerio PÃºblico tiene el monopolio de la investigaciÃ³n del hecho punible y de la responsabilidad de sus autores; b) goza a su vez del poder exclusivo de valorar los resultados de la averiguaciÃ³n previa y determinar si queda acreditado o no la probable responsabilidad de la persona al comprobarse los elementos del tipo penal, y c) el propio Ministerio PÃºblico detenta la facultad de ejercer la acciÃ³n penal ante las autoridades judiciales competentes e instar su actuaciÃ³n jurisdiccional (consignaciÃ³n). Lo anterior, con la salvedad de la facultad otorgada a la Suprema Corte en caso de incumplimiento de una sentencia de amparo, segÃºn el artÃculo 107, fracciÃ³n XVI, de la ConstituciÃ³n Federal.

68. La reforma constitucional de dos mil ocho modificÃ³ o modulÃ³ parcialmente los referidos principios, pues aÃ±adiÃ³ el supuesto de ejercicio de la acciÃ³n penal por parte de los particulares (que aÃºn no ha sido regulado en el Ã¡mbito federal o en el Estado de Colima); sin embargo, mantuvo el contenido base de los aludidos principios rectores del artÃculo 21 constitucional. El Ministerio PÃºblico conserva, salvo en casos de excepciÃ³n, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados y para instar la actuaciÃ³n jurisdiccional mediante la materializaciÃ³n de la acciÃ³n penal y la remisiÃ³n de la averiguaciÃ³n previa a la autoridad competente.

69. Por lo tanto, el que al Ministerio PÃºblico federal o local se le asigne el poder para ejercer la acciÃ³n penal no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino un requisito constitucional desde el texto de la ConstituciÃ³n de 1917 que actualmente sÃ³lo admite dos modulaciones: por una parte, la facultad que detenta la Suprema Corte para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en tÃ©rminos del referido artÃculo 107, fracciÃ³n XVI, constitucional y, por la otra, el ejercicio de la acciÃ³n penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederÃ¡ conforme a los presupuestos que se regulen en la normatividad secundaria, cuyas implicaciones no son parte de la materia de este asunto y esta Corte considera innecesario un pronunciamiento al respecto.

70. Con base en estos razonamientos, dado que los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima establecen que para proceder en contra de un juez o secretario del Poder Judicial Local por delitos de orden comÃºn u oficial, el Tribunal Superior de Justicia serÃ¡ el encargado de consignar el asunto ante la autoridad competente, previa peticiÃ³n del Procurador General de Justicia o del Ministerio PÃºblico, esta Primera Sala estima que en el caso concreto existe una incongruencia con los mencionados lineamientos constitucionales.

71. Si bien los artÃculos reclamados no se refieren al ejercicio de la acciÃ³n penal, sino a la consignaciÃ³n, esta Suprema Corte ha sostenido que la consignaciÃ³n es el acto de ejercicio de la acciÃ³n penal por parte del Ministerio PÃºblico y la consecuente remisiÃ³n de la averiguaciÃ³n previa (con detenido o sin detenido) al juez competente, con el objetivo de que Ã©ste radique el asunto y se pronuncie, en su caso, sobre la validez de la detenciÃ³n y/o emita la determinaciÃ³n procesal correspondiente con fundamento en los artÃculos 16 y 19 de la ConstituciÃ³n Federal y en su legislaciÃ³n secundaria.

72. Al respecto, en la contradicciÃ³n de tesis 83/2005-PS, resuelta el veintiocho de septiembre de dos mil cinco por esta Primera Sala, se destacÃ³ que âuna vez que el Ministerio PÃºblico verifica la existencia del hecho delictuoso, inicia el ejercicio de la acciÃ³n penal con la correspondiente consignaciÃ³n, es decir, solicita al Ã³rgano jurisdiccional la aplicaciÃ³n de la ley con relaciÃ³n a ese hechoâ. Asimismo, en la contradicciÃ³n de tesis 478/2011, fallada por la propia Sala el veinticinco de abril de dos mil doce, se dijo que âel ejercicio de la acciÃ³n penal se expresa a travÃ©s de la consignaciÃ³nâ y que una vez ejercitada la acciÃ³n penal, se âinicia el periodo de preinstrucciÃ³n del proceso, durante el cual la autoridad judicial define la situaciÃ³n jurÃdica del indiciado, y ello se expresa, entre otros, en el auto de formal prisiÃ³nâ.

73. En esta tÃ³nica, al prever los artÃculos impugnados que el Tribunal Superior de Justicia es el encargado de consignar a los jueces y demÃ¡s miembros del Poder Judicial que seÃ±ale su ley ante la autoridad competente, se incide invariablemente sobre el ejercicio de la acciÃ³n penal. Aun cuando el Ministerio PÃºblico local sea el que realiza la investigaciÃ³n de los presuntos hechos delictuosos y el que por medio de una solicitud (del propio agente ministerial o del procurador) remite al Tribunal Superior su determinaciÃ³n sobre la acreditaciÃ³n de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del juez o secretario en delitos de orden comÃºn u oficiales, es el Tribunal Superior el que en Ãºltima instancia decide si se procede o no penalmente en contra del respectivo servidor pÃºblico, invadiendo esferas competenciales que la ConstituciÃ³n Federal establece para el Ministerio PÃºblico.

74. El contenido de los preceptos reclamados no deja lugar a dudas que la determinaciÃ³n del Tribunal Superior es vinculante, pues finalmente es necesario su permisiÃ³n para proceder penalmente en contra de jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, ello aunado a que ambos artÃculos aclaran que serÃ¡ este Ã³rgano jurisdiccional el que materialmente efectÃºe la consignaciÃ³n. Lo anterior se comprueba con los antecedentes legislativos de los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima.

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76. Por ende, contrario a lo argumentado en la sentencia de amparo del Juez de Distrito, la decisiÃ³n que toma el Tribunal Superior de Justicia no es una simple determinaciÃ³n procesal que en nada afecta a la investigaciÃ³n y persecuciÃ³n de los delitos, sino una resoluciÃ³n que supedita material y formalmente la actuaciÃ³n y competencia del agente ministerial como representante social en la Ãºltima etapa de la averiguaciÃ³n previa: el ejercicio de la acciÃ³n penal.

77. Aunado a lo anterior, las normas reclamadas transgreden el principio de imparcialidad, toda vez que es una propia autoridad jurisdiccional la que decide si se procede o no penalmente en contra de sus propios servidores pÃºblicos, a pesar de que se trate de delitos de orden comÃºn que en nada se relacionan con el ejercicio del cargo pÃºblico.

78. Cabe insistir que esta Primera Sala reconoce que los artÃculos impugnados gozan de una presunciÃ³n constitucional reforzada, al haber sido aprobados por el Poder Constituyente del Estado de Colima; sin embargo, se considera que las normas sujetas a escrutinio incumplen frontalmente con los lineamientos establecidos en el artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n Federal y no pueden ser sujetas a una interpretaciÃ³n conforme, en aras de respetar el principio de estricta legalidad en materia penal. Al usar el concepto jurÃdico de consignaciÃ³n, la interpretaciÃ³n de los preceptos reclamados no puede ser otra que la aludida anteriormente.

79. Asimismo, se destaca que no pasa desapercibido para esta Primera Sala que el objetivo pretendido de los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima consiste en salvaguardar la libertad, imparcialidad e independencia de los juzgadores para que no sean objeto de molestias y pesquisas penales en el transcurso de su funciÃ³n pÃºblica, tal como lo sostiene el Congreso del Estado en su informe justificado¹¹.

80. No obstante, si bien la protecciÃ³n de las citadas prerrogativas de ciertos miembros del Poder Judicial es una finalidad constitucionalmente legÃtima, ello no actualiza en automÃ¡tico una excepciÃ³n a lo expresamente previsto en el artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n Federal. Se insiste, el Ministerio PÃºblico es la Ãºnica autoridad que puede ejercer materialmente la acciÃ³n penal y sus excepciones sÃ³lo estÃ¡n previstas en el propio texto constitucional. La razÃ³n histÃ³rica de este requisito era obtener el mayor grado de objetividad y seguridad jurÃdica, asignando la facultad de investigaciÃ³n y persecuciÃ³n de los delitos a una sola instituciÃ³n, para dejar a los jueces Ãºnicamente la aplicaciÃ³n de las sanciones. AsÃ, el dejar que los miembros del Tribunal Superior de Justicia sean los encargados directos de aceptar la procedencia del ejercicio de la acciÃ³n penal transgrede directamente el contenido y la pretensiÃ³n histÃ³rica del artÃculo 21 constitucional.

81. AdemÃ¡s, el que se le otorgue la facultad al Tribunal Superior de Justicia para analizar la averiguaciÃ³n previa y consignar directamente a los jueces o secretarios en nada asegura que se vaya a proteger su funciÃ³n pÃºblica y a respetar las prerrogativas que, en el supuesto del juez, le corresponden desde el Ã¡mbito constitucional. En su caso, el mecanismo idÃ³neo para la tutela de los principios de estabilidad e independencia del juzgador es una participaciÃ³n conjunta entre el Ministerio PÃºblico, el juez penal y el Tribunal Superior de Justicia a fin de que se tome una determinaciÃ³n, cada uno en su esfera de competencias, que afecte en la menor medida posible el servicio pÃºblico de procuraciÃ³n de justicia.

82. A mayor abundamiento, es criterio reiterado de esta Suprema Corte que ciertos miembros del Poder Judicial, como los jueces y magistrados, detentan una protecciÃ³n constitucional para la consecuciÃ³n de su independencia y estabilidad en el ejercicio de sus funciones¹².Por ejemplo, debe establecerse una remuneraciÃ³n adecuada y se deben de fijar previamente las condiciones de remociÃ³n en el cargo y la posibilidad de ratificaciÃ³n en el mismo.

83. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tambiÃ©n ha sido enfÃ¡tica en la tutela especial que deben de tener los juzgadores para el ejercicio de sus cargos. En el Caso ChocrÃ³n ChocrÃ³n vs. Venezuela¹³, se seÃ±alÃ³ que a diferencia de los demÃ¡s funcionarios pÃºblicos, los jueces âcuentan con garantÃas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la funciÃ³n judicialâ¹⁴. Sobre ese punto se aÃ±adiÃ³ en los pÃ¡rrafos 98 y 99 que de conformidad con su jurisprudencia, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Principios BÃ¡sicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, se derivan de la independencia judicial las garantÃas de âun adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantÃa contra presiones externasâ¹⁵, por lo que los jueces âsÃ³lo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad segÃºn la constituciÃ³n o la ley. Este Tribunal ha acogido estos principios y ha afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destituciÃ³n de un juez debe conducirse independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensaâ¹⁶.

84. Si bien esta Primera Sala reconoce y acoge los detallados principios de estabilidad e independencia judicial, debe aclararse que su tutela no pasa por la desatenciÃ³n de los requisitos establecidos en la ConstituciÃ³n Federal para el debido ejercicio de la acciÃ³n penal. A nuestro juicio, en aras de respetar tanto el contenido del artÃculo 21 constitucional como las referidas garantÃas en la funciÃ³n jurisdiccional, compete en exclusiva al Ministerio PÃºblico tanto la investigaciÃ³n y valoraciÃ³n de la probable responsabilidad penal del indiciado, asÃ como el ejercicio material de la acciÃ³n penal y la correlativa facultad de instar la actuaciÃ³n jurisdiccional del juez (consignaciÃ³n). Sin que ello involucre de manera forzosa y automÃ¡tica que la autoridad correspondiente del Poder Judicial deberÃ¡ remover o suspender del cargo al respectivo juzgador en caso de que se le investigue o consigne, en aras de atender al principio de presunciÃ³n de inocencia y las garantÃas de estabilidad e independencia judicial.

85. Dicho todo lo anterior, y dado que en el caso concreto la aplicaciÃ³n de los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima contrarÃan de manera directa el artÃculo 21 de la ConstituciÃ³n Federal, esta Primera Sala estima que ante la laguna jurÃdica que produce la declaratoria de invalidez, la autoridad local en su libre Ã¡mbito de apreciaciÃ³n y uso de sus competencias puede basar su actuaciÃ³n en los lineamientos reciÃ©n citados sobre el adecuado ejercicio de la acciÃ³n penal en contra de jueces o magistrados.

86. En consecuencia, bajo el contexto argumentativo reciÃ©n seÃ±alado, esta Primera Sala considera procedente revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo a los quejosos en contra de los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica de Colima, publicados en el PeriÃ³dico Oficial de ese Estado el veintisÃ©is de marzo de mil novecientos noventa y cuatro y el doce de noviembre de mil novecientos treinta y dos, respectivamente. La concesiÃ³n del amparo se hace extensiva al acto de aplicaciÃ³n, consistente en la resoluciÃ³n del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa de nueve de agosto de dos mil once, al tener como fundamento de la competencia los artÃculos declarados como inconstitucionales.

87. Es importante seÃ±alar que dado lo fundado y suficiente del agravio analizado en el presente considerando para revocar la sentencia recurrida, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos de inconstitucionalidad.

Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisiÃ³n, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la UniÃ³n ampara y protege a HÃ©ctor Manuel RamÃrez Michel y Alejandro Ãlvarez AlcÃ¡ntar, en contra de los artÃculos 74, fracciÃ³n III, y 123 de la ConstituciÃ³n PolÃtica del Estado Libre y Soberano de Colima, publicados en el PeriÃ³dico Oficial de ese Estado el veintisÃ©is de marzo de mil novecientos noventa y cuatro y el doce de noviembre de mil novecientos treinta y dos, asÃ como de su acto de aplicaciÃ³n seÃ±alado en el resultando primero de esta ejecutoria, en tÃ©rminos del Ãºltimo considerando de la misma.

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¹³

Caso ChocrÃ³n ChocrÃ³n vs. Venezuela, ExcepciÃ³n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No 227.

¹⁴

Ibidem, pÃ¡rr. 97

¹⁵

Ibidem, parr. 98.

¹⁶

Ibidem, parr. 99.