Críticas al funcionamiento actual de la justicia laboral

Publicado el 18 de marzo de 2016 Alexis Aguilar Domínguez Abogado postulante en materia civil y catedrático de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas; especialista en Derecho Internacional Privado, y maestro en derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM 510019417@derecho.unam.mx

Con fecha 4 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto anunció, en la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo en Cancún, que en febrero del año entrante se presentará una iniciativa para modificar a la justicia laboral, manifestando incluso que esta clase de juicios en la actualidad son lentos y costosos; contraviniendo aquel viejo adagio que está grabado en oro y que reza de la siguiente forma: “La justica es gratuita, pronta y expedita”. Lo anterior no tiene nada de novedoso, ni de notorio, pues quienes que se han visto inmersos en una litis laboral saben de la lentitud que caracteriza el proceso, y ni hablar de los litigantes en dicha materia.

Los hechos valen más que mil palabras, y lo único cierto es que los juicios laborales son una agonía; desde que se entabla una demanda hasta que se cobra un juicio transcurren de manera normal de 3 a 4 años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, y me atrevo a decir que sucede lo mismo en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tuxtla Gutiérrez; si es un juicio con competencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal dura de 4 a 7 años, y si es en el Tribunal Federal de 5 a 10 años.

Lo peor es la Junta Federal del Distrito Federal; por lo regular nunca se acuerdan las promociones, por lo que el abogado debe promover amparo indirecto en contra de la autoridad por omisión, para obligar a las autoridades a acordarla. La otra vía es la económica, y si hay interés en que el asunto marche debe darse una cantidad monetaria y extraoficial. En numerosas ocasiones, sólo con dinero las autoridades laborales hacen su trabajo; además de pagar el acuerdo de las promociones que se presenten, hay que pagar también por el exhorto, el embargo. En pocas palabras, nuestra justicia se mancilla, pues las autoridades laborales piden dinero por todo, puesto que ya es costumbre, tanto de servidores públicos como de los propios litigantes, manejar este acuerdo fuera de lo oficial.

El resultado de todo lo anterior es que los jueces de distrito están saturados de amparos por omisión ante la negligencia de las autoridades que se han convertido en verdaderos mercados; no hablemos de peritos, pues también se venden al mejor postor. El origen de la problemática, en su mayoría, se debe a que los presidentes de las juntas, no entienden como debe ser lo que se está controvirtiendo, debido a que sus nombramientos son totalmente discrecionales, o como coloquialmente afirma: “de dedazo”. No obstante, se debe mencionar que existen unos muy respetables conocedores del derecho laboral, con un buen curriculum; sin embargo, son pocos, pues la mayoría no entiende siquiera como se desahoga una testimonial.

Ahora los tribunales colegiados se han convertido en una ruleta rusa, no se tiene certeza si se ganará o perderá un juicio; legislan, crean derecho del trabajo sin tener facultades, han llegado a establecer que las contrataciones temporales se justifican por el presupuesto anual del gobierno federal, sin que exista un fundamento legal que lo estipule formalmente. En suma, estamos peor después de la reforma que antes de ella.

La ley previó un periodo de cinco años para adaptarse al cambio y estableció en el artículo 48 sanciones a las autoridades por incumplimiento de los tiempos. Ello, en teoría, debería aplicarse el 1o. de diciembre de 2017. Les he preguntado a varios presidentes como piensan cumplir con los tiempos, si tardan en acordar una promoción seis meses y la ley les dice que 48 horas, y la respuesta es que no tienen ni idea. ¿Lo peor? los laudos tardan en promedio de siete meses a tres años en dictarse, cuando la ley dice que en diez días hábiles deben tener un proyecto y ocho para discutirlo.

El gobierno federal debe modificar estas conductas, el problema es la forma en que la mayoría de los presidentes llegan a ocupar dicho cargo; como resultado existe un detrimento en la impartición de justicia, pues no son expertos en la materia, y con lo anterior no lograrán cambiar nada. La capacitación puede ser la respuesta, con una verdadera carrera judicial, donde se capacite al personal, haya tolerancia cero en casos de corrupción, se dé verdaderamente la conciliación y los procesos sean más rápidos, donde además, los peritos sean llamados y rindan su dictamen frente al presidente, sin tener acceso a las partes. Cuando los presidentes sean de carrera y conozcan el juicio, lleven las audiencias y no estén metidos en su oficina, entonces podremos hablar de una buena reforma laboral. Con los tiempos que vienen, Peña Nieto no se tentará el corazón y modificará el artículo 123, pues lo ve como un freno al desarrollo, muy probablemente se extinga eso que llamamos estabilidad en el empleo y se flexibilizarán las relaciones sin derecho a indemnizaciones.

Al respecto, en tiempos de Fox, Nestor de Buen hizo una propuesta muy buena, un seguro de separación, donde el trabajador aportaba una parte y el patrón otra en una cuenta bancaria; Fox lo aplicó en los mandos medios y superiores y, por cierto, los diputados y senadores también se lo aplicaron, sólo a los trabajadores de a pie no les tocó. Ello terminaría con los conflictos laborales, ese ahorro paga las liquidaciones y terminaría con los juicios laborales. Si el trabajador demandaba, el patrón exhibía ante la junta su firma en un recibo, el trabajador iba al banco y cobraba su liquidación; como los mandos medios y superiores del Estado lo hacen, pero les gusta complicarse las cosas y optaron por una reforma recaudadora, donde se pretende que la Secretaría del Trabajo se dedique a cobrar multas a los patrones, eso fue la reforma laboral de Felipe Calderón.

Si la reforma laboral de Felipe Calderón fue mala, la del presidente Enrique Peña Nieto seguirá la misma suerte que la de su predecesor y homólogo, ya que la elaborarán personas que nunca han llevado en la práctica un juicio laboral como litigantes, aunque se habla para esta reforma del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; pero lo que tenemos ahora es una inequidad laboral, catalogada como la peor justicia que existe en el país, sólo rebasada por los reclusorios.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV