El habitáculo de la desgana¹

Publicado el 31 de marzo de 2016 Luis de la Barreda Solórzano Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM, lbarreda@unam.mx

Los gnósticos —corriente religioso-filosófica surgida en los primeros siglos del cristianismo— sostenían que el mundo no fue creación del Dios bueno sino de un demiurgo esencialmente malo que, en consecuencia, creó a la materia como habitáculo del mal. A la vista del funcionamiento del Ministerio Público en México, podríamos considerar que también fue obra de un demiurgo esencialmente malvado que diseñó la institución para que su labor fuera no sólo deficiente sino atroz.

Las quejas más numerosas durante los dos periodos en los que tuve el honor de presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) fueron las presentadas contra el Ministerio Público, por la exasperante lentitud y las omisiones y fallas con que se tramitaban las averiguaciones previas. Varias recomendaciones al respecto dirigimos al procurador de Justicia; 15 años después de que concluí mi gestión (¡ay, cómo vuela el tiempo!), el órgano de la acusación continúa, como en la rima de Bécquer, hoy como ayer, mañana como hoy, ¡y siempre igual! En efecto, la CDHDF en su reciente recomendación 2/2016 da cuenta de que el Ministerio Público de la capital de la República sigue actuando con la negligencia, la falta de profesionalismo y la desconsideración hacia las víctimas con que lo hacía hace tres lustros.

La recomendación se refiere a 19 indagatorias en las que se advierten periodos pronunciados de inactividad en la integración de las investigaciones; desatención a víctimas y/o denunciantes; falta de diligencias orientadas a identificar a los probables responsables de los delitos; falta de oportunidad en la emisión de citatorios, órdenes de comparecencia, búsqueda, investigación y presentación de personas clave para el esclarecimiento de los hechos; falta de seguimiento a las solicitudes de colaboración giradas a policías de investigación; falta de preservación de la escena del delito; práctica a destiempo de diligencias de carácter urgente; instrucciones erróneas para solicitar dictámenes periciales; retraso injustificado en la emisión de esos dictámenes; falta de coordinación entre los agentes ministeriales investigadores, dictaminadores y adscritos; escaso control y supervisión para la integración de las averiguaciones previas, e, incluso, extravío de un expediente.

La CDHDF detectó dilación en la tramitación de las indagatorias por periodos que van desde dos hasta 13 años, lo que en varios casos ha ocasionado que las acciones penales correspondientes hayan prescrito, es decir que los delitos ya no puedan ser investigados en virtud del tiempo transcurrido. La complejidad de los expedientes no justifica en ninguno de los casos la excesiva tardanza en el trámite. Lo que ha motivado la dilación es la “indiferencia en la realización de las diligencias tendentes a acreditar los hechos constitutivos del delito e identificación de los probables responsables”. En otras palabras: la ausencia de profesionalismo y la nula vocación de servicio.

Lo que a mi juicio resulta más escandaloso es que una averiguación previa tarde en integrarse toda la eternidad, que entre una diligencia y otra transcurran meses y meses de vacío absoluto —sin actuaciones ministeriales— y que no se lleven a cabo acciones de pertinencia evidente para el esclarecimiento de los hechos sin que los superiores jerárquicos de los agentes del Ministerio Público detecten esa inacción escandalosa y prolongada. En realidad, la supervisión del trabajo de dichos agentes no es escasa, como apunta la recomendación, sino inexistente —o peor aún: cómplice—, pues de otra manera sería inexplicable que se tolerara tanta apatía y tanto desinterés.

Es curioso que en nuestro país los esfuerzos en materia de justicia penal de los dos gobiernos anteriores y el actual se hayan orientado exclusivamente a la gestación de un nuevo sistema procedimental y no a la transformación radical del órgano persecutor de los delitos, no obstante que el motivo de la desmesurada impunidad que padecemos reside en ese habitáculo de la desidia, la abulia, la desgana, la falta de respeto a las víctimas y la corrupción que es el Ministerio Público.

NOTAS:
1. Se reproduce con autorización del autor, publicado en Excélsior, el 17 de marzo de 2016.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV