Un gobierno intolerante y la crisis de derechos humanos en México

No solamente basta saber qué es lo
justo, es necesario que exista una
voluntad arraigada de cumplir lo justo.
Jorge Adame Goddard

Urge a México reconocer y actuar ante la crisis en derechos humanos

Se ha convertido en un factor común que el Ejecutivo Federal se pronuncie en contra de cualquier informe, opinión, comunicado o reporte que hable sobre violaciones a derechos humanos, ya sean órganos locales o internacionales, por declaraciones particulares, por parte de la sociedad civil, por reconocidos o prestigiados expertos, y/o por organismos internacionales. El gobierno no distingue: descalifica y desprestigia a todos por igual cuando se trata de exponer las realidades sobre violaciones a derechos humanos.

En sus discursos y declaraciones públicas por funcionarios de alto nivel en reuniones nacionales o en foros o parlamentos internacionales, se ha encargado de hablar de su gran compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica es posible observar otra realidad por medio de la cual pareciera que el respeto a los derechos humanos incomoda a los titulares de los órdenes de gobierno en el país.

Incluso, de manera precisa y dejando de lado la postura que el Estado mexicano expresa constantemente, es tangible lo anterior en la inobservancia de las recomendaciones realizadas por expertos y organismos internacionales.

Me permito plasmar a manera de ejemplo algunas observaciones e informes emitidos en los últimos años tanto por diversos organismos en materia de derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 28 de abril de 2014 el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns ¹, de acuerdo con su visita oficial a México en abril y mayo de 2013, en donde observó que “México se enfrenta a grandes problemas para proteger el derecho a la vida”, expresando que dicho derecho se encuentra gravemente amenazado en el país. El relator emitió a su vez las recomendaciones al respecto.

El 29 de diciembre del mismo año, el Consejo de Derechos Humanos también aprobó el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez ², de acuerdo con su visita oficial a México de abril y mayo de 2014, en el cual destacó que “la tortura es generalizada en México” y que “ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”. Dicho informe contiene una serie de recomendaciones en la materia.

El Comité contra la Desaparición Forzada, en febrero de 2015, aprobó sus Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención ³, en donde observa como motivo de preocupación que de acuerdo a la información recibida por el Comité, se ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado mexicano —haciendo mención especial del grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero—, por lo que emite diversas importantes recomendaciones al Estado mexicano.

En los tres casos anteriores, la respuesta del gobierno federal no se ha hecho esperar para desacreditar los informes, señalando en ocasiones la existencia de retos en la materia, pero expresando que la realidad plasmada en los informes y observaciones no atiende a la realidad mexicana.

En lo que respecta al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó, en el marco de sus atribuciones, una visita in loco a México en 2015. Con motivo de dicha visita, el 2 de octubre de 2015 emitió sus observaciones preliminares ⁴ en donde “constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares, haciendo especial hincapié en grupos vulnerables y violaciones especificas a los derechos humanos”.

Apenas a unas horas de haberse dado a conocer dichas observaciones por la CIDH, el gobierno mexicano a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación salió a expresar su postura, la cual fue en el sentido de que el informe preliminar de la CIDH “no refleja la realidad del país”, desacreditando el mismo por razones de escasa temporalidad y territorialidad en que se llevó a cabo la visita. Cabe mencionar que el informe no atiende sólo a la visita, sino que se realiza con base en la información que permanentemente recaba el Órgano de Derechos Humanos sobre México, en uso de sus facultades previstas en el artículo 13 de su Reglamento y en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Respecto a la postura del gobierno, vastas Organizaciones No-Gubernamentales (ONG) se pronunciaron en el sentido de que “el gobierno federal debe atender la crisis de derechos humanos que afecta a la población y dejar de rechazar con argumentos falaces las conclusiones de la CIDH”, expresando que el gobierno federal debe “dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país”. ⁵

En seguimiento a dicha visita, la Comisión Interamericana emitió a principios de 2016 su Informe de País “Situación de derechos humanos en México”, ⁶ en donde se documentan por la CIDH diversas violaciones a derechos humanos y se coincide con los informes y observaciones de los organismos de Naciones Unidas mencionados.

El Informe de la CIDH se presentó bastante completo, incluyendo en su contenido factores que dan lugar a la violencia en México; protección de los derechos humanos en México; así como violencia y seguridad ciudadana, capítulo donde se tratan situaciones de violencia y violaciones a derechos humanos (con énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas con enfoque en el estado de Guerrero, migrantes, mujeres y niñas y niños), ataques a la vida e integridad personal (ejecuciones extrajudiciales y tortura), situaciones específicas de preocupación (Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato), afectaciones a grupos particulares (mujeres, pueblos y comunidades indígenas, comunidad LGBTI, niños, niñas y adolescentes, y migrantes y desplazamiento interno forzado) y situación de las personas privadas de la libertad (tortura y malos tratos, formas arbitrarias de privación de la libertad y condiciones de detención). Dicho informe contiene también un apartado sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos y de periodistas y libertad de expresión, otro de respuesta estatal y un último apartado con conclusiones y recomendaciones.

Como era de esperarse, de manera inmediata el gobierno mexicano desacreditó tal informe y afirmó que sus conclusiones “no reflejan el panorama general del país” y que “parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”. ⁷

Dentro del papel de desacreditación es importante hacer mención especial al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa. En noviembre de 2014 se firmó el “Acuerdo para la Incorporación de Asistencia Técnica Internacional desde la Perspectiva de los Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de 43 Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las Medidas Cautelares MC/409/14 y en el Marco de las Facultades de Monitoreo que la CIDH ejerce sobre la Situación de Derechos Humanos en la Región”. ⁸ Las partes firmantes fueron representantes del Estado mexicano, representantes de las víctimas y representantes de la Comisión Interamericana, por quienes de común acuerdo eligieron a los integrantes de dicho Grupo y se establecieron las obligaciones del mismo.

El GIEI presentó dos informes; el primero dentro de sus primeros seis meses y el segundo al finalizar su mandato, ⁹ en donde presentaron versiones de los hechos que ponen en tela de juicio la “verdad histórica” presentada por la Procuraduría mexicana, así como irregularidades que han ocurrido durante los procesos de investigación, como casos de tortura contra detenidos y desaparición de pruebas. Derivado de lo anterior se desencadenaron ataques públicos contra la legitimidad de los miembros del GIEI, e incluso contra el propio secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. En el mismo sentido, los miembros del GIEI denunciaron acosos en su contra, descalificaciones ad hominem y obstáculos para realizar su mandato.

Al finalizar el segundo mandato y presentar su informe el GIEI, el gobierno mexicano decidió no renovar el mandato del GIEI, por lo que terminó su labor en territorio mexicano y se anunció que se acordaría por parte de la CIDH y del gobierno federal un nuevo mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa.

Por otro lado, el pasado 23 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una grave crisis financiera que la llevó a suspender sus próximos dos periodos de sesiones y a un inminente despido del 40% de su personal en caso de no conseguir fondos suficientes para junio de este año. ¹⁰ La crisis financiera de la CIDH no es ninguna novedad, pues siempre ha tenido un presupuesto limitado por decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), sumando a lo anterior aportaciones voluntarias de los Estados parte de la OEA, Estados observadores, la Unión Europea y Organizaciones No Gubernamentales, las cuales le han permitido sobrevivir. El problema se agrava en esta ocasión debido a que países europeos han decidido destinar sus apoyos a derechos humanos hacia la crisis migratoria que afecta a dicho continente y han cuestionado el hecho de que los Estados americanos no financien su propio sistema de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano creado por los Estados parte de la Organización de Estados Americanos y forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia de lo anterior, es responsabilidad de los Estados miembros de la OEA su financiamiento, el cual es necesario para que pueda llevar a cabo el mandato otorgado por los Estados americanos.

Para no perder la costumbre, a través de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas, la postura de México fue en el sentido de que no acudiría en rescate a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que, dijo la secretaria de Estado, México cumple puntualmente con sus cuotas a la OEA, e incluso se jactó de haber donado casi 2 millones de dólares para los trabajos del mencionado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. ¹¹ Es preciso aclarar que ese último dinero, como se dijo, fue para dichos trabajos del GIEI, y en ningún momento fue tocado por la CIDH. El SIDH es, además, el Sistema de Derechos Humanos con el financiamiento más bajo a nivel mundial.

Es importante mencionar que dichos informes y su vinculatoriedad con el Estado mexicano, así como la relación con los órganos de los Sistemas de Derechos Humanos mencionados, nace de sus obligaciones internacionales en la materia de acuerdo a los instrumentos internacionales que ha adoptado, pasando dichos tratados y convenios a formar parte del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, de acuerdo con la Constitución mexicana.

A todo lo anterior se suman otros informes y reportes de los mismos órganos, ¹² así como de Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales, los informes sobre casos de la CIDH y las sentencias de la Corte IDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los órganos de Derechos Humanos de las entidades federativas, sin dejar de lado lo propio de la sociedad civil, haciendo cada vez más visibles las violaciones y la realidad del país.

Es difícil engañar a la percepción social cuando a diario, pese a ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, gracias a las nuevas tecnologías tenemos conocimiento de desapariciones, torturas, ejecuciones, censura y diversos tipos de violencia de Estado y de criminales que terminan lacerando los derechos humanos de los mexicanos, así como cada vez peores cifras y realidades en cumplimiento con los derechos económicos, sociales y culturales.

No es concebible una sociedad democrática donde no exista el mínimo respeto a los derechos de las personas; el gobierno tiene la obligación de garantizar las libertades de sus gobernados. No es normal observar un gobierno que se pronuncie en contra de los derechos humanos, y hasta por mera política debe hacerlo aunque sea en discurso, como sucede en México. Aun así, llega un punto de cinismo extremo, donde no es posible negar que sigue lloviendo sobre mojado y no paran de ocurrir hechos de lamentarse diariamente en el país.

La crisis de derechos humanos en México es una realidad y no se puede tapar el sol con un dedo, es necesario que sea reconocida oficialmente dicha crisis y se actúe ante la misma con acciones positivas, dejando de evadirla con discursos vacíos.

Considero más confiables a los expertos de Organismos Internacionales, de la CNDH, de las ONG y demás, en vez de creer en un gobierno que históricamente nos ha dado la espalda y demostrado su falta de compromiso en derechos humanos, y el cual nos habla de un México pacífico, en armonía y con grandes avances, cuando a diario vemos otra realidad en la materia.

Es urgente que el gobierno mexicano deje de lado el discurso evasivo de sus obligaciones, por medio del cual atacan toda opinión que no sea favorable a su legitimidad. En contraposición a lo anterior, es necesario que se atiendan las recomendaciones de los órganos en derechos humanos por todos los niveles y esferas de gobierno, trabajando conjuntamente y en cooperación con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los órganos constitucionales autónomos, para garantizar plenamente los derechos humanos de los personas en México.

NOTAS:
1. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9931.pdf?view=1,%20p%C3%A1rr.%2076 (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
2. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53_sp.pdf (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
3. Versión avanzada no editada disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/CED/Observaciones%20Finales%20_Comite%20Desaparicion%20Forzada%20_MX2015.pdf (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
4. Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, Anexo al comunicado de prensa núm. 112A/15, 2 de octubre de 2015, disponibles en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp (fecha de consulta: 28 junio de 2016).
5. “El gobierno federal debe atender la crisis de derechos humanos que afecta a la población y dejar de rechazar con argumentos falaces las conclusiones de la CIDH”, 6 de octubre de 2015, el pronunciamiento y los suscriptores están disponibles en: http://fundar.org.mx/el-gobierno-federal-debe-atender-la-crisis-de-derechos-humanos-que-afecta-a-la-poblacion-y-dejar-de-rechazar-con-argumentos-falaces-las-conclusiones-de-la-cidh/ (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
6. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
7. “México vive grave crisis de derechos humanos, dice la CIDH; el gobierno mexicano lo refuta”, Animal Político, 2 de marzo de 2016, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2016/03/mexico-vive-grave-crisis-de-derechos-humanos-dice-la-cidh-el-gobierno-mexicano-lo-refuta/ (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
8. Disponible en: http://media.wix.com/ugd/3a9f6f_7681a5e91f594a16a27e8573ed60c5a8.pdf (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
9. Ambos disponibles en http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!informe-/c1exv (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
10. “Grave crisis financiera de la CIDH lleva a suspensión de audiencias e inminente pérdida de casi la mitad de su personal”, comunicado de prensa núm. 069/16, 23 de mayo de 2016, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/069.asp (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
11. Rechaza Ruiz Massieu participar en plan de rescate de la CIDH, Jahtziri Chong Magallanes, Noticias MVS, 24 de mayo de 2016, disponible en: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/rechaza-ruiz-massieu-participar-en-plan-de-rescate-de-la-cidh-119 (fecha de consulta: 28 de junio de 2016).
12. Una amplia recopilación de recomendaciones efectuadas al Estado mexicano puede ser consultada en “Recomendaciones Internacionales a México en materia de Derechos Humanos”, disponible en: http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero