La regresividad del prohibicionismo contra la progresividad de los derechos humanos. La batalla por la política de las drogas en México

La guerra contra las drogas no va a terminar pronto a pesar de que ha habido acciones que parecen suponer lo contrario.

Hay causas estructurales y efectos permanentes que no se pueden reducir a las medidas que Enrique Peña Nieto anunció después de cambiar su decisión inicial de no acudir a la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) UNGASS¹ en abril de 2016 para fijar la posición del gobierno mexicano en la política de drogas.

El 19 de abril de 2016, el Ejecutivo mexicano fijó una agenda significativa de diez puntos, porque implica un discurso de aparente giro en la política, y que se centra en los derechos humanos y la salud pública.

Días después el presidente de la República presentó una iniciativa que despenalizaba efectivamente el consumo personal, aumentaba el gramaje de posesión para dicho consumo al pasar de 5 a 30 gramos y daba opciones de marihuana medicina

Posteriormente, dentro de los trabajos del periodo extraordinario de junio de 2016, el Senado avanzó para dictaminar la iniciativa del Ejecutivo Federal, en el que se incluía la marihuana medicinal. Sin embargo, por falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, el dictamen fue pospuesto para el siguiente periodo ordinario.

Más allá de la posición que México fijó en Nueva York —de prudente medianía para un gobierno que no ha tenido una clara posición para desterrar el prohibicionismo— y de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, vale la pena situar el problema de las drogas como el campo en el que se sostienen batallas entre el enfoque prohibicionista del siglo XX, y los principios y valores de derechos humanos del siglo XXI. Este campo es el que nos permitiría visualizar y dimensionar la postura y las propuestas del presidente de México.

Las batallas que se viven son las siguientes:

1. El marco de los tratados internacionales frente a la reforma de derechos humanos de 2011.
2. Las reglas del sistema penal frente a las reglas del sistema de salud pública y de la juventud.
3. El presupuesto público destinado a combate al crimen y la droga frente al presupuesto destinado a salud, ciencia e investigación.
4. El sistema cerrado que criminaliza el consumo de otras drogas frente al sistema que abre la regulación a otras drogas distintas de la marihuana.
5. El inmovilismo de los poderes Ejecutivo y Legislativo frente el progresismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En cada una de ellas se está definiendo el agotamiento del prohibicionismo en la medida en que se fortalecen las posiciones más cercanas a los derechos humanos. Se trata, de hecho, de una batalla de suma cero, cuyo avance individual es primordial y necesario para que en conjunto caiga ese muro, que no corresponde a la realidad nacional y mundial en materia de control de drogas y reducción de daños.

Las batallas se describen a continuación.

Primer batalla
El marco legal de las drogas que rige actualmente se sostiene por los acuerdos y convenciones internacionales acordadas en 1961, 1971 y 1988. De hecho, se pueden distinguir tres esferas históricas en la política de drogas en el mundo, y se reflejan en tres etapas:

1. Comercio internacional: basada en una política de restricción de los flujos libres de opio y de otras sustancias, como cannabis.
2. Esfera penal: basada en la prohibición que formaliza el compromiso de los países por combatir el trasiego de drogas, fiscalizar e intercambiar información.
3. Derechos humanos, basada en la regulación mediante la cual se busquen alternativas al sistema penal mediante un esquema de salud, información y accesibilidad.

México, salvo la efímera política del presidente Cárdenas en 1940 que reguló por unos cuantos meses la toxicomanía —frenada por la presión estadounidense—, nunca ha tenido una iniciativa propia en materia de drogas. Y nos parece que éste es el momento para tomar la iniciativa y formular y ejecutar una política de drogas que sea propia y acorde con los problemas nacionales en lo que el binomio drogas y violencia ha producido miles de víctimas por todo el país.

Por otra parte, desde junio de 2011, estamos ante un nuevo paradigma de derechos humanos que impone mandatos para las autoridades con el fin de situar a la persona en el centro del sistema jurídico mexicano.

Por ello, si antes se solicitaba que las normas mexicanas se adecuaran a las internacionales mucho más avanzadas, hoy es posible exigir que las normas internacionales basadas en el prohibicionismo se adecuen a las normas mexicanas de derechos humanos más protectoras, basadas en los principios pro persona, de manto protector y de progresividad de los derechos esenciales.

Segunda batalla
El prohibicionismo es también uno de los principales sustentos del sistema penal mexicano² que incluye instituciones y procedimientos para tratar con la delincuencia organizada, delitos graves y delitos del fuero federal primordialmente, así como un sistema inquisitorio que se está abandonando por uno de carácter acusatorio.

México destina más del 6% del PIB a la salud,³ por debajo de lo que gastan otros países de la OCDE. Uno de los aspectos sustanciales del sistema de salud es que por su conducto se ejercitan las prestaciones de tercera generación de derechos humanos y por ello, en especial, es prudente incorporar la prevención, acceso y tratamiento a mecanismos especializados de salud para consumidores de drogas. En todo caso, es necesario el fortalecimiento institucional del Estado mexicano para que una nueva política de drogas no se vea afectada por los problemas graves de impunidad, corrupción y desigualdad.

También es fundamental que el sistema de acciones a favor de la juventud los desvincule de la violencia escolar, laboral y cultural en la que conviven, pues de otro modo estos problemas que enfrenta la juventud mexicana seguirán vigentes.

Tercera batalla
Los derechos sociales dependen en buena medida de los recursos públicos que se destinan para su efectivo ejercicio, como sucede con el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda.

Entre 2000 y 2012, los mayores incrementos en términos porcentuales en el presupuesto público federal se registraron en seguridad pública, motivados por el cambio organizacional en el gobierno y el combate al crimen.⁴ Es cierto que el presupuesto en salud también ha crecido sustancialmente, siendo el segundo ramo que más ha crecido en el presupuesto federal.⁵ Sin embargo, ante la escasez de recursos públicos y la necesidad de que se destinen a aspectos prioritarios para alcanzar las metas, se debe preferir que se enfoquen preferentemente a la salud de los mexicanos y a campañas de información y prevención para los jóvenes, acceso a tratamientos médicos, ciencia e investigación en lugar de sostener las cárceles y castigar a quienes más daño causan a la sociedad.

El problema es que en años recientes los mayores recortes al gasto público se dan en el sector salud, lo cual pone en entredicho al sistema como tal y a las acciones para proteger a sectores de población con mayor vulnerabilidad social.

Cuarta batalla
La propuesta del presidente de la República y el dictamen que quedó pendiente en el Senado de la República para permitir el uso de la marihuana con fines medicinales y científicos es insuficiente, porque el problema de las drogas no se reduce a la marihuana.⁶

En junio de 2013, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OE⁷ mencionó que en América se consume aproximadamente el 45% de la cocaína que se trafica en el mundo, aproximadamente la mitad de la heroína y la cuarta parte de la marihuana.

La necesidad de avanzar en una política integral de drogas que sea integral se observa en el decálogo mismo,⁸ en el que se establece la posibilidad de reconvertir las zonas mexicanas donde actualmente se siembran estupefacientes. Al respecto, se tiene que abrir la discusión no sólo a regular el mercado de marihuana, sino también de opio, como ya se reconoce en la iniciativa de ley presentada en marzo de 2016 en el estado de Guerrero para legalizar la amapola.⁹

Quinta batalla
En general, se puede decir que hay un inmovilismo y una labor reactiva del gobierno federal y del Congreso de la Unión en la política de drogas. Las modificaciones legales a nivel federal que se plantearon consisten en reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, principalmente, para habilitar jurídicamente el uso medicinal o terapéutico de la cannabis (marihuana), mientras que el incremento de la dosis personal para su consumo de 5 a 30 gramos se pospuso.

Cabe recordar que todo este movimiento se comenzó a identificar a partir de la reacción motivada por los casos judiciales de Smart,¹⁰ Grace¹¹ y la empresa Rubicón.²

Para el periodo que se aproxima, el Congreso de la Unión debería legislar con un enfoque basado en derechos humanos, que contemple el reconocimiento de las acciones y omisiones que corresponden al Estado en esta materia, y dejar en libertad a los usuarios para consumir sustancias, siempre que no dañen derechos de terceros.

Para ello, es necesario decir que es menester voltear y observar lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para formular paso a paso la nueva e incipiente política de drogas en México. La SCJN que, en primer lugar, autorizó la importación de la cannabis con fines terapéuticos (privilegiado el derecho a la salud), cuando permitió a una organización el consumo personal (privilegiando el derecho al desarrollo de la libre personalidad), y cuando argumentó que también se pueden estar violentando otras libertades al impedir el expendio de medicinas basadas en cannabis (privilegiando la libertad comercial).

Sin embargo, este progresismo es apenas un primer paso, en el que se debe seguir trabajando en todos los frentes y por parte de todos los actores.

Los derechos humanos son una familia y las acciones que se tomen deben ser integrales y armónicas para atender todas las esferas de los derechos humanos, como son libertad de elección y personalidad (consumo personal), comercio (producción y venta de cannabis), asociación (formación de clubes de consumo), empresa (constitución de farmacéuticas ad hoc), ciencia y tecnología (investigación e innovación mexicana) y reconocimiento de las tradiciones culturales (usos ancestrales y culturales de cannabis), primordialmente.

Permitir el uso medicinal y, en su caso, científico de la marihuana no va a derribar el prohibicionismo si no va acompañado de una homologación de los tratados internacionales de control de drogas con una perspectiva de derechos humanos, si no se cambia la centralidad del marco penal por un robusto sistema de salud que enfatice las necesidades de los jóvenes y se reorienten los recursos públicos necesarios. Tampoco si no se saca del inmovilismo a las agencias del Poder Ejecutivo y, por su parte, el Legislativo permanece en omisión y, lo más importante, que sólo sea la Corte quien corrija las insuficiencias con cada expediente que resuelva, que por la relatividad de las sentencias no sea de alcance universal.

Paradójicamente, el papel de la SCJN es el que nos puede llevar por acumulación a ganar cada una de las batallas a favor de los derechos humanos.

La puerta está abierta y cada días más personas y organizaciones podrán pasar del cuarto oscuro del prohibicionismo en materia de drogas a la sala abierta de la progresividad, donde todos respetan los derechos humanos y la política de drogas si se toman los derechos esenciales, tanto liberales como sociales, en serio.

NOTAS:
1 Por sus siglas en inglés.
2 No es casualidad que la mayoría de los encarcelados federales lo sean por causas penales relacionadas con narcotráfico. Con sistema penal nos referimos a las leyes penales, procesales, de reos y a la organización institucional a su alrededor. Cfr. http://www.nexos.com.mx/?p=28051.
3 Cfr. http://www.forbes.com.mx/la-verdadera-enfermedad-del-sistema-de-salud-mexicano/.
4 Cfr. http://www.ethos.org.mx/como-gastar-mejor-para-crecer/.
5 Idem.
6 Cabe recordar que ya la SCJN ha hecho un análisis del daño de sustancias (por ejemplo, el alcohol es socialmente más dañino que la marihuana) y si se sigue en esa ruta habrá una gradación científica que afectará la constitucionalidad de las normas jurídicas existentes.
7 El Problema de las Drogas en las Américas. Cfr. http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-194/13.
8 Cfr. http://www.gob.mx/presidencia/articulos/sesion-especial-de-la-asamblea-de-las-naciones-unidas-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas-2016.
9 Cfr. http://congresogro.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/comunicacion-social/boletines/4201-movimiento-ciudadano-a-favor-de-legalizar-cultivo-de-amapola.
10 Cfr. http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3196.
11 Cfr. http://www.porgrace.org.mx/uploads/8/7/2/7/8727772/suspension_definitiva_graciela.pdf.
12 Cfr. http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4285.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero