El primer juicio de crímenes contra la humanidad, de guerra y de tortura en el continente africano: el juicio del ex presidente chadiano, Hissène Habré

Los sistemas judiciales de los países africanos son incapaces de enjuiciar a los dirigentes políticos por actos de guerra y otros crimines que cometen durante sus mandatos. En los códigos penales de estos países no se recogen los crímenes contra los dirigentes. Sin embargo, en los países africanos existe la Alta Corte de Justicia, que juzga actos considerados de alta traición cometidos por el Jefe del Estado. No obstante, ningún presidente ha sido juzgado. Los crimines contra la humanidad, crimines de guerra, asesinatos y violencia contra poblaciones civiles no son de su competencia.

En los últimos 7 años, los juicios contra ex presidentes de África subsahariana por la Corte Penal Internacional de La Haya en Países Bajos han dominado la actualidad jurídica internacional. Por ejemplo, las condenas: de 80 años del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, por crimines de guerra, tráfico de drogas y de violación de los derechos humanos en Sierra-Leona; del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el vicepresidente William Ruto, por los crímenes cometidos después de la crisis postelectoral de 2008; y recientemente la del ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, por los crimines cometidos después de la proclamación de las elecciones de 2010. Pero también de jefes de rebeliones armadas de Uganda, de la República Democrática del Congo.

Vale la pena mencionar que, por región, África, al sur del Sahara, es la región de donde son originarios la mayoría de los dirigentes —juzgados o en juicio—, que han sido presidentes o jefes de rebeliones armadas.

Muchos países del continente africano han sido dirigidos por regímenes autoritarios y dictatoriales desde la primera década de la independencia. Estos regímenes cometieron crímenes de guerra, de tortura, de violación flagrante de los derechos humanos, arrestos arbitrarios, desaparición de opositores y civiles… Y cabe destacar que los dirigentes de estos regímenes han sido apoyados por las ex potencias coloniales. Por ejemplo, en el caso de África de expresión francófona, se ha hablado de la Francafrique, un grupo puesto en marcha por dirigentes franceses y africanos que actuaba al margen de la legalidad constitucional y del derecho internacional, y que fue, y es, responsable del mal funcionamiento de las instituciones judiciales y de asesinatos de políticos en muchos países africanos francófonos.

Si la mayoría de los dirigentes de los regímenes dictatoriales francófonos ha escapado de juicios por sus actos criminales —ya sea por protección de otro país, por ejemplo Francia, o porque han muerto antes de que finalizara la década de los noventa del siglo pasado—, parece que el contexto internacional ha cambiado en este tema desde principios del año 2000. Con la creación de la Corte Penal Internacional, por el tratado de Roma; con el surgimiento de una cierta conciencia de las actuaciones de los dirigentes por parte de la ciudadanía y de las víctimas —que ahora se organizan—, y gracias al papel cada vez más importante de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El año 2015 ha marcado un antes, pero no un después en el escenario jurídico-político de África subsahariana, porque todavía hay dictadores que gozan de protección —como el antiguo dirigente etíope Mënguste Haile Mariam (quien dirigió el país de 1977 hasta 1991)— y de libertad de desplazamiento —como el actual presidente de Sudán, Omar Hassan Al Bashir, que está en el poder desde 1989—. Sin embargo, fue el año del primer juicio contra un ex dirigente dictador. El primero que ha sido condenado por la justicia de su país.

Por otro lado, el 30 de mayo de 2016 es una fecha importante en la historia del continente africano. Es el día de la sentencia contra el ex presidente de Chad, Hissène Habré, en Dakar (Senegal), quien después de aproximadamente 11 meses de juicio, fue sentenciado a condena perpetua y a indemnizar, entre 10 y 20 millones (15.245 y 30.490 €), a las víctimas de sus crímenes. Con éste juicio es la primera vez que se aplica el concepto de la competencia universal en el continente africano.

Pero ¿quién es Hissène Habré? Dirigió su país, Chad, de 1982 hasta 1990. Llegó al poder por un golpe de Estado, con el apoyo del actual presidente del país, Idriss Déby Itno, un alto grado militar formado en Francia.

Hissène Habré es de un pueblo del Norte del país, independiente desde 1960. Atraviesa una inestabilidad política interna y unas tensiones territoriales con su vecino del Norte, Libia. El Ejercito de Gadafi invadió el territorio chadiano, ocupando la zona d'Aozou. Habré se opuso a esta invasión y emprendió acciones militares con una guerrilla armada de su región contra la política del poder central de N’Djamena, la capital. Tomó el poder con un golpe de Estado y consiguió el apoyo militar de Francia para dirigir su país durante un tiempo. Tuvo como consejero para la defensa y seguridad a Idriss Déby Itno. Dirigió la política del país con la creación de un partido único, un régimen autoritario y una policía política, la Dirección de la Documentación y de la Seguridad. Pero la inestabilidad política no tuvo fin. A finales de los años ochenta surgieron fuertes tensiones políticas entre los responsables políticos en la cumbre del poder central. Perdió el poder por el mismo método: golpe de Estado, llevado acabo por una rebelión dirigida por el actual presidente, Idriss Déby Itno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Se refugió en Senegal y consiguió la nacionalidad de aquel país.

Sin embargo, después de una larga batalla judicial, llevada a cabo durante varios años por demandantes y sus abogados, el ex jefe de Estado es arrestado el 30 de junio de 2013 en su domicilio, en Dakar. Ha sido inculpado, el 2 de julio de 2013, por las Cámaras Africanas Extraordinarias (CAE), una jurisdicción creada en Senegal bajo las auspicias de la Unión Africana (UA) para organizar su juicio. Un ciudadano belga de origen chadiano puso una demanda en un tribunal de Bélgica, recurriendo a la ley de competencia universal. Pero el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, se opuso a extraditarle. El gobierno llevó el asunto a la Corte de Justicia Internacional de La Haya, que no tenía competencia para juzgar tal crimen. Bajo la presión internacional, en un contexto internacional nuevo con la creación de la CPI y el rechazo de una justicia internacional arbitraria —porque la CPI juzga a más dirigentes africanos que otros—, que la UA decidió que Tribunales Especiales juzgaran al ex presidente de Chad. El nuevo presidente de Senegal, desde marzo de 2012, Macky Sall, actuó de manera favorable al extraditar y juzgar al ex dictador chadiano en su país. Participaron jueces de otros países africanos y el presidente del Tribunal Especial era de Burkina Faso. Su presupuesto ha sido fijado en 7,4 millones de euros (4,8 billones de francos CFA, moneda de varios países africanos). Los principales contribuyentes son: Chad, la Unión Europea, los Países Bajos, la Unión Africana, Alemania, Bélgica y Francia.

Este juicio ha ocultado una cuestión importante: la complicidad de los gobiernos franceses con los dictadores africanos. El dictador chadiano se ha beneficiado del apoyo militar y financiero de los gobiernos franceses, bajo las presidencias de Valéry Giscard d’Estain y de François Mitterrand. Los servicios secretos, los militares y los cooperantes franceses han colaborado con el régimen dictatorial, minimizando sus atrocidades. Los intereses económicos y estratégicos de Francia han sido preservados, más que la defensa del derecho y de los derechos humanos. Pero más tarde que nunca, el gobierno francés retira su apoyo militar al presidente Hissène Habré; ahora sus militares velarán por la seguridad de sus ciudadanas/os, residentes. En tal contexto, de fuertes tensiones, y como para desviar la atención, el gobierno francés apoyó al futuro presidente, un rebelde armado, quien ya teniendo el apoyo del gobierno sudanés, llegó al poder en diciembre de 1990: Idriss Déby Itno. Se ha juzgado a una parte de un grupo de personas, tanto nacionales como extranjeras, y particularmente de Francia y Sudán. Quien suministra armadas y ayudas es también culpable de los actos por los que se juzgan los responsables.

El proceso de Habré ha mostrado que es posible llevar ante la justicia a un dictador, sin embargo, no ha dado satisfacción a la comunidad jurídica africana, pues dio una imagen negativa de la justicia contra los criminales de guerra africanos. Por decisión del presidente del Tribunal, ha sido llevado por la fuerza por los guardianes senegaleses. En las audiencias, no ha contestado a las preguntas. Pero el principal fallo de este juicio histórico es la ausencia de varios responsables de la época, culpables también de crímenes y de violación de los derechos humanos.

Varias personas intervienen para la comisión de actos de este tipo, porque hay un nivel de decisión y un nivel de ejecución, pero ocupan altos puestos en el gobierno actual. Por otra parte, el presidente Idriss Déby Itno debería ser juzgado, ya que ha participado en actos de los que se ha culpado a su antecesor en la presidencia. Vale la pena mencionar que aceptó colaborar en el juicio contra Habré si le citaban en el procedimiento, pero cambió de opinión al final por miedo a ser acusado por Habré. No hay que olvidar que era Comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y fue el principal responsable del llamado Septiembre negro, en 1984, por la masacre de grupos étnicos del sur del país. Como presidente, sus mandatos han sido marcados por el autoritarismo en la gestión del país y la violencia contra los opositores y las poblaciones civiles.

Hoy en día, en muchas partes del continente, dirigentes comenten crímenes de guerra sin temor a ser detenidos. Es el caso del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziz, que usa la violencia contra su población después de su imposición a un tercer mandato presidencial, a pesar de la prohibición por la Constitución. Hay miles de personas que han sido secuestradas y asesinadas, y otras miles han huido a los países vecinos. En los países donde hubo y hay crisis política después de resultados electorales, sus dirigentes recurren fácilmente a la represión contra la oposición y las poblaciones civiles, como en Burundi, la República de Yibuti, el Congo-Brazzaville o Gabón…

No creo que haya una justicia internacional eficaz y justa. Como los juicios que tienen lugar en estos últimos años en la CPI, muchos crímenes se escapan de la aplicación del derecho. Esta justicia tiene doble vara para medir: desarrolla la capacidad de enjuiciar a los débiles, dejando a los más fuertes, que tienen protección. La verdadera justicia será la capacidad dada a las/os juezas/es nacionales para procesar a un dirigente en el poder. Siguiendo un procedimiento para evitar un poder judicial que juzga, sobre el poder político que debe cumplir los programas electorales y respectar las leyes del país.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero