Una Patriot Act a la francesa: documentos electrónicos protegidos

La seguridad es un tema de actualidad política y social en los países del Norte desde 2001. Y por la seguridad, todo es posible; hasta la supresión de ciertas libertades. Pero ¿realmente había libertades o eran espacios vigilados por los servicios secretos? El control y el almacenamiento de informaciones de diferente índole ha existido incluso antes de la fecha fatídica en que Occidente descubre los actos terroristas yijadistas. La adopción de la liberalización económica en los años ochenta ha mermado los avances sociales de los años sesenta y setenta; y ha llevado a los gobiernos de varios países occidentales a adoptar medidas de control a las minorías extranjeras. Por otro lado, según una parte de la población nacional, esas minorías extranjeras son las que aprovechan más los servicios sociales.

Las crisis socio-económicas y los continuos movimientos migratorios en los países del norte —reciben menos que los del sur— cambiaron las políticas gubernamentales en cuanto a los criterios para beneficiar las ayudas sociales. En realidad, estos criterios han llevado en cubierto técnicas de control de las poblaciones pobres o en vía de exclusión social. Por sus políticas económicas neo liberales, las clases dominantes del nuevo “Estado liberal” pusieron el acento dos aspectos: la desaparición de la redistribución hasta ahora organizado por el Estado, y un control sutil de los derechos y libertades en un Estado de derecho. En los países desarrollados, la brecha entre los ricos y los pobres se ha ampliado; la clase media ha, prácticamente, “desaparecido”, lo que llevó al auge el discurso de la extrema derecha y de la derecha tradicional.

El auge del terrorismo islamista en el mundo desde finales de la década de los noventa del siglo pasado ha llevado a la plaza pública la cuestión de la seguridad ciudadana. Está en todas las agendas políticas —oposición y poder y sociales—, además de que es uno de los puntos destacables de las encuestas. Después de los atentados en Nueva York, el gobierno de Bush Jr. adoptó, en octubre de 2001, una medida tan criticada en la época como en la actualidad: el acto patriótico, que permitió una mayor vigilancia de los servicios secretos.

En la segunda década del siglo XXI, más que otros países occidentales, Francia ha sufrido una serie de ataques terroristas: el 15 de enero y el 13 de noviembre de 2015, y el 14 de julio de 2016. El gobierno ha sido criticado por su política de seguridad y el fallo de los servicios de inteligencia. Frente a un enemigo invisible, el gobierno galo debería reaccionar para asegurar la seguridad de sus ciudadanas/os. Después de los ataques del 13 de noviembre de 2015, algunas medidas de seguridad han sido votadas por el parlamento francés, dando más poder a las fuerzas de la policía y gendarmería nacionales, y sobre todo luego del 14 de julio de 2016.

En secreto, el Ministerio del Interior preparó la elaboración de un decreto. El objeto del decreto era crear un archivo único para concentrar las informaciones sobre las/os ciudadanas/os y extranjeras/os residentes que tienen documentos públicos del Estado francés —pasaportes y documentos de identidad, nacional o de extranjería—. Este archivo almacena datos sobre las personas: sexo, color de los ojos, talla, nombre de los padres, huellas digitales, foto, dirección postal e email. Estos documentos eran repartidos en varios archivos de la administración. Lo peligroso es que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia pueden acceder fácilmente a los datos recogidos en dicho archivo. Supuestamente por su trabajo.

No es la primera tentativa de crear un Patriot Act a la francesa. Ya el precedente gobierno de derecha (2007-2012), lanzó una iniciativa en ese sentido; pero no prosperó por la oposición del partido socialista y de la sociedad civil. Lo sorprende es que es un gobierno de izquierda, sensible a la libertad y el compromiso, el que saca una ley dura en materia de libertades y derechos cuando le quedan algunos meses para la próxima cita electoral —en mayo de 2017—. Ha adoptado la actitud de un gobierno de derecha, tomando el decreto con sigilo, porque una parte del gobierno no tenía la información. Sin embargo, la sociedad civil, activa hasta hace unos meses contra algunas leyes como la ley del matrimonio del mismo sexo, no se ha movilizado. Así pues, por los actos terroristas de que ha sido víctima la sociedad francesa, desde noviembre de 2015, se ha decretado un estado de urgencia, que ha sido prorrogado 3 veces.

Si la seguridad es una preocupación legítima de cualquier gobierno, hay que tener en cuenta los valores, al menos aparentes, de las sociedades democráticas: libertades, derechos, elección de los gobernantes. Es evidente que la obsesión por tener más seguridad lleva a la violación de los derechos y principios fundamentales de las sociedades democráticas. Pero la imposición del secretismo en la actuación y las medidas no crean un contexto anterior a la situación actual, donde la violencia era, y es, un hecho económico, político y social de las sociedades humanas por la presión de los grupos dominantes, que se han acaparado al aparato estatal. Podemos pensar que la Patriot Act en Estados Unidos ha permitido una cierta seguridad, pero los actos terroristas no han desaparecido en el territorio estadounidense.

La sociedad civil (e inclusive una parte de la clase política) que hace unos meses se movilizó, como se mencionó anteriormente, contra algunas leyes como la ley del matrimonio del mismo sexo, no ha realizado protestas en la calle rechazando dicho decreto. A causa de los actos terroristas de que ha sido víctima la sociedad francesa, ahora tiene la idea de que la pérdida de algunos derechos es el precio a pagar para tener una cierta seguridad.

Para finalizar, creo que no puede existir una seguridad para algunas sociedades, por poderosas que sean, y una inseguridad en los países del sur. Los países occidentales deben tomar en consideración que sin una seguridad socioeconómica no habrá una seguridad global, beneficiosa para lo que se ha llamado comunidad internacional.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero