El Congreso de la Unión, una representación teatral de la división de poderes

Publicado el 14 de Febrero de 2016 Víctor Manuel Rangel Cortés Doctor en derecho de la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, @VictorMRangel

Desde hace años, diversos autores como Jorge Fernández Ruiz o Augusto Sánchez Sandoval han señalado la alta centralización de la función legislativa en manos del Poder Ejecutivo Federal.

Dicha centralización, en realidad, se materializa en un sistema autocrático de gobierno en donde el poder político es controlado por el Ejecutivo Federal.

Las formas de control son diversas. La determinación de candidaturas, de diputaciones o senadurías, la iniciativa preferente contemplada por el artículo 71 de la Constitución, o los acuerdos políticos le permiten al presidente, con el nombre y partido que sea, determinar la agenda legislativa del Congreso.

La otra función relevante es la de control. La famosa teoría de los pesos y contrapesos implica que un poder tiene la facultad de vigilar al otro.

En este caso, el Poder Legislativo tendría la obligación o facultad de controlar las actividades del Ejecutivo. La realidad es que eso no pasa de ser un discurso, o cómo dice Habermas, es una ficción creada por la Constitución en el artículo 49.

El ejemplo histórico de ese control podría ser el informe de gobierno. Ciertamente, este acto era un circo en donde la estrella principal era el presidente, mientras que los legisladores, la mayoría del mismo partido, se dedicaban a las alabanzas. Como ejemplo, basta recordar uno de los clásicos teatros de este acto, aquel en que se enunció la frase “la defensa del peso como un perro”.

En esos tiempos, la mayoría del Congreso pertenecía al mismo partido que el presidente, ¿entonces, qué pasó con la llegada del PAN? Gracias a las muy discutidas elecciones en donde resultó ganador Felipe Calderón, los partidos de izquierda empujaron la eliminación del informe presidencial.

De tal forma que el presidente sólo tiene la obligación de mandar a su mensajero, mejor conocido como secretario de Gobernación, para que entregue un informe que en verdad pocos analizan. Eso sí, es un informe que presenta una realidad maravillosa del país.

Por lo menos, los dos últimos sexenios han estado llenos de actos polémicos y graves:

1.Miles de muertos por la guerra contra el crimen organizado 2.Ayotzinapa
3.La casa blanca de la primera dama
4.La casa en Miami
5.Nochixtlan
6.Tlatlaya
7.Surgimiento de autodefensas
8.Visita de Donald Trump como candidato presidencial
9.Devaluación del peso frente al dólar
10.El ridículo nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública
11.La fuga de “El Chapo” Guzmán
12.Gasolinazos de enero de 2017.
13.Discursos que atentan contra la inteligencia del mexicano. Por ejemplo, “¿qué hubieran hecho ustedes?”, “ya me cansé” o el regaño de la primera dama se han colocado en la mira de las redes sociales.

El descontento es evidente y los actos no son menores.

La pregunta es ¿y el Congreso? Pues éste maquila las leyes que el presidente encarga. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Segob el 78.57% de las iniciativas presentadas por el presidente actual ya han sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (este dato puede ser consultado en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Reportes/GeneracionReportes/reporteAutomatico1.php?TipoReporte=1&Periodo=3).

Ejemplo de esto es la aprobación de iniciativas raras como aquella mediante la que se creó un órgano público descentralizado para la conciliación de conflictos laborales. ¿Por qué rara? Todos los libros de derecho administrativo, jurisprudencia y demás, refieren que esa clase de organismos se crea por decreto o mediante ley secundaria, no por reforma constitucional. Sin duda, fue un capricho (al momento, es una reforma constitucional por aprobarse en las entidades federativas).

Otro ejemplo es el nuevo artículo 2o. Bis de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en el que se pretende sancionar con “hasta dos terceras partes de las penas previstas en el artículo 4o. del presente instrumento a quienes resuelvan de concierto cometer las conductas señaladas en el artículo 2o.de la presente Ley y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación”. Esto, a simple vista y salvo una mejor opinión, pareciera una mala réplica del primer párrafo del artículo 2o. de la misma legislación (adición publicada el 16 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación).

Además, los legisladores hacen comparecer a secretarios de Estado que, de acuerdo con el propio discurso presidencial, sólo siguen las instrucciones del máximo mandatario. Si se revisan los discursos del presidente, prácticamente, en todos aparece la frase: “he instruido al secretario de...”

El Congreso no hace comparecer al presidente, simplemente, pasa inadvertido y se convierte en una gran obra teatral que legitima las pretensiones de quien concentra el poder político.

Entonces, el Congreso no controla a quien debe controlar, no hay peso ni contrapeso, pero sí un teatro legislativo y una Constitución que sólo es utilizada para un discurso aparentemente pulcro.

Los escándalos antes mencionados no son cosa menor y tampoco son pocos. El Congreso, por lo menos, debería hacer el teatro pactado de llamar al presidente a comparecer ante el Congreso; sin embargo, ni los que tienen el papel de izquierda, ni los de derecha y ninguno han querido romper el esquema.

Tal parece que todos los partidos políticos buscan proteger al presidente. ¿Podemos llamar a esto democracia? Por supuesto que no.

En consecuencia, la problemática que hoy vive México no sólo es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo. También el Congreso de la Unión, y, con ello, todos sus integrantes, debe cargar con la culpa derivada de su cinismo, soberbia y subordinación al presidente. Un Poder Legislativo de esta naturaleza no sirve.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero