La política criminal en el sexenio peñista: ¿hacia la consolidación de la seguridad?

Publicado el 20 de Febrero de 2017 Xochithl Guadalupe Rangel Romero Maestra en política criminal por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudiante de doctorado en ciencias penales y política criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, xochithl.rangel@uaslp.mx

La delincuencia común en un país como México es un tema que ha estado en boga, no sólo por los altos índices de criminalidad —cifras que pueden ser rescatadas de las diversas instituciones que concentran los datos de estadística criminal en el país—, sino porque el tópico de la violencia criminal es una constante dentro del debate público que impera en nuestro Estado.

De igual manera, la violencia que genera la criminalidad es una arista que preocupa no sólo a la sociedad como tal, sino a todo un Estado y sus instituciones. Prueba de la anterior preocupación es la generación de políticas públicas —que el sexenio presidencial de Peña Nieto ha encabezado— atinentes al tópico de la seguridad. Devenido lo anterior, de la búsqueda de “no repetición de políticas” específicamente acontecidas de las dos experiencias presidenciales pasadas.

El estudio de la política criminal que encamina el actual periodo presidencial, a través de la revisión del Plan Nacional de Desarrollo en la temática específica, es una política pública criminal de “no repetición”. Sin embargo, a pesar de que la política criminal implementada desde los niveles federales busca un cambio en el paradigma de seguridad, pretende dejar atrás la implementación de políticas de “mano dura”. Es de establecerse que las actuales políticas públicas, específicamente hablando de la política criminal que impera, caen al presente en una dicotomía muy marcada.

No se conoce a ciencia cierta —por la falta de claridad, y no me refiero a lo escrito de la política pública—, qué busca la política criminal que se pondera desde los niveles federales, y por ende, la repetición de políticas públicas difusas en materia de política criminal a nivel estatal y municipal acarrean la misma suerte. Es importante señalar que lo anterior no es una cuestión baladí ni mucho menos meramente teórica, sino que lleva en sí una gran importancia: ¿verdaderamente, en el sexenio del presidente Peña Nieto existe una política criminal de no repetición?

Pareciera que la dicotomía que prevalece va encaminada a que dentro de la actual administración gubernamental exista una disfunción entre lo que se señala como política y la implementación de ésta en la praxis. Es decir, no existe una congruencia metodológica, ni mucho menos argumentativa, de lo que se pretende con la política criminal que impera.

El trazo que se vislumbra en el recorrido Peñista desde su Plan Nacional de Desarrollo en la temática que hoy se aborda; es de continuar repitiendo las políticas públicas pasadas, pero ni siquiera con tintes renovados. El camino en materia de política criminal para México es sinuoso. En razón de que en la práctica se tiene que trabajar con lo escrito en la política, y cuando la política pública escrita es indefinida, es complicado tener una buena lectura. Es relevante establecer que es necesario dejar atrás las experiencias sexenales, dado que los costos de lo anterior son muy elevados.

Grandes retos para México en materia de política criminal se avecinan. Avanzar en la consolidación del Estado constitucional es la misión. Lo anterior, siempre y cuando se logre la consolidación de una política criminal mexicana viable.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero