Construyendo la laicidad: de Estado confesional a República laica

Publicado el 28 de febrero de 2017 Gustavo Eduardo Castañeda Camacho Estudiante de la maestría en Derecho, UNAM, gustavo.castaneda@outlook.com

La laicidad del Estado es una conquista de las y los mexicanos. Victoria que desde hace más de 150 años, logró asegurar la separación entre las potestades e instituciones civiles de las religiosas. La transformación y edificación de la laicidad en México, ha dejado en el ostracismo modelos atávicos. Transitando de un Estado confesional que reconocía una religión oficial a una República de carácter secular, independiente de cualquier confesión religiosa.

El curso de la laicidad ha tenido diversos momentos y reconocimientos en la Historia Constitucional de México; sin embargo, este largo y peliagudo proceso nos ha otorgado en nuestra Constitución el modo de ser laico, condición que nos permite ejercer plenamente los derechos humanos, destacando entre ellos: la libertad de conciencia y religión, permitiéndonos entender la otredad en un entorno de pluralidad, que nos brinda la posibilidad de reconocer, respetar, proteger y convivir con quienes piensan, opinan y tienen una creencia religiosa diferente a la nuestra.

La laicidad es el cimiento para la construcción de las sociedades democráticas, debido a que propicia que todas y todos disfrutemos con prudencia, sin excesos, ni discriminación las libertades fundamentales. Huelga decir, que en un Estado que se catalogue constitucional y democrático, se custodia y garantiza el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Ciertamente, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de libertad de conciencia, ni el derecho de las personas a profesar creencias religiosas o de no hacerlo, carece de Constitución.

No hay que confundir la naturaleza del Estado laico y atribuirle un carácter fanático, intransigente, con tintes de animadversión con las religiones, principalmente porque éste le da aforo a todas las creencias e iglesias, siempre y cuando compaginen sus prácticas a la Constitución y a las leyes del Estado. Así como los ciudadanos nos sometemos al gobierno de las leyes, los ministros de culto deben hacer lo mismo, sin privilegio alguno.

La laicidad implica además, admitir y comprender que existen personas que de acuerdo a sus valores y convicciones morales o filosóficas no experimentan, ni viven dentro de un culto religioso, por lo que el Estado laico rechaza que un credo o dogma se imponga ante la sociedad y la amedrente con correctivos, penitencias y principios propios de su juicio.

Se nos ha repetido en múltiples ocasiones que la educación que imparte el Estado es y debe ser laica, lo que en el fondo significa una apuesta institucional que deposita el futuro del pueblo en los principios y valores de la libertad, igualdad y democracia.

La laicidad en el pasado se ocupo de mediar y reconciliar las diferentes conciencias y religiones, hoy la tarea de ésta se divide en dos aspectos fundamentales: estructurar un proyecto nacional que albergue la multiplicidad cultural y de vincular a la sociedad. En pocas palabras de concebir y legitimar un Estado que sustente la unión en la diversidad.

Históricamente México se ha debatido entre ser o no un Estado laico, coyuntura con la que día a día nos enfrentamos, aunque hemos sabido salir avante. Para seguir por esta senda y abonar a la construcción de la laicidad debemos exigir y conminar a los legisladores, a los titulares del Ejecutivo y a los operadores jurídicos de los niveles de gobierno municipal, local y federal que se dirijan de conformidad al principio de laicidad, que respeten la Constitución y que cumplan con el ejercicio y deberes de su cargo.

En este sentido, se hace un llamado a todas las autoridades para que nos aseguren la separación e independencia de la esfera política de la religiosa, debido a que la primera le compete a todas y todos, mientras que la segunda le incumbe sólo a los feligreses de un culto. A fomentar que los ciudadanos convivan en armonía y democracia a pesar de las diferencias, a comprender que no basta con tolerar al otro, sino que es necesario reconocerlo como ser único, pensante e irrepetible con valor propio. Los legisladores tienen que comprometerse a crear leyes que salvaguarden los principios de laicidad, libertad, igualdad y no discriminación, establecidos en la Constitución.

Los gobernantes deben certificar que la educación sea efectivamente laica y que las escuelas sean verdaderos espacios que favorezcan el desarrollo intelectual de forma plural y libre, alejadas de los prejuicios y fanatismos.

Se reclama que las políticas públicas no tengan una cierta orientación religiosa, nuestros representantes, legítimamente electos, deben ineludiblemente propugnar y fomentar las reformas que se requieran para que se garantice la presencia y vigencia de la laicidad.

Sólo así se podrá alcanzar y conquistar la sociedad a la que todas y todos aspiramos, versada y ejercitada en el valor de la diferencia.

Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero