Dar marcha atrás al nuevo Sistema de Justicia Penal es un retroceso democrático
Publicado el 17 de agosto de 2017
Víctor Manuel González Espinoza
Estudiante de la Maestría en Derecho,
Universidad Tecnológica de México, Campus Centro Coahuila,
victormanuelge@hotamil.com
Por su propia naturaleza los delitos penales y sus procesos jurisdiccionales cuentan con un alto interés social, por lo mismo, la incapacidad que el gobierno ha demostrado para llevar ante la justicia con resultados positivos a los responsables de dichos delitos ha causado una verdadera indignación popular; en los últimos meses, a razón de dicho descontento común, agravado por la innegablemente violenta realidad del país, funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno, responsables legales o políticos de la procuración de justicia, han culpado airadamente al nuevo Sistema de Justicia Penal en general, y a los jueces en particular, de la crisis que en dicha materia se encuentra el Estado.
El pasado 5 de julio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 64/2017, en donde se dio entrada a la posibilidad de que los imputados por el Sistema de Justicia Penal tradicional puedan solicitar al juez la revisión de su prisión
preventiva en términos de las disposiciones que son propias del nuevo sistema; dicha resolución de la Corte fue presurosamente criticada por una buena cantidad de autoridades Ejecutivas locales y federales, que han sembrado en la ciudadanía la impresión de que la resolución en comento es la instauración de una puerta giratoria de los penales para los “delincuentes”.
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue de los rápidos denunciantes públicos de la resolución de la Corte, e instó a que la sociedad capitalina se preparara ante la posible salida de cuatro mil presos de las cárceles, y obvió, por consiguiente, el agravamiento de la crisis de inseguridad y violencia que azota al país; a su reclamo se sumó casi inmediatamente la Conferencia Nacional de Gobernadores que anunció la realización de un informe sobre el impacto del nuevo Sistema de Justicia Penal, al tiempo que adelantó su impulso político para aumentar, vía la reforma de ley, el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal aprovechó el marco de la celebración del día dedicado a la institución que preside, para sumarse al pedimento de una revisión sustancial al nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de que se cuiden no sólo los derechos humanos de los probables agresores, sino también de las víctimas y los cuerpos de seguridad.
Ante los simplones diagnósticos de las autoridades Ejecutivas, es necesario recordar que la reforma constitucional de junio de 2008 no sólo creó un nuevo sistema para impartir justicia en el país, sino también, y por consiguiente, transformó la forma en que dicha justicia se debe procurar; el Poder Legislativo otorgó un plazo de ocho años para crear y diseñar las leyes, reglamentaciones, normativas y procedimientos necesarios, para formar y capacitar a todos los operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal, y para crear la infraestructura necesaria para su adecuado funcionamiento. Diagnosticar a nueve años de la reforma constitucional en materia de justicia penal, y uno de su entrada en vigor, que la escalada de violencia de nuestro país y el sentimiento general de descredito en las instituciones de justicia de la sociedad es completa responsabilidad del nuevo Sistema de Justicia Penal es una vil práctica demagógica de la clase política mexicana, que se encuentra acostumbrada a responsabilizar a otros de sus arteros fracasos.
Transformar a México en un Estado democrático a plenitud pasa prioritariamente por garantizar cabalmente los derechos humanos de las personas que se ven sujetas a procesos penales, diseñar fórmulas legales para facilitar a los ministerios públicos encarcelar a las personas sin la necesidad de demostrar su absoluta responsabilidad en la comisión de un delito es, cuando menos, un crimen social, sin olvidar la gran tentación que esas fórmulas de procuración de justicia pueden traer consigo para fines ilícitos e inmorales. Los derechos humanos no deben ser vistos como un obstáculo para la justicia, por el contrario, estos otorgan una verdadera certeza y credibilidad de todo el aparato judicial del Estado mexicano.
La clase política encargada de puestos ejecutivos no puede rehuir de sus responsabilidades en la procuración de justicia, a ellos les corresponde armar Ministerios Públicos y policías capaces técnica y jurídicamente de salvaguardar los intereses del Estado, sin violentar los más puros y nobles preceptos que los derechos humanos abonan. Cualquier intento de articulación de reformas regresivas al actual Sistema de Justicia Penal es más que el reconocimiento de las autoridades ejecutivas de su ineptitud para hacer su trabajo, es indubitablemente un certero retroceso democrático para nuestra nación.
Formación electrónica e incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez, BJV