La importancia de contar con un Plan Nacional Anticorrupción en México ¹

Publicado el 26 de septiembre de 2017

Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
Doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
zelda600@hotmail.com
@Mags_19_82

En las noticias recientes vinculadas con el Sistema Nacional Anticorrupción en México, es sitio común encontrarnos con señalamientos y opiniones que apuntan a la vulnerabilidad del mismo, al no contarse con los nombramientos de los Magistrados y del Fiscal Anticorrupción, además de que, al inicio de la vigencia de las nuevas leyes generales en la materia, no todas las Entidades Federativas cumplieron con el diseño y puesta en marcha de sus Sistemas Locales Anticorrupción y la designación de sus respectivos fiscales y magistrados.

Este panorama ha generado, sin duda, un sentimiento de desánimo e incredulidad respecto a las verdaderas posibilidades que tiene el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para el diseño y funcionamiento de una política integral anticorrupción en México que sea capaz de generar eficaces mecanismos de prevención, detección y sanción de actos corruptos en todo nuestro país.

Más aún, esta situación se exacerba porque son cotidianos los casos de corrupción y agravio que tienen que ver con quienes ejercen el gobierno y tienen una representación ciudadana, lo cual produce un gran malestar social y, por ende, mina la confianza hacia las autoridades y su legítimo desempeño.

Sin embargo, no debemos olvidar que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue producto de una amplia participación de grupos ciudadanos y académicos, y que, si bien sus resultados tomarán tiempo, ya se han sentado las bases para su correcto desempeño.

Como muestra, el andamiaje legal que entró en vigor el pasado 19 de julio cuenta con importantes mejoras respecto al marco jurídico que le antecedió para regular la disciplina pública. Además, la normatividad vigente establece instrumentos de prevención y rendición de cuentas, así como procedimientos más imparciales para la exigencia de la responsabilidad de los servidores públicos.

Ahora bien, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción enfrentan retos importantes para la definición de una política nacional anticorrupción; algunos de ellos consisten en la puesta en funcionamiento de la Plataforma Nacional Digital; la formulación de los nuevos formatos para la fiscalización patrimonial de los servidores públicos y, de manera preponderante, el diseño de un Plan Nacional Anticorrupción.

Sobre este último aspecto, en nuestra opinión, es necesaria la elaboración de un Plan Nacional Anticorrupción que sirva como instrumento rector que fije los temas de relevancia nacional en el combate a la corrupción, la metodología que habrá de emplearse, las instancias participantes, los tiempos esperados y la necesaria evaluación de dicho Plan.

Un avance al respecto, lo constituye el documento denominado: “Temas para la conformación del Programa de Trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción”,² que fue dado a conocer en junio pasado por el Auditor Superior de la Federación.

Dicho texto constituye una aportación valiosa por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en su carácter de integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que plasma sugerencias y propuestas específicas –derivadas de la experiencia fiscalizadora en el país-, que tienen como objetivo que el propio Sistema “se allegue de información estratégica, con el objeto de facilitar la inteligencia institucional en el desarrollo de este proyecto”.

Son quince temas relevantes los propuestos por la Auditoría Superior de la Federación:

1. Profesionalización del servicio público.

2. Revisión de sueldos y salarios de los trabajadores del Estado.

3. Identificación y análisis de requerimientos materiales y profesionales de la procuración de justicia.

4. Inclusión de contenidos vinculados con la problemática de la corrupción en los planes de estudio a nivel nacional.

5. Diseño de procesos electorales.

6. Sistemas de control interno.

7. Riesgos de corrupción.

8. Análisis de riesgos en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción.

9. Análisis de riesgos en la conformación de los Sistemas Locales Anticorrupción.

10. Gestión y análisis de datos masivos (Big Data) requeridos para estructurar una política anticorrupción y vinculación con la Plataforma Digital Nacional.

11. Encuesta sobre corrupción a nivel nacional.

12. Política nacional sobre recepción de denuncias y su tratamiento como insumo del Sistema Nacional Anticorrupción.

13. Política de comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción.

14. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de padrones de beneficiarios de los programas sociales.

15. Adquisiciones de bienes y servicios y contrataciones de obra pública al amparo del Artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las propuestas de la Auditoría Superior de la Federación, como se puede apreciar, se centran en aspectos preventivos, de coordinación, comunicación y mejora de la gestión de las instituciones públicas. En ese contexto, el documento resulta un insumo de orientación para la definición de la política nacional anticorrupción en nuestro país.

Desde nuestra mirada, al igual que lo ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, resulta importante que el resto de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y también la sociedad organizada participe y contribuya a la definición de un Plan Nacional Anticorrupción que ponga en la mesa de discusión los grandes temas que deberán abordarse para el combate a tan grave problema nacional.

Mediante un Plan Nacional Anticorrupción, los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por abatir este flagelo, estarían orientados bajo una estrategia integral de carácter nacional que pueda ser discutida de manera abierta, transparente y plural.

A los ciudadanos nos corresponde estar informados de la manera en que se desempeñan las instancias de combate a la corrupción en el país y exigir que dicha acción se desarrolle de manera planificada y con los mayores estándares de calidad, subsanando las carencias aún vigentes y demandando una rendición de cuentas oportuna y eficaz.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez