Comisión por omisión legislativa:
la violación sistemática de derechos humanos
Publicado el 23 de octubre de 2017
Eduardo Valerio Cuevas
Estudiante de la Maestría en Constitucional y Amparo
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
eduardovaleriocuevas@gmail.com
Debemos señalar qué debe entenderse por “comisión por omisión”. La comisión por omisión u omisión impropia, se da en el caso de que una norma prohibitiva es violentada a través de la infracción de una norma de mandato o de un especial deber jurídico; puede decirse en el caso particular que el legislador no hace lo que debe hacer y produce un resultado que no debe producir.
Actualmente, nuestra carta magna mandata determinadas prerrogativas que garantizan una vida digna, estas prerrogativas son denominadas derechos humanos, mismos que el Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover. Si bien es cierto se han llevado a cabo diversos esfuerzos para dar realce y cumplimiento a los derechos humanos, también lo es que en la realidad resulta imposible para el Estado dar cumplimiento al total de los derechos catalogados como “humanos”, señalados en nuestra constitución, per se. El Estado se encuentra en continua ampliación de los llamados “derechos humanos”, sin garantizar siquiera los ya existentes, como lo es la educación, la vivienda digna, el agua, la seguridad, etcétera, lo que da como resultado la violación del Estado a los derechos humanos de las personas, que además, como ya se señaló, se encuentran en constante ampliación y por tanto, se vuelve cada vez más violatorio el escenario de incumplimiento, y todo derivado de una omisión por parte del legislativo y una práctica cada vez más recurrente.
Este tema es de gran importancia, pues es cada vez más frecuente que se legisle con ligereza, sin previo estudio ni análisis de los alcances de las reformas, pues pareciera ser que los temas se ponen a consideración según estén o no de moda, es decir, que los legisladores se preocupan por darle entrada a diversos temas que no necesariamente afectan a la ciudadanía y sin preocuparse por atender verdaderamente los problemas de fondo. La reforma en materia de derechos humanos de 2011, sin duda es un gran avance en la historia de la humanidad, pero un gran retroceso en la historia de nuestro país, pues previo a la reforma, era prácticamente imposible para el Estado mexicano dar cumplimiento a la totalidad del catálogo de garantías que contemplaba nuestra constitución, sin embargo, nuestros legisladores, en el afán de estar en concordancia a nivel internacional, decidieron llevar a cabo una reforma que nos pondría en un plano de país de primer mundo, al menos en el papel proteccionista de los derechos humanos, lo que hasta la actualidad no ha sucedido, por lo que podemos hablar de un fracaso constitucional en materia de derechos humanos, aunado a la falta de mecanismos que garanticen el estricto cumplimiento de los mismos, lo que da como resultado una violación sistemática de los derechos humanos.
En este sentido, son los propios legisladores quienes desconocen la labor que deberán de realizar una vez que sean electos, y como consecuencia terminan por elaborar normas obsoletas y poco favorables para la sociedad. En concreto, en el tema que nos ocupa es en materia de derechos humanos, es decir, cómo nuestros legisladores por su poca preparación y conocimientos, pero con muy buenas intenciones, legislan sobre prerrogativas de los ciudadanos sin siquiera tomar en cuenta sus alcances ni las posibilidades materiales de aquellas instituciones encargadas de garantizar que dichas prerrogativas se cumplan, aún más preocupante es el hecho de la omisión por parte de los legisladores a la hora de abordar asuntos en materia de derechos humanos, pues lo que debería de garantizar los derechos mínimos para asegurar una vida digna de las personas, termina en muchas ocasiones por ser más un tema mediático que una verdadera preocupación por resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad, el resultado de estas acciones se traduce en grandes violaciones a los propios derechos que se crean en este poder y por ende en un daño a la sociedad en general; podemos concluir que el tema debe ser estudiado a fondo y nos da para muchas reflexiones, pero lo más importante es que los legisladores deben comenzar por tomar decisiones con responsabilidad y con conciencia, en beneficio de toda la sociedad y evitar a toda costa que continúe la violación sistemática de derechos humanos.
Formación electrónica e incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez, BJV