Nota sobre la nueva ley en materia de desapariciones forzadas

Publicado el 25 de octubre de 2017

Víctor Manuel Rangel Cortés
Doctor en Derecho, FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México,
@VictorMRangel

Apenas el pasado 12 de octubre fue aprobada en la Cámara de Diputados, por unanimidad, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y el principal objetivo es sancionar la comisión de dicho ilícito en diversas modalidades.

Al respecto, diversos actores políticos han festejado la aprobación de la legislación. Por ejemplo, Roberto Campa Cifrián, vía Twitter, señaló: “Hoy votará @Mx_Diputados Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas. Ese es el reto mayor de México en DDHH. Es un buen día”.

Lo anterior es, sin duda, un ejemplo claro del cinismo de la clase política de la actualidad. De ninguna manera, una ley de esta naturaleza puede representar un buen día, como lo señala el subsecretario.

El hecho de que exista la necesidad de contar con un cuerpo normativo en materia de desapariciones forzadas debe interpretarse en un contexto trágico, caracterizado por una franca traición al pueblo de México; una traición gestionada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

No debe olvidarse que la desaparición forzada es un delito cometido por el gobierno. De acuerdo con la ONU “La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad” (véase: http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=653:desaparicion-forzada&Itemid=269)

El mismo organismo internacional señala que las desapariciones forzadas se pueden cometer en dictaduras militares, en situaciones complejas de conflicto interno y como método de represión política de los oponentes al gobierno —que pueden ser defensores de los derechos humanos, parientes o defensores de víctimas—.

Así, la nueva ley implica que los gobiernos encabezados por Enrique Peña Nieto y su antecesor han cometido terrorismo de Estado. Si en verdad la ley es una necesidad, entonces es una pena, y no le hacen un favor a México. No puede ser un buen día, como dice Roberto Campa.

Se trata, nada más y nada menos, de un delito contra la humanidad. Para dar una idea, es un delito cometido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, la salida fácil, tratándose de secuestro o de trata de personas, es la expedición de una ley compleja que no sólo sanciona a servidores públicos, sino a particulares que actúan de forma independiente al gobierno. Esperemos que la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos no se traslade del gobierno a civiles.

Además, como una política pública, esta ley requiere de recursos económicos importantes para no quedarse en un mero paliativo, o lo que Hassemer llamaba “derecho penal simbólico”, que al entrar en la conciencia de la población genere una sensación de alivio.

Cómo dijo Don Quijote de la Mancha: “Dad crédito a las obras y no a las palabras”. No son pocos los autores que señalan que el derecho es una mera expectativa de comportamiento transmitida a través de la comunicación. Esperemos, aunque no lo creo, que esta ley de desapariciones forzadas no sea parte de la simplista política de reformismo penal implantada por el gobierno desde hace años.

Igualmente, sería deseable que la ley sancionara a los altos mandos, por ejemplo, al presidente, quien, en su carácter de mando supremo de la Fuerzas Armadas, debe asumir su responsabilidad por los actos cometidos en contra de la población.

Decir que es un buen día es querer ocultar la realidad que vive nuestro país para tratar de hacer venta electoral en favor de un gobierno desvergonzado, y caracterizado por atentar en contra de su propio pueblo. No obstante, sí hay que felicitar a las familias, porque gracias a su empuje han logrado influir en una decisión del sistema político.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez