Globalización, tratados internacionales y derechos humanos

Publicado el 6 de noviembre de 2017

Sara Daniela Moreno Arriaga
Alumna de la maestría en Derecho constitucional y amparo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
916sara @gmail.com

“El día que se reivindiquen las obligaciones con el mismo entusiasmo que los derechos, habremos llegado a una sociedad justa”.
Alfredo Vela

I. Introducción

Desde hace 25 años a la fecha, con la globalización y los tratados internacionales que el estado mexicano ha suscrito y ratificado, el país entero ha sido víctima de una revolución en materia de derechos, más aún si se trata de derechos humanos. Se exigen apoyos, se reclama educación, se demandan prestaciones y servicios. Todo el tiempo, en las ya tan sonadas redes sociales, es común hallar alguna queja donde se denuncia que el Estado no cumple. Después de la reforma a la constitución de junio de 2011, donde doblaron su importancia al elevarlos a rango constitucional, el boom de los derechos humanos tomó un segundo aire y golpeó con más fuerza, de manera tal, que ha alcanzado todos los sectores sociales y, principalmente, las estructuras gubernamentales.

Toda la gente exige derechos, parce ser que es el tema de moda.

Es curioso, y hasta divertido, ver como todo lo convierten en derechos humanos, su carácter y existencia es del dominio público, cultura general; todas las personas conocen y exigen sus derechos, el problema es que pocas personas conocen sus obligaciones y hasta se sienten agraviadas si el Estado se las exige. El tema de obligaciones que tiene la población para con el Estado ha sido un punto débil para el gobierno. Y es que, partidos políticos vienen y van, cambian los colores y, a veces, hasta las instituciones; la única constante son los pobladores. Siempre se culpa al gobierno de que algo anda mal, de que no cumple sus obligaciones y que las instituciones son omisas, pero quizá ya sea tiempo de analizar y detenernos a preguntar: y nosotros… ¿qué estamos haciendo mal? ¿Estamos cumpliendo con nuestra parte?

II. Desarrollo de la argumentación

Ahora que se ha aterrizado la idea del conflicto.

Justiniano definía las obligaciones como “un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad”. Por su parte, el jurista Borja Soriano, en su obra titulada Teoría General de las Obligaciones define la obligación como “la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer”. Esta última definición atiende más a un deber civil, sin embargo, si entendemos la nacionalidad como una relación jurídica que obliga al Estado a proveer de ciertos servicios y derechos a sus pobladores, entonces podemos presumir de la existencia de ese vínculo jurídico de obligaciones mutuas que constriñen a la población a cumplir con ciertos deberes cívicos.

En la constitución mexicana expresamente se enuncian, en el artículo 31, las que son obligaciones de los mexicanos y las enumera de la siguiente manera:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Un ejemplo sencillo, y que causa mucha polémica, es la educación. En la primera fracción se lee la obligación que se tiene de acudir a un centro educativo, pero aun así, para el año 2015, cerca de 4 millones 749 mil 57 personas no sabían leer ni escribir. La primera impresión, y el sentir general al enterarse de estas cifras, será siempre culpar al gobierno, sin embargo, me atrevo a decir que no es del doto cierto. Hay centros de estudio, preescolar y primaria, principalmente, donde los padres de familia fomentan que sus hijos no acudan a las instituciones educativas por pereza propia de tener que llevarlos, o porque no quieren “batallar”. He visto niños que terminan la primaria y por cuenta propia deciden no estudiar, siendo que un niño no tiene la madurez mental para tomar esa decisión. Además, tomando la literalidad del imperativo legal, esa no es una decisión, ya que está obligado a recibir educación.

Un gran problema es esa cultura mexicana de hacerse víctima, buscar un chivo expiatorio y cargarle culpas a un tercero. Se habla de los gobiernos corruptos, pero qué se puede esperar de un pueblo donde el mismo gobernado fomenta la corrupción y la impunidad.

Volviendo al texto normativo, en la fracción IV se lee la obligación de contribuir al gasto público, y es aquí donde cuestiono: ¿es acaso el gobernado tan ordenado y de moral inquebrantable como se demanda al gobernante que lo sea? ¿Acaso el gobernante exige el cumplimiento de esta obligación con el mismo fervor con que los gobernados exigen sus derechos? ¿Cuál sería la reacción del gobernado si el gobierno fuera igual de postulante para exigir reciprocidad? Apuesto a que se crearía un grave conflicto social. La gente está acostumbrada a pedir, pero muy pocos están dispuestos a dar.

Es ahí donde radica la carencia de compromiso para cumplir las pocas obligaciones enunciadas de manera expresa en la carta magna.

III. Conclusión

Como colofón solo añadiré la siguiente reflexión:

“Si los gobiernos fueran prudentes y los pobladores honrados, se viviría un ambiente de armonía y justicia en la sociedad”.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez