Asesinato de un ombudsman ¹

Publicado el 24 de noviembre de 2017

Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del
Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM,
lbarreda@unam.mx

En 27 años de existencia de la institución del ombudsman en México, nunca había sido asesinado el presidente de un organismo público defensor de los derechos humanos. El lunes pasado no sólo se asesinó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, sino también a su hijo, mientras que su esposa y su hija resultaron gravemente heridas.

El crimen múltiple es un acto de una crueldad extrema. Si se trató de una represalia contra el defensor de los derechos humanos —por sí sola execrable—, ¿por qué tenía que atentarse también contra sus seres más queridos? No hay palabras para expresar el asco y la amargura que me provoca esa ruindad. Desde luego, es elemental la exigencia de que se detenga a los asesinos y se haga justicia en un lapso breve, pero ni eso ni nada reparará el agravio que se causó no sólo a los habitantes de Baja California Sur, sino a toda la sociedad mexicana.

El ominoso atentado es un golpe devastador a las condiciones en que las instituciones defensoras de los derechos humanos deben desempeñar su tarea. Hasta hoy, los titulares de esas instituciones y sus equipos de trabajo podían realizar sus funciones con la tranquilidad de que su integridad personal y la de sus allegados se respetaba.

En mi gestión al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal jamás fui amenazado ni recibí señal alguna a la que pudiera atribuirse un propósito intimidatorio, a pesar de que a instancia de nuestra cientos de servidores públicos, algunos de alto nivel, fueron destituidos y/o condenados, incluso, a prisión. El único intento de intimidación fue la apertura de una indagatoria en la Procuraduría de Justicia de Samuel del Villar contra nuestro Primer Visitador, José Antonio Aguilar Valdez, y algunos de sus colaboradores, después de que la Comisión tumbara el burdo teatrito de las falsas acusaciones contra Paola Durante y coacusados por el homicidio del conductor de televisión Paco Stanley.

Sólo eso. Ninguna agresión física, ninguna intromisión en nuestra vida personal o familiar, ningún otro acto de amedrentamiento. Tan sólo el pataleo histérico de un procurador airado al serle descubierta una maniobra vil que mantenía en prisión a personas inocentes: una indagatoria sin denunciante contra mis compañeros sin que se precisara qué delito se investigaba.

Represalia o no, el crimen múltiple es apto para producir un efecto intimidante si queda impune como tantos otros homicidios dolosos. En cualquier caso es de enorme importancia atrapar a los autores de un homicidio y ponerlos a disposición de un juez. Un homicidio impune es una ofensa contra la comunidad toda. En el caso que nos ocupa la captura resulta aún más apremiante para evitar o, al menos, atenuar la probable consecuencia intimidatoria. Que los asesinatos de un ombudsman y su hijo y las lesiones graves de su esposa y su hija quedaran impunes sería una de las peores cosas que pueden ocurrir en un Estado que pretende ser un Estado de derecho.

Lamentablemente, nuestros ministerios públicos son tan ineficaces que solamente en menos de dos de cada diez homicidios dolosos logran consignar a los presuntos responsables, lo que contrasta abismalmente con lo que sucede, por ejemplo, en los países de la Unión Europea, en los que se somete a proceso a nueve de cada diez presuntos homicidas dolosos.

México ha escalado en el último decenio la tasa de homicidios dolosos y ahora se ha rebasado el récord de 2011. Los homicidios de La Paz son un par más entre los muchos que ocurren diariamente en el país. Pero no, no son sólo dos más. Ya dije que todo homicidio es gravísimo como gravísimo es que cualquiera de ellos quede en la impunidad. Pero los asesinatos de un ombudsman y su hijo, y la tentativa contra su esposa y su hija, erosionan de manera demoledora nuestro Estado de derecho.

Una vez más: es urgente atrapar a los asesinos. Y, por supuesto, es indispensable que se tomen sin dilación las medidas adecuadas y suficientes para proteger eficazmente a los integrantes de las instituciones públicas y a los de las organizaciones civiles de derechos humanos. Además, es inaplazable la enmienda de las instituciones de seguridad pública y justicia penal.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez