La abdicación más deshonrosa¹

Publicado el 13 de diciembre de 2017

Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del
Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM,
lbarreda@unam.mx

¿Los criminales que han extorsionado, secuestrado, torturado, mutilado y asesinado —con frecuencia degollando, quemando vivas o desollando a sus víctimas— se volverán buenos y se sumarán a la República amorosa una vez que se les conceda la amnistía? ¿Los consumidores de drogas en Estados Unidos querrán contribuir a la consecución de esa Arcadia del amor y, atendiendo a una campaña gubernamental de persuasión, dejarán el consumo?

Parecen preguntas de broma, pero son las propuestas del sempiterno aspirante a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, quien ha anunciado que, de realizarse su sueño dorado —¡sentarse al fin en la silla presidencial!—, ésas serán las vías (la segunda convenciendo al presidente Donald Trump de realizar la campaña) para abatir la violencia que azota a nuestro país.

¿Los criminales entregarán al gobierno las armas y las sumas estratosféricas que han acumulado con sus negocios criminales y se dedicarán a hacer obras pías y benéficas para los pobres aceptando como retribución por sus nuevas tareas el salario mínimo? ¿Los consumidores estadunidenses de drogas las sustituirán por leche malteada a pesar de que esta bebida no suele producir los estados de conciencia alterados que buscan?

Al quedar libres quienes han ensangrentado y llenado de horror y zozobra muchas zonas del territorio nacional, ¿se producirá el milagro de que todo México se vuelva un edén de convivencia armónica? Esos criminales, una vez amnistiados, ¿ya no volverán a las andadas, abandonarán las actividades delictivas y se transformarán en buenos ciudadanos?

Un reclamo generalizado de la sociedad mexicana es el que exige que se termine con la impunidad, por lo menos con la impunidad de los delitos más graves. La amnistía que propone López Obrador dejaría impunes precisamente los delitos más dañinos y crueles que se han cometido en México en los lustros recientes.

El acuerdo del gobierno colombiano con las FARC sacrificó la justicia en aras de la paz, por lo que la mayoría de la población expresó su desacuerdo a pesar de que era la manera de terminar con un conflicto armado prolongadísimo. Pero fue posible porque había que negociar únicamente con un grupo, solamente con los líderes del movimiento narcoterrorista, quienes aceptaron porque sabían que nunca conseguirían su proclamado objetivo de derrocar al gobierno constitucional.

En cambio, las bandas criminales en nuestro país son numerosas, dispersas, sin liderazgos oficiales, y no actúan por el poder político, sino por las ganancias que les dan sus fechorías. ¿Con quiénes se pactaría la extinción de la acción o de la responsabilidad penal a cambio de la pacificación del país, y por qué les interesaría a los amnistiados dejar sus lucrativas actividades?

Muchos hemos abogado por la despenalización de las drogas. Si se despenalizaran, quedarían en libertad, por aplicación del principio de retroactividad de la ley penal favorable a los reos, quienes se encuentran en prisión por venta de drogas ilícitas y/o actividades relacionadas con esa venta. Nada más: no quedarían libres ni se extinguirían las acciones penales contra los asesinos, secuestradores, extorsionadores, etcétera. En la propuesta del líder de Morena todos esos delincuentes, los que más luto y sufrimiento han causado, quedarían en libertad, es decir, se les perdonarían todos sus crímenes.

Todos sabemos que el abatimiento de la devastadora violencia que vive el país será difícil de lograr. Pero no es imposible. Es preciso despenalizar las drogas, fortalecer el Estado de derecho, transformar a fondo a las policías y los ministerios públicos, terminar con los vacíos de autoridad y ofrecer horizontes laborales promisorios a los jóvenes, entre otras cosas.

Dejar en libertad a criminales que han cometido conductas infrahumanas destruyendo o arruinando decenas de miles de vidas a cambio de su palabra de que en adelante se portarán bien no sería precisamente una medida ingenua, sino una burla al Estado de derecho y a las decenas de miles de víctimas de aquéllos. Sería, asimismo, la abdicación más inútil y deshonrosa del gobierno —jurídica, política y ética— y el triunfo más inaceptable e indefendible de la impunidad.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez