Democracia amenazada¹

Publicado el 19 de enero de 2018

Flavia Freidenberg
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
flavia@unam.mx

A meses de la elección más grande de la historia, la democracia se encuentra amenazada. Nadie duda de que vayan a celebrarse elecciones, de que exista competencia y de que las elecciones determinen ganadores y perdedores. La cuestión está en que esas elecciones se den en condiciones de equidad. Las amenazas a la libertad de expresión, la censura, las renuncias y la muerte de periodistas, los hackeos cibernéticos, la debilidad del Estado de Derecho, el uso desigual del dinero en la política e, incluso, la violencia política hacia las mujeres evidencia que las condiciones de equidad están en entredicho.

La violencia política es uno de los obstáculos más graves que enfrentan las mujeres mexicanas cuando quieren hacer política. Aun así, la mayoría mira para otro lado. Las mujeres parecen ciudadanas de segunda. Existen un montón de prejuicios y estereotipos que condicionan el modo en que los partidos, los medios y el electorado las evalúa. Es más, muchos hombres políticos (y también muchos medios) las trata -directa o indirectamente- como si fueran incapaces, tuvieran menos habilidades políticas y debieran ser siempre sumisas. Cualquier mujer competitiva, independiente y autónoma, resulta una amenaza para esos cánones de poder.

Los datos son preocupantes. Desde 2012, la Fiscalía Electoral para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) ha recibido 182 denuncias por violencia política de género y hay tres estados (Chiapas, Oaxaca o Guerrero) en alerta roja. Los desafíos son urgentes. Primero, más pedagogía: enseñar a hombres (y mujeres) qué es la violencia política en razón de género. No toda violencia política es contra las mujeres ni todas las manifestaciones políticas son violencia. Dos elementos claves: tiene que afectarse un derecho político electoral y la motivación debe ser por el hecho de ser mujer.

Hay que ser más claros sobre lo que no se puede hacer: chismes y chistes misóginos, ocultamiento de información relevante para el ejercicio del cargo; cuestionamientos a la idoneidad, no transferir recursos financieros para ejercer sus políticas; quitarles su salario como medida de presión; hacerles firmar hojas en blanco para luego exigirles sus renuncias; acosarlas sexualmente, obligarlas a tener comportamientos de sumisión o ejercer agresiones físicas sobre su persona, colaboradores y/o familiares.

Segundo, la violencia política no se erradicará mientras no genere costos electorales. Si nadie pierde una candidatura, ni sus derechos como militantes ni el cargo público que ejerce; si los partidos no sancionan a sus miembros de manera efectiva por ejercer violencia política contra las mujeres y si los votantes no castigan en las urnas a los partidos que toleran la violencia política, nunca se resolverá el problema.

Tercero, se requiere una ley específica que tipifique la violencia política en razón de género. La ley debe dejar claro: a) cuáles son los delitos (y establecer el tipo penal), b) cómo se sancionan esos delitos y c) cómo se repara el daño a la víctima. Junto a ella, los partidos deben incluir en sus Estatutos sanciones para el militante y/o dirigente que tenga una causa de este tipo.

La violencia no es sólo un problema político también es cultural. Si hay impunidad, habrá violencia. Si la violencia no genera costos para los que la ejercen, seguirá habiendo violencia. La clase política ha dejado sola a la ciudadanía. En éste y en muchos temas. En un país donde se violentan de manera sistemática los derechos de las mujeres, por el sólo hecho de ser mujer, la democracia está amenazada.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez