Amenaza de la Ley de Seguridad Interior a los derechos humanos
Publicado el 22 de febrero de 2018
Miguel Ángel Rodríguez Flores
Alumno de la Maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
miguelrodriguez@notaria32.org
El aumento de los índices de criminalidad en todo el territorio nacional, no ha sido suficiente para que las autoridades de los tres órdenes se conduzcan con cautela en su encargo, su poco o nulo trabajo efectuado hasta el día de hoy en materia de seguridad, no ha producido los resultados mínimos indispensables, lo que lejos de obligarlos a buscar alternativas, medidas más eficaces o proceder en contra de los responsables por negligencia, intentan instituir a la figura del Ejecutivo Federal en un poder totalitario; la Ley de Seguridad Interior no traería consigo la paz nacional, peor aún, representaría una amenaza constante al respeto de los derechos humanos, aprobar esa ley, lleva implícito otorgarles a los miembros de las fuerzas armadas del país la posibilidad de volver al salvajismo y la barbarie, además de un carnet de impunidad.
La exigencia apremiante de seguridad en toda la república hace parecer a la Ley de Seguridad Interior como el único camino para cumplir con la obligación del Estado de otorgar a su población la estabilidad social que cree necesitar en esa materia, pero es la excusa ideal, el fundamento idóneo para legitimar un retroceso abismal en materia de derechos humanos, la importancia de salvaguardar la integridad y patrimonio de la población —dicen— es el interés superior de la milicia, pretexto perfecto para simular la necesidad de mandar a las instituciones castrenses a violar la dignidad humana de las personas.
El libertinaje de las fuerzas armadas se encuentra perfectamente documentado, del dominio público son los casos ocurridos en Tlatelolco, Atenco, Ayotzinapa, Aguas Blancas, Acteal, Tlatlaya, los cuales ejemplifican las atrocidades que han sido capaces de cometer los asesinatos de esos y otros lugares; estos casos aparecen como una fotografía de su violento actuar para con los civiles y el respeto que guardan a los derechos humanos.
Los excesos del ejército han quedado tatuados con sangre civil inocente, cometidos sin existir disposición legal alguna que respaldará su participación en nuestras calles con funciones de policía ni condiciones, menos facultades para realizar operativos en la vía pública; la aprobación de un marco legal que sin contemplarlo les permita esas conductas representará una afrenta para quienes han consagrado su vida para garantizar el respeto a los derecho humanos, y una derrota para todos los juristas que nos levantamos cada día con el firme propósito de provocar y conseguir que se legisle en favor de la dignidad humana.
La seguridad pública que se pretende imponer con Ley de Seguridad Interior, es claramente opuesta a la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como las libertades, el orden y la paz de la población; este ordenamiento no cumple con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, subsidiariedad, honradez y respeto a los derechos humanos contenidos en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley de Seguridad Interior, para militarizar al país, es un franco y abierto desprecio al paradigma de reconstruir las corporaciones policiacas y a los logros obtenidos por preservar los derechos humanos; con ella se intenta subsanar la apatía de las autoridades respecto de su obligación de brindar seguridad en el país y se da continuidad al pasado reciente en el que se ha puesto a la población entre dos fuegos; más aún, se otorgará legalidad a las actuaciones de abuso realizadas por las fuerzas armadas.
Disfrazar un Estado totalitario con una ley es una regresión de varios siglos, la dignidad humana no existirá, ni siquiera la de las autoridades de las entidades federativas, la población civil estará a merced de las fuerzas armadas y de su comandante supremo, el titular del Ejecutivo.
No debe aprobarse la Ley de Seguridad Interior por ser lesiva a los derechos humanos y una constante amenaza a la dignidad de las personas.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez