Enemigo en casa: políticas públicas inoperantes

Publicado el 22 de febrero de 2018

César Gerardo Reyna Hernández
Estudiante de la Maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
gerardoreyn@hotmail.com

El estado de San Luis Potosí esta compuesto por 58 municipios, está ubicado en la región centro-norte del país, limitando al norte con Nuevo León y Tamaulipas, al este con Veracruz, al sur con Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, y al oeste con Zacatecas, que por su ubicación geográfica e historia se había caracterizado únicamente como un estado de paso para el trasiego del drogas, pero en últimos años se ha convertido en una plaza que se disputan diversos carteles de la droga.

La capital del estado y Soledad de Graciano Sánchez son de los municipios más importantes en la entidad, ambos actualmente con los índices más altos de delitos asociados con la delincuencia organizada y el narcotráfico.

El desafío que representa la seguridad en estos tiempos para el gobierno estatal es enorme, ya que se tiene a una sociedad potosina atemorizada por la violencia, una sociedad potosina que está a disgusto con los mandos policiacos nombrados y con los elementos de la legión extranjera que trajeron dichos mandos (que sólo vinieron a engordar la nomina) y los policías locales que ya están coludidos con el narco, tenemos un sistema de justicia poco asertivo; y un gobierno con niveles de corrupción vergonzosos que además vive permanentemente en la negación, “aquí no pasa nada, son hechos aislados”.

El gobierno debe comprender que al narcotráfico lo debemos entender como un fenómeno social que ya se salió de control desde hace más de una década y que se debe situar bajo los siguientes ejes:

- El narcotráfico no es un asunto sólo de seguridad, sino también político.

- El narcotráfico se debe valorar como un actor político y no sólo bajo el esquema del impacto económico que representa.

- El narcotráfico es un problema global que aprovecha las condiciones estructurales del estado donde se asienta, para determinar su territorialización y expansión geográfica.

- El narcotráfico, por su propia esencia tiene la capacidad de concentrar en sus manos los diversos tentáculos del crimen.

- El narcotráfico por su propia lógica de reproducción rebasa las capacidades de las políticas de seguridad, lo que provoca el congelamiento de las decisiones gubernamentales vía los programas o políticas públicas “ejecutadas”.

- Por si fuera poca la falta de capacidad del gobierno para llevar una política publica eficiente que combata de raíz el problema del narcotráfico, nos encontramos con la joyita de que a quienes se nombra para que guíen los rumbos de la seguridad en el estado, son personas acusadas públicamente mediante narcomantas de estar en la nomina de un cartel, de apoyar a un cartel, etcétera.

El punto numero 5 del Programa Sectorial, en su vertiente de seguridad pública del eje rector número 4 del Plan de Desarrollo estatal vigente, establece como objetivos: a) fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la ciudadanía para reducir la inseguridad, b) impulsar la profesionalización de las fuerzas de seguridad, con capacitación y formación, para lograr un mejor desempeño en la función policial, c) fortalecer la infraestructura institucional y los protocolos de actuación policial, y modernizar los procesos para afrontar los nuevos retos de seguridad pública.

De acuerdo al último punto podemos decir que el eje rector numero 4 del programa sectorial de seguridad publica del Plan de Desarrollo del estado ha fracasado, y que el principal causante de esa fallida ejecución es el mismo estado.

El Plan de Desarrollo estatal en materia de seguridad es una copia fiel del Plan de Desarrollo federal. Para que las cosas funcionen se tiene que tener una visión más regional, el Estado de derecho debe hacerse respetar más, con mayor capacidad y presencia estatal, no en cuanto a más policías, sino que las reglas del juego son las que son y funcionen. Lo importante es ver que la solución no debe de ser una política homogénea, los territorios dadas sus características requieren distinta medicina, nuestra propuesta es que tenemos que comprender el territorio local para que las respuestas sean a partir de la dinámica local.

Actualmente en San Luis Potosí el Estado de derecho es un discurso que no es creíble, y cuando las reglas del juego no son creíbles la propia sociedad se inventa reglas paralelas que les parecen mejores, entonces se vive en una lógica de ilegalidades que son propicias para la corrupción, por lo que no es un tema solamente de políticos, por supuesto que los políticos han hecho muy poco, pero también los políticos no son de otro planeta, sino el propio el reflejo de una sociedad que es así, a la que le parece lo más normal del mundo la corrupción, las ejecuciones, la venta de drogas y todas las actividades relacionadas con la ilegalidad, en pocas palabras somos víctimas y cómplices.

Aún hay tiempo para cambiar las políticas en materia de seguridad, debemos tener audacia para tomar las mejores decisiones, las cuales deben estar orientadas a bajar la inseguridad viendo este problema desde su transversalidad, y no acarreando únicamente “agua para su pozo”.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez