El INE: ¿todavía sigue siendo un Instituto Federal Electoral?
Publicado el 2 de marzo de 2018
Alfonso Guillén Vicente
(con la colaboración de Kennia Meza),
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
aguillenvic@gmail.com
No vamos a negar que la intervención de los gobernadores en los procesos locales electorales y las continuas voces de alerta sobre la inequidad y el fraude en esas contiendas ocasionó que el Constituyente reformador de la Carta Magna mexicana considerara que la democracia necesitaba que el Instituto Federal Electoral se convirtiera en el Instituto Nacional Electoral (INE) con las facultades para que, “en los supuestos que establezca la ley”, pueda “asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que correspondan a los órganos electorales locales”, como marca el apartado correspondiente del artículo 41 constitucional.
También entendemos que la Constitución General le otorgue al INE la responsabilidad de organizar, para los procesos electorales federales y locales, tareas tan importantes como la capacitación, la geografía electoral, el padrón, la ubicación de las casillas, y la fiscalización de los ingresos y egresos de partidos y candidatos, entre otras.
Sin embargo, el actual personal del Instituto en cuestión no parece darle la debida importancia a los comicios locales concurrentes, ni ha cuidado de respetar las particularidades de cada entidad federativa con espíritu federalista. Quizás esté abrumado por la enorme carga de las variadas y complejas tareas que el legislador le ha encomendado, y por esto se ha enfrascado en batallas contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en combates, si así se pueden llamar, que agreden la soberanía y la operatividad político-administrativa de algunos estados del país.
En el primero de los casos, puede tener una justificación, impulsado por la rapidez que las importante coyuntura exige para dar a conocer los resultados de la elección presidencial la misma noche del domingo primero de julio de 2018. Por ello, el Consejo General de ese instituto quiso modificar el mecanismo para acelerar el conteo de los votos de esos comicios, cuando la nueva disposición indica que una sola mesa directiva de casilla va a recibir, en esta ocasión - de los ciudadanos inscritos en el padrón que le corresponde- tanto los sufragios federales, como los correspondientes a las elecciones locales, de diputados y presidentes municipales; y en nueve entidades federativas, también las de gobernador.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para responder a una impugnación presentada por Acción Nacional, MORENA y Movimiento Ciudadano, ha establecido claramente que tal urgencia no puede poner en riesgo la certeza de las elecciones locales. Porque a la hora de abrir todas las urnas para recolectar las boletas para la presidencia de la república que pudieran haberse depositado en distinto lugar, los sufragios para elegir alcaldes, diputados locales y, en su caso, gobernador de la entidad federativa, quedarían a merced del manoseo y la sustracción de propios y extraños. Lo que desencadenaría una cascada de impugnaciones difícil de predecir.
A lo mejor a algunos miembros del Consejo General del INE no les importa quién va a ser el presidente municipal de un municipio sudcaliforniano como Loreto o Mulegé, o quién se va a alzar con la victoria en la gubernatura de Tabasco o Guanajuato; pero a lo mejor a los ciudadanos de esos municipios o esos estados les importa tanto como saber quién va a estar al frente del Ejecutivo Federal por los próximos seis años.
Es más. Todavía no sabemos si aquellos estados donde se elegirá también gobernador vayan a gravitar, de manera decisiva, en los comicios presidenciales.
En el segundo caso, la redistritación electoral que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral para los comicios locales de Baja California Sur, con el único criterio de la población, ha pasado por encima de la Constitución sudcaliforniana, de la historia de la media península y de los equilibrios socio-políticos que hacen posible la convivencia social. El INE le otorgó a los municipios de Los Cabos y La Paz, doce distritos de los dieciséis uninominales, y ha dejado a Loreto, Comondú y Mulegé, con cuatro diputaciones que se repartirán la representación de esas regiones.
Mulegé, uno de los municipios más extensos del país, tenía, desde mediados de los ochenta, dos distritos electorales uninominales porque el gobernador Alvarado Arámburo consideró que la región Pacífico-Norte, vinculada históricamente al municipio de Ensenada, en el vecino estado de Baja California, tenía que tener representación en el congreso local, además de darle un peso específico a Guerrero Negro, asiento de la salinera más grande del mundo. La cabecera municipal mulegina, Santa Rosalía, fue sede de otro distrito. Comondú disponía de dos curules, con cabecera en Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes; además del distrito local que le correspondía a Loreto.
En su ensayo, “Los tránsitos de la representación política”, publicado en el libro Las elecciones y el gobierno representativo en México (FCE, CONACULTA, IFE, 2010, p.57), Israel Arroyo apunta que el criterio principal es la población “pero la extensión geográfica juega un papel compensatorio y de equilibrio, que siempre debe tomarse en cuenta en los estudios de distribución distrital”.
Afirmamos que el INE ha pasado por encima de la Constitución Política del estado de Baja California Sur porque en su artículo 41 se indica que la primera regla para la integración del Congreso local tiene como base el criterio poblacional, pero “teniendo en cuenta para la distribución el factor geográfico y el socioeconómico”. Y esto debe ser así porque su artículo 64, donde se señalan las facultades de los diputados sudcalifornianos, marca que ellos deben autorizar a los ayuntamientos para contratar empréstitos y que tienen que examinar las cuentas públicas de éstos.
¿Cómo puede un diputado que representa a ciudadanos de dos ayuntamientos tan distintos hacer bien su trabajo? Es una pregunta para el personal actual del Instituto Nacional Electoral.
Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero