Violencia política y narcoviolencia¹

Publicado el 9 de marzo de 2018

María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
@MarvanMaria
@CronicaIIJ
y en Facebook

Hemos escuchado, semana a semana, que hay una y otra ejecución de precandidatos y/o presuntos precandidatos. El tema me pareció tan inquietante que le pregunté a mi amigo Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de Lantia Consultores, si tenían registro del fenómeno.

Generosamente me compartió dos bases de datos: “Violencia contra funcionarios municipales”, donde han registrado, desde el 14 de enero de 2017 hasta el primero de marzo de 2018, 106 actos de violencia contra funcionarios municipales. Y la segunda, “Ejecuciones y atentados de precandidatos”, con 28 nombres, de los cuales 22 están incluidos en la primera lista y hay seis nombres más. Ambas bases se construyeron con datos de fuentes de acceso público.

De los 112 registros, nueve corresponden a mujeres, 100 a hombres y tres no me lo permite saber con certeza su nombre, Guadalupe, Santana y Ranferi, no supe si eran nombres de hombre o de mujer.

La gran mayoría son ejecuciones, hay 20 atentados, 12 casos de secuestro, algunos de ellos posteriormente fueron reportados como ejecución, y sólo una amenaza. Una parte importante se concentra en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y el Estado de México, cada uno de ellos con más de una docena de casos.

Entre las víctimas hay expresidentes municipales, presidentes en funciones y electos; candidatos, funcionarios de ayuntamientos, personal integrante de campañas electorales, operadores políticos o bien, familiares de un personaje político. No hay partido político que se salve, pero tenemos una evidente concentración entre el PRI, el PRD y Morena, de una tercera parte no se sabe si tenían militancia partidista. Los precandidatos podrían haberlo sido a una diputación o bien, relacionados con la presidencia municipal. Algunos de los asesinados tenían la posibilidad de ser reelegidos en 2018.

Las cifras son alarmantes, pero aún más preocupante es la casi nula atención que se ha puesto en el asunto. Se me ocurren algunas preguntas que exigen respuestas claras de las autoridades: ¿Cuál es la relación entre la violencia política y la violencia del crimen organizado? ¿Cuántas de estas ejecuciones y secuestros se originaron porque los funcionarios públicos se involucraron con el crimen organizado? ¿Es posible que algunas de ellas hayan sucedido porque alguien decidió no involucrarse? ¿Hay decesos que podamos achacar a la competencia intrapartidista? ¿Algunas otras se las podemos cargar al partido contrario? ¿Cuántas de estas muertes pueden ser asesinatos “del orden común” disfrazadas de ejecuciones?

Decir que desde que se inició la guerra contra el narcotráfico la espiral de violencia ha crecido brutalmente es una verdad de Perogrullo, ahora hay que reconocer dos cosas: primero, los vasos comunicantes entre la violencia política y la violencia del narco y, segundo, esto se ha convertido en una suerte de coartada para cualquier crimen y, paradójicamente, para la inacción o la ineficacia de la autoridad.

Quizá el ejemplo más reciente de esto último pudiéramos encontrarlo en las declaraciones de la autoridad frente a la desaparición de los tres italianos en Jalisco. Rápidamente nos hicieron saber que en Quintana Roo los perseguía la justicia, que usaban nombres falsos y que eran malos, como si ello justificara su desaparición forzada por la policía que los entregó al crimen organizado.

No es una buena noticia para la democracia este nivel de violencia y esta cantidad de ejecuciones de precandidatos. Si no estaban ligados al crimen organizado, malo, pero si lo estaban, peor. Si fue en la disputa de una candidatura, malo, pero si fue por la disputa de una plaza, peor.

Es evidente que esto no es responsabilidad de ninguna de las autoridades electorales. Esto es responsabilidad directa de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y las fiscalías estatales. El Cisen debería generar una auténtica estrategia de seguridad para las campañas políticas en lugar de andar siguiendo a los candidatos de la oposición sin su conocimiento y consentimiento. Esto es una verdadera amenaza para este proceso electoral y para la democracia.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez