¿Qué harán con la fiscalía?1

Publicado el 13 de abril de 2018


María Marván Laborde

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
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y en Facebook

Los procesos de campaña electoral son un buen momento de discusión de proyectos de gobierno y de agendas legislativas. Maurizio Viroli dice en su libro Cómo escoger al líder. Recomendaciones de Maquiavelo a los ciudadanos, que los momentos de campaña son privilegiados para que los ciudadanos se hagan oír por los candidatos, no al revés. Nos urge a tomar la iniciativa y poner sobre la mesa los temas de la agenda que preocupan a la sociedad.

Cualquier encuesta sobre los problemas de México, y en especial las encuestas electorales, señala la corrupción y la impunidad como uno de los tres primeros temas que requieren de atención inmediata.

En los últimos años ha habido una importante discusión pública sobre el modelo de la nueva Fiscalía General de la República, incluido el perfil y proceso de nombramiento del fiscal general y del fiscal anticorrupción. La institución encargada de la procuración de justicia es piedra fundamental para garantizar al ciudadano acceso a la justicia. Académicos y organismos de la sociedad civil han propuesto, con sólidos argumentos, la reforma al actual artículo 102 de la Constitución, que, por cierto, después de la llamada reforma del Estado de 2014 ni siquiera se ha implementado.

Repensar la Procuraduría para una transformación en una fiscalía eficiente y eficaz tiene que ver con el problema del combate a la corrupción, pero no solamente con ello. Para fortalecer el Estado de derecho democrático es indispensable que el Legislativo apruebe leyes buenas, sencillas y claras, y que la autoridad tenga la capacidad de hacer cumplir la ley y, por tanto, de sancionar a los infractores de la misma.

Por ello, es importante revisar las propuestas de los candidatos presidenciales al respecto. Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) propone la Fiscalía General de la República independiente y habla de la necesidad de hacer una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía. Es decir, tiene un proyecto de reforma al 102 constitucional. Habrá que ver los contenidos, porque el diablo está en los detalles.

José Antonio Meade (PRI-PVEM-Nueva Alianza) propone la profesionalización y autonomía técnica del Ministerio Público. Huelga decir que eso no es, ni con mucho, sinónimo de una Fiscalía General autónoma e independiente del Poder Ejecutivo.

Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES) considera que el fiscal debe ser designado por el Presidente de la República, es decir, también propone una reforma al artículo 102, pero para meter reversa. Lo que propone es mantener el statu quo, la fiscalía idéntica a la PGR que conocemos hasta ahora.

Margarita Zavala no habla de una reforma al 102, simplemente propone que el primer fiscal deberá ser un abogado penalista y que su nombramiento deberá ser independiente de los partidos políticos y surgir de una amplia consulta con especialistas y con la sociedad.

Jaime Rodríguez no está incluido en este análisis porque, hasta hace tres días, tampoco estaba incluido en la boleta.

Es indispensable que candidatos y partidos desarrollen sus propuestas y se comprometan con un proyecto específico. Tenemos derecho a conocer qué clase de procuración de justicia impulsarán desde el Ejecutivo y, sobre todo, desde el Legislativo. El fortalecimiento del Estado de derecho democrático, la reducción de la impunidad, la seguridad jurídica de los ciudadanos y su propiedad y el combate a la corrupción pasan, necesariamente, por el modelo de procuración de justicia.

PUNTO Y APARTE. La decisión del TEPJF (SUP-JDC-186-2018) que le permite a Jaime Rodríguez estar en la boleta como candidato presidencial ordena a la autoridad electoral tener por cumplido el requisito relativo a los apoyos necesarios para su postulación, aun sin evidencia de lo que en realidad entregó, validó lo no revisado. Reconocieron hechos de los que no tiene ninguna prueba. En nombre de una interpretación garantista se hace trizas el principio de certeza judicial y el artículo primero constitucional. El daño está hecho y lastimará profundamente esta elección y nuestra raquítica democracia, que parece tener todo en contra para consolidarse.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en Excélsior, el 12 de abril de 2018.


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