Urgencia y/o desesperación¹

Publicado el 7 de mayo de 2018

María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
@MarvanMaria
@CronicaIIJ
y en Facebook

La semana pasada fueron las últimas sesiones de la LXIII Legislatura, fue una semana especialmente tensa, sobre todo en la Cámara alta. A toda prisa, y con no pocos atropellos, se propusieron sacar pendientes.

En la madrugada del miércoles al jueves los senadores priistas votaron a los dos nuevos comisionados para el Inai. Blanca Lilia Ibarra fue comisionada presidenta en Puebla. Entonces se desempeñó bien en su trabajo. Se enfrentó a la opacidad de Moreno Valle, quien se opuso para que ella no fuera nombrada directora del Canal del Congreso. Carlos Alberto Bonnin Erales, cercano a Arely Gómez, era el titular de la Unidad de Enlace del Senado.

Ambos eran, hasta el jueves pasado, empleados de quienes votaron por ellos. La votación se tomó a la mitad de la madrugada, exclusivamente con los votos del PRI, pero con la anuencia implícita de los legisladores del PT/Morena. Son precisamente las formas en las que se tomó la decisión —que en realidad fue una imposición— lo que merma su legitimidad.

Escribió en Twitter Marcelo Ebrard: “Y, de nuevo, se dan por perdidos (se refería a los priistas) y entonces imponen y así socavan cada día nuestra convivencia política”, al texto le añade la nota periodística que denuncia “Impone PRI INAI Carnal”. Martha Tagle contestó que seguramente nunca leyó la nota incluida que destacó la complicidad de los legisladores del PT/Morena.

La tarde del jueves, las negociaciones en el Senado fueron muy intensas y complicadas. Se entreveraron dos decisiones fundamentales para el futuro de la democracia mexicana. Primera, la posible eliminación del fuero, que es una aberración políticamente correcta y que requiere reforma constitucional y, segundo, la aprobación de la Ley Orgánica de Fiscalía General de la República y, consecuentemente, el nombramiento del fiscal en los términos en los que actualmente se encuentra el artículo 102 de la Constitución, que no garantiza la autonomía ni la independencia de la institución.

Afortunadamente, en la negociación ambas decisiones se trabaron y el periodo legislativo llegó a su final sin que se concretaran. Emilio Gamboa hizo un buen recorrido a través de los medios de comunicación advirtiendo que esto podría votarse antes de que entre la nueva legislatura, que será elegida el próximo 1 de julio.

A diferencia de la decisión sobre los nuevos comisionados del Inai, ni el PRI ni Los Pinos, que parecen lo mismo, pero no necesariamente lo son, pudieron decidir con quién aliarse y por ello no les alcanzaron los votos.

Tienen dos posibilidades enfrente. Una es aceptar el inevitable triunfo de López Obrador y pactar con ellos para sacar, con sus votos en el Senado, la Fiscalía en los términos que la soñaron a lo largo de todo el sexenio. Ambos partidos pretenden un cambio de las marquesinas que están a la entrada del derruido e inutilizado edificio de la PGR y luego nombrar un fiscal que, en principio, dure en su puesto hasta nueve años. Vale la pena recordar que en los últimos 20 años no ha habido procurador en funciones que resista más de tres años.

La otra posibilidad es que pacte con el PAN y su Frente y, a través de una alianza fáctica, haga lo posible por resistir el muy posible triunfo de López Obrador y decida con ellos el futuro de la Fiscalía y del fuero. La decisión, obviamente, es electoral, no legislativa.

La urgencia y la desesperación son malas consejeras y provocan torpezas no sólo entre legisladores. La semana pasada, la organización Mexicanos Primero presentó un spot, que es una parodia bastante burda, actuada por niños que llaman a defender la Reforma Educativa. No hay duda de que el spot es parte del proceso electoral.

Es cierto que no llama a votar a favor o en contra de ninguno de los cinco candidatos que compiten por la Presidencia y por ello los consejeros Nacif y Favela dicen no advertir la violación a la Constitución que prohíbe explícitamente, a cualquier persona física o moral, comprar tiempo aire para hacer propaganda electoral. Otra vez, con una interpretación espuria de lo que llaman garantismo, se hace un fraude a la Constitución y a la ley electoral. ¿El fraude a la ley es una forma refinada de corrupción? Es pregunta.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez