Reseña histórica del conflicto colombiano

Publicado el 20 de agosto de 2018

Hernán Alejandro Olano García
Director del Departamento de Historia y Estudios Socio Culturales,
Universidad de La Sabana, Colombia,
hernan.olano@unisabana.edu.co
hernanolano@gmail.com
@HernanOlano
hernanolano.blogspot.com

En toda sociedad es necesario orientar las actividades de la misma mediante un carácter normativo, ya que sin éste, los conflictos de intereses estarán sometidos a una ley del más fuerte, ocasionando grandes daños en la implementación adecuada de la justicia. El ordenamiento jurídico bien orientado, garantiza la convivencia humana, y el desarrollo integral de una comunidad, mediante normas que evalúen los actos que son jurídicamente relevantes, como también las áreas que tienen autonomía privada dentro del marco legal y poder identificar objetivamente qué intereses individuales generan un interés más social.

Muchos de los ideales políticos modernos, como la justicia, libertad, el régimen constitucional, y el respeto al derecho, nacieron de la llamada “ciudad Estado”, creada en Grecia. También se observa que la historia política es fundamental para entender le evolución de esta en la sociedad; el aporte inmenso que tuvo Roma en el campo del derecho es brindar conceptos que ayudan en la actualidad a resolver conflictos, principalmente la guerra entre naciones. Es importante recordar cómo el cristianismo también hizo parte de disputas entre emperadores y Papas, sobre el dominio de territorios; más adelante en la era ilustrativa, se aumenta conflictos y enfrentamientos en donde algunos exponentes, como Hugo Gorcio, pensaban en construir una doctrina del derecho natural como si Dios no existiera, mientras que Tomas de Aquino, menciona que el derecho natural es donde se basa una sociedad y que se conoce por la razón y para el que no es imprescindible compartir la fe. Siglos después, posterior ala finalización de la primera guerra mundial, se observan muchas naciones en crisis, y donde el gobernante no es capaz de enfrentarlas ni resolverlas, asimismo, una clase trabajadora incapaz de formar una revolución estructural, lo que afectaba en gran medida a las clases medias de la sociedad, arrojándolas entre dos fuerzas contrarias, una el capitalismo, la otra el comunismo, creando mayor conflicto y adversidad.

En el tema de la paz, vemos que el libro cita a un exponente importante en la religión católica y el mundo; el Papa Francisco menciona que hay cuatro principios necesarios para construir una sociedad en paz, justicia y fraternidad, las cuales son: 1) trabajar sobre ésta a largo plazo, no esperar tener resultados tan pronto, 2) la unidad prevalece sobre el conflicto, 3) la realidad es más importante que la idea, esto quiere decir que es más importante ver cómo mis diferencias han afectado a la sociedad, que pensar sobre mi ideología, prima más un bien común, y 4) el todo es superior a la parte. El Papa también expresa, que el comercio de armas es uno de los obstáculos más grandes para la construcción de la paz, y que debemos reconocer que todos tenemos la misma sangre, por lo cual el conflicto debería de acabar.

Marco contextual

La explicación del conflicto en Colombia es compleja, en donde la ruptura del orden jurídico se da por acción de los violentos, generando la necesidad de proteger la sociedad, lo que lleva a un camino hacia el caos, al aumento de la criminalidad y un gran conflicto político dado por los dos partidos tradicionales en Colombia. El poder que se ha ejercido en Colombia es de poderío y respeto a la voluntad soberana, y a lo largo de la historia colombiana la violencia siempre ha estado presente. Durante el siglo XIX tuvo lugar un conflicto que produjo 18 años en guerra, periodo en el que hubo dos golpes de Estado, catorce guerras civiles regionales, muchos enfrentamientos locales y nueve guerras generales; lo común en todas éstas es que cada una de ellas tuvo un detonante.

En el siglo XX ocurre en Colombia la guerra de los mil días entre 1899 y 1902, que culminó con la construcción de un “Tratado de Paz”, esta guerra dio lugar a nuevos grupos guerrilleros que justificaban su robo y saqueo mediante su ideación política. La violencia en aquella época concluyó a través de un decreto que incluyó una amnistía para las personas que cometieron delitos políticos, ordenada por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, pero estos beneficios no se extendieron para aquellas personas cuyos delitos revelan una extrema insensibilidad moral; dando fin a esta guerra con el frente nacional. Asimismo El Bogotazo fue una continuidad de los conflictos del siglo XIX, y como se menciona en el libro de Luis Javier Ortiz M. et al., Ganarse el cielo defendiendo la religión, citado por Diana Ceballos, las guerras civiles fueron un elemento fundamental en la formación del Estado, y del proyecto nacional en Colombia; civilizaron pero también destruyeron; contribuyeron a la unión de sectores como la Iglesia y a la debilidad de otros (un liberalismo de corte popular).

En los años setentas del siglo XX y en adelante, el auge del narcotráfico y la presencia de líderes negativos, modificó el contexto político, social y económico en Colombia. Esto género que las organizaciones, al margen de la ley en Colombia, como lo era la guerrilla y los paramilitares, encontraran en el negocio de la droga y el secuestro una manera de sustento para su actividad ilícita, viéndose influenciado también el ambiente político, lo que produjo asesinatos como el de Luis Carlos Galán, marcando notablemente a la sociedad. En el libro se menciona al lado de muchos episodios de la historia Colombiana, la violencia generalizada siempre ha estado presente, como lo menciona en el libro (Thoumi 1994-69), expresa las causas de la violencia y del conflicto, los cuales son el sectarismo generado por las lealtades partidistas, la lucha campesina por la tierra, así como la lucha entre partidos por el poder del gobierno, por lo cual se concluye que en Colombia los temas de defensa y seguridad nunca fueron centrales para la construcción de una adecuada sociedad, generando que la población atienda esa necesidad sin el apoyo de las instituciones centrales del Estado.

Turbay creó en 1981 una Comisión de Paz, y un estatuto jurídico denominado Estatuto de Seguridad, el cual concedía a los militares facultades judiciales, y dio libertad a la fuerza pública para contener la avanzada guerrillera. En 1982 Belisario Betancourt fue el nuevo presidente de Colombia, ya en funciones, promulgó la Ley 35 de 1982 que concedía amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de delitos políticos, señalándose, sin embargo, que los homicidios no serán amparados por esta ley si se realizaron con sevicia o colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad. En 1982 el Congreso de la República aprobó una ley para amnistía incondicional; días más tarde se realizó una reunión con las FARC, para permitir la consolidación y prolongación de la paz en Colombia, a partir de la cual existiera una paz política nacional que permitiera la participación de todos los partidos, pero tiempo después, el M-19 y las FARC continuaron delinquiendo, por lo que se dio el fin a este acuerdo. Años después la Comisión de Estudios sobre Violencia creada por presidente Virgilio Barco, estableció diez tipos de violencia en Colombia, ya que era necesario identificarlos para poder combatirlos: 1) ciudadanos no organizados, 2) ciudadanos organizados, 3) grupos armados contra ciudadanos, 4) guerrilla contra el Estado, 5) vida privada de ciudadanos, 6) crimen organizado contra ciudadanos, 7) Estado contra minorías étnicas, 8) la estatal contra movimientos de protesta, 9) crimen organizados contra políticos y periodistas, 10) el Estado al preservar la ley y el orden. Barco también promulgo La ley 77 de 1989, que permitió el indulto de las personas que pensaron y llevaron a al cabo la toma del palacio de justicia.

Como se menciona en el libro, la falta de protección a las personas, encaminando a la defensa por mano propia, se da por un resentimiento político que en la actualidad continua; a esto se le agregaron el oportunismo político, el tráfico de armas, la desconfianza en las instituciones, trasmisión del odio político, analfabetismo, desempleo, mala distribución de la tierra, y el crecimiento del sicariato. Por lo cual se observa que la falta de directrices en seguridad integral genera un aumento del conflicto interno; de lo que se desprende que el Estado no ha estado viendo por las necesidades de la sociedad como son: la protección y el reconocimiento de los derechos fundamentales.

Después de Virgilio Barco vino Cesar Trujillo, quien trató una posibilidad de negociación con las guerrillas, este proceso no llegó al fin del conflicto y la reconciliación, además se vivió una oleada de violencia con centenares de muertos. En 1998 el poder del país lo obtuvo Andrés Pastrana, estableciendo un decreto que otorgaba 40.000 km2 de territorio de las FARC, llamándolo “zona de distensión”, lo cual incrementó la actividad de ésta y también se pudo ver el apoyo de Estados Unidos contra la lucha del narcotráfico en el denominado “Plan Colombia”. Tiempo después, Álvaro Uribe Vélez obtuvo la presidencia, brindando una seguridad democrática, devolviendo la confianza de la población sobre el Estado y la fuerza pública.

Es necesario destacar que, para la preservación y mantenimiento del orden público en los territorios, las autoridades gubernamentales son de vital importancia para mantener la paz, de la mano de las instituciones jurídicas, económicas, administrativas, y políticas, garantizando un Estado social de derecho. Asimismo, los temas referentes a los procesos de paz, reinserción y reincorporación de grupos guerrilleros a la vida civil, dada su complejidad variada, y por las repercusiones en la convivencia social, se debe tener la responsabilidad de todas las ramas y órganos del poder público, no únicamente del dominio del Ejecutivo. Por lo tanto, como se menciona en el libro, la paz no es algo que atañe únicamente al Estado, sino que nos concierne a todos los colombianos, declarado de este modo en el artículo 22 de la Constitución. El orden público en la constitución debe realizarse y mantenerse, como lo mencionan en el libro, Pedro Cruz Villalón, establece que la constitución es un proyecto de racionalización y legitimación del poder político, por lo tanto, si se quiere lograr la paz, es necesario el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, tanto como el fortalecimiento de las instituciones en diferentes zonas del país, por medio de la colaboración de los administradores municipales. Con base a esto, se dice cita en el libro a Cruz Villalón, el cual menciona que la constitución democrática está fundamentada sobre su propia legitimidad, lo que significa que los ciudadanos deben aceptarla como regla ordenada de formación de voluntad estatal, con la eficacia del puro y simple principio de mayoría. También como se menciona en el libro citando a Ferdinand Lassalle, los problemas constitucionales no son problemas de derecho, sino problemas de poder, por lo tanto en Colombia se debe buscar la legitimidad de las instituciones de nuevo.

Hablando sobre legitimidad jurídica en Colombia, existe un factor que afecta las instituciones que gobiernan al país, como lo es la corrupción, el cual es el abuso del poder público para obtener ganancias privadas, por lo cual es indispensable acabar con ella para así poder brindar una mayor legitimidad a las instituciones y recobrar la confianza ciudadana por las mismas. También se menciona en el texto que la corrupción es el conjunto de conductas que atentan contra los intereses colectivos de la nación en función de un interés particular que, por lo tanto, debe ser objeto de reproche social. Al poder abrir la puerta a la paz en el país es necesario revaluar el papel del derecho, fortalecer la legitimidad institucional, ampliar la democracia, y abrir espacios para el pluralismo, por consiguiente todos los colombianos nos debemos apropiar de nuestra constitución y tenerla como herramienta para la defensa de los derechos. Anteriormente se hablaba sobre la defensa de las instituciones del gobierno, la cual no puede llevarse a cabo sin la colaboración de los municipios y ciudadanos, sin la defensa de los derechos fundamentales, mediante instituciones destinadas a proveer seguridad en áreas de alto riesgo.

Con base en los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa, se insistió en la existencia de derechos y libertades de contenido político, como la prohibición de la esclavitud, el derecho a la vida, la libertad de conciencia, de cultos, de enseñanza, y la protección del derecho a la huelga. Importante destacar que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en la IX Conferencia Interamericana de Bogotá en 1948, menciona no sólo los derechos, sino también los deberes del hombre, y actualmente Colombia hace parte del Tratado Interamericano de Derechos Humanos, por lo tanto, se evidencia que Colombia es un país que reconoce la existencia de los derechos en sus normas constitucionales y legales, la violación a estas se ha producido fuera de las actividades legitimas del gobierno.

El proceso de La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón

Juan Manuel Santos, desde su campaña, ofreció liderar un gobierno de unidad nacional, que llevara al país de una seguridad democrática, como la propuesta por Uribe, a una prosperidad democrática. En segunda vuelta presidencial para el periodo constitucional 2014-2018, Santos tenía como plan de gobierno la base en tres pilares fundamentales: la paz, la equidad y la educación. El objetivo por la paz inicio en agosto de 2012 al anunciarse el inicio de los diálogos con las FARC en la Habana Cuba, anteriormente el Congreso de la Republica había emitido un acto legislativo en el que se creaba un sistema jurídico que ordenaba que todos sus elementos estuvieran destinados a la terminación del conflicto armado, para lo cual era necesario una ley estatutaria que garantizara los deberes estatales de investigación y sanción de los delitos cometidos durante el conflicto armado. El acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tuvo como sede La Habana, Cuba, que contó con la participación del gobierno de la República de Cuba y del gobierno de Noruega como garantes y con el apoyo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera, la cual requiere la participación de todos los ciudadanos, el respeto de los derechos humanos donde el Estado sea su promotor, el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, desarrollo social con equidad y bienestar, y siendo fundamental ampliar la democracia para solidificar la paz. Dentro de este proceso de paz se acordó iniciar conversaciones directas e interrumpidas, establecer una mesa de conversaciones que se instalara en Oslo Noruega en los primero 15 días del mes de octubre de 2012, cuya sede principal sería La Habana, Cuba, para garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de manera expedita y en el menor tiempo posible, desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba, Noruega como garantes, y Venezuela y Chile como acompañantes.

La agenda se inició siguiendo un orden, en el cual, el primer punto a dialogar, fue la política de desarrollo agrario integral, para impulsar la integración de las regiones, y el desarrollo social y económico equitativo del país; el segundo punto fue la participación política, en el que se establecen garantías y derechos para el ejercicio de la oposición política, también se establecen mecanismos democráticos de participación ciudadana, medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local; el tercer punto fue el fin del conflicto, el cual implica el cese al fuego bilateral, definitivo, dejación de armas con la reincorporación de las FARC a la vida civil, el gobierno revisara las situaciones de las personas privadas de su libertad, procesadas o condenadas pertenecientes de las FARC, en forma conjunta el gobierno intensificara el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, se realizarían reformas y ajustes institucionales para hacer frente a los retos de la construcción de la paz, se daría garantías de seguridad; en el cuarto punto está la solución al problema de drogas ilícitas, y por último, tenemos la implementación, verificación y refrendación del conflicto, mediante un sistema que brinde mayor importancia a las regiones, la existencia de comisiones de seguimiento y verificación y mecanismos de resolución de diferencias, y en segunda medida es necesario el acompañamiento internacional para verificar una adecuada implementación de los acuerdos. La primera fase de los acuerdos de paz se firmaron el 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, dando paso a la segunda fase de este acuerdo que comenzó el 15 de noviembre de 2012 en Cuba; en cumplimiento del acuerdo general para la terminación del conflicto, se dio inicio al primer espacio de participación de la mesa de conversaciones, mediante el Foro de Política de Desarrollo Agrario Integral, en la ciudad de Bogotá, teniendo como facilitadores de este proceso a la ONU en Colombia y a la Universidad Nacional, así mismo también se dispuso de la plataforma virtual como medio de participación ciudadana en este proceso fundamental.

El 26 de mayo se lograron los primeros acuerdos sobre los temas:

— Acceso de tierras, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva

— Desarrollo social

— Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa (subsidios, generación de ingresos, mercadeo)

— Infraestructura y adecuación de tierras

— Políticas alimentarias y nutricionales

— Programas de desarrollo con enfoque territorial.

En la mesa de negociaciones, el tema primordial fue el agrario, sobre el que se dialogo acerca de la distribución y formalización de tierras, sobre un plan para delimitar la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental, también la creación de una jurisdicción agraria que garantice el acceso ágil y oportuno de la justicia, y por último, la implementación de planes nacionales para reducir la pobreza y la desigualdad. En cuanto a la participación política, se dialogó acerca de los diversos mecanismos de participación ciudadana, el acceso a medios de comunicación y la seguridad en el ejercicio de la política. Asimismo, se establecieron medidas para promover una cultura de reconciliación, convivencia, y no estigmatización, dando camino al respeto entre opositores políticos y organizaciones sociales. En cuanto al mecanismo electoral, se crearon medidas para asegurar la transparencia, principalmente en las zonas de mayor riesgo de fraude; para esto se puso en marcha una misión de expertos para hacer una revisión de la organización y del régimen electoral. En la mesa de negociaciones se acordó la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, para promover la unión territorial y la inclusión política en zonas afectadas por el conflicto, por lo tanto estas poblaciones tendrían una representación en la Cámara de Representantes para poder entender y acoger los intereses de la poblaciones.

Un elemento fundamental como se mencionó anteriormente, es la presencia institucional del Estado en los territorios afectados, asegurando el cumplimiento de los derechos humanos, su desarrollo integral y garantizando la seguridad y convivencia. De acuerdo al punto 4 del acuerdo, las FARC manifestaron su compromiso con el fin del problema de drogas ilícitas mediante la contribución con el esclarecimiento de todos los delitos que se despliegan de este. El 5 de junio de 2014, se dio el tema acerca de las víctimas y el conflicto, en donde se declaran unos principios importantes:

1) El reconocimiento de las victimas.

2) El reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto.

3) Satisfacción de los derechos de las victimas.

4) La participación de las victimas.

5) El esclarecimiento de la verdad.

6) La reparación de victimas.

7) Garantías de protección y seguridad.

8) La garantía de no repetición.

9) Principio de reconciliación.

10) Enfoque de derechos. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, por lo tanto son universales, indivisibles y deben aplicarse de manera justa y equitativa.

A lo largo de este proceso también se instaló la subcomisión de género que busca tener un enfoque de género con lo relacionado con la mujer y la comunidad LGTBI. También las delegaciones acordaron establecer un mecanismo permanente a través de los países garantes para facilitar la solución de eventuales crisis que se pudieran general en el futuro, y se empieza a hablar de “desescalamiento” del conflicto.

Como lo mencionan en el libro es importante hablar sobre el posconflicto, el cual requiere de justicia, verdad, perdón y reparación para que exista una reconciliación. Colombia incluyó en su constitución el contenido del tratado de Roma de 1988, el cual no reemplaza la jurisdicción penal ni la justicia transicional, y por lo tanto los acuerdos en Colombia deben incluir los enjuiciamientos conforme al derecho nacional y los derechos constitucionales fundamentales protegidos en la corte penal internacional cuando no se pueda hacer en Colombia la investigación.

La constitución es una norma marco para la convivencia de todos los colombianos, la posibilidad de que se realice la reforma constitucional debe efectuarse mediante votación en el congreso de la República, o por una asamblea constituyente, en la que los representantes escogidos para conformar la asamblea no tengan otra función que de reformar la constitución.

La amnistía en el conflicto es un punto clave, en la que los homicidios fuera de combate no quedarán amparados, si fueron cometidos con sevicia o colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, casos en los que se podrá acudir a la corte penal internacional.

Como se menciona en el libro en que se cita a Emmanuel-Joseph Sieyes, en la apariencia de un buen resultado, los diálogos en Cuba se han vuelto un escenario de alto costo, puesto que se constituyen intereses particulares disfrazados de interés general para lograr la paz, por lo tanto, ahora que ya está el acuerdo, debemos pensar en el naufragio del posconflicto en el que es necesario el establecimiento de políticas públicas que incluyan el resarcimiento de las víctimas, una pedagogía de la paz, la difusión de los puntos clave de la negociación y lograr el perdón y la reconciliación. El poder nacional de un país y la forma como el Estado lo aplica es esencial para el desarrollo de una sociedad, en la que debe haber equilibrio entre los elementos, y en concreto en nuestra sociedad, la importancia de la seguridad como necesidad primordial para el crecimiento ciudadano.

Colombia un discurso globalizante

El conflicto en Colombia estaría inmerso dentro de la lucha global por parte de Estados Unidos frente al terrorismo, aunque este conflicto armado es muy diferente a los demás grupos terroristas debido a que el conflicto colombiano tiene aspectos como: necesidades básicas insatisfechas, institucionalidad débil, concentración de riqueza y tierras, alta pobreza, droga. Por lo cual no se pueden generalizar los conflictos y estandarizarlos en el marco internacional, por eso conocemos que el déficit en la protección de los ciudadanos y la justicia por su propia mano son un problema adicional en este conflicto.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez