Un fallo de antología¹

Publicado el 7 de septiembre de 2018

Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del Programa
Universitario de Derechos Humanos, UNAM,
lbarreda@unam.mx

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que exime a Morena del pago de la multa por 197 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) es sumamente extraña, digna, sin duda, de figurar en una antología de resoluciones judiciales sorprendentes.

Como los lectores saben, varios partidos políticos, para ayudar a los damnificados por los sismos, renunciaron al ejercicio de un total de 380 millones de pesos, los cuales reintegraron a la Secretaría de Hacienda a fin de que los partidos no los repartieran directamente, pues tal reparto se presume, dice la ley, “como indicio de presión” para obtener el voto; en cambio, Morena rechazó contribuir de esa manera y creó un fideicomiso para el mismo objetivo.

El TEPJF sostiene que el INE no investigó lo necesario para demostrar que el fideicomiso fue creado y operado por Morena y no se trató de un “mecanismo particular”, y que debió corroborar que el dinero hubiera tenido como destino final a “los sujetos de apoyo”.

Con base en esas consideraciones, el Tribunal, en lugar de instruir al Instituto de ampliar y profundizar sus investigaciones, revocó su decisión, a pesar de que quedó plenamente acreditado que:

a) El fideicomiso fue creado por acuerdo del Consejo Nacional de Morena;

c) Los seis integrantes de su comité técnico y la mayoría de los fideicomitentes son miembros de la dirección de Morena;

d) En links de internet, capturas de pantalla y discursos, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de Morena, anunció la creación del fideicomiso y dio sus números de cuenta;

e) Más de la mitad de los recursos del fideicomiso provino de depósitos en efectivo, y, como la ley impone límites a esos depósitos, los depositantes hicieron cola una y otra vez para depositar en la misma ventanilla. En un solo día, el 28 de diciembre de 2017, seis personas se turnaron para hacer depósitos de 50 mil pesos hasta sumar, en sólo 20 minutos, 1.4 millones. Con el mismo procedimiento, en la última semana del año el fideicomiso recibió casi 13 millones de pesos;

f) De los 78.8 millones de pesos recabados por el fideicomiso entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, 44.4 millones fueron depósitos en efectivo de fuente desconocida, lo que obviamente está prohibido por la ley;

g) El fideicomiso había pagado al 31 de mayo de este año 64.4 millones de pesos en cheques de caja a 70 personas, casi todas empleados o candidatos de Morena, ninguno de los cuales aparece en el padrón de damnificados;

h) Una vez que esos cheques se cambiaron por dinero en efectivo se perdió el rastro de los recursos, y

i) El INE no pudo precisar en qué se gastó el dinero, pero Morena asegura que se entregó a damnificados y exhibió un video en el que varias personas agradecen el apoyo a ese partido, lo que constituiría la prueba inequívoca de una acción ilegal —que el TEPJF afirma que no se corroboró—: la presión para obtener el voto, más conocida como “compra de votos”. (Y si la totalidad del dinero no se entregó a damnificados, estaríamos ante un delito de fraude).

La anterior enumeración de hechos, todos absolutamente comprobados, es suficiente para evidenciar la asombrosa singularidad del veredicto del TEPJF, que, por decirlo con palabras de Raúl Trejo Delarbre, se disciplinó de manera dócil a los intereses de Morena y el presidente electo (La Crónica, 3 de septiembre).

En países con apego a la cultura de la legalidad y mayor cantidad de analistas críticos y enjundiosos, la sentencia de marras —“fruto podrido” le llama Gil Gamés— hubiera provocado un escándalo mayúsculo. Aquí, desde meses antes de la elección presidencial, la intención de voto que marcaban las encuestas generó una actitud complaciente, salvo excepciones honrosas, con el hoy presidente electo.

Si esa actitud persistiera, se facilitaría el retorno a un régimen en el que la palabra del presidente, como en la canción de José Alfredo Jiménez, sería la ley. Andrés Manuel López Obrador había dicho que la sanción del INE era una “vil venganza” en su contra, no obstante que el Instituto organizó y calificó impecablemente la elección en la que él resultó triunfador. El TEPJF fue sensible a su descontento.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez