Tenemos que hablar de justicia1

Publicado el 24 de septiembre de 2018

José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Colegio Nacional,
email jramoncd@scjn.gob.mx
twitter@JRCossio

En el tema de la seguridad empatan bien percepción y realidad. Lo que pensamos se aproxima a lo que sucede. Sabemos que podemos ser víctimas porque hay altas probabilidades de serlo. Para contrarrestar los males de la inseguridad, hemos transformado nuestros patrones de vida. La convivencia ha disminuido, el disfrute de la cotidianidad también. Los desplazamientos y la justicia por propia mano se suceden. La frustración y el temor se generalizan. Se trata ya de formas de ser y de estar angustiantes y paralizantes. En expresión al uso, el tejido social está quebrado y la condición individual afectada.

¿Por qué, entonces, no se habla en serio de la justicia en estos días de sueños transformadores? ¿Por qué es tan poco y tan simple lo que se piensa sobre tan grave mal social? Sabemos que sin transformar la justicia no será posible ningún cambio que nos lleve a la paz. Si quien delinque conoce de los pocos riesgos de ser castigado, no cambiará su actividad. Los miles de pesos mensuales prometidos no serán tan buenos como los ganados por realizar una actividad de suyo impune. En los planes no es claro qué se piensa hacer para superar los males actuales, más allá de los repetidos señalamientos a los orígenes políticos del pacto mafioso. Por la gravedad de las cosas, pensar en la justicia debiera concentrar tiempo y talento. Existen solo respuestas desarticuladas: o la resignación al statu quo y el mantenimiento operativo de las fuerzas armadas sin un plan de salida, o las apuestas paralelas que posponen o evitan cambios de fondo. Estos últimos son inquietantes.

Así, se han propuesto dos cosas. Por una parte, el establecimiento de la “justicia transicional”. El nombre suena bien. Evoca cambio y camino. Desafortunadamente, ese decir viene acompañado de componentes técnicos para significar genocidio o gravísimos crímenes de Estado. De actos que llevan a un Gobierno nacional a procesos internacionales sin diferenciar a los muertos y los desparecidos del 30 de noviembre o del 1 de diciembre de un 2012 o un 2018, por ejemplo. La justicia transicional comprende mecanismos constitutivos de la realidad con base en normatividades no nacionales. Tal vez eso se quiere. Propiciar de una vez un profundo juicio histórico-jurídico sobre nuestros gobernantes. Si es así, va a ser interesante encontrar las diferenciaciones entre un pasado y un futuro en el que pareciera habrá continuidades. Más de lo mismo, pero con otros nombres.

La otra solución propuesta son las comisiones de la verdad. Tantas como sean necesarias para esclarecer tantas verdades como se requieran. La idea no suena mal. ¿Quién puede oponerse a la justicia pronta y rigurosa? Sin embargo, consideremos algunos peros. La primera es de magnitud. ¿Cuántas comisiones serán necesarias? ¿Habrá una por cada gran fosa, por cada acontecimiento o por cada geografía? ¿Cuál será el criterio no persecutorio ni clientelar de creación? A lo decidido por las comisiones sobrevendrá otro asunto. ¿Qué carácter tendrán las determinaciones tomadas? La Constitución dispone que los delitos se investigan por el ministerio público y la privación a la libertad y a los derechos se determinan por jueces mediante el debido proceso. Así, ¿lo decidido por las comisiones serán recomendaciones o se crearán estructuras paraconstitucionales?

En el primer caso, no es sensato generar expectativas en instrumentos tan poco eficaces; en el segundo, no es aconsejable establecer comités de salud pública disfrazados. Lo que tal vez sí convenga hacer, es echar mano de la serenidad que propicia la reflexión para así identificar bien y con calma lo que sí debe y puede hacerse con el sistema de justicia. Si se piensa en todos los conflictos que ahí se tratan de resolver y en las personas lastimadas por lo que se hace y no se hace, habría motivos para tratar de mejorar el sistema. No parece buena idea buscar la paz social sin pensar en serio en los órganos encargados de resolver, cotidiana y constantemente, los litigios que en mucho la impiden.

NOTAS:

1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en El País, el 17 de septiembre de 2018.

Formación electrónica e incorporación a la plataforma OJS, Ilayali G. Labrada Gutiérrez BJV