Los retos de la Agenda 2030: perspectivas y prospectivas para un desarrollo sostenible

Publicado el 16 de enero de 2019

Marco Antonio Zeind Chávez
Doctor en Derecho por la UNAM
antonio@zeind.com.mx

Gustavo Eduardo Castañeda Camacho
Maestro en Derecho por la UNAM
gustavo.castaneda@outlook.com

A través de una resolución con fecha 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ella se estableció un mapa de navegación para la transformación económica, social y ambiental (en términos sustentables), de los 193 Estados subscriptores, durante los próximos tres lustros.

Esta hoja de ruta representa una oportunidad trascendental para México, en vista de que incorpora asuntos eminentemente prioritarios para el progreso del país, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, el crecimiento económico inclusivo, la cimentación de ciudades sostenibles y la implementación de medidas para afrontar la problemática del cambio climático, inter alia. En este contexto, el gobierno mexicano ha hecho público su respaldo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni, así como su compromiso y determinación por participar de forma activa en este plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

En la Agenda 2030 se esbozan 17 objetivos de carácter integral e indivisible, entre estas metas, destacan para el presente análisis los objetivos 6 y 7, los cuales se refieren (siguiendo la numeración), “a la disponibilidad y gestión sostenible del agua” y “el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna”.

Durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible llevada a cabo del 25 al 27 de septiembre de 2015 en la sede de la ONU, en Nueva York, la Asamblea General adoptó una histórica resolución a favor de la inclusión social, la prosperidad, la protección del medio ambiente, y el respeto a los derechos humanos, bajo la voluntad de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esta resolución dio origen a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 incluyó 17 objetivos y 169 metas, constituyendo el empeño internacional más ambicioso en beneficio de la humanidad y el planeta, al coordinar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, esto es, la económica, la social y la ambiental. Este programa es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como los que están en vías de este desarrollo, y pretende lograr una alianza de colaboración por medio de una inédita diversidad de actores internacionales, con la finalidad de establecer propósitos y medios para impulsar los renovados estándares de bienestar humano.

La Agenda 2030, en términos generales, se encamina a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas; a proteger los derechos humanos, promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Para alcanzar estas aspiraciones, las naciones persiguen la creación de las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, tomando en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad.

La Agenda 2030 encarna una ocasión excepcional para renovar compromisos y esfuerzos para obtener un desarrollo sostenible e incluyente para la comunidad internacional al conservar el objetivo en común de edificación de un futuro mejor para todos, incluidos los millones de personas que se han visto privadas de la oportunidad de llevar una vida decente, digna y plena para poder desplegar todo su potencial humano.

Después de un proceso inclusivo de negociaciones intergubernamentales y tomando como base la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se determinó que éstos tendrían las siguientes características:

— Carácter integrado e indivisible;

— Alcance mundial, y

— Aplicación universal.

A su vez, se estableció que los objetivos tendrían que tomar en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país, respetando sus políticas y prioridades nacionales. Lo que significa que, cada gobierno establecerá sus propias metas domésticas, pero orientándose de las pretensiones generales. En esta tesitura, cada Estado dictaminará los mecanismos de incorporación de las metas mundiales en sus procesos de planificación, en sus políticas públicas y estrategias nacionales.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo que cada Estado tiene diferentes enfoques, visiones de futuro, modelos e instrumentos para lograr el desarrollo sostenible, en función de sus contextos y prioridades, acordó 17 grandes objetivos para lograr el desarrollo sostenible y se muestran en la siguiente tabla:

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha constatado constantemente la denegación generalizada del derecho al agua, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Más de mil millones de personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo que constituye la principal causa de contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con ella.

Por lo anterior, la Agenda para el Desarrollo Sostenible, ha determinado una serie de metas dentro de su objetivo 6 que se buscan cumplir para el año 2030:

“6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

6.b De aquí a 2030, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento”.

En México el derecho al agua se encuentra consagrado en el artículo 4o. constitucional, en el que se establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”; sin embargo, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. En la zona centro-norte del país se concentra el 27% de la población, se genera el 79% del PIB, y se cuenta con sólo 32% del agua renovable; en cambio, en la zona sur donde existe el 68% del agua del país, se asienta sólo el 23% de la población y se genera 21% del PIB. Por otro lado, si bien es cierto que gran parte de la población tiene acceso al servicio público de agua potable, la calidad de ella es muy baja. Por lo que el gran reto de México respecto al derecho al agua está en fortalecer la gestión integrada y sustentable de ella, así como incrementar el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad.

La energía sostenible implica que ésta sea accesible, costeable, más limpia y más eficiente. La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente; no obstante, en la actualidad se estima que uno de cada cinco habitantes del planeta, es decir, 1,300 millones de personas, siguen careciendo de acceso a la electricidad. Aproximadamente el doble, 2,700 millones de personas, dependen de la madera, el carbón o los excrementos de animales para cocinar alimentos y tener calefacción.

Esta situación, ha propiciado que, en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, se haya priorizado dentro del objetivo 7, una serie de metas que se pretenden verificar para el año 2030:

“7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo”.

En México, el derecho a la energía sostenible se desprende del párrafo quinto de artículo 4o. constitucional, en el que se estipula que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de los dispuesto por la ley”.

En este sentido, los datos sobre el acceso a energía sostenible en México son alentadores, ya que al cierre de 2015 la capacidad instalada de generación mediante energías renovables se incrementó 6.6% respecto al periodo 2014, llegando a los 17,140.4 MW, lo cual representó el 25.2% de la capacidad de generación total. La mayor parte de la capacidad en operación renovable continúa siendo hidroeléctrica, que en suma con la energía eólica representan el 80% de la capacidad instalada en energías limpias.

México posee un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables, ya que cuenta con altos niveles de insolación, recursos hídricos para instalar plantas minihidráulicas, vapor y agua para el desarrollo de campos geotérmicos, zonas con intensos y constantes vientos, grandes volúmenes de esquilmos agrícolas e importantes cantidades de desperdicios orgánicos en las ciudades y el campo. Los pronósticos para el 2030, indican que en México las energías renovables se multiplicarán, abonando 24,296.5 MW a la capacidad total del Sistema Eléctrico Nacional.

México se puede convertir en un país clave para el proceso de transformación mundial dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, puesto que: 1) tiene una economía emergente; 2) posee una situación geográfica codiciable; 3) mantiene un perfil receptor y oferente influyente, inmerso en la cooperación internacional, y 4) es miembro de la ONU, la OCDE y el G-20. Este estatus le proporciona las herramientas necesarias para asumir un papel preponderante en los procesos de internacionalización y democratización.

Sin embargo, antes de ser un actor fundamental en la cooperación internacional, es necesario que cumpla internamente con los objetivos y metas de la Agenda 2030, para ello resulta necesario la implementación de nuevos andamiajes jurídicos e institucionales que le permitan atender a cabalidad sus compromisos internacionales.

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos será un baluarte para las nuevas políticas públicas que deberá afrontar la nueva administración, ya que, por un lado, México enfrentará cuantiosos retos para asegurar el acceso al agua potable de calidad y saneamiento de toda su población; y por otro, tendrá que aprovechar la oportunidad que le concede su potencial para convertirse en uno de los líderes en la producción de energías renovables. Confiemos en que a partir del primero de diciembre, el próximo gobierno persiga el fortalecimiento del desarrollo sostenible, capitalizando el potencial de nuestro país.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez