Debate público y Guardia Nacional¹

Publicado el 22 de enero de 2019

John Ackerman
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
ackerman@unam.mx
JOHN M. ACKERMAN
@JohnMAckerman

La intensidad del debate público con respecto a la Guardia Nacional ha sido, en sí, una indicación de la llegada de nuevos tiempos democráticos. Felipe Calderón no le consultó a absolutamente nadie antes de lanzar los militares a las calles el primero de diciembre de 2006 como cortina de humo para recubrir la enorme crisis de legitimidad que sufría a razón del fraude electoral de 2006. Enrique Peña Nieto hizo pasar de manera “fast track” su Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión para después publicarlo casi de inmediato en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de diciembre de 2017. Con ello, el Presidente priista retó abiertamente a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que exigían primero un amplio debate parlamentario y después la aplicación del veto presidencial a un ordenamiento que a todas luces violaba flagrantemente los derechos humanos de la población.

En cambio, la iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional fue sometida a una amplia auscultación pública. Importantes expertos y líderes de la sociedad civil han expresado sus críticas frontales tanto en el Congreso de la Unión como en foros públicos y los medios de comunicación. Incluso dentro de Morena se ha dado también un intenso debate con posiciones encontradas.

Este proceso deliberativo ha generado importantes cambios con respecto a la naturaleza de la nueva corporación de seguridad pública. No solamente se escuchó sino que también se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía. Específicamente, en respuesta a las críticas, el nuevo Presidente de la República aceptó que el mando sobre la Guardia Nacional sea civildesde el primer día de su creación.

Esta modificación la aceptó López Obrador con mucho gusto porque siempre ha estado a favor de la desmilitarización de la seguridad pública. Durante la campaña presidencial fue muy claro con respecto a la necesidad de generar una hoja de ruta hacia la desmilitarización. Y tal y como hemos expuesto en estas mismas páginas (véase: https://www.proceso.com.mx/561466/hacia-la-desmilitarizacion), la iniciativa original de Morena sobre la Guardia Nacional, del 20 de noviembre, no incluía el mando militar en la Carta Magna ni modificaba un ápice los elementos constitucionales claves que garantizan el carácter civil de la seguridad pública y la más absoluta disciplina militar.

En acatamiento estricto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, tanto la propuesta original de Morena como la versión finalmente aprobada por el Congreso de la Unión mantienen intactos los principios constitucionales fundamentales de que “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129) y que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” (artículo 21).

Ahora bien, es cierto que el quinto transitorio del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el pasado 20 de diciembre, sí colocó a la Guardia Nacional de manera transitoria y excepcional bajo mando militar.

“En tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de 5 años, como excepción a lo dispuesto en los artículos 21, párrafo décimo segundo, y 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa Nacional para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad”, decía el transitorio.

Este es el elemento que más generó indignación entre algunos sectores de la sociedad civil y que fue eliminado en el dictamen final para dejar sin lugar a dudas que el mando sobre la Guardia Nacional será civil, como una dependencia de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde el primer día de su existencia.

Esta modificación no ha satisfecho a todos los críticos. Algunas voces siguen insistiendo que los militares no deberían tener absolutamente ningún papel en temas de seguridad pública. Señalan que los soldados tendrían que regresar inmediatamente a sus cuarteles y que aquellos efectivos castrenses que se incorporen a las filas de la Guardia Nacional deberían perder cualquier conexión con las fuerzas armadas.

Estas posiciones son perfectamente legítimas y muchos juristas sosteníamos argumentos similares cuando las fuerzas castrenses estaban bajo el mando de Comandantes Supremo como Calderón y Peña Nieto totalmente subordinados a Washington. Sin embargo, el debate central no debe ser si la Guardia Nacional retoma, utiliza o se apoya temporalmente en efectivos o mandos militares durante la primera etapa de emergencia nacional, sino si esta nueva corporación apunta hacia la desmilitarización o la remilitarización del país a largo plazo.

Y aquí la respuesta es clara. La Guardia Nacional constituye un paso claro y firme hacia la desmilitarización del país al enmarcar toda actuación militar en materia de seguridad pública dentro de una lógica y un mando civil.

Otro factor que se debe tomar en cuenta es la invitación que ha hecho el Presidente de la República a revalorar el papel histórico de las fuerzas armadas. No hay duda de que bajo el mando de Calderón y Peña Nieto las fuerzas castrenses dieron la espalda a la sociedad y se pusieron al servicio de las políticas neoliberales y de la sangrienta “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos. El estratosférico aumento en las violaciones de los derechos humanos durante la última década lo demuestra.

Sin embargo, nuestras fuerzas armadas también tienen una larga tradición revolucionaria. Como botón de muestra, en las semanas recientes los militares han demostrado gran patriotismo y compromiso con el bienestar ciudadano por medio de su indispensable e incansable apoyo al plan nacional en contra del robo de combustibles.

Washington estaría encantado si echáramos al bebé junto con el agua sucia y desmanteláramos de una vez por todas a las fuerzas armadas. Siempre ha sido el sueño de los gobiernos de los Estados Unidos desaparecer al Ejército mexicano para poder encargarse directamente de la seguridad de todo el subcontinente norteamericano. Quienes se lanzan con furia en contra de toda la institución militar en su conjunto y sin distingo hacen el trabajo sucio a Donald Trump, de la misma manera en que quienes protegían a los militares violadores de derechos humanos y ensalzaban la “guerra contra el narcotráfico” de Peña Nieto y Calderón justificaban la subordinación de las fuerzas armadas mexicanas al Comando Norte.

Es importante acercarnos a los fenómenos políticos desde un enfoque dialéctico y rechazar el pensamiento lineal. Démosle la oportunidad, sin extender de ninguna manera un cheque en blanco, a que los nuevos secretarios de defensa y de marina, Luis Sandoval y Rafael Ojeda, demuestren con hechos que la Cuarta República también implica una limpia profunda y una transformación de fondo de las fuerzas armadas.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez