La seguridad pública en San Luis Potosí

Publicado el 8 de abril de 2019

Sabás Ramírez Castañeda
Estudiante de la maestría en Política Criminal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
bon2@hotmail.com

Desde el ámbito constitucional, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Algunos autores definen a la seguridad pública como “el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y persecución de los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de policía administrativa”. Pero ¿cómo ve la ciudadanía, el trabajo que nuestros gobernantes vienen efectuando, en el tema de la seguridad pública? La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un estado de derecho, de seguridad, genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas, con la confianza de que su vida, propiedades, posesiones o derechos, están exentos de todo peligro. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública a sus ciudadanos, pero pareciera que no lo está haciendo bien. La seguridad pública se debe ofrecer en las mejores condiciones para proteger los derechos de las personas y garantizar la paz ciudadana.

En la actualidad, San Luis Potosí enfrenta una época marcada por grandes desafíos, la inestabilidad provocada por problemas políticos y sociales ponen a prueba la capacidad del Estado para ofrecer soluciones viables, que demuestren a los ciudadanos el interés por cumplir con una de sus principales obligaciones, el bienestar y la paz social. Una deteriorada educación, altos índices de desempleo, problemas de salud pública, falta de alumbrado público, un deficiente abasto de agua potable en las colonias y una ineficiente seguridad pública son los principales males que aquejan a la sociedad potosina. Con esto pareciera que el Estado no se preocupa para que la sociedad alcance un bienestar que le permita desenvolverse en sus actividades cotidianas. Destacando como en muchas partes de México, el problema de la seguridad publica.

Uno de los principales problemas es la falta de recursos para invertir en la correcta formación de los cuerpos encargados de garantizar la seguridad pública, derivado de esto, bajos salarios, poca profesionalización, falta de equipo, equipo deficiente y malas condiciones laborales, son algunos de los problemas que enfrentan las personas que en las calles se encuentran para prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad pública, aunado a esto la falta de valores morales e institucionales de quienes hacen mal uso del cargo público que ocupan dentro de las corporaciones policiacas.

Si bien es cierto, no es poco el recurso que se destina por parte del Estado para tratar de garantizar la seguridad pública, esto pone en la mira como culpables del aumento en los índices de criminalidad a los encargados de administrar esos recursos o a los mandos policiacos. Pero también, la sociedad debe entender que el problema de la seguridad pública no es sólo de las corporaciones policiacas, sino que va de la mano con los órganos encargados de administrar justicia, principalmente cuando los elementos policiacos ponen a disposición del fiscal a una o varias personas que acaban de cometer hechos con apariencia de algún delito y el fiscal en pocas horas lo deja libre, esto frente a la sociedad pareciera a todas luces impunidad, pero detrás de este actuar del fiscal hay un sin número de respuestas y una de ellas es el sistema garantista con el que se deben conducir los encargados de impartir justicia.

El tema de la seguridad publica está presente en las agendas públicas de nuestros gobernantes, pues es una preocupación vigente y constante de todos los habitantes del Estado que se aprecia día a día en los noticieros, periódicos y redes sociales, no obstante, pareciera que el gobierno del Estado pone poca atención al problema de la inseguridad pues pese a que tiene que disminuir va en aumento. Los planes y programas que emprende el Estado, si es que los tiene, para disminuir o prevenir la comisión de delitos se quedan cortos ante el alza de la incidencia delictiva en el territorio potosino.

En la actualidad algunos estados del territorio mexicano han apostado por incrementar el número de elementos en las corporaciones policiales, mejora del equipo táctico, mejores vehículos policiales y una mejora en las condiciones laborales de los policías a fin de mejorar la eficiencia en la prevención de los delitos. En San Luis Potosí, las condiciones laborales de los elementos encargados del orden y la paz pública son deplorables, y cómo pretende el Estado lograr una eficiente prevención del delito si el personal encargado de ello se encuentra en constante conflicto interno con la institución a que ellos mismos representan.

La seguridad pública, es un tema de especial relevancia, pues muchos estados dentro del territorio nacional están pasando por una crisis, llamada “inseguridad”, pues día a día vemos en los diarios de mayor circulación y en las noticias los incrementos en la comisión de delitos.

Sin embargo, en la actualidad, las asociaciones delictuosas están rebasando el trabajo que vienen haciendo las instituciones encargadas de mantener el orden y la paz pública; Y es donde surgen diversas preguntas del ciudadano, ¿qué es lo que está pasando con la delincuencia que va en aumento?, ¿qué es lo que están haciendo nuestras autoridades?, y es cuando las instituciones de seguridad publica van perdiendo la credibilidad, debido a la falta de creación de mecanismos, planes o estrategias para combatir los aumentos en la criminalidad.

Pero eso no lo es todo, ya que, aunado a la falta de creación de políticas para disminuir los índices delictivos, se encuentra la falta de preparación de los de los elementos que conforman los cuerpos encargados de mantener la paz y el orden público. Pues nuestros gobernantes o las personas que se encuentran en los puestos de primer nivel en seguridad pública poco se han preocupado en que los cuerpos de seguridad pública mantengan un estatus alto de preparación académica, física y psicológica y de igual forma la falta de equipo para que los elementos realicen sus funciones de seguridad pública. Todo esto sumado nos da el resultado de una “inseguridad en aumento”.

Los elementos policiales, aun y cuando saben que los fines de la seguridad pública son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas, tienen en cuenta que hace falta diseñar planes estratégicos para combatir la delincuencia al igual de la impartición de cursos para prevención del delito, pues la notoria ausencia de procedimientos de operación, debilidad en los esquemas o exámenes de control y confianza y las condiciones laborables tan deterioradas hoy en día, facilitan la logística criminal y garantizan la impunidad.

En los tres ámbitos de gobierno, los esquemas de profesionalización en las corporaciones policiales, es desigual, ya que los métodos de trabajo varían desproporcionalmente, mientras que a nivel federal es mayor la capacitación constaste, a nivel Estado, es casi nula. Necesitamos estructurar un proyecto de vida policial que incentive el compromiso con la sociedad y desaliente las conductas que desvían el fin de la seguridad pública. Aumentar la autoestima social de los policías, buenos salarios, mejores condiciones de trabajo, reconocer los derechos laborales, etcétera. Son algunas de las circunstancias para lograr esos fines, que cada elemento debe procurar.

Eso es lo que requiere la sociedad, volver a creer en las políticas públicas, que los gobernantes puedan implementan a fin de garantizar tal derecho, pues día a día nos damos cuenta de que no se ha podido contar con planes estratégicos para combatir los problemas de inseguridad y aumento de la criminalidad, las pocas estrategias que se han intentado poner en marcha, han quedado rebasadas por la contrainteligencia aplicada por los grupos criminales. Los funcionarios públicos encargados de tales fines deben estar capacitados, cumplir con el perfil idóneo y conocer el medio, seguridad pública para saber en qué parte se está fallando para poder cambiar o modificar la estrategia o si el caso lo amerita crear nuevas políticas para disminuir y erradicar la criminalidad.

De antemano sabemos que es difícil erradicar por completo el problema del aumento de la criminalidad, y es que son tantos los factores que apoyan el alza de este cáncer, la familia, la sociedad, falta de educación y el propio sistema son algunos de los factores que forman el pilar principal por el cual las personas caminan por la vereda hacia la comisión de delitos y faltas. Pero no toda la culpa es del sistema o la sociedad, ya que la propia decisión de las personas de ir por un camino más fácil es la pauta por la cual se vuelven criminales, no podemos dejar que las autoridades carguen con toda la culpa, pues es la célula básica de la sociedad los primeros encargados de formar personas, buenos ciudadanos, capaces de apoyar, el combate a la inseguridad.

El Estado mexicano destina grandes cantidades de dinero como parte de recursos destinados a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, pero ¿dónde quedan esos recursos?, pues vemos a las instituciones en mal estado, falta de baños, falta de mobiliario y equipo, personal mal capacitado, vehículos policiales en mal estado y por tal motivo los elementos de seguridad publica deben estar haciendo coperacha, a fin de poder arreglar el vehículo para salir a patrullar, uniformes despintados o en mal estado, uniforme que se da al elemento solamente cada que se acerca un desfile del 16 de septiembre, o alguna otra fecha importante, para que salgan bien en la foto.

La ciudadanía reclama a viva voz ese derecho a la paz y a la seguridad pública y es entendible, pues ellos desconocen por lo que nuestro personal o elementos de seguridad pública están pasando. Hace falta ciudadanos ejemplares, al mando de las instituciones de seguridad pública, que implementen políticas de seguridad, que favorezcan al fin, que es la seguridad pública, ciudadanos que dejen huella al pasar por alguna administración de gobierno, que no solo busquen beneficiarse a sí mismos, sino que busquen beneficiar a la ciudadanía, que es la que al final de cuentas resiente ese mal manejo de recursos, esa falta de conocimiento para implementar planes para inseguridad, esa falta de empatía con la ciudadanía, que se sigue traduciendo en más inseguridad. Esto se debe combatir, pues desde las instituciones encargadas de proteger y servir a la sociedad se deben empezar a combatir todos esos males, para que fuera de esa institución se pongan en marcha planes efectivos y la sociedad comience a sentir el verdadero cambio, comience a ver el efectivo combate a la criminalidad y comience a sentir esa seguridad y paz públicas que tanto anhela. Todo esto es posible que funcione, los fines de la seguridad pública se pueden alcanzar, es cuestión de que los servidores públicos se pongan a trabajar y con los medios necesarios garanticen efectivamente el derecho de las personas a la seguridad pública.

Estudiosos en el campo de la antropología policial tienen como tesis que el policía está solo. El policía está abandonado por la institución, pero también está abandonado por la sociedad. Es indispensable recuperar el valor y dignidad del policía, pues para una gran parte de la población, policía es sinónimo de abuso, prepotencia, falta de preparación y corrupción, hace falta implementar planes, programas y estrategias con metas y objetivos claros a corto, mediano y largo plazo para recuperar nuestras instituciones policiales.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez