Derechos de los niños, niñas y adolescentes, migrantes

Publicado el 8 de abril de 2019

Concepción Esperanza Domínguez Rocha
Estudiante de la maestría en Política Criminal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
cony_dom@hotmail.com

Actualmente México se enfrenta ante la problemática de migración en donde debe garantizar la protección de los derechos humanos de quienes se encuentran de manera irregular en su jurisdicción, el comentario de este tema de alto impacto no es tan positivo como debiera serlo; sin embargo, se está de acuerdo con lo que han escrito los representantes de la UNICEF, pero no se puede evitar hacer una serie de preguntas en este trabajo que se comienza a redactar con lo más destacado que leyó sobre este fenómeno social.

Una de las obligaciones más importantes descritas tanto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como por el Comité de los Derechos del Niño es la prohibición de recurrir a la privación de libertad, bajo cualquier modalidad, en los procedimientos relacionados con la situación migratoria. La detención de niños, niñas y adolescentes por motivos de migración o como consecuencia de la detención de sus familiares es una medida desproporcionada, que no puede justificarse con base en el interés de un Estado en hacer cumplir con su política migratoria.

El transitar en el territorio de un país como México siendo migrante enviste a esa persona de derechos y atribuciones que la misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos otorga, sin embargo, no están exentas de apegarse a las normas y leyes vigentes en nuestro país, cometer infracciones administrativas diversas a su calidad de migrante o cometer un delito, son actos que si se transgreden evidentemente serán sancionadas por las autoridades correspondientes por el delito que se le imputa.

Claro está que si se encuentran en ese supuesto pueden interponer un juicio de garantías, en donde se les podrá conceder la suspensión provisional contra actos que afectan la libertad personal; la obligación del quejoso de comparecer ante el juez de la causa o del Ministerio Público, ya que es exigible hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. En esa hipótesis, en caso de que las autoridades responsables decidan iniciar un procedimiento administrativo sobre la legal estancia en el país de los peticionarios mayores de edad se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, para arrestos derivados de autoridades administrativas de esa índole. La situación cambia cuando los quejosos son menores de edad, ya que las autoridades responsables que inicien un procedimiento administrativo respecto de su legal estancia en el país deben privilegiar el derecho a la unidad familiar e interés superior del niño, niña o adolecente, aplicándoles medidas alternativas a la detención en una estación migratoria u otorgarles un área especial. Las autoridades responsables deben ponderar si es preferible que permanezcan con sus padres en un espacio de la estación migratoria.

Eso es lo idóneo según lo estipulado por la Ley Migratoria, la UNICEF en México, el DIF, la SEP, la ACNUR, entre otros; sin embargo, la realidad es otra, no se duda que existan albergues para llevar acabo esos fines, ni que las autoridades del Instituto Nacional de Migración u otros organismos estén realizando en medida de sus posibilidades tareas para lograr el objetivo, pero también es cierto que la entrada de los migrantes centroamericanos a nuestro país no llegó en un buen momento, el cambio de gobierno fue un detonante para que el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos pareciese indiferente a tal situación en el que se encontraba nuestro país, y por otro lado el presidente electo se encontraba preparando para la toma de posesión de su mandato poco podía hacer en ese entonces con tal problemática, tomando en cuenta que en el mes de septiembre se llevó el cierre fiscal de 2018 y aún no se liberaba la partida presupuestal del siguiente gobierno.

No basta con la creación de políticas públicas para contener la problemática que generan los migrantes que se encuentran en territorio nacional, sino darle seguimiento a las ya existentes para que se obtenga un mejor resultado. Ahora la cuestión sería determinar si las acciones, planes y estrategias encaminadas a que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes son eficaces porque una cosa es lo que se plasme en un papel y otra es la realidad que se percibe con los sentidos.

Es imperioso tener una certeza que estos menores cuenten con las óptimas condiciones para su desarrollo, no se debe obviar que al proporcionarles alimento y quizás un lugar donde permanecer durante su travesía, ya se estén cubriendo sus necesidades básicas y primordiales, por ello se formulan los siguientes cuestionamientos: ¿cuántos kilómetros peregrinan desde el cruce de la frontera del sur de nuestro país hasta “su destino”?, si llegan, claro. No se cree que sea fácil para ningún ser humano pasar por esa situación y no se minimiza el impacto que puede recaer en un niño, niña y adolescente puesto que quizá no lleguen a comprender del todo el por qué dejaron su casa, familia, amigos, su patria, su vida y que ahora se enfrenten a una lucha que “no es la suya”, para obtener un sueño americano que tampoco es propio, a costa de las penas que les ocasiona la incertidumbre de sus padres al no saber cuál es lo que les depara el futuro que pinta incierto para sus vidas frágiles y vulnerables; sin dejar de mencionar a lo que se enfrentan las familias que logran cruzar las fronteras norteamericanas, como lo es la repatriación o el solicitar asilo político, o el hecho de lograr la reunificación familiar cuando sus miembros han sido separados de manera violenta y dramática, y se encuentren en dos naciones muy diferentes que no conciben los derechos humanos de la misma manera.

Es importante reconocer que en México hay ciudadanos con alto sentido de altruismo, con grandes valores humanos y morales que ayudan a los migrantes, pero también es un país racista y discriminatorio que se ha llegado a sentir amenazado con la presencia de los migrantes centroamericanos, y más con la ola de violencia en el que se ha visto envuelto nuestro país, no es desconocido que el crimen organizado los ha reclutado e incluso secuestrado sumándolos en sus filas para lograr sus propósitos delictivos convirtiéndose en víctimas de atrocidades.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes son blanco perfecto para el crimen organizado, pueden ser traficados, explotados de manera sexual, laboral e incluso tenerlos en esclavitud, por ello es necesario llevar un padrón de migrantes que se no acreditan su legal estancia en México, esto con la finalidad de llevar un control de ellos y contar con datos reales (que de alguna manera acrediten su identidad) de quienes regresan a su país de origen y de quienes permanecen en territorio nacional, de tal manera se estaría trabajando en materia de Seguridad Pública y en materia de salud porque cuantos cuerpos de migrantes no se han encontrado en fosas clandestinas sin saber quiénes son y en determinado momento proporcionar información a sus familiares que se encuentran en la misma situación migratoria. Por ello es preciso realizar las siguientes preguntas: ¿por qué como mexicanos (que perseguimos también el sueño americano) marginamos y discriminamos a los migrantes centroamericanos que buscan el mismo fin que nosotros?, ¿por qué como nación reconocemos los derechos humanos, pero no los llevamos del todo a la práctica?

Ahora bien, se continúa este trabajo invocando datos históricos. En México, el 30 de marzo de 2007 fue instalada la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niños, Niñas y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, quienes velan por este grupo de situación ilegal a nuestro país, su objetivo es evaluar la coordinación interinstitucional, intercambiar información y acordar las medidas y mecanismos que permitan garantizar los derechos y la protección de niñas y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes. En ese mismo año se creó un cuerpo de oficiales de migración especializado en proteger los derechos de la infancia (OPIs), quienes eran funcionarios del Instituto Nacional de Migración que fueron capacitados de acuerdo con el modelo de atención para garantizar la protección integral de los derechos de la niñez migrante no acompañada en las fronteras norte y sur de México. En la actualidad, ¿se estarán capacitando a los integrantes de las autoridades federales a ese nivel para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes? Se considera que la capacitación es primordial para lograr el objetivo, y esta debe impartirse a todos los servidores públicos de las diferentes materias del derecho, desde el laboral hasta el penal.

Como primer principio de la política migratoria, la Ley de Migración señala el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeros, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, tales como los niños, niñas y adolescentes migrantes, en donde las autoridades nacionales, internacionales y mundiales que maximizan la protección de sus derechos humanos, a través de los diferentes acuerdos, convenciones, tratados, entre otros, cuyo fin es hacer que prevalezca el contenido del artículo 1° de nuestra Constitución.

Si el objetivo como ya se ha dicho en párrafos anteriores es lograr el bienestar de este sector tan frágil y vulnerable se cuestiona si en la actualidad nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a sus ya casi cuatro meses de mandato y con su lema “gobierno de austeridad”, ¿está procurando verdaderamente la protección de los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes migrantes que arribaron a nuestro país en el sexenio que le antecede? Lo que implica garantizar su pleno acceso a los derechos humanos reconocidos en su favor y su permanencia en un entorno adecuado y no con las carencias que tienen los albergues instalados de manera permanente en las fronteras mexicanas como lo es el caso de los que existen Piedras Negras, Coahuila, que reciben a cientos de las familias de migrantes centroamericanos, en donde los menores de edad no tienen acceso a los derechos humanos fundamentales como lo son la dignidad y el valor de la persona humana ni a los Derechos del niño, en consideración de que ellos necesitan cuidados especiales para desarrollarse plenamente para lograr su bienestar, tal como lo indica el principio IV de la Declaración de los Derechos del Niño: “El niño debe de gozar de los beneficios de seguridad social. Tendrá derecho de crecer y de desarrollarse en buena salud; con ese fin deberá proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”. El principio V a la letra dice: “El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales en su caso particular”. En ese contexto, no se está hablando de éxito por parte de nuestro actual gobierno mexicano, muchos de los niños, niñas y adolescentes migrantes se están enfrentando a la dramática separación de sus padres en las fronteras norteamericanas, y eso no significa que en México eso no suceda; por ello se hace otro cuestionamiento, realmente como en otros artículos documentales se afirma: ¿México está actuando de conformidad con los estándares que aseguran un trato digno y adecuada protección a los niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo su jurisdicción en el contexto de fenómeno migratorio?, ¿realmente prevalece por encima de cualquier otra consideración el interés superior de la infancia y la adolescencia?, ¿las políticas públicas existentes están diseñadas como parte de implementación de un sistema de asistencia integral, en las que las decisiones administrativas o judiciales que les atañen en el marco del proceso migratorio tienen como consideración primordial el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, bajo el cuidado y la protección, no de la represión? Si las respuestas son negativas, nuestro país en retroceso en materia de derechos humanos.

No toda la opinión es negativa, las corporaciones policiales en sus tres niveles están siendo capacitados en materia de derechos humanos por recomendaciones hechas por las comisiones estatales de derechos humanos, sin embargo, se considera que los cursos son muy breves y la materia es muy extensa, sin dejar de mencionar que estas instituciones actualmente no cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para cubrir en su totalidad dicha capacitación. En los planteles educativos de los niveles básicos, medio y medio superior se están implementando materias y foros relacionados con la difusión de los derechos humanos y derechos de los niños; es preciso educar a nuestra niñez en cuanto a derechos humanos, por ello es necesario que conozcan el principio X de la Declaración de los Derechos del Niño: El niño debe ser protegido contra las prácticas que pueden fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Los niños niñas y adolescentes migrantes centroamericanos se encuentran sumergidos en una constante violencia, son separados de sus familias, no siempre tienen acceso a una alimentación adecuada, no tienen un hogar, no pueden continuar con su educación… mismo problema que enfrentan los niños, niñas y adolescentes nacionales que viven en comunidades marginales y que si ponderamos a quién debemos proteger, evidentemente serían a nuestros niños mexicanos, y no se hace esa reflexión por ser cruel o discriminatorio, sino por que desafortunadamente México no es un país que cuente con muchos recursos para enfrentarse con ambas situaciones. Por otro lado, la migración se puede volver un problema de salud, desde la desnutrición en los infantes hasta trastornos emocionales que pueden presentar los menores; nuestro gobierno no está preparado económicamente para proporcionarles asilo a estas personas, la prioridad es combatir la pobreza en la que se encuentran sus gobernados.

Hace falta que como personas sujetas de derechos que nos confiere nuestra carta magna, no ignoremos lo que sucede en nuestro país, para no violentar los derechos humanos de otros. Debemos sensibilizarnos no sólo con la situación de desasosiego de los niños, niñas y adolescentes migrantes, sino todo lo relacionado con la dignidad humana, si nos sometemos a un proceso de culturización habremos conseguido el éxito. La tarea es de todos, el Estado mexicano a través de los tres poderes, debe trabajar arduamente implementando planes, proyectos, estrategias y operativos con las autoridades competentes en donde realmente se vea reflejado un avance en cuanto a la situación migratoria de los centroamericanos.

En el marco jurídico tal vez se puedan realizar algunas modificaciones para que el libre tránsito en México esté más controlado y no afecte a terceros, es decir, a los propios ciudadanos mexicanos que se sienten invadidos por los migrantes que se introducen a territorio nacional, porque algunos de estos grupos han llegado a instalarse de manera no legal en las casas habitaciones de ciertas colonias, como es el caso de los arbolitos en el estado de San Luis Potosí, en donde impera el miedo por parte de los colonos porque se ven afectandos en su patrimonio. También se debe redoblar esfuerzos para que todos los ciudadanos mexicanos respetemos y hagamos valer los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez