Derechos humanos y corrupción1

Publicado el 24 de abril de 2019

Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM, y del Posgrado de Derecho en el
Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
email tapiaurbina@yahoo.com.mx
twitter@JavierQ_Tapia

Un tema que ha sido motivo de estudio y debate, especialmente por un sector de la doctrina especializada, es la vinculación de los derechos humanos con el fenómeno de la corrupción. ¿Cómo establecer esa vinculación entre los derechos humanos y la corrupción? Iniciar por el principio, partir del estudio de los derechos humanos a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuyo texto se reconocen y se establecen las garantías para su cumplimiento a cargo del Estado.

Asimismo, un repaso por el estudio de la corrupción como fenómeno social y jurídico, nos dará la oportunidad de aterrizar solo algunas ideas que giran en torno a este flagelo, y que, en algún momento, en ciertas circunstancias éste hace colusión con los derechos humanos previamente analizados. Es entonces cuando diríamos que la vinculación se presenta cuando existe alguna afectación a la integralidad de estos derechos (como derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos), ocasionada por hechos o actos corruptos.

El conocimiento elemental de los derechos humanos y del fenómeno de la corrupción es indispensable para estar en posibilidad de buscar -y encontrar en el mejor de los casos- salidas jurídicas viables, objetivas, concretas y eficaces, a los problemas derivados de dicha vinculación. Esto significa que, si logramos entender las dinámicas de la corrupción, entonces tendremos mayor margen de maniobra para afrontarla con éxito y con ello prevenir violaciones a los derechos humanos en su conjunto.

En un ámbito más general, la corrupción irrumpe contra el pleno disfrute de los derechos humanos, cuando como consecuencia de actos o conductas de personas corruptas, particularmente servidores públicos, se desvían recursos públicos destinados especialmente a garantizar estos derechos, causando con ello condiciones de deficiencia e ineficacia en los servicios prestados por el Estado.

En este sentido, las razones que impulsaron la existencia de mecanismos anticorrupción desde un plano global y doméstico o nacional -como el casi recién instalado (2017) Sistema Nacional Anticorrupción- se fundaron especialmente en la idea de contrarrestar actos irregulares o ilegales como el soborno y el cohecho derivados de la contratación de bienes y servicios para el Estado, así como en el uso irregular o indebido de los recursos públicos.

Sin embargo, la vinculación entre los derechos humanos y el fenómeno de la corrupción, requiere del estudio de múltiples factores que no solo tienen que ver con la contratación de bienes y servicios para el Estado, y tampoco se puede referir a personas en su posición de agentes corruptos (activos o pasivos, servidores públicos o particulares), sino con el desempeño de las instituciones públicas y privadas que, a final de cuentas, trascienden a la esfera de los derechos humanos, impactando en su plano individual y colectivo.

Un tema que quizá requiere una convocatoria más intensa a la sociedad en general y, especialmente a la academia y organizaciones profesionales, para participar en un debate serio, razonado y constructivo, a través del cual, se dé cuenta de los avances y perspectivas en la materia anticorrupción, con enfoque hacia la protección y defensa de los derechos humanos, su impacto en el disfrute pleno de estos, los diseños jurídicos e institucionales vigentes y, sobre todo, los recursos económicos asignados para las políticas anticorrupción, puesto que, paradójicamente, se trata de recursos que bien podrían ser dirigidos para garantizar tales derechos.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en Primera Voz, el 3 de abril de 2019.

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