Ombudsman a modo¹

Publicado el 24 de abril de 2019

Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del Programa
Universitario de Derechos Humanos, UNAM,
lbarreda@unam.mx

Sólo desde la mezquindad más detestable puede decirse que la CNDH es un instrumento de falacia y simulación: lo que han logrado esa Comisión y sus homólogas locales en la lucha contra las arbitrariedades perpetradas desde el poder es ampliamente conocido.

Las comisiones públicas de derechos humanos han jugado un papel relevante en la promoción y la defensa de esos derechos, los cuales constituyen uno de los productos más valiosos de nuestro proceso civilizatorio. Centenas de miles de víctimas de abusos de poder, con el apoyo de tales organismos, han transitado de una actitud de resignación resentida a otra de coraje activo ante esos abusos, pues han constatado que pueden ser combatidos exitosamente.

Es verdad que no todas las comisiones del país han funcionado con la eficacia y la agilidad deseables, lo que en varios casos se debe a que su titular o sus colaboradores no han sido los idóneos, a que no han contado con los recursos suficientes para el óptimo desempeño de su tarea o a que las autoridades no han tenido la disposición de atender diligentemente sus sugerencias y recomendaciones; pero son numerosos los asuntos en que la actuación del ombudsman ha logrado evitar, detener o propiciar que sean castigadas tropelías de los servidores públicos.

Por eso es inaceptable el proyecto de reforma constitucional anunciado por Morena y el Partido del Trabajo (El Financiero, 8 de abril) en virtud de la cual desaparecerían la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones locales de la materia, a las que sustituiría una Defensoría del Pueblo. Ésta contaría —dice el proyecto— con representaciones en las entidades federativas y sus recomendaciones serían vinculatorias. Los servidores públicos que no las cumplieran podrían ser llamados a comparecer ante el Senado. La designación del titular de la Defensoría y los miembros de su Consejo Consultivo “se ajustarían” a una consulta pública.

El diputado morenista Hugo Rafael Ruiz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sostiene que se propone “desaparecer otro órgano supuestamente autónomo que no sirve para nada, con recomendaciones que nadie atiende”. La CNDH —acusa— “es un instrumento de falacia (sic) y simulación, porque no sanciona, no tiene alcance para sancionar a nadie”.

Son notables la inepcia, la ignorancia y el sectarismo de los autores del proyecto. Dondequiera que existe el ombudsman, sus recomendaciones no son vinculatorias, pues, si lo fueran, se convertiría en juez: las sentencias judiciales son de cumplimiento obligatorio. Tampoco es facultad del ombudsman imponer sanciones. Su fortaleza depende de su autonomía y profesionalismo, la calidad de su trabajo y el apoyo que den a su labor los funcionarios gubernamentales. Si éstos cumplen las recomendaciones, la actuación del ombudsman será eficaz. Por otra parte, los autores del proyecto parecen ignorar que desde hace años el Senado tiene la facultad de llamar a comparecer a los que no las cumplan.

La designación del ombudsman y los integrantes de su Consejo es de la mayor relevancia. El ombudsman no necesariamente ha de ser el personaje más popular, sino un individuo sólidamente preparado, sin filiación partidista, con trayectoria profesional brillante, compromiso con la causa de los derechos humanos, equilibrio emocional e independencia de criterio. Sus consejeros han de ser ciudadanos de gran prestigio y con simpatía inequívoca por la causa. Ya está prevista en la Constitución la consulta pública para la designación, pero ya hemos tenido evidencia de cómo entiende esas consultas el gobierno federal: pantomimas para “legitimar” decisiones tomadas a priori.

Al reciente nombramiento de dos ministras de la Suprema Corte de Justicia cercanas al Presidente de la República —entre ellas la mujer de su constructor favorito—, la iniciativa disparatada de aumentar una sala en el máximo tribunal y el inaudito nombramiento de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, se suma ahora una propuesta con la misma finalidad de eliminar contrapesos al Poder Ejecutivo.

Sólo desde la mezquindad más detestable puede decirse que la CNDH es un instrumento de falacia y simulación: lo que han logrado esa Comisión y sus homólogas locales en la lucha contra las arbitrariedades perpetradas desde el poder es ampliamente conocido. Para apreciar el valor de esos logros hace falta gusto, y para reconocerlo se requiere honestidad. El budista Getsudo dictaminó: “Donde hay una hazaña inmortal, el asno sólo oye truenos”.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez