Neutralizar a la Corte sin desaparecerla

Publicado el 29 de abril de 2019

Eduardo González Chavez
Licenciado en Derecho por la UNAM
eduarlet6526@gmail.com
@Eduarlet6526

El día de ayer Ricardo Monreal, coordinador de bancada de los legisladores de Morena en la Cámara de Senadores, difundió una iniciativa de reforma constitucional en materia de integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pretende elevar de 11 a 16 ministros a este tribunal constitucional, así como crear una tercera sala especializada por disposición constitucional en anticorrupción, entre otras cosas.

La reforma me parece un desatino, por dos razones:

1) Es la desnaturalización de la función de Corte, toda vez que en una porción normativa que se propone, indica que se encargará esta tercera sala de “controversias y juicios de amparo” en materia de corrupción. Tal aseveración, que introduce grandes interrogantes, no indica si por controversias se refiere a las constitucionales reglamentadas en el artículo 105, fracción I, de la CPEUM o, en su defecto, a algo más extenso que podría de inicio, representar un retroceso, ya que la finalidad de la reforma de 2011 en materia de amparo y del Poder Judicial terminó por reservar una tarea muy particular a la Corte, pues las cuestiones de legalidad son terminadas en los tribunales colegiados de circuito. A la luz de la expresión “controversias”, posibilitaría que esa tercera sala sería un tribunal de pleno derecho, ya que expresamente indica “sustanciará”.

En este orden de ideas, no es por una inercia que me opongo a este cambio, sino por los efectos que traería, ya que será disfrazada como demostración de un compromiso para combatir la corrupción, pero estructura un grupo de ministros en esa sala que ejecutarían una función exoneradora, pues si “sustanciarán”, significa que podrán anular o disipar cargos en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y los particulares relacionados con hechos de corrupción. Por supuesto serían los preparativos para proteger a funcionarios cercanos. Es imposible pensar otra cosa cuando ya contamos con un muy bien definido modelo procesal anticorrupción, con órganos internos de control, la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para faltas graves y la posibilidad de debatir su validez, que no necesita del conocimiento del alto tribunal como sustanciadora de nada. Ahora bien, si se me replicare aduciendo que todo es con la intención de analizar la constitucionalidad de las resoluciones de los órganos en la materia, entérence que ya ocurre sin necesidad de una sala especializada.

2) Por otra parte, los ministros que conformen esta sala también integrarán el Pleno, el cual aumentará a 16 miembros. Aquí es donde aparece mi mayor oposición a la iniciativa, ya que sin insinuar que haya filias ni fobias en los actuales ministros por la persona del presidente, se aumentarían a 7, por lo menos, los togados incondicionales que tendría la cuarta transformación (sin considerar uno más que será sustituido por término de su periodo y que no haya otros que designar por falta absoluta: muerte, por ejemplo). Esto lo sostengo de la observación a los procesos de designación de los dos más recientes jueces constitucionales, así como para los consejeros de la CRE, en donde se destaca el apetito de imposición de candidatos, y dudo que pase distinto con los nuevos 5 jueces.

Tal vez la mayor preocupación se concentre al estudiar la validez de normas generales. La iniciativa establece que para declarar la invalidez (inconstitucionalidad/inconvencionalidad) de las leyes ya no se precisará de 8 votos del Pleno como indica el texto vigente, sino de 11. Por lo que atendiendo a las matemáticas que ya refería, solamente habrá 9 ministros —y 8, en dos años— no designados por la 4T, lo que obstaculizaría que las leyes del presidente que se impugnaren sean expulsadas del sistema jurídico mexicano.

El planteamiento se confirma con el número par de 16 miembros de este tribunal. Más por lógica que por tradición, en los órganos colegiados se ha procurado que su número sea impar, para que en la votación no haya empate. ¿Qué pasará cuando 16 ministros estén divididos en opinión con simetría? Ese detalle que seguramente pasaron por alto revela la intención no de mejorar esta entidad ni el sistema procesal anticorrupción, sino de facilitarle aliados en el tribunal constitucional a AMLO. Además de que no es congruente con la política supuestamente de austeridad en la burocracia. Con 5 ponencias nuevas, los gastos se elevarían de manera considerable.

En otras palabras, se neutraliza la función de contrapeso —que no de oposición— que constitucionalmente y por nuestro bien le fue asignada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin el acto alarmante de decretar la extinción de este órgano.

Por último, me referiré a lo que atinadamente comentó Denisse Dresser al día siguiente del triunfo de Andrés Manuel: no se trataba de no ser Venezuela del Norte; se trataba de no ser el mismo México. Iniciativas como la presentada por Ricardo Monreal de Morena se parecen mucho a las del México de siempre: configuradoras de un sistema político y jurídico condescendiente con el presidente.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez