Costos del cambio¹

Publicado el 24 de mayo de 2019

Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM, y del Posgrado de Derecho en el
Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
tapiaurbina@yahoo.com.mx
@JavierQ_Tapia

El 5 de mayo se llevó a cabo la llamada “marcha del silencio” que, entre otras cosas, desplegaba como bandera la exigencia de la renuncia del presidente López Obrador.

Los diversos medios de comunicación han dado basta cuenta sobre la integración de la marcha, así como de las exigencias y reclamos de sus participantes en contra de las políticas adoptadas por el actual gobierno.

Por esa razón, no entraremos a reseñar cifras o datos que, si bien pueden ser representativos o significativos por el número de ciudadanos participantes -según el punto de vista de las corrientes ideológicas o políticas involucradas-, lo importante es, como siempre, pensar en las causas que le dieron origen a este movimiento.

Algunas de las causas que generan estos movimientos, sin duda, tienen que ver con el descontento social por las políticas adoptadas como la llamada “austeridad republicana” y el advenimiento de toma de decisiones sin un aparente estudio debidamente razonado o pensado, pero sobre todo, técnicamente soportado por todos aquellos elementos que permitan garantizar: no la ausencia de riesgos, puesto que estos siempre existirán en materia de inversión, sino la reducción al mínimo de esos riesgos, especialmente de carácter económico que son los más relevantes en cualquier proyecto de gobierno que se jacte de ser defensor de los intereses de la ciudadanía en general o del pueblo como algunos les gusta llamarle.

Es muy pronto para sacar conclusiones respecto del desempeño del actual gobierno y de los legisladores en turno. Pero tan cierto es, que en cinco meses del gobierno actual no pueden resolverse los millones de problemas o carencias en todos los ramos para la ciudadanía; como cierto también es, que en décadas enteras gobiernos -ahora de oposición- tuvieron su oportunidad y no lograron los cambios esperados.

El problema ahora parece ser las altas expectativas que los entonces candidatos -ahora responsables de la administración pública y las legislaturas- generaron en la ciudadanía que los eligió con la esperanza de cambiar no necesariamente la situación del país en general, sino su situación particular, atender a sus necesidades más elementales como la alimentación, la salud, la seguridad, la educación y el empleo.

Sin embargo, el golpe de timón se ha dado a la administración pública encabezada por el presidente López Obrador, por tanto, será el mismo y los diversos grupos políticos que lo acompañan, quienes asumirán los costos políticos de las determinaciones o acciones de política pública que no han quedado suficientemente claras como para brindar la certeza de un futuro prometedor de desarrollo individual y colectivo.

Es un hecho que la sociedad actual o contemporánea, aun cuando hace falta mayor participación de ésta en la cosa pública, se ha vuelto de un perfil sumamente exigente y, en ocasiones, agresivo, que demanda acciones concretas para atender sus necesidades de forma completa e inmediata.

No obstante, habrá que estar conscientes, por un lado, de las capacidades operativas y funcionales de la mayor parte de las instituciones gubernamentales, con deterioros y rezagos en todas las áreas, desde la preparación o actualización de sus servidores públicos, hasta las enormes carencias tecnológicas para hacer eficiente y eficaz la prestación de los servicios públicos.

Todos deseamos -y al menos en eso parece haber un consenso unánime- que le vaya bien a México y a los mexicanos. Pero esto quizá se logrará si empezamos por abandonar, desalentar y rechazar el discurso de odio que de pronto tanto circula en los medios de comunicación, en redes sociales y en manifestaciones como la comentada, so pretexto de la libertad de expresión.

Parece necesario abonar a la paciencia, tolerancia y respeto de las diferencias ideológicas, políticas y hasta de estilo de gobernar. El cambio lo anhelamos todos para bien, asumir los costos temporales de los inconvenientes y limitaciones económicas, es algo que los mexicanos conocemos hasta la médula, si no, pregunten a los más de 60 millones que viven en pobreza y que han esperado por décadas esa anhelada justicia social de la que, en época de elecciones, hablan reiteradamente los políticos y que, sin embargo, siguen en esa agónica espera.

Le tocará a la clase política en turno, por su parte, asumir el costo político en las elecciones intermedias de 2021, cuando se elija (o reelija) a los diputados federales y trece gobernaturas (Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua y Tlaxcala). Ocasión en la que, a través de nuestro voto libre y secreto, calificaremos los resultados de la gestión pública respectiva que concluye.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez