Austeridad¹

Publicado el 31 de mayo de 2019

Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM, y del Posgrado de Derecho en el
Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
tapiaurbina@yahoo.com.mx
@JavierQ_Tapia

Ante un escenario político y social tan polarizado como el que vivimos actualmente, cuesta trabajo evitar reflexionar las múltiples posiciones encontradas en torno a las miles de problemáticas que, en el día a día, se nos presentan. Muchas generadas a partir de “las mañaneras” del presidente y otras, con las acciones y/o declaraciones de los miembros de su gabinete, sean secretarios de despacho o en general titulares de organismos públicos.

Ahora tocó el turno al titular o mejor dicho al ex-director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, quien presentó su renuncia dirigida al Consejo Técnico del propio Instituto, y a través de la cual, hace una serie de señalamientos ciertamente contundentes en términos de injerencias perniciosas de la Secretaría de Hacienda que -indica- ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud.

La lista de acusaciones y quejas plasmadas en la referida carta renuncia es prolongada y las precisiones del ex-funcionario Germán Martínez pueden sostenerse matemáticamente, sin tanto discurso, como dirían los contadores los números no mienten.

Pero más allá de números o cifras reclamadas, traducidas en suficientes recursos económicos para la operación cotidiana del IMSS, dicha carta deja ver no sólo el descontento de un servidor público al que se le concedió voz, pero no voto en tratándose de la asignación de recursos, sino también la falta de comunicación, coordinación, orden y respeto entre los titulares y sus respectivas funciones.

Lo cierto es que, así como Germán Martínez, seguramente habrá muchos más servidores públicos que, ocultos en el silencio del anonimato sufren retorcijones de tripas por la falta de liquidez institucional. Digamos de una falta de disposición de los recursos económicos necesarios para llevar a buen puerto su función pública, pero que prefieren mantener sus nombres en el anonimato para continuar en la de por si reducida nómina burocrática.

Nada grato debe ser poseer la titularidad de una Unidad o dependencia pública y trabajar no sólo sin recursos económicos siempre insuficientes ante las crecientes necesidades de la población, sino trabajar bajo un esquema de “austeridad” inspirado en ideas tan equivocadas como el recorte simple y llano, sin diagnóstico alguno de las necesidades y de los recursos humanos disponibles.

Una ideología que parte de ideas como recortar los recursos humanos disponibles, entrando apenas al ejercicio del gobierno, es tanto como pegase un pisotón en un pie y querer ganar la carrera de los cien metros planos.

La toma de decisiones para una política de austeridad, debe partir del diagnóstico de la enfermedad y en un país como el nuestro, donde la enfermedad se encuentra en cada rincón del cuerpo Estatal, sus estructuras se encuentran infestadas por la corrupción, impunidad, inseguridad y pobreza, elementos que no se pueden atacar o combatir sin conocerlos.

El discurso de la austeridad surte efectos políticos indiscutiblemente positivos para quienes poseen aspiraciones políticas al amparo de promesas tan básicas como peligrosamente comprometedoras ante la imposibilidad real de cumplimiento como: hacer más con menos, cuando las circunstancias sociales no lo permiten. Resulta entonces complejo ese acoplamiento entre lo que se dice (teoría) y lo que se hace o se puede hacer (práctica).

La austeridad entendida como un proceso de racionalización y ejercicio eficiente de recursos, no puede constituirse en un factor destructivo o de limitación arbitraria de estos recursos y menos aún, cuando se trata de garantizar los derechos humanos en su conjunto a través del fortalecimiento de las instituciones, no de su debilitamiento.

Pretender que el fortalecimiento de las instituciones se logrará a base del recorte en presupuestos y recursos humanos, es quizá tanto como aspirar a que por vía de la moral los usuarios del IMSS aliviarán sus enfermedades, o que, por la misma vía, los cientos de miles de trabajadores despedidos de la Administración Pública Federal, lograrán satisfacer las necesidades más elementales para su subsistencia y la de sus familias.

Una política de austeridad, sin diagnósticos serios y completos, que atiendan a un análisis sobre las fortalezas y debilidades institucionales, es muy probable que cause más efectos negativos que positivos o benéficos para la sociedad.

Las necesidades cada día crecientes en todos los ramos, aunado a una política de austeridad basada fundamentalmente en recortes arbitrarios, tenderá más a nutrir los sistemas de corrupción incrustados en las instituciones públicas y privadas, fortaleciendo las redes de complicidades y dotando a las estructuras delincuenciales de recursos humanos -en muchos casos- especializados o con suficiente conocimiento y experiencia en el funcionamiento de los órganos públicos.

México ha sufrido todo tipo de infortunios sociales, políticos y económicos, las aspiraciones de un Estado Democrático y de Derecho, con todas las implicaciones que ello significa como el mantenimiento de paz, la seguridad y el desarrollo de las personas, etcétera, no pueden abordarse a la ligera. Esto es, una crisis institucional o de debilidad institucional no puede combatirse generando otra crisis provocada por una austeridad mal entendida y aplicada.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez