Odebrecht: el renacimiento¹

Publicado el 21 de junio de 2019

Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM, y del Posgrado de Derecho en el
Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
tapiaurbina@yahoo.com.mx
@JavierQ_Tapia

En los últimos días el caso Odebrecht ha renacido a la escena pública, primero, con el anuncio que hiciera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre el congelamiento de ciertas cuentas vinculadas con hechos de corrupción; luego, con la presumible orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya (titular de PEMEX en el sexenio de Enrique Peña Nieto) y casi al mismo tiempo, con la detención en España de Alonso Ancira, presidente de la empresa Altos Hornos de México.

Derivado de tal logística mediática del Gobierno mexicano, diversos personajes de la política e incluso del actual gabinete presidencial, han expresado su beneplácito por esas acciones en contra de la corrupción. Recordemos que se trata de resolver quizá, si no la mayor, una de las más grandes redes de corrupción en América Latina, y en donde PEMEX fue presuntamente utilizada por Lozoya para hacer compras millonarias de una supuesta empresa de fertilizantes obsoleta y con sobreprecio.

Por otro lado, la empresa presidida por Ancira, Altos Hornos de México, utilizada para triangular recursos económicos millonarios, a través de cierta empresa escocesa como vehículo para liquidar sobornos, entre estos, algunos dirigidos a empresas fantasmas para parar en cuentas de Lozoya.

Sin embargo, hay tres puntos que deben tenerse claros en este renacer del caso Odebrecht y sus redes de corrupción: 1. Se trata de una investigación que sigue su curso y que no ha sido resuelta en definitiva por un juez, por lo que sería bueno tomar con cautela la lluvia de información y filtraciones que circulan en los medios.

2. Los referidos avances en las investigaciones, digamos como: el congelamiento de cuentas, las detenciones, las presumibles órdenes de aprehensión e incluso la sanción de inhabilitación de diez años resuelta a cargo de Lozoya por la Secretaría de la Función Pública, todas son situaciones procedimentales y procesales no definitivas, que para bien o para mal, poseen los mecanismos de defensa a favor de esas personas inculpadas, que la Constitución Federal y las leyes establecen en su favor.

3. La pertinencia de los cánticos victoriosos por los avances hasta ahora de la investigación, provenientes de las mismas autoridades investigadoras, parecen innecesarios, injustificados y quizá políticamente de alto riesgo.

Innecesarios porque los anuncios en formato de festejos, no contribuyen en forma alguna a los procesos de investigación; injustificados, porque nuestra Constitución Federal establece la obligación de todas las autoridades de respetar el principio de presunción de inocencia, en otras palabras, todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y, en esa idea, hasta que hayan sido condenado por autoridad competente, es decir, un juez hasta la última instancia.

Políticamente un alto riesgo institucional, porque en efecto, no se trata sólo de pregonar victorias anticipadas que pueden llegar a caerse en cualquier momento por resolución de un juez federal, sino porque lo que se caería de forma alarmante -aún más- seria la confianza de la ciudadanía en las instituciones investigadoras y de justicia del Estado mexicano, es decir, de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera.

Mesura, es lo que hace falta en este país impaciente de resultados, pero no a costa de linchamientos mediáticos, puesto que hemos sido testigos con el paso del tiempo de casos inexplicables al sentido común, a la razón y al Derecho, casos como el más reciente de la señora Elba Esther Gordillo y su absolución por juez federal de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Festejar los resultados parciales de investigaciones graves de corrupción, pone más en el filo de la navaja la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Quizá vale la pena cantar victoria cuando el Estado haya recuperado los recursos económicos desviados por la corrupción y los culpables hayan purgado su pena conforme al orden jurídico nacional.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez