Construcción, no procuración, de justicia en México

Publicado el 6 de septiembre de 2019

Roberto Carlos Fonseca Luján
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
rfonsecal@derecho.unam.mx

En el marco de la transición hacia la Fiscalía de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se discute actualmente sobre el nuevo modelo de procuración de justicia que se requiere para atender los problemas en materia de justicia penal de la capital. En el marco de esa discusión, la presente reflexión parte de una visión ideal sobre lo que deberían hacer las procuradurías en nuestra sociedad: colaborar en la “construcción social de la justicia”. Esta idea de “construir justicia” puede sonar un poco vaga, de modo que para explicarla es útil contrastarla con la idea de “procurar justicia”.

A muy grandes rasgos, la figura moderna del “procurador” surge con el Estado de derecho liberal, en el que la persecución de los delitos se concibe como una función pública indelegable, lo que es consecuencia del monopolio de la violencia asumido por el Estado. Este Estado policía, al institucionalizar la reacción social ante un conflicto penal, configura al procurador o al Ministerio Público como el órgano encargado de responder al delito. Es un representante social porque en nombre de la sociedad procurará o promoverá que se alcance la meta de la justicia, entendida básicamente como el castigo del delincuente.

Esta idea resulta estrecha para la sociedad de hoy, por varias razones. Primero, porque la consolidación de la práctica de los derechos humanos en las últimas décadas ha enriquecido la concepción de la justicia. Hoy, la justicia antes que una función del Estado es un derecho humano exigible: el derecho a la tutela judicial o de acceso a la justicia. Segundo, porque las respuestas legítimas al conflicto penal se están diversificando; hoy, más que castigos, lo que se propone son reconciliaciones. Tercero, porque el gobierno democrático está pasando de esquemas de representación a otros de participación. Los ciudadanos ya no quieren que el gobierno haga las cosas aisladamente, en su representación; ahora quieren estar ahí vigilando cómo se gobierna y participar en ello.

Estos aspectos, entrecruzados con una óptica constructivista (según la cual la vida social es un proceso en permanente construcción a partir de las experiencias compartidas de los individuos y grupos), llevan a sostener que la justicia no debería verse como una meta o un resultado que se pueda procurar, sino que debería verse como un proceso, algo que se tiene que ir construyendo, paso a paso, como parte de una acción colectiva. El protagonista de este proceso tendría que ser la persona que ha sufrido el delito, quien está exigiendo su derecho a la justicia y detrás de ella la sociedad. “Construir justicia” significa entonces vivir una determinada experiencia, individual en el caso de quienes han sufrido directamente los delitos y también social en los casos que trascienden al debate público, que de algún modo tendría que servir como remedio y ayudar a superar el daño sufrido injustamente, además de comunicar simbólicamente que el frágil equilibrio social se reestablece.

En esta visión ideal, las instituciones (procuraduría o fiscalía) tendrían que colaborar en la construcción de la justicia, haciendo todo lo necesario para generar en las personas víctimas experiencias satisfactorias que las ayuden a volver a sentirse bien tras el sufrimiento padecido. La institución tendría que servir para que esta experiencia de pasar por “hacer justicia” fuera lo más cómoda y gratificante posible. Es decir, las procuradurías y fiscalías tendrían que “servir” al ciudadano en dos sentidos del verbo; tanto prestando un servicio como siendo útiles en su colaboración.

Esta idea de “servir” al ciudadano a la que me refiero va más allá de lo que administrativamente se entiende por prestar un “servicio público”. En el nuevo modelo homologado de la Fiscalía, cada uno de los servidores públicos de la institución habrían de tener claro que cada acto y diligencia, cada interacción con el ciudadano, son relevantes y constituyen parte de esa construcción social de la justicia. Este fin debería ser el primero, y expresarse así claramente.

Ahora bien, hay que contrastar este modelo ideal de “construcción social de justicia” con la realidad presente. ¿Qué hacen, para qué sirven hoy en día las procuradurías? Con base en los muchos diagnósticos bien conocidos, en lo que se sabe sobre la cifra negra, en los porcentajes de rezago, de poca determinación de las carpetas o de mínima judicialización, parece difícil decir que las procuradurías realmente “persigan” el delito y, con ello, “procuren” justicia. Frente a la “macrocriminalidad” que se padece, los pocos puntos o décimas porcentuales de asuntos que “se resuelven” son escasamente significativos.

Tampoco es que estas instituciones brinden un buen servicio al ciudadano ni que lo ayuden en su búsqueda de resarcimiento. Por lo contrario, los estudios sobre victimización secundaria advierten del maltrato, los abusos e incluso los ilícitos que sufren las personas que acuden a denunciar un hecho delictivo.

Como se dijo en el tránsito al sistema inquisitorio, y como se sigue señalando todavía hoy, lo que las procuradurías hacen en realidad es “tramitar”. La mayor parte del tiempo en estas instituciones se ocupa haciendo trámites. Es una práctica burocrática autorreferencial, que no le sirve a la víctima ni a la sociedad, sirve sólo para los propios fines institucionales.

Asumido esto, el nuevo modelo debería buscar la evolución de la Procuraduría: de ser una institución que se sirve a sí misma, a ser una institución que sirva a la ciudadanía en la construcción de justicia. Ya de forma concreta, servir al ciudadano significa satisfacer sus expectativas. Esta satisfacción de los usuarios del sistema, principalmente las víctimas, es lo que permitiría hablar de un “servicio de calidad”.

Esas expectativas no son difíciles de identificar. Cualquier ciudadano coincidiría en que, si tras sufrir un delito tuviera que acudir a una agencia del Ministerio Público, lo primero que desearía es que lo trataran bien. Así de sencillo. Y este buen trato tiene que ser en serio, el ciudadano debe llegar y ser “el rey”, ser atendido como merece, porque lo que merece, y más, lo que exige como derecho, es que su experiencia de construcción de la justicia resulte compensadora.

De aquí ya se puede aterrizar una primera propuesta concreta: el cambio, antes que un nuevo marco jurídico, debe ser un cambio en la actitud del personal. Los ministerios públicos, policías y demás personal operativo deben iniciar procesos de cambio educativo. Esta formación y capacitación del personal es una propuesta generalizada, pero hay que puntualizar que no se debe ocupar sólo de temas jurídicos y técnicos, sino también de educación para la cultura de los derechos humanos, de sensibilización y desarrollo de empatía, como puntos centrales para el desarrollo de una cultura profesional humanista enfocada en servir.

Aquí, lo mejor es que se puede empezar desde hoy con el cambio. Piénsese por ejemplo en la aplicación masiva de una técnica didáctica sencillísima, similar al modelo de las juntas restaurativas, pero que se sienten a la mesa uno o dos agentes del ministerio, policías, y un grupo de víctimas. Esa sería la capacitación: que en el marco que genere el facilitador, las autoridades y los ciudadanos dialoguen para reconocer sus necesidades y darse cuenta de sus deberes. Asimismo, esto permitiría conocer cuáles son las motivaciones actuales del personal operativo, para diseñar también un esquema que tenga en cuenta sus planes de desarrollo personal y no los subordine a una meta institucional.

Sin necesidad de esperar tres o cuatro años a que termine el proceso de transición, desde hoy se puede empezar a construir justicia con este cambio en el trato. Ni prepotente ni indolente, el Ministerio Público ha de ser comedido, e igual de importante, hacer sentir al ciudadano escuchado. La comunicación con el ciudadano víctima debe ser permanente. La “macrocriminalidad” nos tiene a todos viviendo una etapa de estrés, y si aspiramos a que las instituciones de procuración de justicia ayuden a superar este escenario, se requiere hablar y escucharse.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez